¡Nuevo, millonario escándalo!, ahora en Infonavit

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Contratos millonarios, resistencia a auditorías, créditos dobles, juicios masivos contra derechohabientes, contratación de seguros fraudulentos, manipulación en el Registro Único de Vivienda y salarios exorbitantes, son algunos de los tipos de corrupción al interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), denunció el titular de la dependencia, Octavio Romero Oropeza.

Como parte del escándalo que provocó la recién aprobada reforma -sólo aprobada hasta hoy en el Senado-, la presidenta Claudia Sheinbaum apuntó que hay denuncias y se van a presentar más de lo que se encuentre.

Duramente cuestionado por la oposición por su cargo anterior en Pemex, que habría sufrido pérdidas acumuladas por más de dos billones de pesos en los últimos años, el tabasqueño Romero Oropeza exhibió que, en 2014, el Instituto contrató a la empresa Telra Realty por 100 millones de pesos para “diseñar y operar una plataforma para administrar soluciones de vivienda de acreditados que cambian el lugar en el que residían”.

Empero, dicho trabajo se incumplió y en lugar de que el Infonavit la penalizara, pagó una indemnización de cinco mil millones de pesos.

Asimismo, denunció la falta de competencia en la Auditoría Superior de la Federación para auditar al Instituto debido a la resistencia del sector empresarial y directivos sectoriales que forman parte del Consejo Directivo del Infonavit.

Además, expuso que en el programa Línea III del Infonavit se han identificado 22 proyectos aprobados entre 2017 y 2018 que, además de no haber sido terminados, presentan un adeudo al instituto por 575 millones de pesos.

Por otro lado, evidenció la existencia de una presunta red delictiva que involucra a trabajadores del Infonavit, notarios, despachos, peritos valuadores y contralores, donde había créditos duplicados para un mismo inmueble, lo que serviría para estafar.

A través de ese esquema habría detectado 12 mil créditos sobre mil 400 viviendas, por lo que una sola se vendió hasta cuatro veces por año cada una, particularmente en Estado de México, Jalisco, Baja California, Nuevo León y Tlaxcala.

Más adelante, denunció que miles de derechohabientes habrían perdido su vivienda través del mecanismo de juicios masivos, lo que fue posible identificar porque el Infonavit informó a la Unidad de Inteligencia Financiera la contratación de cuatros despachos más de tres mil 600 millones de pesos para recuperar viviendas vía judicial.

Según explicó, entre 2013 y 2015, en contubernio con funcionarios del Poder Judicial y notarios de Nayarit, realizaron juicios fraudulentos contra 60 mil derechohabientes.

Por último, ex perredista, por cierto, Romero Oropeza mencionó la contratación de seguros de manera irregular, la manipulación del Registro Único de Vivienda (RUV) y salarios exorbitantes, superiores, inclusive, a los de la presidenta.

         En este sentido, Claudia Sheinbaum y la dirección del Infonavit avanzan en una polémica reforma que busca suprimir las Direcciones Sectoriales de Trabajadores y Empresarial, calificadas como carentes de funciones sustantivas, pero con elevados ingresos, como fuente de enriquecimiento para algunos de sus directivos.

Así, éstos perciben ingresos muy superiores al salario de la presidenta de México, entre ellos Carlos Gutiérrez Ruiz, responsable de la Dirección Sectorial Empresarial, con 262 mil pesos mensuales, casi el doble del sueldo de Claudia Sheinbaum, quien gana 140 mil pesos. Además, los miembros de esas direcciones reciben un bono adicional de 60 mil pesos por asistir a sesiones del Consejo General del Infonavit, sin que estas posiciones impliquen responsabilidades significativas.

Romero Oropeza, uno de los principales promotores de la reforma, calificó a estas direcciones como obstáculo para la transparencia por carecer de responsabilidades o funciones, pero ganan más que la presidenta de la República, además de excesivos gastos en viajes y viáticos, resistirse a fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación y buscar amparos para evitar auditorías.

Gutiérrez Ruiz, clave en esta polémica, ha ocupado cargos de relevancia durante los sexenios de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, entre ellos como director general de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), cuando favoreció a constructoras como Geo y Homex, que más tarde se declararon en quiebra, dejando miles de viviendas abandonadas y a trabajadores con deudas imposibles de pagar.

