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 ¿Iluminación en la SCJN? Nueva ministro

                                                                       Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

         Aunque superó 54-16 en las votaciones del Senado a su principal rival, la secretaria de gobernación -Bertha María Alcalde Luján-, no le alcanzó a Lenia Batres Guadarrama para la mayoría necesaria, pero, en uso de sus facultades, el presidente López Obrador la nombró este jueves nueva ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sustitución de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien renunció.

         El controvertido nombramiento, con el que también compitió María Eréndira Cruz Villegas Fuentes, ocurre casualmente 8 años después de que la actual presidenta de la Corte, la polémica Norma Lucía Piña Hernández, entonces con 27 años de desempeño en el Poder Judicial de la Federación, rindiera protesta como ministro durante el sexenio del priísta Peña Nieto.  

Según publicamos con su discurso íntegro el 12 de diciembre de 2015, en la columna ¡Le “gana” Peña Nieto a Calderón!, Piña Hernández había perdido la oportunidad con el ex presidente panista Felipe Calderón en 2012 y tres años después el Senado, con predominante mayoría priísta-oficialista, le dio nueva oportunidad con la única oposición de la senadora independiente Martha Tagle Martínez y del petista -ahora morenista- Manuel Bartlett Díaz.

Entonces sucesora de Olga Sánchez Cordero por un período de 15 años, la ex profesora normalista, luego magistrada de Circuito, había iniciado como jurista en la academia del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pero fue Juez de Distrito por Concurso de Oposición, igual que magistrada.

Batres Guadarrama opina 8 años después que las constituciones y las leyes son útiles cuando resguardan los derechos de las personas, sobre todo de aquellas excluidas del ejercicio de la dignidad, pero necesitan de un Poder Ejecutivo que las aplique y un Poder Judicial que los defienda, aunque, según estudio de organismos civiles, en 2022 la impunidad alcanzó el 96.3% de los casos conocidos por el Ministerio Público, 4.5% por encima de 2021.

En amplia intervención ante el pleno del Senado, agregó que, de 2.2 millones de carpetas de investigación abiertas en ese año, sólo en 4.3%, es decir 96 mil 500 casos, la Fiscalía logró que algún juez dictara vinculación a proceso de los acusados. Tan sólo en feminicidios, la impunidad alcanzó el 88.6% de los casos denunciados ese año.

Dura contra los órganos de procuración y aplicación de justicia, destacó que en 2021 el Inegi reportó que siete mil 11 indígenas estaban prisioneros, de los cuales 85% no tuvo acceso a intérprete durante su proceso judicial y tres de cada 10 no habían recibido sentencia, por lo que, en 2020, según el Latinobarómetro, el 53% de los mexicanos consideraba que el sistema judicial no castiga a los culpables sin importar quiénes sean.

El 81% creía injusto el acceso a la justicia y el 72% percibía que no todas las personas son iguales ante la ley, de ahí que la mayor carga que atiende la Corte consista en incidentes de inejecución y haya años en que éstos han representado casi una tercera parte de sus asuntos. Actualmente existen casos con hasta 11 años en proceso de inejecutoria.

Ante estos resultados la sociedad tiene una percepción fuertemente negativa del actuar de las autoridades judiciales. Sólo 0.4% de la población confía en los jueces, mientras que el 64% los percibe como corruptos, por encima de las policías preventivas municipales y estatales y de los propios ministerios públicos, y únicamente por debajo de la Policía de Tránsito.

El bajo desempeño y la percepción negativa hacia el Ministerio Público y los jueces trasciende a nivel internacional, de acuerdo con el proyecto Justicia Mundial que, desde 2015, emite un índice del Estado de Derecho.

Este año, México se ubica en el lugar 123 de 142 países evaluados, índice que considera el desempeño del país rendición de cuentas, transparencia, accesibilidad e imparcialidad de la justicia y leyes justas, por lo que esta percepción del Ministerio Público y del Poder Judicial afecta directamente al sistema democrático.

Con todo, pese a este bajo desempeño del Poder Judicial, la Corte se ha caracterizado por ser una institución altamente onerosa, a grado tal que, en 2010, su costo representaba casi tres veces el de la Corte Suprema de los Estados Unidos, cerca de siete veces el de Canadá y más de 34 veces el de la Corte constitucional de Perú, elevado costo que se explica, entre otros, por el personal que la integraba: 3 mil 116 funcionarios, frente a 483 de Estados Unidos; 209 de Canadá; y 175 de Perú.

