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¡Escándalo por la reforma judicial!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

         Al iniciar el jueves anterior los cuestionados Diálogos Nacionales para la Reforma Judicial, en los que participaron 35 funcionarios, principalmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), arrancó el proceso para los pretendidos cambios en el controvertido, otrora intocable Poder Judicial.

         Así, se puso de manifiesto que 10 son las principales demandas de la ciudanía, solamente criticados por incondicionales de añejas costumbres de intereses inconfesables.

          La reforma pretende principalmente reducir los excesivos sueldos de ministros y magistrados y darle poder al pueblo para elegir y supervisar, además de castigar a quienes cometan ilícitos y se sientan impunes en el Poder Judicial, además de mejorar el uso del presupuesto y reducir tiempos.

          Prácticamente desconocido por muchos y oculto por otros, las 10 demandas se pueden resumir: -1. Los ministros de la Corte serán electos por voto popular y los candidatos serán así: 10 propuestas del Poder Ejecutivo, 10 del Legislativo (5 del Senado y 5 de los diputados) y 10 del Judicial.

          2. El Senado emitirá la convocatoria con los requisitos para ser candidato. Y el Instituto Nacional Electoral (INE) organizará la elección. Los candidatos propuestos por los 3 Poderes contarán con un plazo de 60 días para darse a conocer de forma independiente.

          3. Se reduce el número de Ministros de 11 a 9, y será por un periodo de 12 años improrrogables en el cargo. Elimina las dos Salas de la SCJN, para que el pleno conozca y delibere todos los asuntos en sesiones públicas.

          4. Los magistrados de Disciplina y Electorales permanecerán en el cargo 6 años sin posibilidad de reelección, mientras que los magistrados de distrito y jueces lo serán por 9 años, aunque podrán optar por una reelección consecutiva.

          5. Ninguno de los magistrados, ministros o jueces ganará más que el presidente de la República, en tanto se suprime la pensión vitalicia o de retiro para actuales y futuros ministros.

          6. Se crea un Órgano de Administración Judicial, integrado por cinco magistrados con un periodo de seis años, propuestos por los 3 Poderes, los cuales se ocuparán de la administración, carrera judicial, control interno y elaboración del presupuesto.

          7. Se establece un Tribunal de Disciplina Judicial integrado por 5 ministros, que investigarán probables conductas ilegales o ilícitas y podrán imponer sanciones, como suspensión, multa, destitución, inhabilitación, juicio político y/o denuncias ante el Ministerio Público.

          8. No podrán crearse ni mantenerse en operación fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no estén contemplados en la ley.

          9. Las reformas para una justicia pronta y expedita plantean establecer un plazo de seis meses para resolver casos fiscales, y por lo menos de un año, en el caso de personas imputadas por delitos que no excedan dos años de prisión.

          10. Finalmente, en los casos de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y juicios de amparo contra normas generales, no se otorgarán suspensiones con efectos generales.

Los planteamientos en las propuestas de reforma, que incluyó los de la presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández -pidió ser la última en intervenir-, continuarán hoy en Jalisco, con el tema “Austeridad, fideicomisos y derecho laboral de los trabajadores del Poder Judicial”.

Sin embargo, el interés por los cambios no es nada nuevo, ya que, en noviembre de 2019, precisamente el propio ex presidente del Poder, Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, declaró que en enero quedaría resuelto uno de los hoy cuestionables problemas del Poder: El nepotismo.

Dos días antes, el Consejo de la Judicatura Federal comunicó el “fin al nepotismo en el Poder Judicial Federal”, donde indicaba que, desde el inicio de la presidencia de Zaldívar -entonces hacía 10 meses-, se había cambiado de adscripción a 86 juzgadores con parientes al interior de los órganos jurisdiccionales.

Aunque se anunció como solución del problema, el 5 de diciembre el propio Consejo se percató de que no iba a ser suficiente y emitió un comunicado donde aprobó un “Plan integral de combate al nepotismo”, no sólo con medidas correctivas, sino también preventivas.

Sin embargo, persistían dudas sobre si los cambios de adscripción eran justos y suficientes las medidas para terminar con el nepotismo, o sea la contratación en el sector público de personas no por sus méritos, sino por ser familiares de empleados, vieja práctica en el Poder que se desarrolló por no ser ilegal y tampoco verse mal en la propia institución.

Posteriormente, el nepotismo se percibió luego como práctica indebida. En México, se reguló desde la publicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (2016), aplicable a funcionarios judiciales, aunque el término se incluyó en esta ley apenas en 2020.

Que un integrante del Poder tuviera familiares en la institución no era reprobable, pues ambos pudieron obtener su puesto y promociones por propios méritos. El problema es cuando se ejerce favoritismo hacia un pariente para posicionarlo en algún cargo o lograr para él un ascenso, impidiendo que personas más calificadas o con mejor desempeño los obtengan.

