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La “justicia” en Q. Roo, ¡para llorar!


                                              Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
         Aunque se ignoran detalles sobre la detención del chetumaleño Oscar Conde Canto, lo cierto es que desde anteayer circula profusamente por redes sociales que un juez de control vinculó a proceso al primo hermano del ex gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, acusado de un  quebranto por 114 millones de pesos al Ayuntamiento de Tulum, donde fue tesorero en 2013.
         Según la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General del Estado, el juez accedió al arresto domiciliario del ex funcionario, tras decomisarle 12 predios -siete en Othón P. Blanco, dos en Benito Juárez, y los demás en Bacalar, Solidaridad y Cozumel-, ordenar colocarle un dispositivo electrónico y asegurar su pasaporte.
         Miembro de distinguida familia de Chetumal, que encabeza su madre, la conocida empresaria Noemí Canto de Conde, tía de Félix González, el acusado habría manejado dolosamente la cuenta pública de Tulum con la complicidad de otros tres funcionarios durante el trienio del Marciano Dzul Caamal.
         En concordancia con el tema del ex funcionario, sobre el cual un comunicado de la Fiscalía Especializada dice que su trabajo ha rendido frutos al lograrse la vinculación a proceso por el delito de desempeño irregular de la función pública, el sábado último también fue detenido otro ex funcionario, Raúl Labastida Mendoza, quien fuera Consejero Jurídico del ex gobernador Roberto Borge.
         Libre también al igual que la mayoría de la larga lista de acusados por el gobierno del “cambio” que encabeza Carlos Joaquín González, excepto el ex alcalde de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante -pero como si así fuera-, Labastida Mendoza, a diferencia de los ex colaboradores de los enemigos políticos del mandatario, sólo fue acusado de la desviación de la risible suma de 1.8 millones de pesos… que habría pagado muerto de la risa.
         En una agitada semana en la que los periodistas fueron protagonistas también, la Fiscalía aseguró en Cancún un predio propiedad del empresario Alberto Millar López, ex propietario de la desaparecida revista “Polémica” y hermano de Heriberto Millar -éste poseía el periódico “Respuesta”-, ambos enemigos de Carlos Joaquín durante la campaña a la gubernatura, y -desde luego- amigos de Roberto Borge.
Se trata de un predio de 4 hectáreas, ubicado en la Región 295, conocida como “zona de sascaberas”, en el bulevar Luis Donaldo Colosio, que se usaba como estacionamiento público, y aunque aquél asegura haberlo comprado al Gobierno del Estado a través del desparecido IPAE, forma parte de la serie de inmuebles que Borge habría vendido irregularmente a políticos, amigos y familiares.
No obstante, Alberto Millar denunció una supuesta persecución, dado que la Fiscalía no procede por el mismo tema de terrenos irregulares contra otros, como los empresarios Issac Hamui, Abelardo Vara, o bien desarrollos como Cumbres, Lagos del Sol, Villamagna, o empresas como Aqua, amén de que junto a su predio existe otro de 7 hectáreas, que tenía como posesionario Enrique Lechón Rosas, hermano del Notario 10, Francisco Lechón, casados con las dos hijas de la ex senadora panista Addy Joaquín. 
         Millar pagó 250 pesos el metro cuadrado por su predio, cuando su valor comercial se estimaba en 10 mil pesos, lo que significa que pagó sólo el 2.5% de su precio real, unos 14 millones de pesos en pagos mensuales, en lugar de 560 millones, por lo que la pérdida del patrimonio de los quintanarroenses ascendió a cerca de 546 millones.
         Según la Fiscalía General del Estado, el litigio por el que se aseguró el predio, conforme a la carpeta 15011/2019, no es por la compraventa, sino por un aparente fraude procesal, pues él tenía un poder para gestionar la regularización del terreno ante el IPAE, incluso con dinero a cambio, pero en lugar de eso lo compró para él, a sabiendas de que el terreno estaba en venta.

