Reformas a Pemex y CFE, ¿“dolorosas”?

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Como marco dorado, y aunque no es tema principal, déjeme decirle que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda reveló que entre 2009 y 2018, la Policía Federal, el Cisen y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), otorgaron 30 contratos a empresas ligadas al recién sentenciado Genaro García Luna por astronómicos 727 millones de dólares. Bueno, hasta la PGR le daba dinero.

Según el titular de la UIF, Pablo Gómez, también le confiscaron a García Luna, por cierto miembro “distinguido” del sexenio panista de Felipe Calderón, más de 2.4 millones de dólares por venta de inmuebles, además de asegurarle 15 propiedades, incluso un departamento de unos 555 mil dólares.

Ahora bien, por cierto ¿Sabía Usted por qué se fundó el PAN? Precisamente para oponerse a la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas, en marzo de 1938.

Así pues, demos un brinquito en el tiempo. ¿Sabía quién era el secretario de Energía en el sexenio de Vicente Fox, cuando subió el precio de la electricidad un 90%? Nada más ni nada menos que Felipe Calderón.

¿Y sabía a dónde se fue a trabajar Calderón inmediatamente después de dejar la Presidencia? Al Consejo de Administración de Avangrid, una empresa filial de la española “Iberdrola”, a la que cobró 10 millones de pesos.

A todo esto, en estos días seguramente se le irán la luz o el internet a Calderón, y no se va a posicionar sobre los 38 años con los que acaban de sentenciar a prisión a su entonces mano derecha como secretario de Seguridad, Genaro García luna.

¿Recuerda con los votos de qué partido se aprobó la reforma energética del ex presidente Peña Nieto y en qué condiciones? De los panistas, con los que no todo es ideológico, sino, en la mayoría de los casos, metálico.

Precisamente por eso el pueblo ya no toma con seriedad sus opiniones en materia eléctrica, pues cuando hicieron su reforma energética, con “moches” y sobornos de por medio, prometieron que la luz bajaría de precio y, con todo, subió 30%.

Con Pemex y la CFE el gobierno panista armó un rompecabezas, separó en muchas piezas los distintos procesos de su actividad, y todo con el objeto de entregar a “su” mercado las etapas más rentables, pero condenando al Estado mexicano, es decir, al pueblo, a asumir el costo de los procesos deficitarios que permitían a los privados multiplicar sus ganancias. Algo enfermizo, injusto, francamente repugnante.

Si bien los mexicanos somos titulares de la enorme riqueza energética de la patria, ¿por qué las familias pagan 10 veces más cara la luz que Oxxo, subvencionando con su recibo las ganancias de grandes empresas trasnacionales a través de mecanismos como el de sociedades de autoabasto?

¿Cómo explicarle a alguien con una tiendita de barrio en una esquina, que apenas tiene un ventilador y un refrigerador, que tiene que pagar 10 veces más cara la luz que un Oxxo, que tiene sus anaqueles completamente iluminados, un montón de refrigeradores y un escaparate con que se publicita iluminado las 24 horas?

Realmente, los panistas -y también los priístas- no entienden ni valoran la riqueza eléctrica real de las empresas mexicanas. Entre otros, por ejemplo, la CFE dispone de 900 mil kilómetros de redes de distribución que podrían dar la vuelta la mano casi 80 veces.

¿Por qué cree Ud. que las grandes trasnacionales querrían quedarse con el sistema eléctrico mexicano? Fácil: Porque estamos hablando de casi 90 años de inversión pública con un valor incalculable, que, según estimaciones, rondaría miles de billones de pesos.

Entonces, la pregunta obligada es ¿Por qué habríamos de malvender eso, si es de nuestros padres, abuelos, de hijos y nietos?

Probablemente a Iberdrola no le sale nada rentable que, por ejemplo, en todos los municipios de la Sierra Tarahumara se quiten el frío de duros inviernos de Chihuahua, aunque es evidente para cualquiera que, a grados bajo cero, se necesita de algún tipo de energético para sobrellevar dignamente la coyuntura climática.

En ese caso, la empresa pública, aunque no le convenga en términos económicos, tiene el deber de asumir costos para garantizar un derecho.

En cambio, en una de las torres residenciales de alto poder adquisitivo, en Chihuahua capital, debe ser muy rentable ofrecer el servicio eléctrico en los días más extremos de frío o calor.

Si ese servicio lo otorga Iberdrola, las ganancias se van a España, pero si lo otorga una empresa pública, se utilizan para poder costear el servicio en las comunidades tarahumaras, a las que Iberdrola nunca va a llegar.

Por si lo ignoraba, uno de los discursos del presidente López Mateos cuando nacionalizó la industria eléctrica, fue una clara advertencia: “Les devuelvo la energía eléctrica, exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen, porque en años futuros, algunos malos mexicanos, identificados con las peores causas, intentarán revertir esto”. Parecía ver el futuro.

