¡Aparatosa caída de ídolo… de barro!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

         Calificado como uno de los presidentes más populares de América Latina junto con López Obrador, el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, a quien se le reconocía por su intensa lucha contra la delincuencia en su país, donde tiene tras las rejas a unos 25 mil delincuentes y cuestiona falta de unidad de países del continente, cayó en desgracia al ponerse de manifiesto millonario desvío de manejos y sonado homicidio.

         Objeto de una serie de comparaciones de su gobierno país con la política de seguridad de México, no pocos opinaban que AMLO debió adoptar una guerra similar a la de su homólogo de El Salvador contra la delincuencia, sin importar los derechos humanos, aunque los internos de ese país son víctimas de hacinamiento y están en condiciones deplorables a consecuencia del estado de excepción contra pandillas decretado por Bukele en 2022.

         Sin embargo, el portal informativo Infobae de septiembre, en largo y prolongado relato, sacó a la luz pública, ¡con pruebas a mano!, el verdadero interés de ese gobernante, su forma de operar y los nombres de sus cómplices, operadores y su más reciente víctima: Jorge Alejandro Muyshondt Álvarez

 Verá Usted. En agosto de 2020, Muyshondt encendió la grabadora de su celular antes de entrar a la oficina de Ernesto Castro Aldana, secretario privado de Bukele, al suroeste de la capital. Todo grababa, como siempre que se reunía con sus colegas, funcionarios poderosos de ese gobierno.

Hablaron de amenazas a la ciberseguridad de la presidencia, pero también de los pecados internos del gobierno de Bukele, inaugurado en 2019, como corrupción en el sistema carcelario y el malestar de la embajada de Estados Unidos con Guillermo Gallegos, diputado aliado del presidente, al que agentes antidrogas estadounidenses seguían la pista por narcotráfico desde 2014. También hablaron de crear una oficina para espiar periodistas y gente de la oposición, financiada por gobierno.

Nacido en febrero de 1977, descendiente de especialista en informática, Muyshondt era asesor nacional de seguridad. Lo unió a Bukele la fundación de Nuevas Ideas, partido de éste, y fortaleció con asesoría informática,, como “hackear” en 2016 uno de los equipos cibernéticos de La Prensa Gráfica, un periódico crítico, y que terminó en demanda, o como cuando, en septiembre de 2019, ayudó a “tumbar” el portal Revista Factum, medio independiente que publicó la relación de Bukele con 1.9 millones de dólares que recibió de Alba Petróleos, “lavador” de dinero de petróleo venezolano.

Su rol como especialista en ciberseguridad le dio acceso privilegiado a información interna de gobierno. Tras 7 meses de la toma de posesión del mandatario, en junio de 2019, Muyshondt sabía que algunos funcionarios de seguridad habían montado redes de corrupción, que un diputado suplente, al que Bukele acababa de nombrar jefe de prisiones, desviaba fondos de tiendas carcelarias y creaba plazas fantasmas, y que otro diputado oficialista era investigado en EE.UU. por sospechados vínculos con rutas del narcotráfico.

También sabía muy pronto que conocer todo eso y denunciarlo podría costarle la vida porque denunciaba primero al interior de gobierno y del partido Nuevas Ideas, y luego a investigadores salvadoreños y extranjeros.

Y así fue. Murió en febrero en un hospital estatal en las afueras de San Salvador bajo custodia del Estado, luego de que, en agosto de 2023, lo arrestara la fiscalía general que Bukele controla bajo cargos de revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos. Tras su arresto, fue llevado a una celda, donde recibió “visitas” de oficiales de la Policía Nacional Civil conocidos como sospechosos de practicar torturas y malos tratos.

Tras esas visitas, fue llevado al Hospital Nacional Siquiátrico, primero, y al Hospital Nacional Saldaña. Cuando llegó al segundo, en septiembre de 2023, tenía golpes en cráneo e infección en la membrana cerebral; era incapaz de controlar esfínteres, bañarse, alimentarse solo o hablar normal.

