¡Lluvia... de millones de pesos en la SCJN!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Mientras nosotros preocupados por el huracán “Beryl”, una lluvia de millones de pesos gozan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de ahí su “indignación” en que se reforme el Poder Judicial, según se puso de manifiesto el martes, con ocasión del tercer foro para la reforma que, bajo el título “Austeridad, fideicomisos y derecho laboral de los trabajadores”, se realizó en Toluca, Estado de México.

Ante el presidente del Tribunal en el Estado de México -también del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de esa entidad-, a quien el senador Ricardo Monreal Ávila dijo: “¡viva también la austeridad para usted!”, el tema de este foro tuvo que ver con la austeridad, fideicomisos y derechos de los trabajadores del Poder, posición jurídica y política.

Según se explicó, los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación se respetarán totalmente con la reforma. Los presupuestos de Egresos del ejercicio fiscal considerarán los recursos para el pago de pensiones, apoyos médicos, seguros, aguinaldos, prestaciones y cualquier otra obligación de carácter laboral. O sea, todos los derechos y conquistas laborales, por disposición constitucional, estarán a salvo.

La propuesta de reforma establece que, luego de ser aprobada, los actos y procesos extinguirán fondos, fideicomisos, mandatos y contratos análogos no previstos en ley secundaria. También habrá un plazo de 90 días para enterar todos los recursos remanentes de esos instrumentos y se concentrarán en la Tesorería de la Federación.

Ante la duda sobre el costo de elegir mil 600 ministros, jueces y magistrados, se dijo que, según cálculo, con actuarios y personal del Instituto Nacional Electoral, al que se responsabilizará, pudieran ser entre 3 mil y 3 mil 500 millones de pesos, para lo que se podría destinar parte de los 23 mil millones de pesos de los fideicomisos que se enterarán a la Tesorería.

Entre otros, la reforma establece también que los ministros que concluyen su cargo no se beneficiarán con el “haber de retiro”, esto es, el 100% del salario durante los primeros dos años, y el 80% los siguientes hasta su muerte, es decir, el total de su sueldo tabular, de alrededor de 300 mil pesos mensuales, que se integran a una compensación garantizada y previsión social.

Dicho “haber” contempla también un aguinaldo de 568 mil pesos, o sea 40 días de sueldo, pese a no estar en activo; seguro de vida por 12 millones de pesos para ministros y cónyuges, además de pago por defunción, por 1.189 millones de pesos para gastos funerarios; un pago por riesgo de 640 mil pesos durante los primeros años y una prima vacacional de 95 mil 474 pesos de 10 días de sueldo durante los primeros años. A pesar de estar en retiro gozarán de la prima vacacional y del sueldo tabular.

Por otro lado, tienen el derecho a contar con cinco personas como “personal de apoyo”, incluyendo dos choferes de servicio y tres técnicos de distinta categoría pagados por el erario de la Corte, así como reembolso de la compra de medicamentos, cualesquiera que éstos sean, el reembolso es total.

Pero además de ese personal “de apoyo”, que incluyen los dos choferes, pueden contar con otras cinco personas para “seguridad” -aunque los ministros no estén en funciones-, pagadas por el erario.

Asimismo, tienen “derecho” de dos vehículos Suburban blindados, con un costo de alrededor de 3 millones de pesos cada uno, por lo que acumulan 6 millones de pesos, así como un “apoyo” para gastos de gasolina por 22 mil pesos mensuales, reembolso de cualquier gasto por el mantenimiento de las Suburban en los primeros años; apoyo para pago de peaje en autopista, aunque estén en retiro y no tengan viajes programados, además de otros respaldos en restaurantes y aeropuertos, aunque estén en retiro también.

No obstante, al iniciar la reforma constitucional, los ministros que terminen su encargo no recibirán pensiones vitalicias ni “haberes de retiro”, como actualmente.

Lo mismo ocurre con las “pensiones complementarias” de magistrados y jueces, donde, por ejemplo, en el caso de los actuales, asciende a 143 mil pesos mensuales, de los cuales sólo reciben el 60%, pero por la pensión del ISSSTE reciben 33 mil pesos mensuales y por la pensión complementaria, 52 mil pesos.

Es decir, en el caso de jueces de Distrito, se trata de 33 mil pesos por la pensión del ISSSTE y 78 mil pesos de la complementaria. Todos los jueces de Distrito y magistrados gozan de esta prebenda.

Ahora bien, ¿cómo conciliar la reforma con sus derechos adquiridos? Es lo que se intenta construir con imaginación y justicia en los foros de debate.

Conclusión. Con la reforma, las remuneraciones de los servidores públicas en funciones, tanto del Poder Judicial de la Federación como de los Poderes Judiciales de las entidades no podrán ser mayores que las del presidente de la República, o presidenta, como ahora será el caso.

Pero, además, en el caso de las entidades y sus legislaturas locales, una vez aprobada la reforma, tendrán un plazo de 180 días naturales para adecuar las leyes locales.

La austeridad sí es un deber, una política de Estado, y desde que inició el gobierno de López Obrador, la mayor parte de los órganos del Estado así lo han asumido, excepto del Poder Judicial y órganos autónomos, con lo que se viola el artículo 127 de la Constitución respecto a remuneraciones de todos los servidores públicos en funciones.

De existir mayores ingresos, salarios y prestaciones que los que devenga el presidente de la República, una vez de iniciar la vigencia de la reforma constitucional los montos deberán ajustarse a los parámetros de esta disposición, a lo que es renuente el Poder Judicial.

¿Es justo? ¿Es legal? ¿Tiene sentido común?

 (Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

     *Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 48 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

       Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.