El caso de Casas Geo, una de las más favorecidas en la administración de Fox, es representativo de los abusos: Promesas de vivienda digna que terminaron en desarrollos habitacionales abandonados que afectaron el patrimonio de miles de mexicanos, patrón que se replicó en las gestiones de Calderón y Peña Nieto, dejando grave rezago habitacional.

Con todo, sectores como la Confederación de Cámaras Industriales, Confederación Patronal de la República Mexicana y sindicatos como la CTM, rechazan la reforma del Infonavit, argumentando que la desaparición de las Direcciones Sectoriales afecta sus intereses y reduce su capacidad de representación en la dependencia.

Sin embargo, el gobierno defiende que busca redirigir los recursos hacia los trabajadores, eliminando intermediarios que sólo representan costos innecesarios, en tanto, según Romero Oropeza, la reforma permitirá una gestión más eficiente y transparente, enfocada en resolver las necesidades reales de vivienda.

Mientras el debate continúa, la reforma pone de manifiesto la urgencia de un cambio en el manejo de los recursos públicos y el combate a los privilegios, y aunque los sectores afectados han levantado su voz en contra, la propuesta avanza con la promesa de beneficiar directamente a los trabajadores, cerrando una etapa de opacidad y excesos.

Otra prueba de ello es que el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Infonavit, Rafael Riva Palacio Pontones, tiene un ingreso anual neto de 2.2 millones de pesos, unos 185 mil pesos mensuales, y al tener un salario neto mayor al de Claudia Sheinbaum, viola el artículo 127 constitucional que obliga a que ninguna remuneración en la administración pública sea superior a la que perciba la Presidencia de la República.

Riva Palacio Pontones es uno de los líderes sindicales “charros” que continúan en México a pesar de que la reforma laboral de 2019 busca garantizar la democracia sindical.

En gobiernos del PRI, PAN y Morena ha estado en el cargo por 47 años (desde marzo de 1977) y, recientemente, fue reelegido hasta 2027 para seguir manejando las cuotas de más de 2 mil trabajadores sindicalizados en 32 secciones.

Por si fuera poco, Anselmo García Pineda, asesor externo de la Organización Internacional del Trabajo, lo ha señalado como accionista en empresas constructoras, lo que sería un conflicto de interés.

Dice venir de una familia sencilla y “de la cultura del esfuerzo” conformada por su padre Rafael Riva Palacio Morales, diputado del PRI en los 60s, su madre Celia Pontones Martínez y sus tres hermanos, pero estudió primaria, secundaria y preparatoria en el colegio privado Franco Español, egresó como Arquitecto y con un grupo de amigos de la universidad formó el despacho Grupo “Arquitectónico”.

Si damos paso a la historia, Riva Palacio Pontones se formó como líder sindical en tiempos de Fidel Velázquez y Joaquín Gamboa Pascoe, dos de los líderes sindicales de la CTM más corruptos en la historia sindical, aunque el del Infonavit forma parte del Congreso del Trabajo, máxima cúpula del sindicalismo corporativista del México posrevolucionario, liderado hasta hace unos meses por el priista Carlos Aceves del Olmo, quien forma parte del consejo de administración del Infonavit.

Para su mala fortuna, Claudia Sheinbaum aseguró que continuarán las denuncias administrativas y penales contra los actos de corrupción detectados, rechazó que el tema tenga un trasfondo político y que las reformas buscan proteger el ahorro de los trabajadores, fomentar la construcción de vivienda social y garantizar la transparencia en las operaciones del organismo.

Así, negó las acusaciones de la oposición sobre una supuesta intención de apropiarse de los fondos del instituto: “Lo que estamos haciendo es proteger el ahorro de los trabajadores, contra lo que dice la oposición. Se van a proteger los ahorros de los trabajadores y vamos a construir vivienda social de manera transparente, para que el Infonavit cumpla con su función, que es el acceso a la vivienda”, enfatizó.

Por otro lado, resaltó la importancia de que la ciudadanía conozca estas irregularidades, pues representaron un negocio privado en el que participaron representaciones empresariales y laborales, em tanto que, al igual que su servidor, cuestionó que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) no hubiera intervenido y criticó la postura de los sectores opositores.

Así, también nos preguntamos ¿Por qué el INAI, que tanto defendía oposición, nunca hizo nada con el Infonavit? ¿Por qué no se permitió que entrara la Auditoría Superior de la Federación para hacer auditorías? No hay argumentos sólidos, aunque, en contraparte, y a falta de espacio, en otra oportunidad hemos de referirnos a lo que llamaríamos “verdades a medias”.

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 48 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

       Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.