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¡Escándalo por Amparo de ex funcionario!

                                                                      Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Secretario de gobierno con Miguel Borge Martín en 1988 y -aunque sustituto- uno de los últimos presidentes municipales que nombraba Chetumal para Benito Juárez (Cancún) en el trienio 1990-1993, el nombre de Jorge Arturo Contreras Castillo volvió a sonar insistentemente en los últimos días, luego de solicitar un amparo provisional de la justicia federal.

Calificado por algunos como Amparo “de rastreo”, ya que se desconoce a ciencia cierta si existe alguna demanda en su contra o de qué tipo, el ex funcionario, que fungiera también como secretario de Gobierno en el último tramo del sexenio del oscuro Carlos Joaquín González, supuestamente está involucrado en una cuestión mercantil de su empresa, aunque, para otros, se trata de un asunto de índole penal.

Por ejemplo, según el portal Frontera Sur Quintana Roo, que cita como fuente informativa a la Agencia SIM, el amparo surge ante posibles actos en su contra de parte de la Justicia Federal, “de acuerdo a lo publicado en los estrados de la Dirección General de Gestión Judicial”.

Según ellos, en el listado de acuerdos, un juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio perteneciente a la delegación Iztapalapa de la Ciudad de México, emitió la resolución 865/2023 en su contra el lunes 4 de diciembre, por una presunta responsabilidad en delitos del fuero federal, cuando fungió como secretario de Gobierno de Carlos Joaquín.

De manera inmediata, dice la nota, Contreras Castillo recurrió al recurso de amparo por la orden emitida, para poder armar su defensa en caso de resultar responsable de los delitos que se le imputan, como sería la malversación de recursos federales y desempeño irregular de la función pública, entre otros.

Contreras Castillo asumió como secretario de Gobierno el 12 de septiembre de 2019, cargo que mantuvo hasta el final del mandato del hoy embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín, el 30 de septiembre de 2022.

Agrega que los abogados del ex funcionario, quien asumió el 12 de septiembre de 2019 hasta el 30 de septiembre de 2022, acudieron al Juzgado Cuarto de Distrito de Quintana Roo para interponer el amparo, a efecto de que Contreras Castillo pudiera seguir disfrutando de su libertad y preparar los alegatos necesarios para hacer frente a las causas que se le imputan.

Más aun, el medio Cambio 22 insiste en que Contreras Castillo enfrenta una orden de aprehensión federal por la probable comisión de delitos de malversación de recursos federales y desempeño irregular de la función pública, por lo que solicitó el amparo, según publican estrados de la Dirección General de Gestión Judicial, y que tendrá más de 3 meses protegido por una suspensión provisional que impedirá temporalmente concretar su aprehensión.

Según explica, un Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Delegación Iztapalapa emitió una orden de aprehensión desde agosto último por delitos federales cuando fungió como secretario de Gobierno, primero como encargado de despacio el 4 de julio de 2019 y luego confirmado el 12 de septiembre de 2019, hasta el fin del mandato de Carlos Joaquín.

Contreras Castillo habría tramitado su amparo, marcado con expediente número 865/2023, el 24 de agosto y admitido el 11 de septiembre, cuando obtuvo la suspensión provisional, con el pago de garantía de 20 mil pesos, aunque no se ha realizado la audiencia incidental ni la constitucional, pues las ha diferido, aunque la segunda estaba programada para el 5 de diciembre, pero nuevamente diferida para el 11 de enero de 2024.

Al parecer, la razón principal de los cambios es que los expedientes no tienen direcciones exactas de algunas de las autoridades demandadas en el amparo, por lo que no han podido localizar a la Fiscalía de Investigación Territorial AZC-2 y 4, Fiscalía de Investigación Territorial CUH-2, Comandante de Aprehensiones de la Ciudad de México, Fiscal de Mandamientos Judiciales de la Ciudad de México, y Fiscalía de Investigación Territorial MH-3.

En cambio, el portal Por Esto, aclara que Contreras Castillo es acusado de desvío de recursos públicos, peculado, abuso de autoridad, uso indebido de funciones y enriquecimiento ilícito, entre otros, delitos durante su gestión como secretario de Gobierno, cargo que asumió después de ser subsecretario de Desarrollo Político de la misma dependencia, aunque, supuestamente fue cuestionado por no cumplir con sus obligaciones, como coordinar la política interior, diálogo con los ayuntamientos y protección civil.

         Por si fuera poco, el portal de Sol Quintana Roo, fue más ahí, al cuestionar que Contreras Castillo se dedicó a derrochar “a lo grande” a costa de los quintanarroenses, por lo que enfrenta proceso por malversación de fondos públicos y desempeño irregular.

Entre los delitos del fuero federal, asegura que durante su paso por la Secretaría habría beneficiado a la empresa FARMARIBE DISTRIBUCIONES SA DE CV, que administra Virginia Gómez Suárez, con un contrato por adjudicación directa, en la cual la dependencia pagó un millón ciento sesenta y nueve mil doscientos ochenta pesos.

Además, otro contrato mostraría que la empresa yucateca Comercializadora Peninsular Konoi habría sido beneficiada con 3 millones 229 mil 260 pesos y que respecto a las compras a sobrecosto la Segob haría un contrato que correspondería por lógica a la Secretaría de Seguridad Pública, gestionada en ese tiempo por Lucio Hernández Gutiérrez.

Concluye que el ex secretario también habría otorgado contrato a la empresa Consultoría y asesoría integral de empresas oaxaqueñas Caieo S.C., administrada por Christian Cruz Nicolás, por dos millones novecientos ochenta pesos, impuestos incluidos.

Totalmente en desacuerdo el portal de Pedro Canché, dice que hace 2 meses Contreras Castillo promovió el amparo de rastreo por una demanda mercantil contra su empresa restaurantera por la financiera SOFOPLUS, en caso que esta la hubiera fraguado penal, aunque el amparo llamó la atención de diversos medios y especulaciones en el mundo político, que interpretaron acusaciones penales federales.

Según él, habría platicado con el ex funcionario, quien le aseguraría “nada de eso” y que el origen sería un crédito a Operadora Renfer SA de CV para la adquisición de equipos para industria gastronómica (restaurantes), pero que, a causa del Covid, no pudo cumplir con los pagos y SOFOPLUS aumentó desmedidamente el interés y los intereses sobre intereses.

Entonces su empresa habría decidido ventilar el tema vía mercantil, pero la Financiera podría hacer la “chicanada” de radicarla vía penal, por lo que solicitó el amparo, que habría tenido como resultado que no existía nada en ese sentido.

Contreras Castillo concluiría que “después de la publicación del amparo en el juzgado y la interpretación diversa de algunos medios, me llovieron más llamadas que en mi cumpleaños”.

Dejamos a su juicio -y al tiempo- la realidad de este caso, que demuestra cómo ensañarse con una persona sin cargo público y cómo ocurre con las que son “primera autoridad”.

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 46 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.  


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