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 ¡Oscuridad en funcionarios acusados!

                                                                     Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

         Convertido en verdadero escándalo nacional por ser cuestionado el propio presidente López Obrador, la compra irregular de medicamentos y equipo para Quintana Roo con recursos federales, en aparente favoritismo a un amigo del vástago presidencial, se ha enfocado más a la figura del mandatario que en los verdaderos culpables de esa irregularidad.

         En efecto, nos referimos, por principio de cuentas, a los titulares de Finanzas y de Salud, respectivamente, el primero de ellos Eugenio Segura Vázquez, curiosamente aspirante a la candidatura por Morena al Senado, y el segundo Flavio Carlos Rosado, responsables del pago de más de 300 millones de pesos a la empresa tabasqueña Romedic.

Recién constituida en enero de 2020 por Jorge Amílcar Olán Aparicio y Jorge Luis Olán Rodríguez, la empresa estaba boletinada por Cofepris, pero el primero de ellos es amigo de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente de la República, según informó en días pasados el medio Latinus a través del periodista Carlos Loret de Mola, quien se ha caracterizado por su abierta enemistad con el Ejecutivo.

Aunque se cuestiona que, para otorgar el contrato, al Gobierno de Quintana Roo no le importó que Romedic apareciera en la lista de distribuidores irregulares de medicamentos de la Cofepris, en la emisión del miércoles, Carlos Loret anunció el inicio de una serie de trabajos en los que revelarán diversos episodios de corrupción del gobierno federal.

Así, correspondió el turno a Mario Gutiérrez Vega informar la manera de operar de la empresa del amigo de López Beltrán: Jorge Amílcar, amigo del hijo del presidente, es parte central de la historia como fundador de Romedic, que obtuvo el contrato por más de 300 millones de pesos de parte de Gobierno de Quintana Roo, que encabeza la verde- morenista Mara Lezama.

En 2021, la empresa tuvo ingresos por 73 millones de pesos, pero en diciembre de 2022 obtuvo un contrato por 304 millones para abastecer a Quintana Roo de medicamentos y material de curación. Poco antes, en octubre del mismo año, el aún existente Instituto de Salud para Bienestar destinó al Estado 350 millones, de los cuales el 86% iría a la compra a Romedic.

Según el reportaje, ese contrato duró cuatro días, pues el proceso de asignación duró sólo unas horas, y el mismo día de aprobarse inició la distribución de las mercancías, ya que al gobierno de Mara Lezama no le importó que Romedic apareciera en la lista de distribuidores irregulares de medicamentos elaborada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Para todo esto, Latinus presentó una grabación de 2023, donde Jorge Amílcar presume de una negociación con Eugenio Segura (a) “El Gino”: “Este año tenemos que cerrar con 500 millones en Quintana Roo, pero déjame ver ahorita voy a hablar con Gino y con el otro que maneja todo esto. Voy a verlos el viernes en Cancún y te digo qué onda, qué procede para que le den instrucciones al Memo de qué más nos van a dar”.

En otra grabación Jorge Amílcar hace cuentas de los recursos obtenidos por su empresa, que asciende a 250 millones de pesos.

Para todo esto, en diciembre de 2020, Jorge Amílcar y César Mauricio Calderón Alipi constituyeron en Villahermosa la empresa Diagnóstico Biomolecular, con objeto social “la promoción, ejecución y desarrollo de todo tipo de actividades relacionadas directa o indirectamente con la salud”.

Al igual que Jorge Amílcar, el hermano de César Mauricio, Alejandro Antonio, también forma parte del grupo de amigos de Andy López en Tabasco y ha tenido un ascenso vertiginoso como funcionario público este sexenio.

Como muchos de los amigos cercanos de Andy López que ocupan cargos en el gabinete, Alejandro Antonio inició el gobierno en la Ayudantía de López Obrador, pero en enero de 2020, un año después, fue nombrado titular de la Coordinación Nacional de Abastecimiento y Distribución de Medicamentos del INSABI.

Precisamente durante el periodo en el que Alejandro Antonio fue coordinador nacional de Abastecimiento y Distribución de Medicamentos, Romedic se benefició con recursos de la federación provenientes del INSABI. Incluso, se constituyó cuando Alejandro Antonio fue presentado por López Obrador como uno de los principales directivos del INSABI que, al desaparecer, Alejandro Antonio asumió la dirección general del IMSS-Bienestar, que ocupa actualmente. 

La cercanía entre Jorge Amílcar y los hermanos Calderón Alipi es tal, que la esposa de Olán Aparicio, Brenda Cepeda, tiene como amigos en Facebook a Alejandro Antonio y a su hermano César.

         A todo esto, el viernes último López Obrador defendió a su hijo por el presunto caso de corrupción por los contratos que recibió su amigo, pues aseguró que “no es corrupto” y lo están usando para atacarlo, así como a su gobierno, aunque si hay corrupción relacionada deberían presentarse las denuncias correspondientes.

Sin embargo, aseguró que tales pruebas no existen y se trata solo de una estrategia más para seguir atacando a su movimiento en medio del proceso electoral.

No obstante, Loret de Mola aseguró haber tenido acceso a 40 horas de grabaciones telefónicas donde se escucha a Jorge Amílcar afirmar que ganará 500 millones de pesos por contratos con el gobierno de Mara Lezama y que al amigo del hijo de AMLO “le resuelven una licitación en unas cuantas horas” y se “beneficia” de la venta de medicamentos.

