martes, 25 de abril de 2017

 ¡Impunidad con “disculpas públicas”!


                                              Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
 “La peor forma de injusticia es la justicia simulada”: Platón
Empleada para demostrar un supuesto arrepentimiento y reconocimiento de culpa que, sin embargo, al menos en Quintana Roo no ha pasado a más de eso, una presunta muestra de buena voluntad que, al menos hasta hoy, de nada ha servido, la disculpa pública se ha convertido en los últimos años en una abierta muestra de impunidad que raya en la complicidad de las autoridades.
Emitida por orden de alguna autoridad competente, o bien en alguna recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, esa disculpa, equivalente al típico “Usted disculpe” o “aquí no ha pasado nada”, recién se hizo más “famosa” el 21 de febrero último con la que ofreció la PGR a las indígenas otomíes Jacinta Francisco Marcial, Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan.
         Con todo, no crea Usted que se trató precisamente de un acto de buena fe, ya que debieron transcurrir 9 meses para que la PGR acatara la orden de la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con la que también reconoció la inocencia de las mujeres, procesadas y sentenciadas a más de 21 años de prisión, por “secuestrar” a seis agentes de la desaparecida AFI, por lo que permanecieron 4 años prisioneras.
Prácticamente inadvertida, la disculpa púbica también comenzó a emplearse en Quintana Roo el año pasado, aunque recién se le dio importancia con la que rechazó una de las víctimas de tortura durante el “gobierno” de Roberto Borge, y a cuyos implicados ha solapado de manera cómplice el mandatario Carlos Joaquín González: Hablamos del multicitado Héctor Manuel Casique Fernández.
Pero el tema no se agota ahí, ya que, si el diablo no mete la cola, este jueves 27, ante la recomendación 13 / 2015 de la Comisión Na-cio-nal de los Derechos Humanos, el periodista carrilloportense Pedro Canché deberá recibir una disculpa pública y un reconocimiento público de violación a sus derechos humanos por parte del gobierno de Quintana Roo.
Tanto en uno como en otro, se trata de sendas detenciones arbitrarias con tortura que, atribuidas al gobierno de Roberto Borge, sin embargo, debieron trascender el ámbito local para su no pasar inadvertidas, como sería el tema de docenas de casos no ventilados aún y cuyas víctimas permanecen olvidadas tras las rejas, en infructuosa espera de justicia.
         Ahora bien, pese a que tanto los ahora públicos atropellos contra Héctor Casique como los de Pedro Canché se dieron en el marco de la cuestionada administración de Roberto Borge, lo cierto es que, quiérase o no. Carlos Joaquín no ha demostrado mayor interés en castigar a los involucrados, y preferido la “cómoda” disculpa pública, al menos hasta donde se ha visto.
         En efecto, resulta sumamente cuestionable que, en el caso de Héctor Casique, existan 43 implicados, contra los que la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado ordenó acción penal en su momento, pero que, tras cerca de 7 meses de gobierno, Carlos Joaquín hasta pareciera no estar enterado.
         Los involucrados -la Comisión Estatal de los Derechos Humanos omitió 6 nombres-, son Yahara Martínez Góngora y Monserrat Romero García Arturo Olivares Mendiola, Constantino Solana Wady Alfredo, Manuel de Jesús Borges Ricalde, Ernesto Santes Hernández, Jorge Manuel Suaste Echeverría, Alberto Cachón, Luis Miguel Mukul Noh, Gustavo Jesús Vicente Garduño, Jesús Roberto Martínez Góngora, Roberto Santiago Moreno Soto, Josafat Ulises Peraza Díaz, Venancio Cen Hoy, Christian Montenegro Aragón, Aarón Pérez Olguín y Abel Mizraim Huerta Martín.
Asimismo, Benjamín Soto Apolinar, Ernesto Santos Hernández, Jesús Ferral Zamora, José Alejandro Díaz López, Mario Isaías Góngora Reyes, Mario Sánchez Torres, Pablo Huerta Soto, Miguel Flores Herrera, Ricardo Alberto Cachón Salazar, Rafael Ibarra Canché, Víctor Manuel Lara López, Aurelio Suárez Álvarez, Carlos Enrique Ucán Estrada, Edgar Manuel Pérez, Gabriel Denis Ayuso, José Orlando Sanguino Lío, Juan Bautista Núñez Loría, Manuel Audomaro Ramírez Rodríguez y César Manuel Morales Guevara.
         Hasta noviembre del 2015, 17 de 43 judiciales acusados de torturar a Héctor Casique para declararse culpable en marzo del 2013 de un multi homicidio en Cancún se habían amparado y ninguno de ellos había sido destituido, sobre todo Olivares Mendiola, ex jefe de policía en Cancún nombrado después subsecretario de la Coordinación de las Policías Municipales en la Secretaría Estatal de Seguridad Pública.
Por su parte, Pedro Canché, acusado de sabotaje, fue encarcelado nueve meses, aunque al salir en libertad sostuvo que se debió a cuestiones políticas, por órdenes del entonces gobernador Roberto Borge, quien no soportó las críticas que vertía el periodista contra su administración, que cometía agravios en contra de la zona maya.
Al igual que Héctor Casique, mantiene sendas demandas contra ex funcionarios estatales entre ellos el propio ex gobernador Roberto Borge, y el ex Procurador de Justicia, Gaspar Armando García Torres, así como contra la ex subprocuradora de Justicia de la Zona Maya, Blanca Imelda Ávila, contra ninguno de los cuales ha procedido la Fiscalía General de Carlos Joaquín.
         Con todo, como dijimos, los dos casos mencionados no son los únicos que se circunscriben en el tema de la disculpa pública en Quintana Roo, ya que la avalancha parece haberse iniciado el 7 de noviembre último en Playa del Carmen, donde la policía municipal se “disculpó” por los actos de la administración anterior.
