OPB, ¡bañado de sangre… y de corrupción!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Al
igual que en la mayoría de los municipios que gobierna Morena, el de Othón P.
Blanco es sinónimo de violencia del crimen organizado y corrupción oficial, ¡y
todavía se atreven a incluir en falsas encuestas a la reelecta alcaldesa Yensunni
Martínez Hernández como “posible” aspirante a gobernadora de Quintana Roo!
A reciente informe sobre la
Auditoría Superior de la Federación que le detectó múltiples irregularidades
financieras en su gasto por más de 15.1 millones de pesos, se suman lamentables
hechos de sangre en unos días, el más reciente la madrugada de este sábado, con
un macabro hallazgo en el paradero de Sacxán, en la Ribera del Río Hondo, con cinco
cadáveres con signos de tortura.
A esto, se suma el enfrentamiento armado del viernes entre
presuntos delincuentes del Cártel de Caborca con policías en la colonia
Solidaridad de Chetumal, en aparente tentativa de secuestro, con saldo
preliminar de un muerto y tres detenidos en plena confluencia de la avenida
Erick Paolo Martínez con Nicolás Bravo.
En el primer caso, el portal Información
sin límite Quintana Roo, publicó que el quebranto en las arcas de OPB
destapó nuevamente evidente corrupción del auditor general de Quintana Roo -ya
se señaló en las cuentas públicas de Benito Juárez -Miguel Cheluja
Martínez-, lo que es grave para el Estado.
El
caso de que el órgano fiscalizador federal detectó que en el gasto de recursos
en ese nivel en OPB, hubo inobservancia normativa, principalmente en
adquisiciones, arrendamientos y servicios, para un quebranto financiero, en un
primer caso, por 4.5 millones de pesos en tres contratos, pues no había ni
huella de máquinas que supuestamente adquirió Yensunni Martínez.
En
otra auditoria federal, se dictaminó probable daño, perjuicio o ambos por más
de 10.6 millones de pesos, más rendimientos financieros desde su disposición
hasta su reintegro en la cuenta bancaria de participaciones federales a municipios,
por no acreditar evidencia justificativa del gasto en fotografías aéreas,
controles terrestres, aplicación de procesos fotogramétricos, digitalización de
los predios y capacitación de personal.
Sin
embargo, en su afán de “justificar” el quebranto, remitió un oficio en octubre
de 2024, donde presentó información para atender lo observado, pese a no reunir
lo necesario en suficiencia, competencia y pertinencia para aclarar o justificar.
Así,
a esa irregularidad y corrupción en la auditoría que aplicó al Ayuntamiento la
Auditoría Estatal los regidores deberían tomar cartas y presentar denuncias
ante las autoridades correspondientes para investigar y sancionar a Cheluja
Martínez por ocultar tremendas irregularidades.
Este
atraco no sólo lo encabezó el titular de la Auditoría Superior del Estado, como
tesorero, sino también el oficial mayor, Javier Regalado Hendricks, este último
ahora premiado como tesorero por la alcaldesa de Solidaridad, Estefanía Mercado.
Respecto
al enfrentamiento del viernes entre policías y delincuentes -se hacían pasar
por agentes de la Fiscalía General, dicen-, hasta hoy se ignora si el saldo fue
de uno o dos muertos, o dos o tres detenidos, o heridos en la colonia
Solidaridad, pues, como siempre, surgieron muchas versiones, pero ninguna
autoridad con “esta boca es mía”.
Otra
versión fue que el o los detenidos y el o los muertos pertenecían a la cédula
criminal del Cártel de Caborca, aunque también “dijo” que estaban armados con
rifles de asalto y contar con un Volkswagen Jetta gris, sin placas, que
presentaba múltiples impactos de bala en parabrisas y carrocería.
Supuestamente,
el fallecido -o fallecidos- portaba un chaleco antibalas negro, aunque se
desconoce si pertenecía al grupo de delincuentes. Paramédicos brindaron
atención inmediata a los heridos, trasladados al Hospital General para su
atención.
En otro hecho sangriento, maniatados, con los ojos vendados
y disparos en la cabeza fueron abandonados cinco cadáveres en el paradero de
Sacxán, uno de ellos, supuestamente, Joaquín Morales (a) “Dumbo”, con lo que
escala dramáticamente la ola de violencia que azota la región.
Según
informes, el hallazgo se reportó poco después de las 3 de la madrugada, y uno
de los cadáveres presentaba sobre él una cartulina con mensajes amenazantes a
presuntos integrantes de un grupo criminal, por lo que todo hace suponer que se
trató de un ajuste de cuentas entre grupos delictivos, uno de ellos, muy
probablemente, el Cártel de Caborca.
Reportes
sin confirmar, indican que cuatro de las víctimas serían originarias de la
comunidad de El Palmar, mientras que la quinta de Ucum, aunque el Servicio
Médico Forense trabajaba en su identificación formal.
En
un giro inesperado en esta espiral de violencia, las autoridades habrían logrado
rescatar con vida a Mauricio Arroyo Julio, privado de su libertad el miércoles
último, aunque no se revelaron detalles sobre su cautiverio o liberación.
Asimismo,
el propio viernes se registraron incidentes que podrían estar relacionados con
estos hechos violentos en la Rivera: Una motocicleta incendiada en Ucum y
cuatro viviendas consumidas por las llamas en Sacxán, con lo que aumenta la
tensión en estas localidades.
Extraoficialmente,
se reportó el hallazgo de otros tres cadáveres en la comunidad de Melchor
Ocampo, zona limítrofe con Campeche, aunque no ha podido ser verificado por
limitaciones de las comunicaciones con esa remota localidad.
Finalmente,
al brote de violencia se sumó otro homicidio, el martes por la noche, de
Guilbert Córdova Hernández, de 35 años de edad, acribillado mientras circulaba
en motocicleta cerca del campo de fútbol de la alcaldía de Javier Rojo Gómez.
Para
variar, las autoridades mantienen total hermetismo sobre sus “investigaciones”,
mientras la población local vive en total incertidumbre ante esta escalada de
violencia en la Zona Sur del Estado.
A
todo esto, la pregunta obligada, no sólo es ¿para qué se le paga al fiscal
general Raciel López?, sobre todo porque ya vimos las fallas en materia de
prevención, supuestamente a cargo del Capitán de Navío del Cuerpo de Infantería
de Marina, Paracaidista, Fuerzas Especiales, Diplomado de Estado, bla, bla,
bla, Mayor Julio César Gómez Torres, desde julio
de 2023.
Lo
que es peor, ¿será que realmente “preocupa” la seguridad de Othón P. Blanco
-como de la Cancún- a la gobernadora Mara Lezama, o a la alcaldesa Yensunni Martínez, ambas presuntamente
morenistas? Lo único seguro es que ambas olvidan que estamos hablando del
municipio capital, en el Estado más “turístico” del país.
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito
para el autor)
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y
2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos;
y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75
Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.

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