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 “Huachicoleo”, ¡en medicamentos!


                                                Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Hace cinco años, el entonces director general del ISSSTE, Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, acudió al hospital López Mateos de la Ciudad de México para el tratamiento de un infarto, y no hubo medicamentos ni servía la camilla en la que lo iban a internar.
El diputado federal del PAN, Héctor Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud de la su Cámara, y el senador de Morena, Miguel Ángel Navarro Quintero, también han padecido situaciones similares, al igual que una inmensa mayoría de mexicanos ante la problemática del sector que dejan como herencia priístas y panistas.
Lo curioso es que los correligionarios de ambos tratan de demeritar al nuevo gobierno en “solucionar las cosas”, cuando que le heredaron a México un pasivo en materia de salud, enfermedad, maternidad ¡por cinco billones de pesos!, además de 100 mil plazas sin fuentes de financiamiento y un pasivo a proveedores por 100 mil millones de pesos.
         ¡De ese tamaño es el problema! Y no es para menos, ya que la propia OCDE ha denunciado que la corrupción también penetró en nuestro sistema de salud, donde hoy México invierte seis puntos del PIB, aunque 3.2 son inversión privada y tan sólo 2.8 inversión pública.
Por otro lado, si bien esta situación requiere de un titánico esfuerzo, también existe otro tipo de problemas vinculantes con la economía nacional, uno de ellos el pago de intereses de la deuda externa y la deuda interna, que significan 800 mil millones de pesos -otra herencia del PRI y PAN-, además de un pasivo de 5 billones de pesos en pensiones.
Si se considera que el endeudamiento que se autorizaba cada año en el Presupuesto de Egresos era de dos puntos de PIB -cerca de 440 mil billones de pesos-, era lógico que López Obrador dijera “no” a más endeudamientos, ya que si disfrutáramos con un país sobre endeudado ¿qué les dejaríamos a las siguientes generaciones? ¿Qué márgenes de maniobra habría?
Ahora bien, tras un análisis en materia de medicamentos, se demostró que, a través de los años, existió un sobreprecio en las compras locales, de tal manera que habremos de estar conscientes del reto de salud del país.
Lamentablemente, pocos entienden -o han querido entender- que la estrategia de centralizar y consolidar las compras del sector es para evitar dispersión de recursos, corrupción y sobreprecios, lo que los detractores de la medida enfocan como un deliberado y perverso recorte al gasto en salud.
Contra lo que se dice, no existió dicho recorte, pero si de recortes hablamos, habría que remitirse al sexenio anterior, donde, tan sólo en 2014,  el rubro disminuyó 18 mil 276 millones de pesos; en 2015, 20 mil 81 millones; en 2016, ocho mil 295 millones; en 2017, dos mil 792 millones, y en el 2018, cuatro mil 687 millones.
Sin embargo, ni legisladores subieron a tribuna a escandalizarse ni “plumas” pagadas se rasgaron las vestiduras por las miles de personas mal atendidas en el sector salud, que no es de ahora, pero ahora se está corrigiendo el problema de raíz. El retraso en los pagos no es de pagos, pues ya no habrá pagos ni entrega de esos recursos al IMSS, ISSSTE o al sector salud.
Ahora sólo lo hará una dependencia, la Secretaría de Hacienda, a efecto de evitar sobrecostos, dispersión, y corrupción.
Un cuidadoso estudio de la Comisión Federal de Competencia Económica reveló la existencia de prácticas monopólicas en el sector salud, y concluyó que, ante su sobreprecio, se pagaba, en promedio, un 98% más de lo que se debe de pagar por las medicinas, mientras en el caso del sector público los sobreprecios son excesivos y se caracterizan por prácticas monopólicas.
Y eso que, supuestamente, como en el caso de los medicamentos, los monopolios están prohibidos por el Artículo 28 constitucional.
Ahora bien ¿qué está haciendo el gobierno de López Obrador? Está adoptando medidas concretas para resolver de raíz el asunto, centralizando las compras de medicinas, inhabilitando a farmacéuticas que se presentaron a querer vender con sobreprecio, lo que no se aceptó, y éstas actuaron como oligopolio.
Simplemente dijeron que no hay nadie más que se las pueda vender al gobierno: “O nos las compras con sobreprecio o no hay medicinas”, lo que retrasó cerca de cuatro meses la licitación y, por ende, existió un desbasto generalizado, o bien encarecimiento en las existencias.
Se tuvo que repetir la licitación y por eso se demoraron meses. Si los gobiernos anteriores hubieran evitado esas prácticas, ahora no existiría ese problema que se heredó, se asumió, se atiende y de ese modo se terminará la corrupción, los sobreprecios, y el oligopolio farmacéutico saldrá del mercado.
O venden las medicinas al precio justo, que en materia económica es el costo más la ganancia, no el costo más ganancia más especulación, más corrupción. Eso no es precio.
El caso es que, o se atienen a las nuevas reglas, o se buscarán los medicamentos donde estén, así sea de manera directa, comprándolo a las patentes.
Lo cierto es que, ante el nuevo planteamiento, se acabó el “huachicoleo” de dinero público en medicamentos, con lo que se afectaría a los enfermos que no reciben la adecuada atención y mucha gente que recibe tal vez la medicina y no tiene dinero para comprarla, pero muy pronto el sector otorgará las medicinas en forma gratuita, y no el “paquetito” que se quería dar del cuadro básico, sino las que receten los doctores para un verdadero tratamiento.
         Hasta entonces, las empresas comercializadoras de medicamentos del país se coludieron para orillar a los gobiernos federal y estatales a comprarles a sobreprecios, al grado tal que durante el anterior sexenio ¡10 proveedores abastecían el 80% de todas las medicinas que compraba el gobierno! Imagínese Usted.
El “modus operandi” de la corrupción en este proceso: El gobierno organizaba una licitación de 1,500 medicamentos (o claves, como se les llama en la jerga técnica), pero las empresas se ponían de acuerdo y sólo vendían mil, a la espera de que al sector le urgieran los otros 500, lo que aprovechaban para vender a un precio dos o tres veces mayor.
Precisamente esta forma de “trabajar” de los proveedores es lo  que busca eliminar el gobierno federal con la centralización de las compras, donde la Oficialía Mayor de Hacienda adquiriría todos los medicamentos que se requieren a nivel federal y local, con lo que, “gracias” a algunos gobiernos estatales, sólo seguiría el “huachicoleo” de petróleo..., pero tampoco será eterno. Júrelo Ud.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 42 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales, y publicar cuatro libros.
Titulado en la Universidad Autónoma de Yucatán como Licenciado en Derecho, cuenta con cuatro Diplomados en Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, y en Juicio de Amparo, así como con más de 17 Seminarios, Talleres y Cursos diversos. 

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