Poder Judicial de Q. Roo, ¿Junto al narco?
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Publicado por el portal
Cancún Al Desnudo, y reproducido, sin embargo, mucho después por Adolfo
Conrique con el título de Justicia del bienestar, el caso de un abogado asesinado presuntamente por el crimen organizado
de Quintana Roo, pone en duda el papel del Poder Judicial del Estado, sobre
todo hoy que están en boga el análisis del proyecto nacional de reforma
integral de ese Poder.
Ahora bien, el homicidio que nos atañe es
el del abogado Daniel Castro Rendón, de 48 años de edad,
quien pertenecía a la Defensoría Pública de Quintana Roo, era originario de
Ayutla, Guerrero, y recién había perdido una apelación, por lo que el Cartel de
“La Barredora”, con el que estaba al servicio, habría decidido su ejecución.
Lo
anterior habría puesto de manifiesto una aparente corrupción al interior de la
dependencia “autónoma” de la Defensoría Pública y el Poder Judicial de Quintana
Roo, pues estaría al descubierto sus nexos con el crimen organizado.
Lo
más curioso del caso es que apareciera como “madrina” Cecilia Loría Marín,
fundadora del partido político Movimiento Auténtico Social (MÁS), que este año
abandonó la coalición Morena, Verde “Ecologista” y PT y que recién el Tribunal
Electoral de Quintana Roo decidió por unanimidad comenzar su
proceso de desaparición y cancelación de registro por no alcanzar el 3% de
votos para diputados locales.
Cecilia
Loría sería “madrina” de Rodrigo López, con quien el ahora occiso laboraba en
la Defensoría, encargados ambos de trabajar como defensores públicos para
presuntos criminales del “Cartel de la Barredora”, además de tener la conexión
con su líder criminal y recibir órdenes de quienes resultaban imputados para
defender a éstos a cambio de fuertes sumas de dinero, que también beneficiaba a
jueces penales, a cambio de la liberación de los generadores de violencia, y
toda la estructura criminal.
Las
autoridades de la Fiscalía -¡Otra vez la gente del chiapaneco Raciel López
Salazar!- trataron de hacer hermético el asesinado del abogado, aunque, después
de 24 horas, se investigó que quien habría perdido la vida era Castro Rendón, por
lo que se habría empezado a “calentar” la Defensoría y, sobre todo, a poner
nerviosos a los funcionarios al servicio del crimen organizado.
Así
sería como se supo que en esa dependencia “autónoma” existía Rodrigo López, con
quien Daniel Castro trabajaba de la mano, ambos encargados de defender al cartel
“La Barredora”, además de tener la conexión con su líder.
Poco después, en audiencia sobre una carpeta
administrativa relacionada a un homicidio, en el que la Fiscalía aprehendió al
presunto sicario, al término de la diligencia en los juzgados orales penales,
la decisión del juez fue nula hacia esa persona y se ordenó regresarlo a la
cárcel de Cancún, ya que la resolución era que Daniel Castro habría perdido una
apelación para liberar al generador de violencia -operaba en Benito Juárez-, por
lo que en 24 horas se ordenó su ejecución.
Antes
de ello, se habría avisado a Rodrigo López que su colega sería ejecutado tras
perder ante el Poder Judicial la apelación, por lo que no sería posible liberar
al presunto criminal que laboraba en esa estructura criminal.
Según
fuentes de la dependencia “autónoma” y judicial, Rodrigo López pasaría desapercibido
ante los investigadores porque su “madrina” Cecilia Loría lo apoyó para ingresar
a la defensoría, lo que lo habría convertido en batuta de la corrupción que
impera en el Poder Judicial con los jueces y la defensoría pública frente a
presuntos criminales.
En
este sentido, los defensores públicos temen que el grupo criminal atente contra
ellos, por la ambición de Rodrigo López.
Nunca
se supo el episodio siguiente del casi ni se volvió a hablar de él -nada raro
en la Fiscalía- hasta que Adolfo Conrique se refirió nuevamente a él, aunque el
caso es que se habría puesto al descubierto la inconfesable corrupción en el interior
del Poder Judicial
Lo
cierto es que, enhorabuena las reformas al Poder Judicial de la Federación que,
de acuerdo con lo proyectado, posteriormente incluiría a las instancias del nivel
estatal -desde luego Quintana Roo-, donde se esperan naturales resistencias por
cuestiones obvias.
Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Comentarios
Publicar un comentario