Murió tras ocho cirugías reportadas en expediente médico, ninguna de ellas comunicada a la familia, como piden tratados internacionales contra la tortura que El Salvador reconoce. La familia nunca lo vio desde su arresto. Sus allegados están convencidos de que su muerte fue causa de malos tratos.

La familia llevó sus sospechas a la ONU como ejecución extrajudicial y grupos especiales sobre detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. En julio de 2024, esas oficinas dieron oficio a El Salvador a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde calificaron el caso como “desaparición forzada” y pedían explicar por qué Muyshondt estuvo incomunicado sin ver a su familia y si hay investigaciones para esclarecer su muerte. El Salvador contestó en septiembre, pero su respuesta aún no es pública.

Además de audios, existen cientos de páginas del expediente médico de Muyshondt elaborado en el Hospital Saldaña, donde ingresó en septiembre de 2023, fotos del cadáver tomadas en el Instituto de Medicina Legal y decenas de textos de mensajería electrónica con personas cercanas a él.

Su autenticidad se corroboró con ex colaboradores, parientes, funcionarios de El Salvador y EE.UU. y especialistas. La mayoría habló desde el anonimato por temor a represalias de Bukele. Se buscó a funcionarios y personas mencionadas, pero, en la mayoría de los casos, no hubo respuesta.

Documentos y entrevistas cuentan la historia de un hombre que llegó al gobierno de Bukele a hacer inteligencia política y trabajar en ciberseguridad, pero pronto que se decepcionó por lo que vio y se frustró por la inacción del presidente, al que admiraba. Cuentan también cómo el Estado salvadoreño, con Bukele a la cabeza, lo arrestó, montó una investigación criminal y dejó morir después de torturarlo.

Lo cierto es que, cuando inició su reunión con el secretario privado de Bukele, Muyshondt pidió permiso para hablar “con franqueza, sin temor a represalias y despidos”. Castro contestó con una risa. Con franqueza, informó sobre un escándalo de corrupción por reventar, por Asocambio, asociación creada para administrar dinero proveniente de tiendas carcelarias controlada por Osiris Luna Meza, el director de prisiones.

Parte de su plática, editada para mayor claridad: “En Asocambio hay un gran desorden, tigre, un robo descontrolado y en la Fiscalía están armando un expediente. La mamá de Osiris, Alma Yanira Meza, empezó a ensamblar grupos de proveedores y siempre hay una comisión de por medio. Los fiscales tienen conversaciones, un montón de cosas que la Fiscalía pudiera tomar en cuenta. Se empezó a hacer un mundo de dinero de la nada”.

-Y eso es una bomba que puede ser bien contraproducente si la tiran antes de elecciones (legislativas, de principios de 2021) Es un golpe bien documentado, bien difícil desmentir y crear una cortina de humo para quitarse un golpazo de ese tipo.

Poco después de la plática, dos medios salvadoreños acreditaron el desvío irregular y uso de 8.5 millones de dólares en el sistema carcelario. La Fiscalía habría abierto un expediente no público, con Luna y madre como principales sospechosos. Los fiscales creían que eran líderes de una red de corrupción y creado plazas fantasmas para apropiarse de salarios no entregados y contratos por servicios en cárceles a cambio de dádivas. En meses, gracias a esas plazas, Luna-Meza se habían hecho de 300 mil dólares.

También se investigaba a Luna por negociar un pacto de gobernabilidad con las pandillas MS13 y Barrio 18, entonces vigente. Fuerza de Tarea Vulcano, creada por Donald Trump para la anticorrupción en Centroamérica, colaboraba con las pesquisas. A fines de 2021, cuando Biden era presidente de EE.UU., los Departamentos de Estado y del Tesoro sancionaron a Meza y madre y los señalaron de corrutos. En El Salvador de Bukele no pasó nada.

Castro y Muyshondt también hablaron de Guillermo Gallegos Navarrete, diputado cercano a Bukele, al que EE.UU. investiga desde 2014.

