Infierno de mujeres… ¡paraíso de juzgadores!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Las renombradas reformas al Poder Judicial, donde jueces, magistrados y ministros son los principales cuestionados, en estos tiempos de mujeres, que hace 69 años votaron por primera vez, el reclamo popular es que la justicia está muy lejos de la gente, y existe un reproche constante y permanente, donde, tan sólo en el ámbito penal, ¡el 40% de los reclusos de los centros penitenciarios! carecen de sentencia.

Acorde con el tema, lo más grave es que, en la mayoría de los casos, las afectadas son mujeres, la mitad de las cuales, por si fuera poco, tampoco tiene sentencia, y tres de cada 10 de ellas han esperado más de dos años una resolución, sin olvidar casos en los que llevan más de 15 años.

Lo cierto es que tan sólo el 4% de las investigaciones de las Fiscalías federales o estatales avanza en los tribunales que, para todo, les conviene tener una carpeta de investigación porque representa dinero para todos, aunque para la persona juzgada es una penitencia diaria.

¿Y qué decir de la población indígena? Se sabe que la justicia es para quien la puede comprar, y uno de los grupos más afectados es precisamente el de las personas indígenas que, históricamente, han enfrentado esa violencia estructural por sus condiciones socioeconómicas, la ubicación geográfica de donde radican, aunque el poco o nulo acceso a la educación les otorga mayor vulnerabilidad.

En efecto, las comunidades indígenas prácticamente carecen de acceso a la justicia y, por principio, el idioma es una barrera, así como la discriminación y, por consiguiente, el derecho a una defensa adecuada, en tanto una de sus más crudas realidades es conflictuarse con la ley penal y, en consecuencia, ser privadas de la libertad.

Lo curioso es que, aunque existe un marco legal que protege a este grupo que más sufre, ante la forma de aplicarse la “justicia”, no puede pagar un abogado, y menos la justicia, por lo que es necesario que los impartidores de ésta debieran apegarse, no solo al ordenamiento legal, sino a la justicia.

Es cierto que existe el Consejo de la Judicatura, pero no es posible que, apenas ingresen una queja, de inmediato se informe al juzgado sobre esa queja y, lo peor del caso, es que dicho juzgado se desquite con la persona que está siendo juzgada, y le retrase el proceso, ya lento de por sí.

Con el proyecto de reforma hoy existe la oportunidad de transformar la realidad de que el pueblo, al abordar uno de los temas más sensibles y cruciales para el funcionamiento de la democracia, el Poder Judicial, pilar fundamental sobre el que se sostiene el estado de derecho, es responsabilidad de todos asegurar su funcionamiento eficiente, transparente y justo.

Es evidente que hay críticas significativas que deben abordarse con urgencia, entre ellas la corrupción, ya que, quiérase o no, si no hay soborno no hay solución. Así, es pública la ineficiencia, la falta de independencia judicial, de acceso a la justicia y de transparencia en el Poder Judicial.

Así las cosas, la elección de autoridades judiciales que propone esta reforma, a través del voto universal directo y secreto de la ciudadanía, será paso fundamental. La ciudadanía debe enterarse de que la reforma es parte de la justicia y evitar que ésta siga en beneficio de intereses ajenos.

Hace unos días se publicó en El Milenio que el Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, hace un análisis de la elección de ministros en 1857, hace 150 años, donde, en gran forma, se eligieron presidentes de la Corte, entre otros a personas como Sebastián Lerdo de Tejada, José María Iglesias e Ignacio L. Vallarta.

Sin embargo, el PAN dice que la reforma del 1994 fue “de gran calado” porque, supuestamente, garantizó a la Suprema Corte de Justicia ser árbitro jurisdiccional con independencia y autonomía y se convirtió en actor esencial del fortalecimiento del Estado mexicano, precisamente cuando el presidente Ernesto Zedillo desapareció prácticamente a la Corte.

