¡Duro golpe a Cartel de Caborca de Chetumal!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
En un segundo traspié consecutivo de la Fiscalía General de
Quintana Roo, autoridades de Yucatán detuvieron al jefe de plaza del Cartel de Caborca en Chetumal, Jorge Luis Toledo Cruz
(a) “El Toledo”, quien durante varios años azotara la entidad, principalmente
la Zona Sur, donde habría encabezado una ola de secuestros y ejecuciones que
incluyeron al municipio de Bacalar.
El caso también reviste especial traspié para la gestión
del alcalde ex priísta de Bacalar reelecto por Morena, Alfredo “Chepe”
Contreras Méndez, y aunque el narcotráfico opera en su municipio desde 1990 y
aumentó en su periodo, comenzó a ser más notorio desde la gestión del ex
dirigente magisterial, el priísta Alexander Zetina Aguiluz (2018-2021), cuando
se recrudeció con ese grupo, que buscaba desplazar al Cártel de Sinaloa.
Lo anterior, lo dimos a conocer desde el 17 de junio,
en la columna titulada “Alcaldes
de Bacalar, ¿vinculados al narco?”, con ocasión de una balacera en la comunidad
de “El Gallito”, en la que se registraron muertes, incendios y secuestros,
donde estuvo involucrado el Cartel de Caborca.
https://luisangelqroo.blogspot.com/2024/06/alcaldes-de-bacalar-vinculados-al-narco.html
En el caso de la
Fiscalía, con el título “¿Ex Fiscal vinculado al narcotráfico?”, el miércoles
último publicamos que, sin la participación de la Fiscalía del Estado,
autoridades federales capturaron en Pachuca, Hidalgo, a Miguel Ángel Cuéllar
Rangel (a) “El Tigre”, ex director general de la Policía de Investigación de la
Fiscalía General de Quintana Roo nombrado por el ex fiscal Óscar Montes de
Oca. https://luisangelqroo.blogspot.com/2024/12/ex-fiscal-vinculado-al-narcotrafico.html
Conforme al portal de Diario de
Yucatán, aunque de manera fortuita, Toledo Cruz fue detenido este jueves en una
tienda de conveniencia de la carretera Mérida-Dzibichaltún por oficiales de la Unidad Metropolitana de la
Secretaría de Seguridad del vecino
Estado, en compañía de su padre, un hermano, otros tres hombres y una mujer, a
los que confiscaron armas de grueso calibre y equipo de comunicación.
Pese a que supuestamente la captura de
los delincuentes habría sido desde el martes, la información señaló que se
trataba de seis hombres y una mujer que viajaban en dos vehículos de
lujo y portaban armas de fuego cortas y largas, así como cartuchos de
diversos calibres.
Según la investigación, policías estatales, de
rutina de vigilancia en el norte de la ciudad, por operativos por fechas
decembrinas, observaron que una camioneta Dodge Durango y un automóvil
Mercedes Benz, ambos de color negro, transitaban en convoy y tenían cristales
con un polarizado muy oscuro.
Posteriormente el convoy se detuvo en la tienda de
conveniencia, y al descender uno de los tripulantes del vehículo, los oficiales
se percatan de que en la cintura portaba lo que aparentaba ser un arma de
fuego, por lo que solicitaron apoyo.
Entonces arribaron elementos de la Policía de
Estatal Investigación de la Secretaría, y al solicitar a la persona
verificar lo que llevaba en la cintura se percataron de que, efectivamente,
era un arma de fuego, por lo que fue controlado junto con los demás
ocupantes de los vehículos.
Los policías hicieron una revisión preventiva a los
demás, y hallaron seis armas cortas, dos largas, un convertidor de arma
larga, cartuchos de diferentes calibres, cargadores y dos radios de
telecomunicaciones, todo ello asegurado, al igual que los vehículos, y puestos
a disposición de las autoridades ministeriales junto con los detenidos.
De la investigación original se desprendió que se
trataba de Jorge Luis T. C., (a) “El Toledo”, de 36 años; Elder Jair
T. C., de 35; y Jorge Luis T. R., de 69, todos originarios de Quintana
Roo, así como Verónica Vianey T. C., de 37 años, Joisner Yael A. T.,
de 20, originarios de la Ciudad de México; Gabriel L. R., de 48 años, del
Estado de México, y Samuel L. S., de 50 años, de Minatitlán Veracruz.
Sin
embargo, el Registro Nacional de
Detenciones confirmó que Toledo Cruz era el jefe de plaza en Chetumal del Cártel de Caborca, que mantiene
una disputa con
el cartel de los Chapitos en
Sinaloa, mientras que Elder
Jair y Jorge Luis Toledo
Rivero, son su hermano y su padre.
Al
parecer, los tres hombres que los acompañaban y la mujer forman parte de su
círculo cercano y fungen como escoltas suyos. Los tres familiares viven en una residencia de lujo cerca
de la carretera Mérida-Progreso, desde
donde operaban el trasiego de drogas
y armas a Quintana Roo.
De
la detención no se habría dado parte a las autoridades federales de la Guardia Nacional o el Ejército, pese a que llevaban armas de
uso exclusivo militar, seis cortas y dos largas, así como un gran número de
cartuchos útiles de varios calibres.
