¡Más “cola” con el caso Vergara!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
A dos días de que el
juez de control emita una resolución en torno a la demanda contra el ex titular
de Finanzas de Quintana Roo, Juan Vergara Fernández, por “lavado” de dinero, el
tema del otrora colaborador de mayor confianza del gobernador Carlos Joaquín
parece complicarse cada vez más, al involucrarse una magistrada del Tribunal
Superior de Justicia del Estado y el ex gobernador poblano Rafael Moreno Valle
Rosas.
En efecto, el juez que liberó la orden de aprehensión por
demanda del Sistema de Administración Tributaria (SAT) determinará este
miércoles si el ex funcionario recibe una suerte de formal prisión y se le
traslada a la cárcel, ya que sólo goza de libertad en virtud de no ser grave el
delito que se le imputa, aunque, como medida cautelar, habría depositado una
considerable fianza, cuyo monto se ignora.
Como era de esperarse, intereses encontrados dieron origen a
una serie de versiones, la principal de ellas en el sentido de que obtuvo su
libertad por no haber acreditado su responsabilidad la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, cuando que, en
realidad, se acreditó perfectamente el delito.
La
detención del ex funcionario, quien también podría perder la posibilidad de ser
candidato a diputado federal por la coalición PAN-PRD, el primero de los cuales,
al igual que el propio gobernador Carlos Joaquín, se desmarcó públicamente del
aspirante, se realizó en la ciudad de Cancún.
Víctima
del llamado “llueve sobre mojado”, Vergara Fernández también es señalado de
haber “lavado” dinero en su natal Puebla en complicidad con el otrora aspirante
a la Presidencia de la República, el ex gobernador panista Moreno Valle,
entonces “gallo” de Carlos Joaquín, cuya candidatura habría financiado.
Asimismo,
el ex secretario de Finanzas habría “lavado” dinero del ex diputado local y ex
alcalde panista de Puebla, Eduardo
Rivera Pérez, además de que, acusado de peculado, enriquecimiento ilícito y
lavado de dinero, sería accionista de por lo menos 15 empresas que no reportó
en su declaración 3de3.
En
relación con la magistrada del Poder Judicial de Quintana Roo, en lo que se
podía configurar un eventual conflicto de intereses, se trata de Verónica
Acacio Trujillo, señalada por diversas publicaciones como socia de Vergara
Fernández en las
empresas Maeco Empresarial de Control Administrativo, Tradiciones del Caribe,
Orgullo del Caribe y Tesoros del Caribe.
Designada
polémicamente en noviembre de 2016 junto con Luis Gabino Medina Burgos y Dulce
María Balam Tuz como magistrada de número por seis años -hasta noviembre de
2022- para completar a 12 el número de miembros de este Poder, su nombre surgió
de una terna que “recomendó” Carlos Joaquín.
Curiosamente,
Verónica Acacio, a quien, entre otros, se acusó de litigar a través del abogado
Marco Larroza para fijar una fianza de 41 millones de pesos a Diego Gutiérrez
Marcos por la presunta falsificación de documentos, sería socia en seis de las 15 empresas que no reportó Vergara
Fernández en su declaración 3de3.
Respecto al “lavado” de dinero en Puebla, la ex diputada federal del PAN y precandidata
de Morena a la alcaldía de Puebla, Violeta Lagunes Viveros, exhibió facturas en
la compra de mototractores y propaganda con sombrillas, así como tuits
oficiales para documentar la relación de negocios y complicidades entre Moreno
Valle y Rivera Pérez con Vergara Fernández.
Entre los favorecidos con los supuestos
servicios que éste ofreció vía corrupción, “lavado” de dinero y enriquecimiento
ilícito, mencionó a Moreno Valle, quien busca imponer a su esposa Martha Érika
Alonso Hidalgo al gobierno de Puebla; además de Javier Duarte de Ochoa, en prisión por actos de corrupción en
Veracruz; el también detenido ex gobernador Roberto Borge, así como el
chiapaneco Manuel Velasco Coello, el yucateco Rolando Zapata Bello y el
potosino Fernando Toranzo.
Según la denuncia, Vergara
Fernández y Roberto Arandia Gutiérrez “El Rojo” habrían sido los encargados de
proporcionar sombrillas de promoción durante la campaña a gobernador de Moreno
Valle, y a presidente municipal de Rivera Pérez.
Asimismo, a través de la empresa
televisora México Travel Channel y Salud TV, habrían transmitido por televisión
de paga y radio tanto los informes de gobierno de Moreno Valle, como publicidad
de todo tipo de actos en los que el entonces mandatario pretendía posicionarse
en sus aspiraciones a la Presidencia de la República.
Inclusive, Moreno Valle sería
motivo de burla por salir en varios canales y medios que carecían de temática
política, como en el caso de Salud TV, propiedad también de Juan Vergara y
transmitida por Arandia Gutiérrez, todo lo cual obraría en facturas, contratos
y sentencias, inclusive tweets de la cuenta de Juan Vergara reconociendo este
hecho.
