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 ¡Nos hunden CAPA y gobernador!


                                               Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

         Otrora “caja chica” del gobernador del Estado en turno para financiar las campañas del PRI, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) atraviesa por una de las peores crisis de su historia como empresa política que, con una de las tarifas más elevadas del país, sobrevive prácticamente sólo para sostener fuentes de empleo y una pesada burocracia.

         A unos meses de cumplir 41 años de creada, la empresa-dependencia también servía para el pago de favores de los gobernantes o de apoyo a la promoción de imágenes, como fue el caso del ex titular de la Secretaría de Educación y Cultura, José Alberto Alonso Ovando, candidato del PRI-PAN-PRD a diputado federal recién derrotado, a quien nombró el ex gobernador Roberto Borge, cuando era recién electo diputado local.

         Hoy a cargo del cuestionado perredista Gerardo Mora Vallejo, a quien no se le puede cargar toda la responsabilidad de heredar un servicio que se hunde cada día más, CAPA, conocida como “dueña” de las calles”, se ha convertido pesado lastre desde antes de Borge, cuyos planes incluían privatizarla en favor de Aguakán desde el escándalo de la documentada “desaparición” de más de 1,055 millones de pesos.

https://luisangelqroo.blogspot.com/2021/01/principalesenemigos-de-chetumal-lic.html

         Como publicamos el 20 de julio de 2016, con el título “CAPA, ¡un barril de pólvora!”, la relación Gobierno-Aguakán se remonta formalmente a 1993, cuando el entonces poderoso gobernador Mario Villanueva Madrid otorgó la concesión del servicio en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC)

         Según la revista Luces del Siglo, Aguakán forma parte del corporativo Bal-Ondeo, conformado por Corporativo Peñoles, propiedad del empresario Alberto Baillérez González, considerado uno de los hombres más ricos de México y principal accionista del Palacio de Hierro y Seguros GNP.

         En nuestro segundo libro “Mario Villanueva Madrid, Crónica de... ¿una venganza?”, decíamos que, tras la fuga del mandatario de Quintana Roo, la funcionaria-periodista Isabel Arvide afirmó en un artículo que publicó Milenio el 6 de enero de 2001, que ésta se habría entrevistado desde la clandestinidad con aquél, a quien primero consideraría su amigo, y luego delincuente común.

         En relación con el origen de sus “sospechosos” recursos, diría que el ex mandatario le habría confesado haber recibido 2 millones de dólares por la concesión de Aguakán -mediante decreto del 20 de octubre de 1993-, aunque también se insistiría en que “Grupo Posadas” le habría entregado millones de dólares por una serie de concesiones, y una firma embotelladora de refrescos, más millones para ingresar a Quintana Roo, al igual que una firma cervecera.

         Por su lado, Noticaribe documentó, “con los pelos de la burra en la mano”, que en tan sólo 38 días y a cambio de 1,055 millones de pesos, Roberto Borge vendió a DHC el futuro de tres municipios, aunque, hasta hoy, al menos NO en forma pública, NO existen pistas del dinero, y el gobernador Carlos Joaquín, como es su costumbre, sigue sin decir “esta boca es mía”.

         Exhibiendo papeles de Aguakán y Roberto Borge, el mencionado portal demostró que Borge sólo necesitó dos días para darse cuenta que se trataba de un gran negocio, con dinero fácil y rápido, para avalar la ampliación de la concesión del servicio en Isla Mujeres y Cancún, así como la privatización en Solidaridad, todo a favor de DHC, mejor conocida como Aguakán, subsidiarias de Grupo Mexicano de Desarrollo.

         Por si no lo sabía Usted, el término de la concesión será hasta 2053, cuando Borge, “si aún está vivo”, dice Noticaribe, esté por cumplir 74 años de edad, con un poco de suerte, creemos, aún en la cárcel.

         Como se sabe, el 10 de noviembre de 2014 Aguakán hizo la millonaria propuesta de pago único inmediato, y el compromiso de pagar anualmente a CAPA mientras durara la concesión, una contraprestación variable por el usufructo en Isla Mujeres, Cancún y Solidaridad de apenas una fracción de sus ingresos. Dos días después, Borge puso en marcha toda su “maquinaria” para aprobar lo que había que aprobar para la concesión.

        Entre quienes atestiguaron la privada sesión extraordinaria del consejo consultivo de CAPA, donde se aprobó la concesión, se incluyen Borge y sus secretarios de Desarrollo Urbano y Vivienda (Mauricio Rodríguez Marrufo), Finanzas (Juan Pablo Guillermo) y Gestión Pública (Gonzalo Herrera Castilla), así como su Oficial Mayor, Rosario Ortiz Yeladaqui, y la entonces directora de la Comisión, Paula Guadalupe González Cetina.