Derivado de recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por primera ocasión se ofreció una disculpa a las víctimas por trato cruel y degradante por parte de policía municipal, además de que “se comentó” que era una de las primeras acciones, ya que, supuestamente,  también habría sanciones…sobre las que nunca se supo.
En representación del Ayuntamiento, el Secretario General de la Comuna, Alberto Farfán Bravo, dijo que trabajaban en mejorar el actuar de los cuerpos policíacos, así como el trato de éstos a los ciudadanos para que los acontecimientos de dos años antes no volvieran a presentarse.
Sin embargo, un asistente al evento, víctima de abuso, manifestó que no había cometido ningún delito por lo que lo dejaron bajo libertad pidiéndole una disculpa en privado, tras lo cual obtuvo su libertad y se empleó como taxista, pero desde ese entonces lo habían llevado hasta tres ocasiones a Seguridad Pública donde lo habían golpeado y roto su licencia.
         Asimismo, el 10 de noviembre del propio año, la Fiscalía General, a recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ofreció disculpa pública a Carmen Martínez Jiménez por irregularidades en la integración de una indagatoria por la supuesta explotación laboral de tres menores en la comunidad de Alfredo V. Bonfil.
En lo que la prensa publicó como el “rescate de tres menores explotados laboralmente en Cancún”, la dependencia informó en enero de 2014 que detuvo a la mujer por mantener cautivos a cuatro menores -una adolescente de 14 años, originaria de Acapulco, escapó días antes del operativo- a los que obligaba a trabajar en decorar piezas de barro en una casa de la calle Ignacio Allende, Supermanzana 308, entre Lázaro Urbina y Carlos Salinas.
El 9 de diciembre último, por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad ofreció disculpas públicas al propio Héctor Casique, así como a otros siete internos y dos personas en libertad víctimas de agravios durante el borgismo.
         Subsecretario de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, Juan Alberto Montoya Aguado se disculpó por los hechos del 30 de julio de 2013 en el Centro de Reinserción Social de Cancún, pero que no permitiría más actos contra los derechos humanos, no sólo de las personas privadas de su libertad, sino de la sociedad y que se procederá penal y administrativamente contra los servidores públicos…que en lo sucesivo cometan cualquier tipo de abusos o excesos contra las personas privadas de su libertad.
Además de Héctor Casique y Carlos Alberto Torres Huesca, entonces libres, las otras víctimas fueron los internos Humberto Ramírez López, Julio César Mancera Zamudio, E.A.A.C., J.R.M.G., V.R.R.O., H.J.R.P. y E.D.T.R.
Otra disculpa “a una víctima de violaciones de derechos humanos derivado de la Recomendación 03/2016 de la Comisión” la ofreció el 15 de marzo último el comisionado de la Policía Estatal Preventiva, José Eliezer Varela Durán ante una detención arbitraria y posterior tortura de un joven por parte de elementos de las policías estatal y municipal.
Conforme a un comunicado, que no menciona el nombre del afectado, “la disculpa pública es uno de los elementos centrales en el proceso de reparación integral a la víctima. El proceso de atención involucra desde la atención médica y psicológica, la asesoría jurídica, la disculpa pública y una compensación económica”.
Finalmente, el 7 de abril último, en cumplimiento a recomendación de la Comisión, el alcalde de Othón P. Blanco, Luis Torres Llanes, y el vice fiscal del sur de la Fiscalía, Antonio Nieto Bastida, ofrecieron una disculpa a William Samuel de la Cruz Aguilar por violación de sus derechos humanos por parte de jueces calificadores y policías municipales.
No obstante, el padre de la víctima, Samuel de la Cruz, se dijo insatisfecho por lo que consideró “acciones incongruentes” de la Fiscalía, ya que las investigaciones no abarcaron a los elementos de la policía ministerial que intervinieron en actos de tortura y pareciera que se les trata de proteger.
Por su parte, Cruz Aguilar cuestionó que no se reconociera la tortura y que le tomaron una foto sin consentimiento para acusarlo, además de que no se ejerciera acción contra los agentes Ramón Trejo Campuzano, Agustín Guevara Martínez, Julio César Herrara Duarte y Didier Vázquez Méndez –ex titular de la Policía Municipal Preventiva-, a quienes señaló de involucrarlo con tortura y falsificación de documentos.
De la Cruz Aguilar había sido acusado de asalto con violencia y haber disparado un arma de fuego con la que asesinó a un joven universitario el 9 de abril de 2015 en una vinatería de la calle Heriberto Frías entre CNC y Luis Cabrera de la colonia Adolfo López Mateos.
Torres Llanes, sin embargo, determinó la responsabilidad en actos de tortura de los jueces calificadores Lizbeth del Rosario Cabrera Pat, Carlos Roberto Santos Lima y Teresita de Jesús  Caballero Sánchez, así como de los policías Ismael Gamboa Ovando, Alicia Díaz González y Juan Manuel Gutiérrez Tagano, quienes detuvieron arbitrariamente a aquél, por lo que se les inició procesos administrativos para determinar sus grados de participación y responsabilidad.
         Lo cierto es que no ocurrió lo mismo el 30 de marzo con la disculpa a Héctor Cacique y Maximiliano Ezequiel Millán González, víctimas de la detención arbitraria y tortura en marzo de 2013, ya que no se ha actuado contra sus verdugos, como tampoco se espera ocurra en el caso de Pedro Canché, y menos aún contra quien se sigue considerando intocable en Quintana Roo: Roberto Borge.
         ¿Estamos equivocados señor gobernador?

 (Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.


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