“Seguridad” con Mara, ¡auténtica cloaca!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

         Dado lo trascendental e importancia de un caso, surgen las siguientes preguntas obligadas, necesarias por esta semana que concluye: ¿Por qué?, ¿de quién o quiénes fue realmente la culpa?, ¿estuvo bien?, ¿a quién o quiénes habría que reclamarle?, ¿tendrán mala memoria? o, de plano, todo les vale.

         Lo adivinó Usted. Estamos hablando de la recién protesta pacífica de madres buscadoras del colectivo “Verdad, Memoria y Justicia” que bloquearon la entrada a Chetumal, a la altura de la antigua Expofer, reprimida por policías estatales y que dejó como saldo 10 mujeres con lesiones menores, por lo que la agrupación anunció en Cancún que interpondría denuncias y exigió la destitución de funcionarios involucrados.

         Ahora bien, habría también que preguntarse a quiénes se referirían, ya que, como si se tratara de buscar algún “chico expiatorio”, ahora resulta que la orden de usar la fuerza pública de los uniformados, dicen, surgió de un mando oriundo de Tamaulipas, aunque la mayoría se inclina a pensar en que habrían acudido con orden expresa de la Secretaria de Gobierno, María Cristina Torres Gómez.

         La inexperta como servidora pública ya había amenazado públicamente a las manifestantes con “hacer valer la ley”, aunque de ser así sólo habría puesto de manifiesto su total ignorancia de las mismas. Ya le diremos por qué.

         Otros más, conocedores de política, se inclinan a pensar que la única, verdadera culpable de los hechos es la mismita gobernadora verde-morenista Mara Lezama, ya que no sería posible que su “vicegobernadora” -es decir la segunda de a bordo, Cristina Torres- se hubiera atrevido a aventarse solita un paquete de ese tamaño.

         En ambos casos, las dos habrían demostrado una nada envidiable desmemoria, ya que, como bien señala el colega David Acosta, no habían pasado cuatro días de presumir su “gobierno humanista con enfoque feminista”, cuando Mara Lezama dio muestra de lo contrario”. Y es que, con ocasión del reciente 50º aniversario de la fundación de Quintana Roo, aseguró en la tribuna del Congreso del Estado, en discurso de 30 minutos, que las mujeres están en primer plano.

         Pero eso no es lo peor, ya que tanto Mara Lezama como Cristina Torres ignoran -o de plano les valió- la existencia de una norma legal, la Ley de Ordenamiento Cívico de Quintana Roo, cuya última actualización, si Internet no se equivoca, se publicó en el Periódico Oficial del Estado en abril de 2021.

         Dicho ordenamiento reemplazó una frustrada Ley de Ordenamiento Social, aprobada en marzo de 2014, aprobada entonces por la mayoría de votos del PRI y aliados, que presentó el diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria -hoy diputado federal del Verde-, con la que regularían manifestaciones.

Según el documento, aprobado con el voto en contra del PAN, PRD y PT por considerar que violaba las garantías individuales, “buscaba que las manifestaciones y marchas se realicen de manera ordenada, sin perjudicar el acceso a los centros de trabajo de miles de quintanarroenses”.

Con todo, sin embargo, días después el entonces gobernador Roberto Borge suspendió su publicación en el Periódico Oficial para “una revisión”, para lo cual la Consejería Jurídica analizaría la legislación en coordinación con los diputados, para evitar coartar las libertades públicas que prevén los artículos 8 y 9 de la Constitución.

Por cierto, prohibía manifestaciones en las principales calles de las ciudades, así como solicitar permiso con 2 días de anticipación para esos pronunciamientos, además de prohibir consignas “injuriosas” y bloqueos carreteros.

El gobierno había decidido frenar su publicación -y evitar que entrara en vigor-, luego de que el PRD y Morena -el mismo que hoy los reprime- anunciaran crear un frente amplio que impidiera dicho ordenamiento, al que calificaban como “regresión al Estado autoritario”.

Entonces presidente estatal del hoy desaparecido PRD, Julio César Lara Martínez, declararía a la norma sólo una “copia muy chafa y tendenciosa” de la Ley de Cultura Cívica del entonces Distrito Federal.

El caso es que debieron transcurrir prácticamente siete años para que la XIV Legislatura del Congreso de Quintana Roo aprobara el nuevo decreto sobre el tema y se publicara en el Periódico Oficial del Estado el 4 de junio de 2014, bajo el nombre de Ley de Ordenamiento Cívico y entrara “en vigor”… al menos en teoría.

En efecto, en 13 páginas, la ley que, por lo que vemos, desconocen Mara y su Secretaria de Gobierno -o, repetimos, les vale- es de orden público y de interés social, según la fracción I de su artículo 1º, mientras que las fracciones II y II dicen que tiene por objeto “regular la acción del Estado ante el ejercicio cívico de las manifestaciones públicas que se realicen en el Estado, asegurando el pleno respeto de los derechos humanos y libertades de las personas y de la sociedad” y “adoptar protocolos para garantizar el uso de la vía pública, respetando el interés general y el bien común”.

Habría que preguntarse ¿Cómo garantizarlo? ¿a la fuerza y con golpes de policías? Para cualquiera es conocido que la violencia sólo se “entiende” cuando faltan argumentos, capacidad o voluntad política, justamente como es el caso de ahora.

¿A qué queremos llegar? A que la ciudadanía, en este caso las madres buscadoras, ha tenido que llegar a los bloqueos por falta de resultados de las autoridades en la búsqueda de sus familiares, pues de nada han servido millonarios gastos de inversión en “investigaciones” o supuestas policías “preventivos” para evitar “levantones”, secuestros o desapariciones, cada vez más frecuentes, o en la búsqueda de cadáveres, tumbas clandestinas o responsables.

 Esto es lo más grave: Tenemos una Fiscalía General parece ser sólo para justificar una nómina de saqueo, sin resultados y con permanentes errores que hemos señalado una y otra vez, mientras a Mara Lezama le preocupe más su imagen política que la opinión de la ciudadanía, que a gritos pide y exige el cambio de un Fiscal que sólo sirve de adorno y para congraciarse con el Partido Verde.

Por otra parte, aunque poco se habla de él, de poco o nada le ha servido ser Capitán de Navío del cuerpo de infantes de Marina, paracaidista, de fuerzas especiales o diplomado de Estado Mayor a Julio César Gómez Torres, pues, como secretario de Seguridad Ciudadana, no da una ante la delincuencia, sobre todo frente a la innegable presencia del crimen organizado.

Ejemplos más, detalles menos, ¿a qué le atribuiría Usted la colocación de cada vez más llantas en cada vez mayor número de baches y alcantarillas? ¿por qué existe una pésima nomenclatura (letreros con nombres de las calles) de la capital del Estado más turístico del país? ¡Claro que por el no menos inexistente trabajo de la CAPA y de la alcaldesa Yensunni Martínez! Pero también por simple falta de vigilancia policiaca para evitar el robo de tapas de alcantarillas y de letreros.

Así pues, una cosa lleva a la otra, pero las preguntas son las mismas: ¿A quiénes responsabilizar o justificar de la agresión al colectivo “Verdad, Memoria y Justicia”? ¿A las madres buscadoras? ¿Al Fiscal Raciel López Salazar? ¿Al titular de la Secretaría de “Seguridad” Ciudadana? ¿A Cristina Torres? ¡O a la gobernadora Mara Lezama! Usted tiene la última palabra.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 48 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.