         Asimismo, los 10 alcaldes del PRI: Eduardo Espinosa Abuxapqui (OPB), Fredy Marrufo Martín (Cozumel), Mauricio Góngora Escalante (Solidaridad), Paul Carrillo de Cáceres (Benito Juárez), Juan Manuel Parra López (Morelos), Gabriel Carballo Tadeo (Carrillo Puerto), Agapito Magaña (Isla Mujeres), David Balam Chan (Tulum), Luciano Simá Cab (Lázaro Cárdenas) y el hoy reelecto José Alfredo “Chepe” Contreras Méndez (Bacalar)

         Tal y como señalamos en la columna del 6 de julio último, https://luisangelqroo.blogspot.com/2021/07/vergonzosaamnesia-de-anticorrupcion.html  todos aprobaron por unanimidad la operación. Se había escrito la historia. Ninguno le informó nada a nadie. Hoy nadie quiere hablar.

        Así, el entonces director general de CAPA, Gustavo Guerrero Ortiz, se cerró en 2015 a permitir el acceso a la oferta de servicio en cualquiera de sus renglones, como cuando se negó a entregar la validación de un empresario local como proveedor del suministro de agua potable en lugar de CAPA en los proyectos que construya en el Estado.

        El afectado, Sergio Zapata Vales, habría recibido de Borge la validación para operar a través de la empresa “Más allá de tus expectativas”, pero Guerrero Ortiz se negó a entregarla, pese a contar con una concesión federal de la Comisión Nacional del Agua, que le facultaba aprovechar y explotar el agua potable, que sólo el Estado, a través de CAPA, debe validarle como proveedor.

         Aunque poco difundido, su empresa trabajan bajo de sistema de ósmosis inversa que exige la Comisión para entregar agua de calidad, para lo cual dos fraccionamientos de Chetumal contaban con ello: Andara y La Conquista II.

         Para ese efecto, Zapata Vales, recién derrotado candidato a diputado federal, decía no vender el agua, sino el costo de su tratamiento, a efecto de que el consumo pueda ser directo de las llaves y evitar la compra de agua purificada y el pago adicional a CAPA, cuyo líquido, denunció, carece de la Norma Oficial Mexicana 127, pero no hace nada para apoyar a empresas con mejor calidad.

         En este sentido, opinaba que los chetumaleños consumen agua demasiada dura, quizá contaminada, por lo cual pedía un estudio de calidad al laboratorio “ABC Analítica”, certificado por la Asociación Mexicana de Acreditación.

         Hasta ahí las cosas,  la CONCESIÓN, en este caso del servicio de agua potable, conforme a Economía y Derecho administrativo, es el otorgamiento de un derecho de explotación de bienes o servicios por tiempo determinado, por parte de un gobierno o empresa, a otra empresa, generalmente privada.

         Conforme al espíritu legal, el gobierno entrega la concesión por carecer de experiencia o recursos para operarla, tal y como ocurre con las patentes de placas de taxi o Notarías, por ejemplo, con la condición de que el beneficiario sólo cuente con UNA CONCESIÓN, que el servicio no lo TRANSFIERA ni VENDA y que ofrezca un servicio de CALIDAD.

         Con todo, Carlos Joaquín jamás ha exigido a su área Jurídica un análisis profundo del tema, ya que CUALQUIER concesión que no cumpla con esas condiciones está legalmente sujeta al proceso llamado de REVERSIÓN, con la que el beneficiado pierde la concesión sin alguna responsabilidad para el Estado, pero SÍ con el pago de daños o perjuicios al afectado o afectados.

         En fin, todo un caso complicado, pero con una SOLUCIÓN que, como en el caso de CAPA y la desviación de recursos de Borge -más quienes se sumen al concluir este malogrado sexenio del “cambio”-, ¡incluye CÁRCEL! Ojalá no ocurra alguna CONCERTACESIÓN, que bien conoce el partido “oficial” del mandatario: El PAN.

         Casualmente, ¿Conocerán esta historia los sumisos diputados locales que quieren reelegirse por 6 años? ¿Sabrán qué ocurrió con los más de mil millones de pesos “misteriosamente” desaparecidos? ¡O sólo LOS están promoviendo para aprobar la no menos sospechosa, escandalosa deuda pública de más de 60 mil millones de pesos!

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 44 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo, Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 30 Seminarios, Talleres y Cursos diversos. 

 

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