¡Escándalo por la reforma judicial!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Al iniciar el jueves
anterior los cuestionados Diálogos Nacionales para la Reforma Judicial, en los
que participaron 35 funcionarios, principalmente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), arrancó el proceso para los pretendidos cambios
en el controvertido, otrora intocable Poder Judicial.
Así, se puso de manifiesto que 10 son las principales
demandas de la ciudanía, solamente criticados por incondicionales de añejas costumbres
de intereses inconfesables.
La reforma pretende principalmente reducir
los excesivos sueldos de ministros y magistrados y darle poder al pueblo para
elegir y supervisar, además de castigar a quienes cometan ilícitos y se sientan
impunes en el Poder Judicial, además de mejorar el uso del presupuesto y reducir
tiempos.
Prácticamente desconocido por muchos y
oculto por otros, las 10 demandas se pueden resumir: -1. Los ministros de la
Corte serán electos por voto popular y los candidatos serán así: 10 propuestas
del Poder Ejecutivo, 10 del Legislativo (5 del Senado y 5 de los diputados) y 10
del Judicial.
2. El Senado emitirá la convocatoria
con los requisitos para ser candidato. Y el Instituto Nacional Electoral (INE)
organizará la elección. Los candidatos propuestos por los 3 Poderes contarán
con un plazo de 60 días para darse a conocer de forma independiente.
3. Se reduce el número de Ministros
de 11 a 9, y será por un periodo de 12 años improrrogables en el cargo. Elimina
las dos Salas de la SCJN, para que el pleno conozca y delibere todos los
asuntos en sesiones públicas.
4. Los magistrados de Disciplina y
Electorales permanecerán en el cargo 6 años sin posibilidad de reelección,
mientras que los magistrados de distrito y jueces lo serán por 9 años, aunque
podrán optar por una reelección consecutiva.
5. Ninguno de los magistrados,
ministros o jueces ganará más que el presidente de la República, en
tanto se suprime la pensión vitalicia o de retiro para actuales y futuros
ministros.
6. Se crea un Órgano de Administración
Judicial, integrado por cinco magistrados con un periodo de seis años,
propuestos por los 3 Poderes, los cuales se ocuparán de la administración,
carrera judicial, control interno y elaboración del presupuesto.
7. Se establece un Tribunal de
Disciplina Judicial integrado por 5 ministros, que investigarán probables
conductas ilegales o ilícitas y podrán imponer sanciones, como suspensión,
multa, destitución, inhabilitación, juicio político y/o denuncias ante el
Ministerio Público.
8. No podrán crearse ni mantenerse en
operación fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no estén contemplados
en la ley.
9. Las reformas para una justicia
pronta y expedita plantean establecer un plazo de seis meses para resolver
casos fiscales, y por lo menos de un año, en el caso de personas imputadas por
delitos que no excedan dos años de prisión.
10. Finalmente, en los casos de
acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y juicios de
amparo contra normas generales, no se otorgarán suspensiones con efectos
generales.
Los
planteamientos en las propuestas de reforma, que incluyó los de la presidenta
de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández -pidió ser la última en intervenir-, continuarán
hoy en Jalisco, con el tema “Austeridad,
fideicomisos y derecho laboral de los trabajadores del Poder Judicial”.
Sin
embargo, el interés por los cambios no es nada nuevo, ya que, en noviembre de 2019,
precisamente el propio ex presidente del Poder, Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, declaró que en enero
quedaría resuelto uno de los hoy cuestionables problemas del Poder: El
nepotismo.
Dos
días antes, el Consejo de la Judicatura Federal comunicó
el “fin al nepotismo en el Poder Judicial Federal”, donde indicaba que, desde
el inicio de la presidencia de Zaldívar -entonces hacía 10 meses-, se había cambiado de adscripción a 86
juzgadores con parientes al interior de los órganos jurisdiccionales.
Aunque
se anunció como solución del problema, el 5 de diciembre el propio Consejo se
percató de que no iba a ser suficiente y emitió un comunicado
donde aprobó un “Plan integral de combate al nepotismo”, no sólo con
medidas correctivas, sino también preventivas.
Sin
embargo, persistían dudas sobre si los cambios de adscripción eran justos y
suficientes las medidas para terminar con el nepotismo, o sea la contratación en
el sector público de personas no por sus méritos, sino por ser familiares de
empleados, vieja práctica en el Poder que se desarrolló por no ser ilegal y
tampoco verse mal en la propia institución.
Posteriormente,
el nepotismo se percibió luego como práctica indebida. En México, se reguló
desde la publicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (2016),
aplicable a funcionarios judiciales, aunque el término se incluyó en esta ley
apenas en 2020.
Que un integrante del Poder tuviera familiares
en la institución no era reprobable, pues ambos pudieron obtener su
puesto y promociones por propios méritos. El problema es cuando se ejerce favoritismo hacia un pariente
para posicionarlo en algún cargo o lograr para él un ascenso, impidiendo que
personas más calificadas o con mejor desempeño los obtengan.
En
el Poder es posible pues, en contraste con los cargos de magistrados y jueces -por
concursos de oposición-, la designación del resto de los puestos (desde
oficial de partes hasta secretario de acuerdos de sala o de juzgado) está a cargo de
jueces y magistrados, que
identifican candidatos para vacantes y solicitar al Instituto de la Judicatura exámenes
de aptitud.
