La
“justicia” en Q. Roo, ¡para llorar!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Aunque se ignoran detalles sobre la detención del
chetumaleño Oscar Conde Canto, lo cierto es que desde anteayer circula
profusamente por redes sociales que un juez de control vinculó a proceso al
primo hermano del ex gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, acusado
de un quebranto por 114 millones de
pesos al Ayuntamiento de Tulum, donde fue tesorero en 2013.
Según la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción,
de la Fiscalía General del Estado, el juez accedió al arresto domiciliario del
ex funcionario, tras decomisarle 12 predios -siete en Othón P. Blanco, dos en
Benito Juárez, y los demás en Bacalar, Solidaridad y Cozumel-, ordenar
colocarle un dispositivo electrónico y asegurar su pasaporte.
Miembro de distinguida familia de Chetumal, que encabeza su
madre, la conocida empresaria Noemí Canto de Conde, tía de Félix González, el
acusado habría manejado dolosamente la cuenta pública de Tulum con la
complicidad de otros tres funcionarios durante el trienio del Marciano Dzul
Caamal.
En concordancia con el tema del ex funcionario, sobre el
cual un comunicado de la Fiscalía Especializada dice que su trabajo ha rendido
frutos al lograrse la vinculación a proceso por el delito de desempeño
irregular de la función pública, el sábado último también fue detenido otro ex
funcionario, Raúl Labastida Mendoza, quien fuera Consejero Jurídico del ex
gobernador Roberto Borge.
Libre también al igual que la mayoría de la larga lista de
acusados por el gobierno del “cambio” que encabeza Carlos Joaquín González,
excepto el ex alcalde de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante -pero como si
así fuera-, Labastida Mendoza, a diferencia de los ex colaboradores de los
enemigos políticos del mandatario, sólo fue acusado de la desviación de la
risible suma de 1.8 millones de pesos… que habría pagado muerto de la risa.
En una agitada semana en la que los periodistas fueron
protagonistas también, la Fiscalía aseguró en Cancún un predio propiedad del empresario
Alberto Millar López, ex propietario de la desaparecida revista “Polémica” y
hermano de Heriberto Millar -éste poseía el periódico “Respuesta”-, ambos
enemigos de Carlos Joaquín durante la campaña a la gubernatura, y -desde luego-
amigos de Roberto Borge.
Se
trata de un predio de 4 hectáreas, ubicado en la Región 295, conocida como
“zona de sascaberas”, en el bulevar Luis Donaldo Colosio, que se usaba como
estacionamiento público, y aunque aquél asegura haberlo comprado al Gobierno
del Estado a través del desparecido IPAE, forma parte de la serie de inmuebles
que Borge habría vendido irregularmente a políticos, amigos y familiares.
No
obstante, Alberto Millar denunció una supuesta persecución, dado que la
Fiscalía no procede por el mismo tema de terrenos irregulares contra otros,
como los empresarios Issac Hamui, Abelardo Vara, o bien desarrollos como
Cumbres, Lagos del Sol, Villamagna, o empresas como Aqua, amén de que junto a
su predio existe otro de 7 hectáreas, que tenía como posesionario Enrique
Lechón Rosas, hermano del Notario 10, Francisco Lechón, casados con las dos
hijas de la ex senadora panista Addy Joaquín.
Millar pagó 250 pesos el metro cuadrado por su predio,
cuando su valor comercial se estimaba en 10 mil pesos, lo que significa que pagó
sólo el 2.5% de su precio real, unos 14 millones de pesos en pagos mensuales,
en lugar de 560 millones, por lo que la pérdida del patrimonio de los
quintanarroenses ascendió a cerca de 546 millones.
Según la Fiscalía General del Estado, el litigio por el que se
aseguró el predio, conforme a la carpeta 15011/2019, no es por la compraventa,
sino por un aparente fraude procesal, pues él tenía un poder para gestionar la
regularización del terreno ante el IPAE, incluso con dinero a cambio, pero en lugar
de eso lo compró para él, a sabiendas de que el terreno estaba en venta.
Ahora
bien, en el caso de Oscar Canto, vinculado en la carpeta administrativa 73/19, con
las evidencias de los daños a las arcas municipales de Tulum, según dictamen de
la Auditoría Superior del Estado, en 2013 fungía como director de Egresos del
Ayuntamiento de Benito Juárez, cuando estuvo involucrado en un desfalco por 229
millones de pesos.