A pesar de ello, AMLO aseguró que su familia no es corrupta como otros políticos y reiteró sus acusaciones de corrupción contra Loret de Mola, así como su invitación a hacer público su patrimonio, en tanto resaltó que si su hijo fuera amigo de Jorge Almícar y éste estuviera realizando negocios lícitos o ilícitos con Quintana Roo, no quiere decir que su hijo esté involucrado.

Por su lado, Noticaribe publicó que, entre 2020 y 2022, más de 490 millones de pesos federales provenientes del extinto INSABI, gracias a la intermediación de los gobiernos morenistas de Quintana Roo y Tabasco, terminaron en las cuentas de Romedic, empresa de reciente creación y envuelta en la lista de distribuidores de medicamentos que no cumplen con la regulación sanitaria.

El gobierno de Mara Lezama, y el de Tabasco, durante la gestión de Adán Augusto López, otorgaron contratos millonarios para la compra de medicamentos y equipo de curación a Romedic con recursos del INSABI, con el que los gobiernos firmaron convenios de transferencia de recursos de los programas E023 “Atención a la Salud” y U013 “Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral”.

El 27 de diciembre de 2022, tres meses después de que Mara Lezama asumiera como gobernadora, su administración habría otorgado, mediante licitación pública, un contrato por 219 millones de pesos para la compra de 183 claves de medicamentos a Romedic, con recursos del convenio GO-023-2022-QROO-23, firmado el 12 de octubre de 2022 por el exdirector general del INSABI, Juan Ferrer Aguilar, y Flavio Carlos.

Como parte del convenio, el INSABI le transfirió 350 millones de pesos del programa E023 “Atención a la Salud” para compra de medicinas, equipo de laboratorio y suministros médicos, y que, de esos 350 millones, 219 terminaron beneficiando a Romedic.

Seis días antes de la firma del contrato, la COFEPRIS incluyó a Romedic en la lista de distribuidores de medicamentos que no cumplen con la regulación sanitaria, ya que su personal no pudo constatar las condiciones sanitarias del establecimiento por no encontrar el inmueble donde opera.

Romedic declaró al gobierno quintanarroense que su dirección era el número 238 de Avenida Universidad en la Colonia El Recreo, de Villahermosa, donde acudió la COFEPRIS para inspeccionar, aunque en ese lugar sólo estaban la tienda “Euroceramic” y una gasolinera.

Entre las 183 claves que la Secretaría de Salud adquirió de Romedic se incluyen medicamentos del cuadro básico como insulina; anestésicos, como lidocaína; analgésicos, como paracetamol, y antiinflamatorios como naproxeno.

De acuerdo con la COFEPRIS, “los medicamentos irregulares que pueden estar distribuyendo las compañías en esta lista representan riesgos inminentes a la salud, pues carecen de garantías de calidad, seguridad y eficacia, y no cuentan con certificaciones de buenas prácticas de fabricación, conservación o distribución”.

Así, los medicamentos de Romedic se destinaron a las unidades médicas de primer y segundo de nivel del Hospital General de Chetumal, Cancún, Cozumel y Playa del Carmen, Integral de Isla Mujeres y Materno Infantil “Morelos”, de Othón P. Blanco.

La COFEPRIS agrega que los principales riesgos por el consumo de medicamentos de empresas sin regulación sanitaria, como Romedic son: Desarrollo de enfermedades, al suministrar sustancias no estériles o tóxicas, falta de efecto terapéutico y/o pérdida del estado de salud por suspensión de tratamiento efectivo.

(Como si se tratara de una broma, Flavio Carlos señala que “las empresas que suministran equipo, medicamentos, insumos y diverso material son especializadas y los procesos que se siguen para contratarlas es minuciosa pero no hay nada oculto…”)

Durante la presentación y apertura de propuestas de la licitación, firmaron como representante legal de Romedic, Jaime Augusto Priego Rodríguez, hermano de Arturo Enrique, ex director del Instituto de Vivienda de Tabasco durante la gestión de Adán Augusto y actual subdelegado de los programas del Bienestar en ese Estado.

El padre de Jorge Amílcar, Jorge Luis Olán Rodríguez, a los 63 años, no tiene alguna experiencia en el servicio público, pero este sexenio se convirtió en funcionario de Pemex Exploración y Producción, donde recibe un sueldo mensual bruto de 39 mil pesos como muestrero probador de aceite.

Por su parte, Jorge Amílcar y su empresa son prácticamente inexistentes en redes sociales e internet, aunque su esposa, Brenda Cepeda García, utiliza activamente sus redes, y el 27 de abril de 2014 subió a Facebook una fotografía donde se ven arreglados y abrazados en la boda de un amigo.

Lo curioso del caso, es que, aunque hasta el propio López Obrador ha tratado de justificar las cosas, Mara Lezama no ha dicho, al igual que en otros casos, “esta boca es mía”, menos aun el político Eugenio Segura, disque aspirante de Morena a representarnos en el Congreso de la Unión, en tanto Flavio Carlos admite culpa “en parte”.

El peor caso es el de la mandataria que, por lo menos, podría consolar a los quintanarroenses con un “se investigará” … ja, ja, ja. ¿Le cree Usted?

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 47 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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