Gallegos era, en 2020, un diputado con 20 años en el Congreso, donde llegó como representante del partido Arena, de derecha. Con el tiempo, junto a otros operadores políticos desechados por el conservadurismo tradicional, fundó el partido Gran Alianza de la Unidad Nacional. En 2019, tras varios cambios de lealtades políticas, presta ese partido a Bukele para ir por la presidencia luego de que éste no alcanzara inscribir al suyo. Desde entonces, Bukele y Gallegos son buenos amigos.

Sobre Gallegos pesan varios señalamientos, incluso investigaciones de autoridades judiciales salvadoreñas. En 2018, un examen de la Sección de Probidad de la Corte, que investiga el crecimiento patrimonial de funcionarios, detectó que había usado ilegalmente 100 mil dólares e intercambiado dinero con un operador de la banda de narcotraficantes “Los Perrones”.

Investigaciones del periódico El Faro revelaron, además, que cobraba viáticos por viajes a España que nunca hizo y desviado medio millón de dólares de la Asamblea Legislativa a una ONG cuya directora era su esposa. Cuando Nuevas Ideas obtuvo mayoría en la Asamblea, sus diputados montaron una comisión para investigar entrega de fondos legislativos a organizaciones civiles, aunque a las financiadas por Gallegos no las tocaron.

Pero el principal problema de Gallegos, quien nunca ha estado en El Salvador, donde siempre salió bien parado de investigaciones, sino en Estados Unidos, es que el FBI sigue su pista desde 2014 por nexos con el narcotráfico. Se habló con un agente especial y un ex diplomático estadounidense en El Salvador y ambos confirmaron las investigaciones.

En 2020, dijo Muyshondt a Castro que una agente de la CIA en San Salvador volvió a hacer preguntas sobre Gallegos, esa vez sobre su relación con Bukele: Preguntó por qué, si lo ha hecho socio o lo está encubriendo, advirtió al secretario privado. Castro intentó minimizar esa relación, pero luego aceptó que eran “amigos”.

Reconoció que Organismo de Inteligencia del Estado les hizo llegar a él y a Bukele información comprometedora para Gallegos, pero dio a entender que no hicieron nada porque, en campaña, la OIE daba un reporte impresionante con movimientos de las cuentas en el exterior “y qué hacemos con esto. Nada, ahí dejémoslo, que sigan buscando, no nos importa”, diría.

Era mucha la preocupación de Muyshondt por gallegos. La misma advertencia a Castro, la repitió en otras reuniones con cercanos a Bukele: A Ibrajim Bukele, hermano del presidente y principal asesor económico y comercial de éste, y a Xavier Zablah, primo de Nayib y presidente de Nuevas Ideas. Ambos escuchan y optaron por el silencio.

Parte de una de las conversaciones Muyshondt-Zablah, que el primero grabó, revelan que opinó que Bukele marcara distancia de Gallegos porque les traería gran costo político, pues cuando EE.UU. incautó 1.2 millones de dólares en droga, Gallegos se enojó y le habló a Mauricio Arriaza Chicas, director de Policía, a quien amenazó con destituir.

Alto jefe policial que colaboró con Arriaza Chicas, fallecido el 8 de septiembre en accidente de helicóptero, confirmó que, en unas dos ocasiones, Gallegos llamó a aquél, en una de ellas refiriéndose a un decomiso de drogas.

Mensajes de texto revelan que, desde 2020, Muyshondt se entrevistó con agentes del Departamento de Justicia asignados a la Fuerza de Tarea Vulcano. Dos oficiales de Joe Biden confirmaron la relación, así como un ex miembro del Ministerio Público que estuvo en contacto con Vulcano.

Cuando la conversación Muyshondt-Castro, entrado el segundo año de Bukele frente al Órgano Ejecutivo, el presidente gobernaba sin correlación política, aunque no salió mal parado del Coronavirus: Fue uno de los primeros en cerrar su país, en marzo de 2020, construido un hospital exclusivo para afectados y emprendido una política de vacunación eficiente.