Con todo, el artículo 39 constitucional dice que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. El pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

En 2018 hubo cambio de régimen, no de gobierno. Hablar de cambio de régimen es cambiar estructuras, infraestructuras, pero el Poder Ejecutivo también cambió el modo de hacer política, erradicó muchos vicios, privilegios y canonjías. El Legislativo, por su lado, cambió con diversos actores políticos, incluso, de la oposición, pues no existen gastos médicos mayores, lujos, ni prebendas. Cambió radicalmente, pero el Judicial siguió igual.

Cuando el presidente López Obrador habló de esta reforma mucha gente de la oposición, periodistas, intelectuales o pseudointelectuales hablaron de tiranía, desaparición de poderes, incluso, de dictadura. Nada más falso, ya que el 2 de junio lo que eligieron 36 millones de mexicanos fueron reformas profundas, no solo al Poder Judicial, sino también al poder electoral, aunque también se propuso una reforma que desechó la oposición en su momento.

Se ha resaltado en foros, más de 30 iniciales, pero ha habido cuatro después del 27 de junio, donde se han visto tres puntos sustanciales. Uno, que los mismos ministros hayan asistido al primero, donde ellos mismos dijeron que era urgente la reforma al Poder.

Pero también aceptaron, y lo han aceptado en diversos foros, no estar contra una elección de magistrados, jueces y ministros, ni estar de acuerdo, incluso, en que la elección sea paulatina. Se celebra que estén de acuerdo en esa dinámica.

Otro tema que también han aceptado, y preocupa, es el del nepotismo tan escandaloso en el Poder Judicial, pues es seguro que ni en el Ejecutivo ni el Legislativo existe tal nepotismo como en ese Poder.

Amplio estudio del consejero de la Judicatura Federal, Felipe Borrego Estrada, detalla que el 48.6% de los juzgadores contrató a algún familiar. 455 jueces y magistrados contrataron a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y suegras, y no se diga hasta novias y amantes.

Y siete mil 148 servidores públicos de 31 Circuitos compartían espacio laboral con un familiar, lo que es escandaloso, por lo que resulta inexplicable que mucha gente de la oposición sigue planteando no tocar estos temas tan fundamentales.

En ese estudio se exponen casos extremos, como el caso de un magistrado de Circuito de Durango, que integró a 17 miembros de su familia, entre hijos, hermanos, concuños, cuñadas, primos y sobrinos.

En San Luis Potosí y Baja California tienen prácticamente parientes muy cercanos en el Poder Judicial. De acuerdo con el diagnóstico, casi la mitad de los jueces y magistrados federales tienen parientes en este Poder. De mil 31 plazas revisadas, en 31 circuitos 501 tienen familiares, que representa el 48.6%, lo que es grave, deleznable.

Hay Estados donde es más grave, como en el 16º Circuito de Guanajuato, donde 38 de 46 titulares tienen familiares que equivale el 82.61%, lo que para cualquiera es escandaloso, ya que el nepotismo también se manifiesta en el resto del personal, no sólo entre los titulares: De mil 214 servidores públicos adscritos a ese Circuito 438 tienen parientes.

En el Circuito de Aguascalientes 81% de los jueces tienen parientes trabajando con ellos. De 16 titulares de tribunales y juzgados 13 cuentan con familiares.

Con todo, los trabajadores del Poder Judicial no debieran preocuparse, sólo están asustándolos, queriendo amedrentarlos la oposición, no se les va a tocar. La reforma no afectará sus derechos, respetará también la carrera judicial, se blindará justamente y habrá filtros para que no se elija a cualquier persona.

Tenemos que elegir a las mejores personas, pero ahora la diferencia será que se elegirán jueces, magistrados y ministros que realmente respondan de manera cabal, eficiente y dándole la cara al pueblo, donde más lo necesita: En materia de Justicia.

PD: Aunque algunos colegas probablemente estén en desacuerdo con el proyecto de reformas, no podemos menos que desearles mil felicidades en su día: ¡Feliz Día del Abogado!

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 48 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

       Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.