Esta
circunstancia habría generado un conflicto
entre autoridades de los diversos órdenes de gobierno por la
peligrosidad de los detenidos y porque los oficiales de la Unidad Metropolitana
de la Secretaría, que realizaron la detención, pudieron haber sido atacados por
los sujetos, a los que trasladaron a la Secretarían, y pusieron a disposición
de la Fiscalía General de la
República.
Según el portal Informativo Costa Noticias, “El Toledo”
pertenece al Cártel de Caborca con base en Chetumal, cómplice de José Gil Caro
Quintero, sobrino de Rafael Caro Quintero, y aunque se hacía pasar por empresario,
es principal encargado del trasiego de cargamentos de cocaína en Chetumal y
Belice, donde arriban en avionetas propias procedentes de Sudamérica.
Su
detención causó asombro al Gobierno de Quintana Roo, particularmente a la
Fiscalía que encabeza Raciel López Zalazar, el ex diputado federal por Chiapas
y el Partido “Verde”, que nunca pudo lograr su aprehensión, contra el caso de
Yucatán, que dio un duro golpe al narcotráfico, ya que Toledo Cruz pretendía
asentar su base de operaciones en Mérida por una disputa junto con el Cártel de
Sinaloa.
Por cierto, el Cártel
de Caborca es una organización criminal que comandó originalmente Rafael Caro Quintero (fundador del
extinto Cártel de Guadalajara) hasta su detención,
y concentra sus operaciones de trasiego de droga en el municipio sonorense
de Caborca, aunque sostiene una disputa con la
célula delictiva de Los Salazar,
brazo armado del Cártel de Sinaloa, por las rutas de tráfico de
fentanilo y metanfetamina.
Para
ese efecto, se alió al Cártel de Juárez para disputar las zonas de
Sonora y Chihuahua, habiendo reagrupado sus fuerzas y decidido disputar el
territorio de su antiguo socio Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.
Además de sus continuas ejecuciones y secuestros en
Chetumal, Bacalar también ha sido su objetivo, sobre todo su cabecera, aunque
sus comunidades también han sido impunes blancos, como el más conocido, en “El
Gallito”.
Como
se recordará, el 12 junio, pobladores de esa
comunidad denunciaron que el Cártel
de Caborca atacó con armamento de alto calibre varias de sus casas
con intención de apoderarse de tierras y robar sus pertenencias. Ese día, los
sicarios ingresaron al poblado con disparos de armas de grueso calibre a casas
y vehículos de los 40 ejidatarios.
Hubo familias desaparecidas, algunas de ellas
se fueron al monte, pues los involucrados tiraron a matar en una balacera que duró
como hora y media, por lo que sus
habitantes debieron abandonar pertenencias para refugiarse en la
maleza. Hubo desaparecidos y
se desconoce si los secuestraron o estaban refugiados.
De
acuerdo con el portal Infobae, hacía
meses que los mercenarios les querían robar ranchos y parcelas a los
ejidatarios, que se dedican al engorde de ganado, pie de cría, agricultura,
maíz y barbecho en tierra mecanizada con tractores.
La
comunidad trabajaba de forma normal y tranquila hasta llegar el Cártel de
Caborca, que se ha adueñado de ejidos
como Miguel Alemán, Verde, Canaán y Otilio Montaño, aunque, por lo menos, 15
comunidades del municipio bacalarense tienen problemas, pero no
denuncian por temor.
Para
ese efecto, el 19 de mayo, la Fiscalía del Estado y la Guardia Nacional se
reunieron con la comunidad para atender amenazas del grupo criminal, aunque
poco después la situación se tornó más peligrosa cuando sicarios buscaron a los participantes en la reunión, incluso con
fotografías de los denunciantes.
Así,
localizaron el domicilio de uno de
ellos, a cuya familia asesinaron,
y desaparecieran a otros que después aparecieron sin vida y quemaron
viviendas y vehículos.
Posteriormente,
el 23 de mayo, llegó el Ejército a
brindar seguridad y evacuar a 46 familias, principalmente mujeres y
niños, intentando proteger la vida de los residentes, aunque, tras el 12 de
junio, sólo algunos decidieron quedarse a defender su comunidad. Los disparos y
violencia obligaron a muchas familias a huir para salvarse y preservar su
patrimonio.
La falta de una resolución y protección efectiva
para estas comunidades pone en evidencia la vulnerabilidad de muchas zonas
rurales ante
el avance de los cárteles. La intervención de las fuerzas armadas, aunque
necesaria, no ha sido suficiente para garantizar la seguridad a largo plazo.
El
único fruto de su lucha se remonta a febrero del año pasado, cuando Carlos Guillermo
Retes Quiñones y/o Rubén Fernando Payan Adame y/o Rubén
Fernando Roacho Adame (usaba diferentes alias), sobrino de la familia de Caro Quintero, fue detenido
por elementos federales cerca de Bacalar.
Lo cierto es que el crecimiento de los delitos de alto
impacto en el Sur por la disputa
del territorio entre los Cárteles de Sinaloa y de Caborca ha sido admitido por el propio gobierno de Quintana Roo y, en ese contexto,
Belice emitió en mayo una alerta de
viaje a connacionales que visitan Chetumal, ante el alza
de criminalidad en la capital, según cuenta oficial de X del
Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de Belice.
Sobre
el particular, Eduardo Martínez,
presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que la inseguridad una de las prioridades que solicitaron atender a los
candidatos de los distintos órdenes de gobierno que participaron en
la pasada elección federal.
Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
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