¡"Peces gordos” en el caso de Aguakán!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

         Las familias ex panistas veracruzanos Yunes Linares y Yunes Márquez, ahora grandes amigos de los senadores morenistas Adán Augusto López Hernández y Gerardo Fernández Noroña, son socios de la empresa española Acciona, a la que la gobernante Verde, Mara Lezama, pretende vender los activos por la concesión de agua “potable” que le retiraría a Aguakán.

         Así las cosas, la mandataria evade expresar su compromiso de no volver a concesionar o privatizar el servicio en Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Playa del Carmen, y se lava las manos de la decisión diciendo que “una mesa de expertos va a decir qué es lo mejor para el Estado”.

         Por cierto, la esperada reunión que sostendría el lunes anterior su gobierno con representantes de Aguakán en el Centro de Justicia Penal de Quintana Roo, se pospuso para el miércoles, pero estos últimos no se presentaron, por lo que se no llegó a ningún acuerdo.

Como publicamos, la empresa Acciona no sólo opera el agua potable en la ciudad de Boca Del Río, Veracruz, con Grupo CAB ahora sabemos, sino también lo maneja en las ciudades de Veracruz y Medellín de Bravo, ahora con la empresa Grupo MAS, aunque, al igual que en Quintana Roo, existen muchas irregularidades y abusos.

Entre éstos se incluyen suministrar el vital líquido con heces fecales, no demostrar certificado de calidad del agua y haber dejado sin empleo a más de mil 500 trabajadores del sistema de agua metropolitano de Boca Del Río y Medellín De Bravo (SAS Metropolitano) desde hace 8 años, sin que las autoridades hagan justicia, por lo que se insiste en una revocación leonina.

Conforme a una publicación del diario capitalino Reforma, con órdenes de aprehensión contra directivos y socios de Aguakán, el Gobierno de Quintana Roo intenta despojar de esa concesión de servicio de agua potable y alcantarillado a Aguakán para obligarla a vender sus activos a Acciona en una cuarta parte de su valor real.

Así, a través del desapoderamiento de la concesión, con vigencia de 30 años, por la que Aguakán brinda el servicio a cuatro municipios, Mara Lezama busca transferir el negocio a esa empresa española, cuyo presidente es José Manuel Entrecanales, con un grupo de empresas líderes en energías renovables y soluciones sostenibles de infraestructuras en más de 60 países y más de 40 mil empleados.

Sin embargo, Aguakán se defiende como gato boca arriba y acusa que, a la mala, el gobierno de Quintana Roo le quiere quitar la concesión de agua potable y drenaje para traspasarla a Acciona con un simple “quítate tú pa'ponerme yo”, porque todo hace suponer que para Mara Lezama es mejor seguir haciendo negocio con el agua

Así, se confirma que, con órdenes de aprehensión contra directivos y socios, su gobierno intenta despojar de la concesión a Aguakan para obligarla a vender sus activos en 4 mil 500 millones de pesos.

Oficialmente, Mara Lezama asegura que aceptará la propuesta de los representantes de Aguakán, en el sentido de aceptar la conclusión anticipada de su concesión, a cambio de una indemnización justa, y que tendrá que ser un pago justo, porque se pagará con dinero del pueblo.

Para ese efecto, indicó haber solicitado apoyo a la Federación, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para un análisis financiero que permita determinar el monto justo que se le debe ofrecer a la empresa privada.

Por lo pronto, dijo estar en un análisis jurídico con abogados, técnicos, financieros, en recursos humanos, por el tema Afores, sobre las implicaciones de la concesionaria, aunque, ante lo delicado del caso, ha sido mesurada en sus declaraciones, pero sólo basta la opinión de los ciudadanos para entender su opinión sobre el servicio, que provocó, en una elección, que la mayoría votara por terminar con ese contrato.

Sin embargo, con todo y que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que al retirarse la concesión a Aguakan no se debe entregar de nuevo a otra empresa privada la operación del servicio de agua potable, la gobernadora evita expresar un claro compromiso de no entregarla a una nueva empresa privada.

