¡Nos hunden CAPA y gobernador!
Otrora “caja chica” del gobernador del Estado en turno para
financiar las campañas del PRI, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
(CAPA) atraviesa por una de las peores crisis de su historia como empresa
política que, con una de las tarifas más elevadas del país, sobrevive
prácticamente sólo para sostener fuentes de empleo y una pesada burocracia.
A unos meses de cumplir 41 años de creada, la
empresa-dependencia también servía para el pago de favores de los gobernantes o
de apoyo a la promoción de imágenes, como fue el caso del ex titular de la
Secretaría de Educación y Cultura, José Alberto Alonso Ovando, candidato del
PRI-PAN-PRD a diputado federal recién derrotado, a quien nombró el ex gobernador
Roberto Borge, cuando era recién electo diputado local.
Hoy a cargo del cuestionado perredista Gerardo Mora Vallejo,
a quien no se le puede cargar toda la responsabilidad de heredar un servicio
que se hunde cada día más, CAPA, conocida como “dueña” de las calles”, se ha
convertido pesado lastre desde antes de Borge, cuyos planes incluían
privatizarla en favor de Aguakán desde el escándalo de la documentada
“desaparición” de más de 1,055 millones de pesos.
https://luisangelqroo.blogspot.com/2021/01/principalesenemigos-de-chetumal-lic.html
Como publicamos el 20 de julio de 2016, con el título “CAPA,
¡un barril de pólvora!”, la relación Gobierno-Aguakán se remonta formalmente a
1993, cuando el entonces poderoso gobernador Mario Villanueva Madrid otorgó la
concesión del servicio en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres a la
empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC)
Según la revista Luces del Siglo, Aguakán forma parte del
corporativo Bal-Ondeo, conformado por Corporativo Peñoles, propiedad del
empresario Alberto Baillérez González, considerado uno de los hombres más ricos
de México y principal accionista del Palacio de Hierro y Seguros GNP.
En nuestro segundo libro “Mario Villanueva Madrid, Crónica
de... ¿una venganza?”, decíamos que, tras la fuga del mandatario de Quintana
Roo, la funcionaria-periodista Isabel Arvide afirmó en un artículo que publicó Milenio
el 6 de enero de 2001, que ésta se habría entrevistado desde la clandestinidad
con aquél, a quien primero consideraría su amigo, y luego delincuente común.
En relación con el origen de sus “sospechosos” recursos, diría
que el ex mandatario le habría confesado haber recibido 2 millones de dólares
por la concesión de Aguakán -mediante decreto del 20 de octubre de 1993-, aunque
también se insistiría en que “Grupo Posadas” le habría entregado millones de
dólares por una serie de concesiones, y una firma embotelladora de refrescos, más
millones para ingresar a Quintana Roo, al igual que una firma cervecera.
Por su lado, Noticaribe documentó, “con
los pelos de la burra en la mano”, que en tan sólo 38 días y a cambio de 1,055
millones de pesos, Roberto Borge vendió a DHC el futuro de tres municipios,
aunque, hasta hoy, al menos NO en forma pública, NO existen pistas del dinero,
y el gobernador Carlos Joaquín, como es su costumbre, sigue sin decir “esta
boca es mía”.
Exhibiendo papeles de Aguakán y Roberto Borge, el mencionado
portal demostró que Borge sólo necesitó dos días para darse cuenta que se
trataba de un gran negocio, con dinero fácil y rápido, para avalar la
ampliación de la concesión del servicio en Isla Mujeres y Cancún, así como la
privatización en Solidaridad, todo a favor de DHC, mejor conocida como Aguakán,
subsidiarias de Grupo Mexicano de Desarrollo.
Por si no lo sabía Usted, el término
de la concesión será hasta 2053, cuando Borge, “si aún está vivo”, dice
Noticaribe, esté por cumplir 74 años de edad, con un poco de suerte, creemos, aún
en la cárcel.
Como se sabe, el 10 de noviembre de 2014 Aguakán hizo la
millonaria propuesta de pago único inmediato, y el compromiso de pagar
anualmente a CAPA mientras durara la concesión, una contraprestación variable
por el usufructo en Isla Mujeres, Cancún y Solidaridad de apenas una fracción
de sus ingresos. Dos días después, Borge puso en marcha toda su “maquinaria”
para aprobar lo que había que aprobar para la concesión.
Entre quienes atestiguaron la privada
sesión extraordinaria del consejo consultivo de CAPA, donde se aprobó la
concesión, se incluyen Borge y sus secretarios de Desarrollo Urbano y Vivienda
(Mauricio Rodríguez Marrufo), Finanzas (Juan Pablo Guillermo) y Gestión Pública
(Gonzalo Herrera Castilla), así como su Oficial Mayor, Rosario Ortiz Yeladaqui,
y la entonces directora de la Comisión, Paula Guadalupe González Cetina.
