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Elecciones 2018: ¡Apuesta a la corrupción!


                                               Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Pese a las “buenas intenciones” de la autoridades, electorales sobre todo, México inició este año en un contexto de auténtica crisis política, del descrédito de partidos e instituciones y con una serie de deficientes controles para evitar contiendas inequitativas, tal y como lo vivimos recientemente en junio último en el Estado de México.
Para desgracia de todos, estamos inmersos en el proceso electoral más grande y costoso de la historia del país, con más de 3 mil 416 cargos de elección popular en juego. La situación no es problema de un partido, sino un asunto de Estado.
Nos enfrentamos a un difícil escenario, ya que se renovará casi todo el mapa político del país. Tan sólo en Baja California y Nayarit no habrá comicios electorales locales, a lo que se suma el empleo de instituciones -como la Sedesol- para fines electorales, así como la presión a los ciudadanos para la manipulación del voto.
La crisis y desconfianza son evidentes. Nunca antes como hoy se había puesto en evidencia un número tan elevado de ex gobernadores presos o en problemas con la justicia. Es indignante la lista de ex mandatarios del PRI vinculados a procesos, algunos detenidos y otros aún prófugos: Andrés Daniel Melo (Tabasco), Jesús Reyna García (Michoacán), y los veracruzanos Flavino Ríos Alvarado y Javier Duarte de Ochoa.
También se incluyen en la lista Rodrigo Medina de la Cruz (Nuevo León), los tamaulipecos Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores; el chihuahuense César Horacio Duarte Jáquez, y los quintanarroenses Mario Villanueva Madrid y Roberto Borge Angulo, aunque no pocos esperan completar la tercia con Félix González.
Por si fuera poco, el PAN tampoco escapa de la magra relación, con el sonorense Guillermo Padrés Elías y Luis Armando Reynoso Femat, de Aguascalientes.
Así las cosas, existen otros elementos objetivos que distorsionan y corrompen la finalidad de los comicios, como la renovación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
Por un lado, los altos niveles de violencia que padecen algunas zonas complican desde ya la postulación de candidatos y el reclutamiento de funcionarios de casilla, y por el otro, la pobreza reproducirá, como siempre, el tradicional círculo clientelismo-inequidad.
Desafortunadamente, el PRI y el PAN le apuestan a llegar al 1 de julio sin que el Instituto Nacional Electoral ni el Tribunal Electoral Federal hayan logrado detener el desvío de los recursos de programas sociales y la compra y facción del voto.
Dígase a lo que se diga, nos enfrentaremos a elecciones similares a las recientes del Estado de México y Coahuila, donde no ganaron los mejores, sino los más tramposos o los que contaron con más recursos, ya sea del partido del gobierno, a través de programas sociales, o el que empleó fondos de dudosa procedencia.
Por un lado, es sabido que, en la mayoría de los casos, se utilizan los programas sociales que operan por los gobiernos estatales porque escapan a la fiscalización.
En pocas palabras, la política estatal social es una gran “caja negra” de recursos para el comportamiento tramposo de los políticos, y de ahí la exigencia ciudadana en el sentido de que las autoridades competentes apliquen sanciones ejemplares, entre ellos el retiro de candidaturas o del registro de partidos.
Los ciudadanos exigimos más a los partidos, ya que siempre juegan a engañar a la autoridad. La gente debe aumentar su nivel de exigencia ejerciendo presión hacia las autoridades y fuerzas políticas, que acaban cínicamente imponiendo sus decisiones.
Uno de los mejores ejemplos es el caso de Chihuahua, donde resulta injusto que la población sea víctima de un conflictos de partidos, en este caso del PAN y el PRI que, en un “toma y daca”, buscan el deslinde de culpas y de inconsistencias administrativas en el tema presupuestal, aunque  por encima del beneficio de la población.
No obstante, en la propia versión de la Secretaría de Hacienda estuvo la admisión de culpa, en el sentido de que habría mentido al retenerle ilegal y arbitrariamente 700 millones de pesos a esa entidad como represalia por la detención el 20 de diciembre de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI, lo que demuestra su inconsistencia de argumentos.
Lo cierto es que, con la mirada de las fuerzas armadas como advertencia ante los probables reclamos e inconformidad con los procesos y resultados de las próximas elecciones, todo mundo teme que imponga su voluntad el “dueño de las canicas”, es decir, quien ejerce el poder absoluto, lamentablemente, con sometimiento de los demás Poderes.
Lamentablemente, todo mundo sabe quién es su enemigo a vencer, y el papel de la población, como simples ciudadanos, será derrotar y someter a esa corrupción con una histórica votación, que no deje lugar a dudas en todo el país y el ámbito internacional.
         ¡Esa es la convocatoria!

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 41 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales y publicar cuatro libros.
Titulado en la Universidad Autónoma de Yucatán como Licenciado en Derecho, cuenta con cuatro Diplomados en Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, y en Juicio de Amparo, así como más de 15 Seminarios, Talleres y Cursos diversos. 


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