¡Nuevo escándalo de Morena por auditorías!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

         Como era de esperarse, la presidenta municipal de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu Muñoz, se sumó a sus cinco homólogos de Morena como nueva “angelita” en nuevo, millonario “boquete” financiero, aunque “sólo” por más de 9.1 millones de pesos, que detectó la Auditoría Superior de la Federación en sus cuentas, pero, para variar, también “palomeadas” por el Estado.

Además, pagó más de 6.6 millones de pesos a “Grupo Bactor” para la rehabilitación del muelle, ocultando en el contrato de obra pública el nombre de la empresa, ya que ésta se dedica a la venta de artículos deportivos, no a la construcción.

Al igual que en los casos de los reelectos presidentes municipales morenistas de Othón P. Blanco, Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Bacalar, la munícipe también fue favorecida por la revisión de la Auditoría General de Quintana Roo, a cargo del cuestionado titular, Miguel Cheluja Martínez.

Y ahora resulta que el funcionario, convertido en “mago” de las finanzas públicas por desaparecer irregularidades, entre ellas las del municipio del que había sido funcionario, o sea Othón P. Blanco, sería premiado en sus yerros por la administración de Mara Lezama, cuya Secretaría de Gobierno, avaló sus requisitos para convertirlo, aunque Usted no lo crea, ¡en nuevo magistrado del Poder Judicial del Estado!

En efecto, conforme publicó el portal Redacción Cambio 22, entonces encargado del despacho de Presidencia del Ayuntamiento de OPB, Pérez Aguilar está a un paso de ser premiado por el gobierno de Quintana Roo por su servilismo, tras que Cristina Torres avalara también los requisitos de aquél, pese a que, como publicamos, pesan sobre él denuncias penales para ser Magistrado, donde podría ser juez-parte por seguir litigando en su despacho.

Dicho premio sería de “consolación” por haber sido rechazada su solicitud anterior como candidato a juez federal por no ser idóneo, pero, por lo que se ve, para el gobierno “morenista” de Quintana Roo, supuestamente sí llena los requisitos: Ser corrupto y delincuente para un cargo público, el más delicado, como sería aplicar la justicia.

Ahora bien, el portal Información sin límite Quintana Roo comparte públicamente -nuestro reconocimiento- que la Auditoría Superior de la Federación, en su revisión de cuentas públicas 2023 a los 11 municipios de Quintana Roo, detectó en total presuntos quebrantos financieros a las arcas públicas de 10 alcaldes, por 456 millones de pesos, con lo que destapó corrupción e impunidad, y se hizo de la vista gorda Cheluja Martínez al “palomear” quebrantos financieros.

 En el caso que nos ocupa, el máximo órgano Fiscalizador solicitó a la Comuna de Puerto Morelos, a cargo de la morenista Tziu Muñoz aclarar el destino de más de 9.1 millones de pesos que el ex presidente López Obrador envió para obra pública.

Así, se detectaron irregularidades en trabajos ejecutados y plasmados en las estimaciones de los contratos MPM-SOSPM-DGOP-FORTAMUN-001-2023 y MPM-SOSPM-DGOP-FORTAMUN-002-2023, donde la Auditoría Superior de Quintana Roo “no pudo” detectar en la cuenta pública 2023 en materia de inversión pública, mejor dicho, “palomeó” como ejecutadas.

El primer contrato fue respecto a rehabilitar la pavimentación de las calles Timón, Calle 45 y confluencia de las avenidas Zetina Gasca y Ciricote de Puerto Morelos, mientras que el segundo fue sobre el mejoramiento urbano del periférico sur “La Ceiba”, segunda etapa de Leona Vicario.

Las mismas obras las “revisó” la Auditoría Superior del Estado, pero no encontró ninguna anomalía, aunque la Federación determinó que el “gobierno” de Blanca Merari no fue eficiente en manejar los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 2023 (Fortamun)

Curiosamente, a través de una Memory (USB), con valor de 100 pesos, la alcaldesa intentó engañar a los Auditores Federales, pensando, tal vez, que se trataba de personal de Cheluja Martínez, pero los federales rechazaron la documentación por no reunir las características necesarias para solventar el destino de los más de 9 millones de pesos.

Apenas anteayer, a pregunta sobre cómo denunciar las irregularidades en OPB sobre la asignación de federales, la Auditoría Superior de Quintana Roo pretextó no recibir las de este tipo por no auditar recursos federales, pese a ser la responsable de verificar los recursos federales, tanto del Fortamun como del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

Más aún, en torno al muelle, bajo el contrato MPM-SOSPM-DGOP-DS, la alcaldesa Tziu Muñoz bautizó a la empresa dedicada a vender artículos deportivos con su primer contrato de obra pública, por 6.6 millones de pesos, para rehabilitación y mantenimiento del muelle de pescadores.

Así, por cada metro del muelle los causantes de Puerto Morelos pagaron 59,261 pesos, un robo descarado bajo el amparo del poder.

Pero, para ese saqueo a las arcas públicas, la munícipe no actuó sola, sino con la ayuda de su tesorera municipal, Ana Isabel Luna García; el secretario de Obras Públicas, Axel Alejandro Rosado Ramírez; el director general de la dependencia, Mario Salinas Castro, y la directora general de Asuntos Jurídicos, Andrea Sabina Piña Valle.

Con todo, ante el Registro Público del Comercio no existe ningún dato sobre esta empresa, por lo que, en abierta violación de la Ley de Acceso a la Información Pública, ocultaron descaradamente todos los datos del contrato para no dar con la empresa, borraron su nombre, firmas, domicilio fiscal y hasta su supuesta constitución.

De todo eso, la Auditoría Superior del Estado ni en cuenta, pues así ha ocultado las cuentas públicas de otros Ayuntamientos con irregularidades para evitar que salgan a la luz pública.

Por ejemplo, a capa y espada el ex tesorero de la alcaldesa de OPB, Cheluja Martínez ocultó los informes de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2023, en materia de obras públicas, con lo que protegió a la alcaldesa corrupta Yensunni Martínez de ser exhibida.

Estas cuentas se debieron de informar, cómo marca la ley, a más tardar el 30 de abril de 2024, aunque hasta el 17 de febrero de 2025 no había ni rastro de ellas.

Pero ella no fue la única protegida -seguramente por órdenes “de arriba”-, sino también la ex alcaldesa de Cozumel, Juanita Alonso Marrufo, hoy “flamante” directora general de la Fundación de Parques y Museos de ese municipio.

También podemos incluir las cuentas públicas del alcalde de Tulum, Diego Castañón Trejo, entonces Tesorero de esa demarcación, así como de la alcaldesa Ana Patricia Peralta, en Benito Juárez, donde las irregularidades ascendieron a más de 90.2 millones de pesos, y la más grave, las que desde 2022 oculta la alcaldesa Tziu Muñoz.

Curiosamente, el municipio de Playa del Carmen era gobernado en ese periodo por la panista Lilí Campos, quien tuvo más irregularidades: 174 millones de pesos, aunque la Auditoría Superior de Puebla, tenía el mismo modus operandi que el de Quintana Roo: Ocultar las cuentas públicas para apoyar a los alcaldes de su partido para luego solventarlas bajo el agua y que luego aquéllos salieran como blancas palomitas.

¡Pero Cheluja Martínez quiere ser uno de los nuevos encargados de aplicar la “justicia” en Quintana Roo y la gobernadora Mara Lezama lo avala!

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 48 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

       Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.