Ahora bien, en el caso de Oscar Canto, vinculado en la carpeta administrativa 73/19, con las evidencias de los daños a las arcas municipales de Tulum, según dictamen de la Auditoría Superior del Estado, en 2013 fungía como director de Egresos del Ayuntamiento de Benito Juárez, cuando estuvo involucrado en un desfalco por 229 millones de pesos.
Claro, aunque era trienio del perredista Gregorio “Greg” Sánchez, no pasó nada, ya que su primo, el entonces poderoso Félix González era gobernador. Junto con él también se involucró a Latifa Muza Simón, -tía de Borge Angulo-, así como a los ex tesoreros Antonio Jiménez y Carlos Trigos Perdomo.
El caso fue que los 229 millones de pesos se depositaron en la cuenta bancaria Banorte 0638275250 del Ayuntamiento, y posteriormente se traspasaron a la 4043847938 de HSBC, donde se hizo uso indebido. En esta transacción, más de 162 millones desaparecieron sin rastro, ya que nunca fueron justificados o presentados para alguna acción relacionada a favor de la ciudad.
Los principales sospechosos eran Muza Simón, entonces encargada del despacho de la presidencia municipal, Oscar Conde, director de Egresos; Tony Jiménez, nombrado tesorero por aquella, y Trigos Perdomo, tesorero en el trienio de Greg Sánchez.
En ese entonces, Félix González colocó el 14 de febrero de 2007 a su otro primo, Manuel Conde, hermano de Oscar, como director regional de Fonatur-Quintana Roo. También próspero empresario, el funcionario era director del tristemente célebre VIP-SAESA, (Servicios Aéreos Ejecutivos), consorcio particular que mucho benefició al gobierno de Félix, que lo convirtió en “dependencia gubernamental” para justificar millones de pesos.
 En tiempos de Greg, Manuel Conde fungió como Secretario Técnico y titular de la Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre de Benito Juárez, ratificado por Jaime Hernández Zaragoza, aunque, tras fungir desde marzo de 2007 como director del Centro Integralmente Planeado (CIP-Cancún),  a partir de mayo del 2008 Félix lo promovió como Encargado de Nuevos Negocios de FONATUR.
Ahora bien, Oscar Conde deberá firmar cada 30 días ante la Secretaría de Seguridad Pública, aunque la Fiscalía obtuvo un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación, es decir, hasta el próximo 24 de mayo.
Lo cierto es que de enero a septiembre de 2016, el acusado habría participado ilegalmente en la contratación de bienes y servicios, de donde se detectaron vicios de la Comuna con 29 proveedores.
No obstante, tal y como reclama Alberto Millar respecto a la parcialidad del gobierno de Carlos Joaquín y “su” Fiscalía Anticorrupción, donde la mejor prueba de ello fue la imposición de su titular, la yucateca Rosaura Villanueva Arzápalo, la pregunta obligada es por qué el uso de dos pesas y dos medidas diferentes para la procuración de justicia.
Para no extendernos en el tema, al que nos hemos referido en múltiples ocasiones, hablamos de personajes como Víctor Alcérreca Sánchez, a quien Carlos Joaquín ha evitado vincular con el tema de VIP-SAESA, con el que ha realizado diversas detenciones e infructuosos procesos, aunque también se hizo de la vista “gorda” con el propio titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Manuel Palacios Herrera.
Asimismo, el incluye el nombre del antecesor de este último, Javier Zetina González, primo de Carlos Joaquín y de Félix González.
En el primer caso, el propio Palacios Herrera aceptó haber estado enterado de las anomalías durante la gestión de Zetina González en la Auditoría, y no haberlo denunciado “por temor a perder el trabajo”, mientras que en el caso del “primo privilegiado” la percepción generalizada es que, además de la sangre, se “negoció” información a cambio de no pisar la cárcel.
¡Seguramente habrá más tela de dónde cortar!
Para recordar el caso, le invitamos a ver este link:

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 43 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.
Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con cinco Diplomados, dos de ellos en materia de Juicio de Amparo, Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 20 Seminarios, Talleres y Cursos diversos. 

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