Claro,
aunque era trienio del perredista Gregorio “Greg” Sánchez, no pasó nada, ya que
su primo, el entonces poderoso Félix González era gobernador. Junto con él
también se involucró a Latifa Muza Simón, -tía de Borge Angulo-, así como a los
ex tesoreros Antonio Jiménez y Carlos Trigos Perdomo.
El
caso fue que los 229 millones de pesos se depositaron en la cuenta bancaria
Banorte 0638275250 del Ayuntamiento, y posteriormente se traspasaron a la 4043847938
de HSBC, donde se hizo uso indebido. En esta transacción, más de 162 millones
desaparecieron sin rastro, ya que nunca fueron justificados o presentados para
alguna acción relacionada a favor de la ciudad.
Los
principales sospechosos eran Muza Simón, entonces encargada del despacho de la
presidencia municipal, Oscar Conde, director de Egresos; Tony Jiménez, nombrado
tesorero por aquella, y Trigos Perdomo, tesorero en el trienio de Greg Sánchez.
En
ese entonces, Félix González colocó el 14 de febrero de 2007 a su otro primo, Manuel
Conde, hermano de Oscar, como director regional de Fonatur-Quintana Roo.
También próspero empresario, el funcionario era director del tristemente
célebre VIP-SAESA, (Servicios Aéreos Ejecutivos), consorcio particular que mucho
benefició al gobierno de Félix, que lo convirtió en “dependencia gubernamental”
para justificar millones de pesos.
En tiempos de Greg, Manuel Conde fungió como
Secretario Técnico y titular de la Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre
de Benito Juárez, ratificado por Jaime Hernández Zaragoza, aunque, tras fungir desde
marzo de 2007 como director del Centro Integralmente Planeado (CIP-Cancún), a partir de mayo del 2008 Félix lo promovió
como Encargado de Nuevos Negocios de FONATUR.
Ahora
bien, Oscar Conde deberá firmar cada 30 días ante la Secretaría de Seguridad
Pública, aunque la Fiscalía obtuvo un plazo de 3 meses para el cierre de la
investigación, es decir, hasta el próximo 24 de mayo.
Lo
cierto es que de enero a septiembre de 2016, el acusado habría participado
ilegalmente en la contratación de bienes y servicios, de donde se detectaron
vicios de la Comuna con 29 proveedores.
No
obstante, tal y como reclama Alberto Millar respecto a la parcialidad del
gobierno de Carlos Joaquín y “su” Fiscalía Anticorrupción, donde la mejor
prueba de ello fue la imposición de su titular, la yucateca Rosaura Villanueva
Arzápalo, la pregunta obligada es por qué el uso de dos pesas y dos medidas
diferentes para la procuración de justicia.
Para
no extendernos en el tema, al que nos hemos referido en múltiples ocasiones, hablamos
de personajes como Víctor Alcérreca Sánchez, a quien Carlos Joaquín ha evitado
vincular con el tema de VIP-SAESA, con el que ha realizado diversas detenciones
e infructuosos procesos, aunque también se hizo de la vista “gorda” con el
propio titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Manuel Palacios
Herrera.
Asimismo,
el incluye el nombre del antecesor de este último, Javier Zetina González,
primo de Carlos Joaquín y de Félix González.
En
el primer caso, el propio Palacios Herrera aceptó haber estado enterado de las
anomalías durante la gestión de Zetina González en la Auditoría, y no haberlo
denunciado “por temor a perder el trabajo”, mientras que en el caso del “primo
privilegiado” la percepción generalizada es que, además de la sangre, se
“negoció” información a cambio de no pisar la cárcel.
¡Seguramente
habrá más tela de dónde cortar!
Para
recordar el caso, le invitamos a ver este link:
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito
para el autor)
*Luis
Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 43 años de experiencia como
reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de
comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex
gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de
ellos pendiente de publicar.
Titulado como Licenciado en Derecho
en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con cinco Diplomados, dos de
ellos en materia de Juicio de Amparo, Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La
Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos
Humanos, así como con más de 20 Seminarios, Talleres y Cursos diversos.
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