Después convertido en Acus-k,
México Travel Channel habría adquirido 32 concesiones de frecuencias de radio, en
tanto Arandia Gutiérrez compraría la compañía LiveNetwork, gracias a lo cual el
espectro radial y televisivo permitiría cobertura nacional.
Por otro lado, Violeta Lagunes
ratificó que, como se sospechaba, Moreno Valle habría apoyado las aspiraciones
de Carlos Joaquín para la gubernatura de Quintana Roo, con Rivera Pérez como
coordinador de campaña, por lo que, una vez que se convirtió en mandatario, un
grupo de poblanos, conocidos como “El Cártel Poblano”, fue contratado en su gobierno.
Entre éstos incluyó a Vergara
Fernández; Rocío Moreno Mendoza, coordinadora de Vinculación Gubernamental, hoy
responsable de la Secretaría de Desarrollo Social; José Antonio Mendoza
Ramírez; coordinador General del C-4; Eukid Castañón Herrera, responsable del
Despacho Solución Total Consultores y Corporativo Ealog; Héctor Hernández Sosa,
responsable del Plan Estatal de Desarrollo de Quintana Roo; y Eduardo Rivera,
con UDLAP Consultores.
Pese a que el mandatario y
colaboradores siempre han negado la invasión de poblanos que han desplazado a
quintanarroenses, principalmente en la capital chetumaleña, la lista también incluye
a Eduardo Alcántara Montiel, asesor en la Coordinación de Agenda Legislativa, todos
ellos ligados al grupo de Moreno Valle y Eduardo Rivera.
Lo cierto es que Vergara Fernández habría
firmado un convenio en el 2015 con el propio gobierno de Peña Nieto, según el
portal Animal Político
Ahora bien, si su detención deriva
de la denuncia del SAT, sería interesante determinar qué ocurrió con la que
presentó Carlos Mimenza en marzo del 2017, donde pidió investigar contratos
millonarios de Vergara Fernández con los gobiernos de Moreno Valle (Puebla),
Javier Duarte (Veracruz), Manuel Velasco (Chiapas), Rolando Zapata (Yucatán),
Roberto Borge (Quintana Roo) y Fernando Toranzo (San Luis Potosí)
Según recuerda el portal “El
Heraldo de Puebla”, “Maya sin fronteras” publicó el 13 de diciembre del 2016
que la relación Carlos Joaquín-Moreno Valle-Juan Vergara se consolidó entre
2010 y 2013, cuando, siendo el primero subsecretario de Turismo, se decidió que
el Tianguis turístico de Acapulco se trasladara a Puebla para el año 2013.
El evento se convirtió en el más
importante de Moreno Valle con realce nacional e internacional, y México Travel
Channel manejó las cuentas de promoción de la Secretaría, así como las de los gobernadores
Moreno Valle, Roberto Borge, Manuel Velasco, Rolando Zapata y Fernando Toranzo.
En ese entonces la periodista Lydia
Cacho pidió en enero de ese año investigar al diputado federal poblano del PAN,
Eukid Castañón Herrera, sobre su posible intervención en el control político en
el Estado de Quintana Roo, aunque en 2017 existiría una denuncia penal contra
ese personaje de parte de mil 500 ejidatarios.
En efecto, los ejidatarios de
Puerto Morelos lo acusaron de fraude y robo por 1.5 millones de pesos que les pidiera
dinero a cambio de entregar apoyos de un Fondo de Ecoturismo que jamás les dio.
A través de un oficio al dirigente
nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, los denunciantes explicaron que el funcionario
pidió mil pesos a cada uno de ellos para participar en la entrega de este
fondo, con la complicidad de la empresa “Soluciones Totales S.A. de C.V.”, pero
nunca llegó, por lo que pidieron al CEN del PAN expulsar al legislador.
Por su parte, Carmen Aristegui dijo
que Castañón Herrera forma parte del grupo político de Carlos Joaquín, y que se
habría apoderado del Congreso del Estado
La pregunta obligada sigue siendo
si Carlos Joaquín había decidido deshacerse de su ex colaborador tras haber
pagado “su factura” de campaña con Moreno Valle o con el propio Vergara
Fernández, y si habría hecho lo propio con los casos de Julián Ricalde Magaña y
Miguel Ramón Martín Azueta, quienes, al igual que el primero, buscan las
candidaturas federales para las elecciones del 2018.
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito
para el autor)
*Luis
Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 41 años de experiencia como
reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de
comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex
gobernadores y tres presidentes municipales y publicar cuatro libros.
Titulado en la Universidad Autónoma
de Yucatán como Licenciado en Derecho, cuenta con cuatro Diplomados en Derechos
Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; Acceso a la
Justicia en Materia de Derechos Humanos, y en Juicio de Amparo, así como más de
15 Seminarios, Talleres y Cursos diversos.
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