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 Gobernadora y taxistas, ¡puro cuento¡

                                          Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

         Con el sugestivo “bigote” de “Lo decimos en cinco párrafos”, una publicación local titula “Gobierno de burla y lamentaciones los primeros meses de la administración de la morenista Mara Lezama en Quintana Roo, donde, tras recibir el regalo de su gris antecesor Carlos Joaquín González. “lo mismo barre una calle, que conduce un programa, que acude a las colonias a desplazar a los gobiernos municipales y hasta puede ser pepenadora o recogedora de sargazo”.

         Y viene lo anterior, bien explica la Redacción de ese medio -de los pocos que se han atrevido a tocas con un pétalo a la mandataria-, “cuando la burra es arisca, ni con zapatos de tacón se compone… Algo similar está pasando en el gobierno de María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, quien hasta el momento no ha entendido cuál es su verdadera función como gobernadora de Quintana Roo”.

         Por si fuera poco, añade que Mara Lezama “se la pasa haciendo el ridículo político todos los días. Lo mismo barre una calle, que conduce un programa, que acude a las colonias a desplazar a los gobiernos municipales y hasta puede ser pepenadora o recogedora de sargazo”.

         Lo anterior viene al caso cuando, por las redes sociales, nos enteramos que “los operadores de nuevo ingreso del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo reciben capacitación ininterrumpidamente relacionados con el manejo defensivo, reglamento de tránsito y calidad en el servicio”, y nuestro personaje anuncia “poner fin a los abusos de taxistas, prioridad”.

         Según esto, trabajando en conjunto, los gobiernos municipales, del estado y el gobierno federal, anuncio que casi a la par sale junto con el otro anuncio pagado, en el sentido de que “Mara Lezama dentro de las mejores cinco mandatarias evaluadas en enero: Mitofsky”.

         Según la encuestadora, la gobernadora de Quintana Roo forma parte de la lista de las mejores cinco mandatarias evaluadas en el ranking Mitofsky al término de enero del 2023, al registrar el 51.9% de aprobación. Las titulares del Poder Ejecutivo de Baja California, Marina del Pilar Ávila; Chihuahua, Maru Campos; Aguascalientes, Teresa Jiménez Esquivel, y Tlaxcala, Lorena Cuéllar completan la lista.

         Lo anterior viene al caso con la reciente movilización y patos del gremio estatal de taxistas ante la Ley de Movilidad que “regula” la operación de plataformas digitales de transporte de Quintana Roo, como es el caso de Uver (Uber Technologies Inc., empresa internacional que proporciona a sus clientes una red de transporte privado, a través de su software de aplicación móvil,​ que conecta pasajeros con los conductores de vehículos registrados en su servicio de transporte a particulares)

Su incorporación de hace algunos años era cuestión de tiempo, no sólo ante el reclamo de los usuarios por el pésimo servicio de la enorme mayoría de taxistas locales, sino también como mandato constitucional en relación con la prohibición de monopolios en México.

Lo cierto es que el servicio se había convertido precisamente en un monopolio que, convenientemente permitido por los gobiernos en turno como gremio cautivo en elecciones políticas -inclusive como grupo de choque-, también ha servido para premiar a funcionarios y amigos con la concesión de una placa de alquiler, periodistas muchos de ellos.

De entrada, resulta anómala la propia denominación de sindicato, dado que, al menos en teoría y hasta donde sabemos, NO existe el sindicato de patronos -como es el caso de los taxistas-, sino de trabajadores, por lo que, en todo caso, podrían conformar una Cámara o Confederación de Taxistas, sin embargo, con otros objetivos y derechos…pero NUNCA Sindicato.

Pero bien, lo cierto es que, tan seguros estaban los gobiernos de que nunca perderían el control sobre los taxistas -como tampoco la gubernatura-, que no se preocuparon por regularizarlos, sino en consentirlos y tolerarlos cada vez más. Menos aún pensaron en dividirlos.

Mejor prueba de esa tolerancia han sido las agresiones físicas, públicas, directas contra los choferes de Uver y el prácticamente “permiso” para adueñarse de calles y avenidas para guiar como se les pegue la gana, y ahora para manifestar su “indignación” como niño al que le arrebatan un juguete…pero en perjuicio de usuarios y automovilistas. Supuestamente pelean sus derechos, pero ¿y los nuestros?