Asimismo, los 10 alcaldes del PRI: Eduardo Espinosa
Abuxapqui (OPB), Fredy Marrufo Martín (Cozumel), Mauricio Góngora Escalante
(Solidaridad), Paul Carrillo de Cáceres (Benito Juárez), Juan Manuel Parra
López (Morelos), Gabriel Carballo Tadeo (Carrillo Puerto), Agapito Magaña (Isla
Mujeres), David Balam Chan (Tulum), Luciano Simá Cab (Lázaro Cárdenas) y el hoy
reelecto José Alfredo “Chepe” Contreras Méndez (Bacalar)
Tal y como señalamos en la columna del 6 de julio último, https://luisangelqroo.blogspot.com/2021/07/vergonzosaamnesia-de-anticorrupcion.html todos aprobaron por unanimidad la operación.
Se había escrito la historia. Ninguno le informó nada a nadie. Hoy nadie quiere
hablar.
Así, el entonces director general de
CAPA, Gustavo Guerrero Ortiz,
se cerró en 2015 a permitir el acceso a la oferta de servicio en cualquiera de
sus renglones, como cuando se negó a entregar la validación de un empresario
local como proveedor del suministro de agua potable en lugar de CAPA en los proyectos
que construya en el Estado.
El afectado, Sergio Zapata Vales,
habría recibido de Borge la validación para operar a través de la empresa “Más
allá de tus expectativas”, pero Guerrero Ortiz
se negó a entregarla, pese a contar con una concesión federal de la Comisión
Nacional del Agua, que le facultaba aprovechar y explotar el agua potable, que
sólo el Estado, a través de CAPA, debe validarle como proveedor.
Aunque poco difundido, su empresa trabajan bajo de sistema
de ósmosis inversa que exige la Comisión para entregar agua de calidad, para lo
cual dos fraccionamientos de Chetumal contaban con ello: Andara y La Conquista
II.
Para ese efecto, Zapata Vales, recién derrotado candidato a
diputado federal, decía no vender el agua, sino el costo de su tratamiento, a
efecto de que el consumo pueda ser directo de las llaves y evitar la compra de
agua purificada y el pago adicional a CAPA, cuyo líquido, denunció, carece de
la Norma Oficial Mexicana 127, pero no hace nada para apoyar a empresas con mejor
calidad.
En este sentido, opinaba que los chetumaleños consumen agua
demasiada dura, quizá contaminada, por lo cual pedía un estudio de calidad al
laboratorio “ABC Analítica”, certificado por la Asociación Mexicana de
Acreditación.
Hasta ahí las cosas,
la CONCESIÓN, en este caso del servicio de agua potable, conforme a
Economía y Derecho administrativo, es el otorgamiento de un derecho de
explotación de bienes o servicios por tiempo determinado, por parte de un
gobierno o empresa, a otra empresa, generalmente privada.
Conforme al espíritu legal, el gobierno entrega la concesión
por carecer de experiencia o recursos para operarla, tal y como ocurre con las
patentes de placas de taxi o Notarías, por ejemplo, con la condición de que el
beneficiario sólo cuente con UNA CONCESIÓN, que el servicio no lo TRANSFIERA ni
VENDA y que ofrezca un servicio de CALIDAD.
Con todo, Carlos Joaquín jamás ha exigido a su área Jurídica
un análisis profundo del tema, ya que CUALQUIER concesión que no cumpla con
esas condiciones está legalmente sujeta al proceso llamado de REVERSIÓN, con la
que el beneficiado pierde la concesión sin alguna responsabilidad para el
Estado, pero SÍ con el pago de daños o perjuicios al afectado o afectados.
En fin, todo un caso complicado, pero con una SOLUCIÓN que,
como en el caso de CAPA y la desviación de recursos de Borge -más quienes se
sumen al concluir este malogrado sexenio del “cambio”-, ¡incluye CÁRCEL! Ojalá
no ocurra alguna CONCERTACESIÓN, que bien conoce el partido “oficial” del
mandatario: El PAN.
Casualmente, ¿Conocerán esta historia los sumisos diputados
locales que quieren reelegirse por 6 años? ¿Sabrán qué ocurrió con los más de
mil millones de pesos “misteriosamente” desaparecidos? ¡O sólo LOS están
promoviendo para aprobar la no menos sospechosa, escandalosa deuda pública de
más de 60 mil millones de pesos!
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito
para el autor)
*Luis
Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 44 años de experiencia como
reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de
comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores
y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos
pendiente de publicar.
Titulado como Licenciado en Derecho
en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de
ellos en materia de Juicio de Amparo, Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La
Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos
Humanos, así como con más de 30 Seminarios, Talleres y Cursos diversos.
http://facebook.com/luisangel.cabanas
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