Titubeante, busca disfrazar su postura sobre el tema, y asegura que su gobierno no se vende ni hace arreglos en lo “oscurito”, por lo que es transparente todo el proceso legal contra esa empresa, en respuesta a lo que la gente quiere, pese a que su principal asesor pidió a Aguakán la venta de activos a precio rebajado, a cambio de detener las demandas penales contra sus ejecutivos.

No obstante, Mara Lezama no expresa algún compromiso de no entregar a una nueva empresa privada la concesión, pese a que Aguakan claramente señaló que la intención de su gobierno es traspasarla a la compañía española.

Así, insiste en que el litigio no es para quitar la concesión para dársela a otro privado, pero, sobre el futuro del servicio en la Zona Norte, señaló que realizan un análisis financiero con apoyo de la Federación y una mesa de expertos para determinar lo mejor para el Estado, con lo que dejó abierta la posibilidad de entregar la concesión escudada en una recomendación

-No es quitarles la concesión para dársela a otro privado, en mesas de expertos se va a decidir lo mejor para Quintana Roo, el objetivo es un buen servicio, a lo que aspira toda la gente, señaló.

-Hemos pedido ayuda a la Federación, trabajarlo de manera coordinada, completamente transparente. Que se decida a través de Conagua, dependencia que nos puede ayudar a coordinar lo mejor para que el líquido vital llegue a los hogares, porque el agua es un derecho, comentó.

Concluyó recordando una consulta popular que muestra el sentir ciudadano y es vinculante: “No podemos ni queremos ser omisos a un clamor popular, como los oídos sordos de antes”.

La pregunta obligada es por qué quiere o gestiona la mandataria que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado vuelva a proporcionar el servicio a los involucrados en lugar de revender la concesión a otra empresa privada, en lugar de lo que dicen las supuestas consultas públicas.

¿Será por la falta de capacidad, de organización o de honestidad en esa empresa pública que, en su momento, operó como “caja chica” de gobierno, principalmente durante el sexenio de Mario Villanueva Madrid?

Además del pésimo y carísimo mal servicio que los diputados locales se niegan a ponerle freno, el último caso de deshonestidad en CAPA se detectó en diciembre último, cuando 4 empleadas nunca bien identificadas por las autoridades desviaron al menos 22 millones de pesos de la Comisión y de la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal, pero sólo fueron dadas de baja.

Sin embargo, se dijo, aunque nunca se supo más del tema, que, de forma paralela, enfrentarían procedimientos judiciales, que, al parecer, involucraba a más trabajadores, pese a que, el 22 de noviembre, a través de un cateo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en la paraestatal, se confirmó el hecho.

La “investigación” por peculado inició contra empleadas sólo identificadas como “Lupita”, “Irene”, “Miriam” y “Mónica”, las tres primeras por haber tomado recursos e invertido en criptomonedas, mientras que la cuarta sería indiciada por tomarse atribuciones ajenas en la Dirección, formalizar convenios de liquidación de adeudos y adjudicarse los recursos.

Por si lo ignoraba Usted, durante el procedimiento se retomaron resultados de fiscalización concluidas el año anterior por parte de la “honesta” Auditoría Superior del Estado, cuyo encargado, Hugo Garza Sáenz, confirmó que las empleadas fueron dadas de baja, aunque se interpusieron denuncias.

Como es costumbre, con el socorrido pretexto de “la secrecía de la investigación”, sin embargo, omitió mayores detalles para no advertir a los involucrados, toda vez que el proceso arrojó que existía más involucrados.

Si bien el desfalco ascendía inicialmente a 22 millones de pesos, era posible que aumentara la cantidad, para lo cual continuaba la revisión de expedientes y el ejercicio fiscal, aunque, presuntamente, la gobernadora Mara Lezama Espinosa estaba informada e instruyó aplicar la Ley, aunque de eso ella nunca habló.

Como siempre, su opinión es la mejor, querido lector.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 48 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

       Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.