Pero el Banco Mundial diría que ocultó la cifra real de fallecidos y los medios locales publicaron investigaciones cuestionando la efectividad del hospital, pero eso sería luego. Los hombres de Bukele estaban por enfrentar la primera elección legislativa y querían mayoría en la Asamblea.

Castro pidió a Muyshondt nueva reunión para revisar su proyecto y tomar decisión. Quedaron en reunirse una semana después y así lo hicieron. El segundo llega acompañado de Raúl Torres, ingeniero informático y hombre de su confianza. Como la vez anterior, Muyshondt llevaba grabadora encendida.

La presentó a Torres: Le ayudó a “tumbar” en 2019 el sitio de Revista Factum, que reveló que Bukele había recibido 1.9 millones de dólares de Alba Petróleos al iniciar su carrera política, cuando era alcalde de Nuevo Cuscatlán. Alba Petróleos es filial salvadoreña de Petróleos de Venezuela, conglomerado de empresas donde, según fiscales estadounidenses y salvadoreños, se lavaron millones de dólares.

Muyshondt señaló que hacer lo mismo con periódicos más grandes, como El Diario de Hoy o La Prensa Gráfica, era más difícil, aunque no era lo que le interesaba, sino escuchar a periodistas específicos.

Torres perfiló de qué se encargaría la oficina de espionaje, a la que Muyshondt bautizó como proyecto C815: Explicó que el primer paso sería intentar ingresar a los dispositivos electrónicos y cuentas de correo de los sujetos de interés a través del método “phishing”, consiste en enviar enlaces engañosos para que quien los abra dé acceso, sin querer, a su información.

También expuso que la información sería para armar campañas, cortar el contacto de periodistas con sus fuentes y saber cuándo se arma un reportaje, ya que el gran problema de gobierno era la filtración de documentos.

Antes de terminar y revisar detalles sobre contrataciones y necesidades del proyecto, Torres volvió al objetivo central: Darle a Bukele información de periodistas y opositores, recabada de forma ilegal, que pueda tener utilidad política al presidente. De paso, lanzó propia crítica a la oficina de inteligencia, de la que dijo haber perdido foco al recabar información sobre personas, se supone, aliados de gobierno.

Me quieren quebrar y lo peor es que es gente de mi bando, diría Muyshondt a un colaborador por WhatsApp. “Uno nunca sabe. Miedo a morir no tengo. Pero, si me joden, quien se va a estar cagando de la risa en su tumba soy yo”, escribió en febrero de 2020, en premonición de su arresto y muerte.

Tras sus denuncias de corrupción, algunas públicas la primera mitad de 2023, fue arrestado en agosto de 2023. Parecía sano. Fue llevado a una delegación policial, donde recibió la visita del oficial señalado por maltratos y torturas, y de ahí, con traumatismo craneano y sin capacidad de valerse por sí mismo, al hospital público. En febrero de 2024, el hombre robusto detenido en medio de una trama política que involucraba a Bukele y varios colaboradores, era un cadáver maltrecho en una bolsa que apenas pesaba.

Una allegada diría. “Vi su cadáver. Me impresionó todo. La delgadez de su cuerpo, múltiples punciones, moretones, suturas por doquier. La cirugía en el cráneo. Parte de cerebro, hueco. Su nariz, que no era así. Verle moretones en boca, pies y costillas.  Parecía sacado de una película de terror”.

Era muy temprano cuando, el 8 de febrero de 2024, la familia sospechaba que Muyshondt había fallecido. Se cercioraron de que algo terrible había pasado cuando llegaron a la morgue, donde vieron la costura tosca que cruzaba el cráneo del hombre. También, decenas de punciones en los brazos.

Costurones de autopsia cruzando el pecho, cuello, moretones, huesos fracturados. No les entregaron resultados de autopsia a pesar de que al cadáver le habían sacado órganos. Como única explicación, el Estado salvadoreño entregó dos actas de defunción que se contradecían.

En una, decía que Muyshondt murió por edema pulmonar, misma causa que las autoridades salvadoreñas atribuyen en la mayoría de fallecidos bajo sospechas de torturas, malos tratos o negligencia en cárceles, según estudio de la organización Cristosal.

