¿“Olvidado” escándalo de candidato priísta?
Recién se publicaba una crónica en torno al Día del Maestro
en redes sociales, cuando el colega Julián Santiesteban respondió a un
comentario sobre el candidato de la alianza PRI, PAN, PRD (“Va por México”) a
diputado federal por el Distrito II de Quintana Roo, José Alberto Alonso Ovando,
en relación con otro de sus enésimos ofrecimientos de campaña.
Fechada el 15 de mayo, el cuestionado abanderado decía en
una nota que “nuestros maestros de Quintana Roo necesitan una mejora salarial
sustancial, directa al sueldo base que vaya de la mano con los ascensos y
preparación profesional, sin tantas trabas burocráticas como ocurre en la Nueva
Escuela Mexicana, donde se adolece de transparencia.
No obstante, como que no quiere la cosa, el periodista
comentaba sobre el aparente “olvido” sobre el paso de Alonso Ovando de la Secretaría
de Educación y Cultura, cuando, como titular desde el 23 de diciembre de 2013,
en sustitución de su correligionaria priísta, la cozumeleña Sara Latife Ruiz
Chávez, “desaparecieron” millonarios recursos.
Esto ocurrió durante la malograda gubernatura del aún preso
Roberto Borge, cuando se destapó una descarada corrupción, tal que el gobierno
del “cambio”, encabezado por Carlos Joaquín, efectuó una encarnizada cacería de
culpables -y de venganzas personales-, que incluyó a Alonso Ovando, quien se dio a la fuga y
“desapareció” del mapa.
Lo cierto es que, de la noche a la mañana, apareció como uno
de los dirigentes del CDE del PRI, aunque para muchos no resultó ninguna
sorpresa, dado que era público que Carlos Joaquín jamás había roto con su
supuesto “ex partido”, por lo que era selectiva la “justicia” que ordenaba
procurar.
Lo cierto es que, sorpresivamente, el PRI nombró candidato
federal al ex funcionario borgista, y alguno que otro medio de información se
acordó de sus “travesuras”, y aunque se intenta “levantar” su candidatura a
costa de la postulada por Morena, la “extranjera” ex regidora de Benito Juárez,
Anahí González Hernández, lo cierto es que va de mal en peor.
Para terminarla de amolar, la Sala Xalapa del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó hace unos días el fallo de
su homólogo de Quintana Roo, que determinó “inexistentes” sus conductas de
violencia política de género contra la diputada local Judith Rodríguez
Villanueva.
La
denuncia data de fines del año pasado, cuando ésta renunció a su militancia y
al PRI. Sin embargo, en lugar de emitir Xalapa la sentencia, ordenó que
Quintana Roo imponga la sanción. La líder estatal del PRI, Candy Ayuso Achach, “aclaró”
que sólo incumbe al Ieqroo hacer del dominio público cualquier información
adicional sobre el tema.
Ahora
bien, para quienes sufren amnesia y defienden las candidaturas de la coalición
del PRI, entre los cerca de 80 involucrados en el “Caso Borge”, Alonso Ovando fue acusado de poseer irregularmente
11 propiedades en Chetumal, Holbox, Cancún y Tulum, según el Registro Público
de la Propiedad, aunque el 3 de abril de 2017 se amparó contra una orden de
aprehensión del juez Primero de lo Penal por desviar al menos 8 millones de
pesos en 2015, según la Auditoría Estatal.
En
efecto, en un recuento de involucrados con Borge, quien rindió protesta como
gobernador el 5 de abril de 2011, el portal de Excelsior publicó que el desvío
de recursos y las personas e instancias involucradas incluiría prácticamente a
TODOS los altos mandos de ese gobierno
La
red de corrupción incluyó a ex funcionarios y particulares, en un desvío que
involucraría a casi todas las dependencias estatales y gobiernos municipales,
incluso de otras entidades, como el de Tabasco, cuyo ex alcalde, Gerardo
Gaudiano Rovirosa, entonces aspirante a la gubernatura, sería investigado por
la SEIDO por sus presuntos vínculos.