Asómbrese Usted, en 2023 cuenta ya ¡con 3 mil 772 “servidores” públicos!, aunque, además de su cuantioso personal, los salarios de quienes encabezan a la Corte han sido significativamente mayores a los de sus homólogos en todo el mundo. Actualmente, un ministro de los más altos tribunales de España, Perú, Chile, Colombia, Brasil y Argentina gana entre 70 y 120% menos que un ministro en México.

 Hermana del jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, y de la diputada morenista Valentina Batres, apuntó que estos altos salarios debieron haberse ajustado en 2010 cuando el Poder Judicial tenía que acatar el límite absoluto de la remuneración del titular del Poder Ejecutivo Federal como instruye el artículo 127 constitucional.

Más aun, dijo que desde la reforma de 1982 se admitía que las remuneraciones de los titulares de los 3 Poderes eran irrazonables, por lo que la reforma de 2009 pretendía un régimen de ingresos equitativo, igualitario y transparente que diera certeza al ejercicio del gasto público, con el fin de evitar la arbitrariedad y el abuso en la determinación de los ingresos de los servidores públicos.

A pesar de que el régimen transitorio de esa reforma sólo excluyó a ministros, jueces y magistrados nombrados antes de la entrada en vigor de la reforma, 14 años después, siguen sin cumplir el mandato constitucional mil 260 jueces de Distrito, magistrados y ministros que ingresaron después del 2010 y reciben remuneraciones inconstitucionales.

Esa reforma nació viciada, pues el entonces presidente Felipe Calderón, una vez aprobada, se incrementó 61% el salario para el Ejercicio Fiscal de 2010, para pasar de 152 mil pesos que ganaba mensualmente a 245 mil, lo que podría parecer obvio, pero en un régimen democrático las primeras personas que deberían cumplir con la Constitución son justamente las encargadas de vigilar su cumplimiento.

Los ministros no tienen justificación para elaborar criterios o interpretaciones tan rebuscadas que terminen diciendo exactamente lo contrario de lo que dispone la propia Constitución, menos aun cuando el propio artículo 127, además, de señalar un límite absoluto de remuneraciones, indica que éstas deben cumplir con principios de proporcionalidad, equidad, adecuación y renunciabilidad.

En este sentido, Batres Guadarrama anticipó que, tras ser nombrada ministra de la Corte y se le asigne una remuneración inconstitucional, inmediatamente devolverá a la Tesorería de la Federación el excedente.

Por eso cree que el Poder Judicial debe ser reformado y revisarse la forma de designación de ministros, con la posibilidad de ser electos popularmente, ya que los juzgadores son servidores públicos y deben responder a las necesidades populares, es decir, a la democracia y desecharse de una vez el injustificado dogma que le asigna cualquier otra función.

De ahí que deban someterse a control administrativo, como la rendición de cuentas y transparencia, sanciones por rezago en sus resoluciones y control político, como las comparecencias o informes.

Por ejemplo, ante el Congreso de la Unión, control jurisdiccional, con sanciones en caso de corrupción o prevaricato, límites en el alcance de sus interpretaciones, obligación de reparación de daños ante el encarcelamiento o liberación de presos de manera injustificada, retiro de asuntos por conflictos de interés o conducta dudosa y control financiero, como las auditorías.

En la historia reciente del país, el Poder Judicial se ha distinguido por avalar temas ominosos para el pueblo, reforma energética, educativa y laboral y una larga lista que hasta hoy podemos ejemplificar a la devolución o no del dinero de 13 fideicomisos para apoyar a los damnificados de Guerrero.

Analistas del Poder Judicial, como Karina Ansolabehere, destacan que la SCJN no tiene fuerte contrapeso interno y, desde 1995, tampoco externos, con amplia capacidad para intervenir en política, además de no contar con restricciones en la justicia, lo que la convierte en actor metapolítica, dice la analista, y advierte que el control jurisdiccional de constitucionalidad, no tiene límites, lo que puede poner en peligro la división de poderes.

Sobre este mismo peligro, Ignacio Vallarta, en el caso de la aprobación de contribuciones considerables, como inconstitucionales, decía: “Deseo que esos abusos se hagan imposibles poniendo correctivo eficaz, pero no puedo creer que el remedio contra el abuso de un poder sea el abuso de otro poder, porque ambos se desquician arrastrando a toda la sociedad”.

Para empezar, debemos confrontar a la Corte con nuestra propia historia, el artículo 92 de la Constitución, aprobada el 5 de febrero de 1857, que dispuso que cada uno de los individuos de la Corte duraría en su encargo seis años y sería elegido por el voto popular de manera indirecta, en primer grado, de varones entonces.