Ahora bien, aunque las reformas a Pemex y la CFE fueron finalmente aprobadas por la mayoría, los que votaron en contra lo hicieron, realmente, contra la soberanía energética, la seguridad nacional y de que a México le vaya mejor… para que la historia los vuelva a juzgar.

En todo caso, tenemos que regresar al pasado para recordarles al PAN y PRI qué fue lo que votaron hace 11 años en su famosa reforma energética con Peña Nieto, quien despojó a las empresas públicas de dos de sus funciones para las que se crearon: Estar al servicio del pueblo para garantizar la seguridad y continuidad del abasto de energía a precios accesibles.

La reforma Prianista de 2013, de plumazo y sin ninguna reflexión responsable, convirtió a Pemex y la CFE en una parte más del mercado, transformándolas en empresas “productivas” y les asignó un objetivo exclusivo: Crear valor.

Su reforma, además, les impuso enormes desventajas para competir con las empresas privadas, y preparó el camino para desmantelar CFE y Pemex, al primero de los cuales fracturó subsidiarias y duplicó sus actividades operativas para que, con el tiempo, se hiciera menos rentable y, para rematar, limitó su generación, inclusive la renovable, por medio de reglas de despacho de energía, que claramente favorecían la generación de las empresas privadas.

Para asfixiarla, esa reforma de Peña le arrebató grandes clientes del sector vía perversos contratos de autoabasto creados en lo “oscurito” en su grupo exclusivo, que no paga los costos reales de electricidad, además de imponerle cuotas ridículas por el transporte y toda la energía en redes de transmisión que aún permiten a los privados utilizar las redes casi gratis.

¿Por qué insistir en destruirla si es garante del Sistema Eléctrico Nacional cuando ocurren desastres naturales, desabasto de gas natural o perturbaciones en el mercado eléctrico? Lo único que podemos pensar es que no entienden que nos podíamos quedar sin electricidad.

Por citar un ejemplo, habría que invitarlos a Ecuador para constatar los desastrosos resultados de privatizar el sector eléctrico, pues sufre cortes eléctricos de hasta 10 horas al día por tener desregulado el sector eléctrico.

Habría que recordar que, en febrero de 2021, la CFE salvó al país de un apagón masivo, después de prolongada nevada que afectó Texas y provocó abrupto desabasto de gas natural en México, que paralizó al parque de centrales de ciclo combinado que operan con gas en nuestro país.

La CFE también es responsable de reparar y restablecer la infraestructura eléctrica frente a desastres naturales del país, yo no les cuesta ningún peso a sus “amigos” privados.

Ejemplos sobran, y para ello también cabe recordar el pasado huracán “Otis” que azotó Acapulco, ¿Quién pagó los daños, esos dos mil millones de pesos? No, no fueron los amigos privados del PAN ni del PRI. Fue la CFE que querían desaparecer.

Lo único cierto es que se requiere planeación del sector eléctrico mexicano y no un mercado desregulado que solo favorece a amigos.

Alemania sigue recurriendo a su enorme capacidad de generación con centrales de carbón para llenar los vacíos de fuentes renovables. No hay que ser ingenuos, continúa generando electricidad con carbón y no ha podido deshacerse de sus plantas eléctricas.

Y no, no es estar contra las energías renovables, la reforma abre el camino a esas energías, pero en un marco regulatorio, no como hicieron PAN y PRI con su famosa reforma, y luego vienen a darse golpes de pecho por el clima, por la energía limpia, etc.

Por otro lado, también habría que invitarlos a Japón, a su enorme parque de centrales de carbón, con capacidad de más de 50 mil megawatts de potencia que, en 2023, generó 275 terawatts por hora de electricidad con centrales de carbón, equivalente a la electricidad que consumimos en un año.

Con las modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, se restauran, restablecen a la CFE y a Pemex facultades fundamentales que tenían de origen para ser garantes del ordenado funcionamiento del sector energético, el abasto oportuno y equitativo de la energía y la planeación estratégica de la nueva infraestructura eléctrica y de combustible.

Si Ud. se pregunta por qué. Muy sencillo: La reforma revierte la contrarreforma de Peña Nieto, el Chupacabras moderno, aunque, aclaramos, no es estar contra la riqueza bien habida, sino contra la ilícita y mal habida.

Los que privatizaron las energías solo buscaban bussiness, son bisneros, hacen negocios turbios al amparo del poder público. El ejemplo más claro, contundente, es cómo Felipe Calderón se fue a trabajar a la empresa Iberdrola. Aunque no olvidemos que, antes que él, como puerta giratoria, su propia secretaria de Energía, Georgina Kessel, también se fue a Iberdrola.

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 48 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

       Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.