Lo
cierto es que, calificado, en su momento, una de las principales promesas
políticas de Borge, quien le consideró uno de sus más confiables colaboradores,
Alonso Ovando buscó cinco años después la protección de la Justicia Federal a
través del Amparo 210/2017, aunque muchos meses se le consideró prófugo.
Nombrado
titular de la Comisión de Agua Potable a unas semanas de rendir protesta como
diputado local por la XIII Legislatura, el político dejó la CAPA en manos de
Paula González Cetina para encabezar la SEyC.
En
algún momento se le propuso como candidato al Ayuntamiento de OPB y más
adelante llegó hasta a “sonar” como posible sucesor de Borge, pero sus
problemas iniciarían desde 2016, cuando el secretario general del Sindicato
Independiente de Trabajadores de la Educación de Quintana Roo, Luis Echeverría
Esquivel, reveló indicios sobre la desaparición de más de 500 millones de pesos
del pago de créditos financieros.
Suficientemente
documentado en su momento por el periodista Sergio Caballero, se trataría
obviamente de un fraude con la venta de vehículos a los maestros con pago vía
nómina, pese a que el Sindicato no había suscrito ningún convenio con la
Secretaría y la empresa Abaco Etesa, que demandaba la liquidación del costo de
las unidades.
Primera
titular de la dependencia con Carlos Joaquín -fue relevada por Ana Isabel
Vázquez Jiménez-, Marisol Alamilla Betancourt denunció que, por lo menos, 11
mil maestros tenían pagos vencidos con más de 15 compañías que les otorgaron
créditos, aunque Alonso Ovando ofreció reestructurarlos en 15 meses, y que los
habría heredado de Latife Ruiz, pero sólo liquidó un 25%, sin que dejaran de
hacerse los descuentos nominales a los maestros.
Aparentemente,
el Juez Primero de lo Penal debería dar seguimiento a la Auditoría Superior de
la Federación, que detectó irregularidades por 391 millones de pesos en materia
de educación en Quintana Roo. Este renglón incluía 210 millones de pesos del
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), por operaciones carentes de
justificantes y que se reportaron como pendiente de aclaración por parte de
quienes los ejercieron.
Dichos
apartados de recursos correspondían a Fondos Federalizados Adscritos al FAM,
como como al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, y al
programa de Escuelas de Tiempo Completo. Tan sólo en el análisis de los
recursos 2014, que implicaría un daño a la Hacienda Federal, se trataba de 313
millones 927 mil: 140 millones 182 mil del FAM, 89 millones 208 mil del PETC,
84 millones 233 mil del Faeb y 103 mil del FAETA.
El
FAM era el segmento con más presupuesto manejado con irregularidades por parte
de la administración quintanarroense, que ese año la Secretaría de Finanzas
transferiría 140 millones 182 mil 249 pesos a una cuenta distinta a la que
administra los recursos del fondo.
Estos
recursos provenían del componente de Infraestructura Educativa Superior (73
millones 571 mil 900 pesos) y del componente de Infraestructura Educativa
Básica (66 millones 610 mil 300 pesos), según la Auditoría del Fondo de
Aportaciones Múltiples de la ASF.
El
portal Contralínea publicó que los Servicios Educativos de Quintana Roo (SEQ)
habrían dejado de ejercer 84 millones 286 mil 195 pesos de los 184 millones 307
mil pesos que se les transfirió para el financiamiento del PETC, al menos hasta
la auditoría Recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo.
Además,
los SEQ realizaron 700 pagos por 4 millones 922 mil 317 pesos provenientes de
los recursos para el PETC a personal directivo y docente con más de una plaza,
cuando que este personal no es financiable con esos recursos, por lo que el
subejercicio como los pagos no justificados representarían probable daño
federal.