Asimismo, la Ley Orgánica Electoral de 12 de febrero siguiente dividió al territorio nacional en 155 distritos, en los que se nombraron 80 electores que integraron cada junta electoral de distrito. En total 12 mil 400 electores proclamaron como presidente de la Corte el 12 de julio de 1857 a quien resultó ser uno de los principales constructores de la patria, Benito Juárez García, probablemente uno de los mejores presidentes.

También consta en la historia que la Corte ha defendido en otros momentos derechos de los mexicanos, como cuando apoyó el pago que las empresas trasnacionales debían hacer a sus trabajadores, a quienes se negaban a retribuir de manera digna. Fue un momento tan importante en la historia, que permitió que, unidos, Poder Judicial y Ejecutivo, sostuvieran la nacionalización del petróleo, que siguió a esos pronunciamientos.

Con estudios en derecho y otras áreas de las ciencias sociales que cursó a nivel licenciatura, maestría y doctorado, así como la experiencia de 28 años en materia jurídica-profesional, la nueva ministra ha impulsado, elaborado y participado en cientos de instrumentos jurídicos, iniciativas de ley, reglamentos, decretos, acuerdos, lineamientos, normas para programas y políticas sociales, regularizar vivienda, facilitar trámites, disminuir costos y, en general, para coadyuvar en hacer efectivos los derechos de las personas.

Por otro lado, también ha participado en la defensa de los intereses públicos en miles de juicios administrativos y de amparo, fundamentalmente, en tanto que, en 1998, mediante iniciativa de reforma, propuso modificar el artículo 18 constitucional para crear un sistema de justicia penal para menores, aprobado en 2005 como Sistema de Justicia Penal para Adolescentes.

En la delegación Cuauhtémoc encabezó el equipo jurídico que realizó la más amplia revisión de giros negros, con un equipo que en 2001 alcanzó el récord de 100% de juicios de amparo ganados en favor del gobierno local.

En la Secretaría de Transportes y Vialidad del Gobierno del entonces Distrito Federal, como iniciativa de un jefe de gobierno para revolucionar trámites, participó en el desarrollo y emisión de dos millones de licencias de conducir con carácter permanente, mientras en la alcaldía Tlalpan diseñó el único programa delegacional de reconstrucción para atender las necesidades inmediatas de damnificados por el terremoto de 2017.

Hace unos días tuvo la oportunidad de destacar en el Senado la importancia del resurgimiento de los derechos humanos alrededor de cuya promoción, respeto, protección y garantía se ha organizado cada vez más la estructura y actuación del Estado mexicano, empezando por la defensa de los derechos sociales, revolución de los derechos, la llaman algunos.

Sobre esta revolución corresponde al Poder Judicial la emisión de criterios que fortalezcan la función garantista de las leyes secundarias con relación a los derechos humanos, sin perder de vista su contexto y responsabilidad frente a la sociedad, aunque se requiere de un Poder Judicial que propicie libertades individuales sin sacrificar el bienestar social, ni el disfrute común de los bienes de la Nación.

Por otro lado, se requiere un Poder Judicial celoso de su función de guardián constitucional, sin invadir la esfera de facultades de los otros poderes, pues no le corresponde nombrar o destituir gobernadores, impedir la distribución de libros de texto gratuitos o invalidar leyes cuando no está en duda la inconstitucionalidad de los actos.

El desarrollo democrático que vive el país requiere de alturas y adecuación y actuación responsable de los tres poderes, como decía María Cristina Salmorán, primera ministra de la Corte, “la independencia para desempeñar el cargo de ministro no significa aislamiento de los otros poderes, ni despreocupación de los problemas que atañen al país”.

Tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo han ido asumiendo la vocación de servicio que demanda desde siempre la sociedad mexicana y han ido restringiendo los abusos históricos y conductas prepotentes y despilfarradoras de los recursos púbicos que tanto han agraviado al pueblo.

Ya es hora de que la Corte y demás órganos del Poder Judicial adopten una actuación austera, cumplan su obligación de impartir justicia pronta y expedita, asuman que la función judicial no es patrimonio de los jueces, ni parte de una carrera escalafonaria, sino servicio público para la sociedad, que cada derecho vulnerado, y luego ignorado por jueces, representa el menoscabo de la totalidad del Estado democrático de derecho.

Batres Guadarrama concluye que la propia ministra Salmorán decía que los servidores del Poder Judicial, en largo período de su vida, se han dedicado a un quehacer elegido libremente, pero para cumplir se requiere una verdadera vocación fortalecida por altos valores del espíritu que podemos concretar en la bondad, rectitud de ánimo, valía de bien, integridad y honradez.

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 47 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

        Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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