En la otra, las causas de muerte fueron varias: Accidente cerebro vascular, fallo multiorgánico y shock distributivo. Fue una contradicción que la ONU pidió explicar al gobierno de Bukele.

Lo peor es que su salud nunca dejó de empeorar en el Hospital Saldaña. Al mes de ingresar, la mitad de su rostro quedó paralizada y apenas podía mover sus extremidades. Casi a diario tenían que alimentarlo porque era incapaz de hacerlo solo. No se podía bañar solo y era sometido a fisioterapia. La segunda semana de octubre se le diagnosticó afasia, según literatura médica, “incapacidad de leer, escribir o articular lenguaje hablado, producida por lesiones en el cerebro”.

La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes exige que “decisiones médicas importantes, como cirugías, deban comunicarse a reclusos o familiares”. Muyshondt fue sometido a ocho cirugías. De ninguna se informó a su familia.

El del 7 de febrero de 2024, Muyshondt, ex asesor de seguridad nacional de Bukele, y alguna vez su amigo, estaba muerto. El camino que lo llevó hasta la cama de hospital en la que murió apenas puede vislumbrarse en hojas del expediente médico, en testimonios de cercanos a él y de otras que vivieron de cerca sus últimos meses de vida y sus horas de grabaciones.

Su camino puede resumirse: Conoció de cerca la entraña más oscura del gobierno de Bukele, supo de sus corrupciones, fue parte de los equipos que espiaron a opositores y periodistas y, al final, marginado por el poder del presidente y los suyos, y a veces utilizado por ellos, denunció esas corrupciones en el mismo grupo y hacia fuera.

El trecho final de su camino a la muerte, inició el día en que un retén de 12 policías, montado para interceptarlo, detuvo su vehículo y lo arrestó. Lo llevaron a una delegación del sur. De ahí, a la División de Fronteras, donde lo “visitó” el subinspector Roberto Hernández Herrera, (a) “Chirriplín”, perfilado como espía y torturador.

Lo primero que un funcionario del Ejecutivo dijo a una pariente un día después del arresto: “No te preocupes, él ya habló”. La sospecha de tres de sus allegados, que atestiguaron desde el anonimato, es que le propinaron una golpiza entre el 9 el día de su captura, y cuando una pariente intentó verlo en la División de Fronteras de la PNC, recibió ropa salpicada de sangre.

Un día antes de que dieran la prenda, funcionarios encabezados por el ministro de seguridad, Gustavo Villatoro, y el fiscal Rodolfo Delgado, allanaron la casa de la ex pareja de Muyshondt y su hija, y la de otros familiares en San Salvador, incluida la de su madre.

A una casa llegaron tres veces. En la primera, aseguraron haber arrestado a Muyshondt para protegerlo, que todo se resolvería pronto y que cercanos a él habían dado la información que buscaban. “Lo hemos agarrado porque lo queremos proteger. Va a estar mejor guardado”, dijo uno de ellos.

La segunda vez no fueron tan amables. El que estaba a cargo amenazó a los familiares con meterlos presos. Dijeron que ya Muyshondt ha hablado. La idea de la familia era que sería liberado pronto. Él mismo habría dicho a una enfermera que “pronto” estaría libre.

La familia nunca lo vio mientras estuvo detenido. Los testimonios de funcionarios que estuvieron en contacto con él y allegados durante seis meses, reconstruyeron sucesos relevantes entre su arresto e ingreso al hospital.

Días después de su arresto y los primeros interrogatorios en la División de Fronteras, Muyshondt recibió suero, según un oficial. Un empleado dijo que, durante un tiempo, una ambulancia y un médico lo visitaban “a diario”.

El subinspector Hernández Ramírez, oficial de la Policía Nacional Civil, era enlace de la dirección policial y la Asamblea Legislativa, donde trabajaba bajo órdenes de Castro, también presidente del congreso, aunque asociado con torturas según informe confidencial del Centro de Inteligencia Policial.

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 48 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

       Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.