CAPA, ¡entre corrupción y dolores de cabeza!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Responsable de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo desde septiembre último, el cuestionado -increíble, por el Partido “Verde”-, José Enrique Torres López no ha podido responder a las exigencias de los usuarios, menos aún de la propia dependencia que, contra lo que se supone, podría traspasar su concesión de Aguakán a otra empresa privada, la española Acciona, en 4 mil 500 millones de pesos.

Y es que a los problemas diarios de la que fuera “caja chica” del gobierno en turno se suman las altas tarifas que, contra todo sentido común, los diputados del Congreso local se niegan a regular y aumentan de manera permanente, al igual que Aguakán, con conexión o sin ella, con buen servicio o sin él.

Lo anterior plantea un serio dilema para la gobernante Verde, Mara Lezama, quien jura y perjura dejar a la Federación y a una supuesta consulta pública la decisión de privatizar de nuevo el servicio a su “favorita”, dada la pésima experiencia de ésta en Veracruz, donde el caso no era nada nuevo, según nos relata Mateo Quispe.

Así, dice, en la zona conurbada de Veracruz, Boca Del Río y Medellín De Bravo, llevan prácticamente 9 años sufriendo este tipo de concesiones leoninas, primero con la empresa brasileña Odebrecht, junto con otra empresa española de agua de Barcelona “Agbar”, a la que le compró la primera, pero luego le vendió a la española Acciona, que ya operaba el sistema de agua en la ciudad de Boca Del Río.

En este sentido, mes con mes Acciona sube sus tarifas, según ella no, sino la inflación, pese a que nunca han presentado algún certificado de calidad de agua apta para consumo humano, como exigen la concesión y las normas vigentes, además de haber dañado gravemente el medio ambiente y el conflicto con más de mil 500 trabajadores del sindicato Teniente José Azueta.

Éste es del sistema de agua metropolitano de Veracruz Boca Del Río y Medellín De Bravo, ya que el año anterior la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 119/2024 a autoridades de todos los niveles de gobierno de Veracruz, ante abusos de los derechos humanos por parte de la empresa “Grupo Mas”, perteneciente a Acciona México, entre otros

Por cierto, figuran miles de quejas sobre el tema ante la Procuraduría Federal del Consumidor, así como auditorías ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) y la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente de esa entidad, pero todas han brillado por su ausencia.

Decíamos del dilema de Mara Lezama entre venderle la concesión del servicio a municipios de la Zona Norte a la española Acciona y CAPA, aunque éste última ha dado muestras de falta de honestidad, según puso de manifiesto el portal de Información sin límite Quintana Roo, dado que la Auditoría Superior del Estado no quiso auditarla.

En efecto, la dependencia de la que sigue siendo cuestionado titular el ex tesorero de la alcaldesa Yensunni Martínez en Othón P. Blanco, es decir Miguel Cheluja Martínez, exoneró a la Comisión de auditarle “sólo” ¡182.6 millones de pesos!

Verá Usted. En el ejercicio fiscal 2023, entre los gobiernos federal y estatal se destinaron más de 306.8 millones de pesos para obra pública, pero la Aseqroo, que se ha “distinguido” por sus yerros prácticamente en todos los municipios -¿Se imagina Usted por qué o cómo?, sólo se ocupó de 124.2 millones, y le “palomeó” 182 millones con total cinismo.

Así, en la auditoría de la cuenta pública AEMIO-FO-024 R03 libró CAPA todas las auditorías, robó cero pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF), según dijo la ASEQROO, aunque documentos federales señalan exactamente lo contrario.

De este modo, la auditoria del órgano fiscalizador federal revela las mentiras del gobierno estatal: En Chetumal, la CAPA sólo invirtió, en 2023, 18.2 millones de pesos, mientras una cuarta parte del monto total de inversión fue para la isla de Cozumel, más de 13.8 millones en incorporar agua potable a los nuevos fraccionamientos de Arboledas de OPB y 4.4 millones para la rehabilitación y adecuación de tanque recolector y preservador de vacío “A” del sector centro de Chetumal.

Sin embargo, ningún peso destinó al mejoramiento del suministro de agua, por lo que miles de familias de esta capital sufren las consecuencias, mientras los negocios han detectado graves pérdidas económicas.

A todo esto, súmele amable lector un delito muy grave de la CAPA ante los usuarios, mientras callan los “paleros” llamados diputados de la XVIII Legislatura, por cobrar un servicio diario que no proporciona igual, lo que constituye un verdadero fraude bajo el amparo del poder y que debiera ser denunciado.

Ya que hablamos de fraudes y cosas parecidas, por cierto, las cuatro trabajadoras de Agua Potable, detectadas por su desvío de más de 22 millones de pesos, continúan “trabajando” en la CAPA, donde, como “premio”, ahora se desempeñan como “asesoras”, con excepción de la llamada “Lupita”, tras cuya comparecencia ante la Fiscalía General, abandonó su función, no así los 3 restantes, que permanecen activas, pues nunca fueron despedidas.

 Nos referimos a “Irene”, “Miriam” y “Mónica”, quienes, junto con la anterior nombrada -sólo le faltaban dos años para su jubilación-, habrían sustraído los recursos que invirtieron en el conocido fraude de criptomonedas.

Lo cierto, es que hay aún muchas cosas oscuras en la Comisión, entre otras, que prácticamente todo ocurre en familia, pues lo mismo trabajan hermanas que cuñadas y nueras, algunos despedidos por corrupción en administraciones anteriores, mientras otros, como es el caso de un tal “Oscar”, en Bacalar como director, posee varias propiedades, entre ellas terrenos cerca de la laguna, pese a carecer de alguna carrera profesional.

En fin, todo un dolor de cabeza para Mara Lezama y el aún “encargado” Torres López, que se espera no termine con un nuevo concesionario privado, como recomendó la propia presidenta de la República, desde luego si en algo le importa a la mandataria.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 48 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.