Gobernadora relegada, ¿amnésica?... o ciega

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

         Despreciada como próxima Secretaria de Turismo por la presidenta electa Claudia Sheinbaum, cuando el día 18 “destapó” a la tlaxcalteca Josefina Rodríguez Zamora, la gobernadora verde-morenista de Quintana Roo, Mara Lezama, ilusionó dos días antes a la ciudadanía, cuando anunció que habría cambios en su gabinete, aunque se refería a las Secretarías de Medio Ambiente y de Economía, respectivamente.

Los anteriores movimientos, se sabe, fueron en las Secretarías de Desarrollo Económico y de Ecología, aunque en esta ocasión auguró nuevos cambios en los próximos días, con la finalidad de “mejorar la respuesta de las diferentes secretarías hacia el desarrollo de Quintana Roo”.

Empero, el movimiento que la gente reclamaba a Mara Lezama como más urgente y necesario era, por supuesto, en la Fiscalía General del Estado, donde el chiapaneco Racial López Salazar se mantiene contra viento y marea en el ojo del huracán, tras ser avalado hace poco más de un año por el Congreso del Estado.

“Apadrinado” por el ex Secretario de Gobernación, el frustrado tabasqueño que buscaba la candidatura a la Presidencia de la República, Adán Augusto López Hernández, el cuestionado funcionario, tal y como publicamos el 19 de julio de 2003, con el título ¡Avala Congreso “capricho” de Mara!, viene antecedido de oscuro historial.

Desde aquel entonces se especulada que lo más seguro era porque provenía de la cantera del Partido Verde “Ecologista” -como la mayoría de los ocupantes de las “carteras” más envidiables de su gobierno-, del que fue diputado Racial López; ya que había poco o nada que hablar de su paso como delegado de la Fiscalía en Quintana Roo y ex titular de Seguridad Pública en Puebla. 

Además, fue procurador de Justicia y fiscal de Chiapas, en los gobiernos de Juan Sabines Guerrero, hoy cónsul de México en Orlando, Estados Unidos, y de Manuel Velasco Coello -otro del Partido Verde, para variar-, también oscuro aspirante a la candidatura presidencial.

En 2019, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz, nombró a Raciel López como delegado de la dependencia en el Estado de México y de ahí saltó a la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, cargo en el que, para fortuna de la Angelópolis, sólo duró14 meses.

El entonces mandatario poblano -el finado Miguel Barbosa- lo destituyó tras revelarse que tenía nexos con Alfonso Rustrián, un personaje detenido en Guatemala, acusado de narcotráfico, al tratar de transportar un cargamento de 550 kilos de metanfetamina a Estados Unidos.

Barbosa denunció que López Salazar sostenía una red de extorsión y venta de privilegios en el penal San Miguel, donde se construyó un “pueblito” de lujos, donde los reos con mayor poder tenían privilegios en sus celdas, aunque, tras su salida del gobierno de Puebla, llegó a Quintana Roo como delegado de la Fiscalía, que dejó a raíz de su nombramiento provisional con la mandataria.

En ese entonces, otro Fiscal de tristes recuerdos, Oscar Montes de Oca, presentó su renuncia a Mara Lezama, según la cual la decisión la tomó por “cuestiones personales”, luego de asumir el cargo en diciembre de 2018, aunque también presentó su renuncia Rubén Oyarvide Pedrero a la Secretaría de Seguridad Pública. Ambas renuncias se registraron en el marco de una ola de violencia sin precedentes en la entidad.

Según medios locales, la renuncia de Montes de Oca estaría relacionada con un presunto caso de un desfalco en Playa del Carmen, además del hackeo de la página de la Fiscalía que, el 12 de enero, informó que inició en el municipio una carpeta de investigación tras el hackeo de su sistema digital de denuncias.

         Apenas dos meses después del nombramiento del nuevo Fiscal, el 12 de septiembre, con el título ¡“Piedra Verde” en el zapato del Fiscal! Estalló un nuevo escándalo, cuando dijimos que uno de sus problemas era no saber qué hacer o no poder hacer nada en relación con “su” administrador Rubén Sarif Ávalos Garnica, flamante recomendado nada más ni nada menos que del titular de la Secretaría de Finanzas, Eugenio Segura Vázquez.

Resulta que el funcionario, hijo de Fátima Garnica, quien fuera candidata a diputada por el Distrito VI, por el Partido Encuentro Social en elecciones anteriores, se negaba a recibir justificantes médicos de dos empleadas a las que no sólo acosaba sexualmente, sino pretender correrlas por no acceder a sus pretensiones sexuales.

Hermano, a la vez, de la “auxiliar del Ministerio Público”, Fátima Yamile Ávalos, quien figuró en la planilla del propio PES al Ayuntamiento de Benito Juárez en las elecciones de 2018, para convertirse en primera regidora por el mismo partido en el que milita su madre, fue escolta del ex vicefiscal de la Zona Norte, Carlos Maya Girón.