Por si fuera poco, lo que es peor, los señores dueños de placas -no se les puede llamar taxistas porque éstos son los que trabajan- ignoran o prefieren ignorar la naturaleza del servicio que prestan y la naturaleza del “premio” que en su momento les ofreció el Gobierno del Estado, aunque probablemente las mismas autoridades estén en las mismas circunstancias.

En efecto, hablamos de la CONCESIÓN, término al que en diversas ocasiones nos hemos referido en relación con el servicio de la Comisión de Agua Potable, y que, conforme a Derecho Administrativo, es el “otorgamiento de un derecho de explotación de bienes o servicios por tiempo determinado, por parte de un gobierno o empresa, a otra empresa, generalmente privada”.

Conforme al espíritu legal, el gobierno entrega la concesión por carecer de experiencia o recurso humano para proporcionar un servicio, como es el caso de las patentes de placas de taxi o Notarías, por ejemplo, por lo que lo concesiona a un particular, con la condición de que éste sólo cuente con UNA CONCESIÓN, que no TRANSFIERA, RENTA ni VENDA ésta, y ofrezca un servicio de CALIDAD.

Lo cierto es que los gobiernos debieron exigir desde el principio a su área Jurídica profundo análisis del tema, pues CUALQUIER beneficiado con una concesión que incumpla esas condiciones está legalmente sujeto a un proceso de REVERSIÓN, con el que puede perder la concesión sin alguna responsabilidad para el Estado, pero SÍ al pago de daños o perjuicios al afectado o afectados.

El caso es que el Congreso aprobó la Ley de Movilidad, que permite la entrada de plataformas digitales, con lo que fracasó la consulta que solicitó el ex gobernador Carlos Joaquín, y avaló el Instituto Electoral de Quintana Roo para que la ciudadanía decidiera sobre Uber.

Esa decisión provocó una serie de bloqueos de taxistas, que mostraron su descontento, aunque nunca se ha visto que los afectados esgriman argumentos legales para rebatirla, excepto molestias por el bloqueo de calles y avenidas, como ejercicio de un supuesto derecho de “libertad de expresión” que, sin embargo, a todos perjudica.

La intervención de un Poder distinto al Ejecutivo en el tema de la prestación de un servicio público delega al concesionario lo indispensable para la prestación del servicio en la forma y términos que determina él mismo -habría que conocer el contrato-, con lo que mantiene en todo momento sus poderes de intervención, control, dirección y hasta de prestación del servicio, que en todo momento conserva su carácter público, respecto al cual atribuye al concesionario un derecho personal, sólo temporal.

Voluntaria o involuntariamente, ante la entrega de las placas, el gobierno olvidó u omitió que, por naturaleza propia, la concesión de servicio público es TEMPORAL, sin que pueda ser a perpetuidad porque implicaría, desde el momento de su otorgamiento, la transferencia definitiva de las actividades concesionadas que, por tal razón saldrían de la esfera del poder público para ingresar al ámbito privado.

Esto significaría una renuncia del Estado a esas actividades y privaría al servicio de su carácter público, lo cual sería un procedimiento absurdo, ya que la concesión sólo se utiliza para servicios públicos que no implican ejercicio de potestad o soberanía, porque, en tales casos, como los de tránsito y seguridad pública, los gestiona directamente el Estado o el municipio

Así, es recomendable la concesión para servicios públicos onerosos, por ejemplo el cobro por el servicio de baños públicos, que prevén una tarifa para remuneración del concesionario. Tratándose de servicios públicos gratuitos, si se pretende prestar el servicio mediante particulares, es más práctico recurrir al contrato de local, o gestión interesada, donde administración y empresario participan en el resultado de la explotación del servicio.

¿De qué manera pensará la intocable Mara Lezama terminar, de una vez por todas, ese problema? Seguramente Inventará algo nuevo que, también seguramente, apoyará el grueso de los periodistas, habida cuenta que son contados los que no tienen alguna placa.

Mientras tanto seguimos de acuerdo con los “cinco párrafos” de la publicación a la que nos referimos al principio, ¡Puro cuento!

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 45 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con ocho Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como 4 Congresos Internacionales y más de 50 Seminarios, Talleres y Cursos diversos.

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