Además,
la Auditoría habría detectado que los SEQ no tienen mecanismos para que los
recursos no cobrados regresen a la Tesorería de la Federación. Esa falta de
sistema de control interno podría impedirle identificar y limitar las fallas
para el cumplimiento de los objetivos del programa, así como observar un manejo
ordenado, eficiente y transparente de los recursos.
En
el caso de la auditoría 2014 a los recursos del Faeb, se detectaron 65 millones
445 mil 247 pesos en pagos no justificados a administrativos; 17 millones 887
mil 54 pesos en pagos indebidos a comisionados al Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE), y 901 mil 287 pesos pagados a empleados
“fantasma”.
En
el informe Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y
Normal, la ASF contabilizó 6 mil 805 pagos a administrativos. Estos sumaron 78
millones 659 mil 400 pesos, de los que no se proporcionaron minutas de acuerdos
con las secciones sindicales nacionales que justificaran su otorgamiento. El Estado
no pudo comprobar el destino de más de 65 millones de pesos después de
presentar las aclaraciones correspondientes.
Estos
pagos fueron por 4 conceptos: VA estímulo para aprovechamiento escolar y vida
cara”; “41 Ayudas alimenticias, rentas”; 86 Complemento de despensa” y “GE
Gratificación especial (10 días de sueldo integrado).
Durante
la auditoría se aclararon los pagos por tres de estos conceptos, lo que
representaba más de 13.2 millones de pesos. Los 65 millones 445 mil pesos
restante, emitido por el concepto “41 Ayudas alimenticias, rentas” no se
justificó, por lo que representaba una posible malversación de fondos. La ASF
emitió un pliego de observaciones, por lo que el dinero deberá ser recuperado
junto con los intereses acumulados hasta el día del reembolso.
Los
SEQ también utilizaron 17 millones 887 mil 54 pesos para “pagos indebidos” a
empleados comisionados a la Sección 25 del SNTE. La ASF emitió un pliego de
observaciones que también presumió daño o perjuicio.
Durante
la verificación física de los centros de trabajo, la ASF no localizó a tres
empleados adscritos a ellos. Los 150 pagos que recibieron durante 2014 acumulan
901 mil 287 pesos, por lo que se presumió desvío de recursos. En total eran 84
millones 233 mil 588 pesos desviados del Faeb por pagos sin aclarar, lo que
también representaría posible daño.
El
Instituto Estatal de los Jóvenes y Adultos del Estado (Ieea) había realizado
pagos no autorizados por 103 mil pesos, posteriormente reintegrados con
intereses, aunque no se aplicaron después de haber sido utilizados para dichos
pagos, lo que pudo significar un nuevo daño.
Quintana
Roo era la entidad con más bajo cumplimiento respecto a su información
presupuestal, según Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE) 2015 del
Instituto Mexicano para la Competitividad, AC.
Entre
otros aspectos, el IIPE evaluó hacer un desglose de los recursos destinados a
dependencias y oficinas de gobierno, los recursos transferidos de la Federación
a las entidades e información sobre recursos que las entidades transfieren a
los municipios.
¿Y
sigue el PRI hablando de honestidad, de nuevos “cambios” -como de Carlos
Joaquín- y que AHORA Quintana Roo estará mejor…como si llegara con la “varita
mágica” que ofrece Mara Lezama en Cancún?
En
lo personal, ¡mejor vamos con el candidato chetumaleño Víctor Zapata Vales!...,
aunque sea de Movimiento Ciudadano.
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito
para el autor)
*Luis
Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 44 años de experiencia como
reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de
comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores
y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos
pendiente de publicar.
Titulado como Licenciado en Derecho
en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, dos de
ellos en materia de Juicio de Amparo, Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La
Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos
Humanos, así como con más de 30 Seminarios, Talleres y Cursos diversos.
http://facebook.com/luisangel.cabanas
Comentarios
Publicar un comentario