Entre
2016 y 2017, con el objetivo de conocer el alcance de las relaciones familiares,
el entonces consejero de la Judicatura, Felipe Borrego Estrada, realizó un
estudio que identificó que 51% de magistrados de circuito y jueces de
distrito tenía parientes en la institución, y en el 93% de los casos en puestos
de baja exigencia meritocrática (como oficial administrativo) o necesitaban la
recomendación de un magistrado o juez (como secretarios)
Sus
datos dieron cuenta de un problema estructural al interior del Poder, no
abiertamente reconocido sino hasta la nueva presidencia del CJF
En
noviembre, el CJF daba a conocer tres medidas de su estrategia inicial para
combatir el nepotismo: 1) Un Acuerdo
General del Pleno para regular criterios de ratificación,
reincorporación, así como de adscripción y readscripción de juzgadores; 2) Readscripción
de 86 juzgadores federales; y 3) Generar reglas específicas para contratar
familiares en Juzgados y Tribunales.
Los
procesos de readscripción iniciaron en enero, aunque el Acuerdo entró en vigor
10 meses después. Esto generó duda sobre los principios con base de los
procesos antes de aprobar el Acuerdo, por lo que se cuestiona si se respetaron
garantías judiciales y el debido proceso de los juzgadores a los que se les
impuso la medida, que dio pie a amparos.
Para evitar reclamos, hubiese sido deseable que el Acuerdo se publicara antes
de implementar cambios.
Ante
esta lucha inicial contra el nepotismo de hace 5 años, apenas el 22 de junio
último y apoyada en dos estudios del Consejo, la ministra Lenia Batres
Guadarrama preguntó si en el Poder Judicial de la Federación los cargos se
consiguen por mérito o nepotismo.
El
debate planteado en redes sociales por la última ministra en ingresar a la Corte
(diciembre-2023), surge frente a la discusión sobre la iniciativa de reforma al
Poder, que propone elegir por voto ciudadano a los más de mil 600 jueces,
magistrados y ministros del país, entre otros.
Según
informe de 2022 del CJF, ¡hasta 65 miembros de una misma familia trabajan en el
PJF!, 23.8% con más de cuatro parientes, 49%, dos.
El
primero que citó es el informe de las relaciones en el Padrón Electrónico de
Relaciones Familiares del CJF (diciembre-2022), que dice que 89.7% de las
redes familiares es de entre dos y cinco personas, y es posible afirmar que entre
de 2020 y 2022 las redes parentales bajaron 17.5% por el Plan Integral de
Combate al Nepotismo del PJF, creado en 2021.
En
noviembre de 2020, la red de mayor tamaño era de 79 funcionarios activos,
mientras en agosto de 2022, de 65, según Batres, y aun cuando las personas de
estas redes pueden no tener un vínculo directo, sí lo hay, considerando
afinidad y consanguinidad hasta quinto grado.
También
señaló que un estudio de 2018 de Borrego Estrada, entonces consejero del CJF,
48.6% de los juzgadores habían contratado algún familiar.
En
diagrama que difundió en X, destacó que 455 jueces y magistrados
contrataron a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras, mientras,
7 mil 148 servidores de 31 Circuitos compartían espacio laboral con algún
familiar.
Según
la SCJN, en México más de 800 magistrados y más de 700 jueces son por concurso,
mientras 11 ministros son seleccionados por el Senado a propuesta del Ejecutivo.
Además, hay 7 magistrados en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder
y tres en cada una de las seis salas regionales, elegidos en ternas que la
Corte propone al Senado.
Según
la Corte, defiende la división de poderes, la autonomía del PJF y procesos para
elegir a los juzgadores, con requisitos como capacidad profesional e idoneidad,
y ofrece garantías de inamovilidad.
De
acuerdo con el Manual General de Puestos del Consejo, ser oficial
administrativo requiere preparatoria, iniciativa, buena reputación, habilidad
para la comunicación oral y escrita, orientación a resultados, manejo de
computadora, no haber sido condenado por pena de prisión de más de un año y
ninguna experiencia laboral previa.
Uno
de los requisitos para secretario de tribunal o juzgado, es que el magistrado o
juez solicitante manifieste que el aspirante posee práctica profesional de más
de tres años.
Presidentes
de la SCJN decían que el tema debía investigarse, pero ninguno aceptó
abiertamente su existencia. Incluso, el antecesor de Zaldívar, Luis María
Aguilar Morales, solicitó, un día antes de ser acusado
de tener en nómina de la Corte a una hija, dentista de formación,
una investigación para identificar nepotismo de jueces y magistrados. La
investigación estaba en curso, y desde junio de 2019, el Consejo mantendría
reservada la información.
Entre otros, como señalan las propuestas
de reforma, es que los concursos de oposición deberían mejorarse, como el
propio ministro presidente sugirió desde ese entonces, cuando señaló que los vigentes
eran “formalistas y
no privilegian la racionalidad y lógica jurídica”.
*Luis
Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 48 años de experiencia como
reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de
comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores
y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos
pendiente de publicar.
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