En el Poder es posible pues, en contraste con los cargos de magistrados y jueces -por concursos de oposición-, la designación del resto de los puestos (desde oficial de partes hasta secretario de acuerdos de sala o de juzgado) está a cargo de jueces y magistradosque identifican candidatos para vacantes y solicitar al Instituto de la Judicatura exámenes de aptitud.

Entre 2016 y 2017, con el objetivo de conocer el alcance de las relaciones familiares, el entonces consejero de la Judicatura, Felipe Borrego Estrada, realizó un estudio que identificó que 51% de magistrados de circuito y jueces de distrito tenía parientes en la institución, y en el 93% de los casos en puestos de baja exigencia meritocrática (como oficial administrativo) o necesitaban la recomendación de un magistrado o juez (como secretarios)

Sus datos dieron cuenta de un problema estructural al interior del Poder, no abiertamente reconocido sino hasta la nueva presidencia del CJF

En noviembre, el CJF daba a conocer tres medidas de su estrategia inicial para combatir el nepotismo: 1) Un Acuerdo General del Pleno para regular criterios de ratificación, reincorporación, así como de adscripción y readscripción de juzgadores; 2) Readscripción de 86 juzgadores federales; y 3) Generar reglas específicas para contratar familiares en Juzgados y Tribunales.

Los procesos de readscripción iniciaron en enero, aunque el Acuerdo entró en vigor 10 meses después. Esto generó duda sobre los principios con base de los procesos antes de aprobar el Acuerdo, por lo que se cuestiona si se respetaron garantías judiciales y el debido proceso de los juzgadores a los que se les impuso la medida, que dio pie a amparos. Para evitar reclamos, hubiese sido deseable que el Acuerdo se publicara antes de implementar cambios.

Ante esta lucha inicial contra el nepotismo de hace 5 años, apenas el 22 de junio último y apoyada en dos estudios del Consejo, la ministra Lenia Batres Guadarrama preguntó si en el Poder Judicial de la Federación los cargos se consiguen por mérito o nepotismo.

El debate planteado en redes sociales por la última ministra en ingresar a la Corte (diciembre-2023), surge frente a la discusión sobre la iniciativa de reforma al Poder, que propone elegir por voto ciudadano a los más de mil 600 jueces, magistrados y ministros del país, entre otros.

Según informe de 2022 del CJF, ¡hasta 65 miembros de una misma familia trabajan en el PJF!, 23.8% con más de cuatro parientes, 49%, dos.

El primero que citó es el informe de las relaciones en el Padrón Electrónico de Relaciones Familiares del CJF (diciembre-2022), que dice que 89.7% de las redes familiares es de entre dos y cinco personas, y es posible afirmar que entre de 2020 y 2022 las redes parentales bajaron 17.5% por el Plan Integral de Combate al Nepotismo del PJF, creado en 2021.

En noviembre de 2020, la red de mayor tamaño era de 79 funcionarios activos, mientras en agosto de 2022, de 65, según Batres, y aun cuando las personas de estas redes pueden no tener un vínculo directo, sí lo hay, considerando afinidad y consanguinidad hasta quinto grado.

También señaló que un estudio de 2018 de Borrego Estrada, entonces consejero del CJF, 48.6% de los juzgadores habían contratado algún familiar.

En diagrama que difundió en X, destacó que 455 jueces y magistrados contrataron a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras, mientras, 7 mil 148 servidores de 31 Circuitos compartían espacio laboral con algún familiar.

Según la SCJN, en México más de 800 magistrados y más de 700 jueces son por concurso, mientras 11 ministros son seleccionados por el Senado a propuesta del Ejecutivo. Además, hay 7 magistrados en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder y tres en cada una de las seis salas regionales, elegidos en ternas que la Corte propone al Senado.

Según la Corte, defiende la división de poderes, la autonomía del PJF y procesos para elegir a los juzgadores, con requisitos como capacidad profesional e idoneidad, y ofrece garantías de inamovilidad.

De acuerdo con el Manual General de Puestos del Consejo, ser oficial administrativo requiere preparatoria, iniciativa, buena reputación, habilidad para la comunicación oral y escrita, orientación a resultados, manejo de computadora, no haber sido condenado por pena de prisión de más de un año y ninguna experiencia laboral previa.

Uno de los requisitos para secretario de tribunal o juzgado, es que el magistrado o juez solicitante manifieste que el aspirante posee práctica profesional de más de tres años.

Presidentes de la SCJN decían que el tema debía investigarse, pero ninguno aceptó abiertamente su existencia. Incluso, el antecesor de Zaldívar, Luis María Aguilar Morales, solicitó, un día antes de ser acusado de tener en nómina de la Corte a una hija, dentista de formación, una investigación para identificar nepotismo de jueces y magistrados. La investigación estaba en curso, y desde junio de 2019, el Consejo mantendría reservada la información.

          Entre otros, como señalan las propuestas de reforma, es que los concursos de oposición deberían mejorarse, como el propio ministro presidente sugirió desde ese entonces, cuando señaló que los vigentes eran “formalistas y no privilegian la racionalidad y lógica jurídica”.

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 48 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

       Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.

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