Por si fuera poco, Ávalos Garnica, según el portal La palabra del Caribe, aparecía acusado de otras irregularidades más “bellas”, como pactar con crimínales, extorsionar a madres buscadoras y desaparecer carpetas de investigación contra sus familiares por diversos delitos.

Se ignoraba si por falta de información de Mara Lezama o de su súbdito Segura Vázquez -o de ambos-, las “hazañas” de ese personaje no eran nada nuevas, pues en septiembre de 2020 agentes de la policía de investigación de la Fiscalía denunciaron al entonces titular, Montes de Oca y al director de Administración y Planeación, César Octavio Ayerdi Hernández, por discriminación, abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades del servicio público, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias.

Por si fuera poco, el 13 de octubre, con el título Fiscalía y los millones de “Caborca”, relatamos que en el portal Cambio 22, se filtró una foto de José Gil Caro Quintero trasladado en una patrulla de la Policía Ministerial del Estado, que confirmaba la detención y liberación del líder máximo del Cártel de Caborca, por quien la DEA ofrece tres millones de dólares para quien aporte datos para su captura, pero que la “libró” por 15 millones de pesos.

Raciel López, a quien Mara Lezama nombró a su antojo, habría comenzado a pasarle la factura a la mandataria que, a decir de Cambio 22, le fue impuesto por ex Secretario de Gobernación, quien “compitió” infructuosamente por la candidatura presidencial de Morena.

Finalmente, al menos hasta el momento hace unos días publicamos un nuevo, sonado escándalo en la Fiscalía, ahora de corte sexual, en el que estaría involucrado el Fiscal del Distrito Zona Norte, Sergio Iván Cruz Ledezma, a quien se acusó en redes sociales de administrar prácticamente un “Edén” y tejer una “red de corrupción y poliamor en la Fiscalía”.

Por si no lo leyó Usted, se hablaba de un escándalo de corrupción y abuso de poder que se oculta en lo más profundo de la Fiscalía, donde Cruz Ledezma manejaría una red de relaciones personales y favores sexuales que habrían facilitado el ascenso de varias funcionarias en la institución.

Entre otros, se señaló a Nataly Robertos, directora de Delitos Sexuales, pareja de Cruz Lezama, por obtener el cargo gracias al apoyo y protección de su entonces novio, el secretario y juez en funciones “Octavio”, además secretario particular del Magistrado del Poder Judicial de la Federación, actual presidente, pareja inicial de aquél, que hoy consolidaría su influencia.

Impuesto hace menos de un año por la gobernadora verde-morenista Mara Lezama y su incondicional Congreso del Estado, todo haría suponer que el Fiscal General de Quintana Roo, Raciel López Salazar, y su pandilla de chiapanecos estarían viendo sus últimos días en esa dependencia, tras los últimos acontecimientos que hicieron ver muy mal al recomendado del controvertido ex Secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Más aun, el 23 de mayo último, con el título ¿Ahora sí caerá el Fiscal López Salazar?, decíamos que tras la serie de irregularidades, la gota que habría derramado el vaso sería el pachangón que armó su ex director de Policía de Investigación, Pedro León Toro Peña, para la fiesta de su hija María Fernanda en el exclusivo salón de fiestas “Country Royal” de Tuxtla Gutiérrez, con un costo superior a los 600 mil pesos, y la contratación de Los Tucanes de Tijuana, por 3.5 millones de pesos.

El “festejito” sería el 18 de mayo último, pero Raciel López supuestamente “se enteró” después, a raíz de su publicación en el periódico Reforma, por lo que se vio obligado a correr a su paisano chiapaneco, pese a que, para todos, el propio Fiscal habría asistido a ese festejo, resguardado precisamente por la Policía de Investigación.

Para acabarla de amolar, y lejos de contratar a algún quintanarroense, como siempre se le ha demandado, Raciel López optó por otro chiapaneco para ocupar el lugar de Toro Peña: El entonces director de Coordinación y Desplazamiento, Jorge Alberto Paniagua Romero.

Sin embargo, el “nuevo funcionario” no tiene historial de envidia, ya que, de acuerdo con el portal Código Rojo, el  2 junio de 2020, como coordinador de Despliegue Territorial de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, fue sacado de las instalaciones de la corporación por los propios policías, que dijeron desconocerlo porque desde que lo asignó Raciel López no había tenido acercamiento con ellos.

Durante protesta para exigir un incremento salarial, Paniagua Romero evitó sumarse a la movilización, ya que era muy cercano y de confianza del entonces titular de la Secretaría, Raciel López, aunque fue sacado hasta la calle, le cerraron la puerta e indicaron que no volvería a entrar. Fue despojado de insignias, armamento y equipo de radiocomunicación.

Lo cierto es que, ante tanto escándalo en la Fiscalía -más los que hoy se sumen- nos preguntamos si la gobernadora padece amnesia o, de plano, le vale lo que piensen o digan los quintanarroenses de un funcionario foráneo, al que, repetimos, sostiene contra viento y marea. Lástima que ningún profesional local “valga la pena” para nombrarlo nuevo Fiscal, ¿verdad Mara?

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 48 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.