¿Mara, “nuevamente” investigada por la DEA?

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

En grave, delicado escándalo y, con el título “¡La DEA investiga a la gobernadora Mara Lezama!”, diferentes medios informativos, al igual que otro periodista hace un año, publicaron en redes sociales una información del primero, el cual involucraba a la mandataria de Quintana Roo, junto a su esposo, Omar Terrazas García, aunque ahora junto con 13 exgobernadores.

Según la segunda nota, las investigaciones de la DEA de Estados Unidos, proviene de “fuente anónima” y forman parte de una más amplia, que también involucra a 43 políticos de Morena, entre ellos ministros y gobernadores, en posibles vínculos con el narcotráfico, aunque de los 13 mandatarios, 11 pertenecen al partido en el poder.

Así, el Departamento del Tesoro de EE.UU., a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, centraría sus investigaciones en la Península de Yucatán, que “ha cobrado relevancia por el auge de actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico”, aunque también se investiga “lavado” de dinero y la posesión de activos no declarados por Mara Lezama y su esposo.

La DEA advierte que el Sureste, especialmente Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, se habría convertido en epicentro para la producción y distribución de fentanilo, droga altamente peligrosa y lucrativa, para lo cual los cárteles habrían establecido laboratorios clandestinos, conocidos como “narco cocinas”, donde transforman precursores químicos de Guatemala.

Esto habría convertido a la Península en punto clave para operaciones del crimen organizado, lo que llama la atención de las autoridades estadounidenses, que incluirían a Mara Lezama en una lista de figuras públicas en la mira de la DEA y el Departamento del Tesoro, que investigan sus cuentas bancarias, propiedades y posibles vínculos con “lavado” de dinero.

Al parecer, la DEA habría solicitado información sobre ella y su esposo a varias entidades estadounidenses para rastrear casas, vehículos, aeronaves, y cuentas bancarias, en tanto la Oficina de Inteligencia Financiera extendido su investigación a bancos europeos, donde buscarían activos no declarados.

Por otro lado, insistiría este tipo de investigaciones en alcance global, lo que podría afectar también a otros políticos y empresarios relacionados con la gobernadora a través de las plataformas de criptomonedas, bajo lupa, dado que se han convertido en canal clave para blanquear capitales.

Un ejemplo de la selectividad en la cooperación sería la inclusión en la lista de investigados del ex gobernador de Yucatán, el panista Mauricio Vila Dosal, también está bajo escrutinio de la DEA, y aunque no se habrían revelado detalles, crecería la presión internacional para investigar a figuras políticas involucradas con el crimen organizado.

Por otro lado, diría que, aunque las investigaciones están en etapas iniciales, en los próximos meses podrían revelarse más detalles sobre bienes y activos de los involucrados, por lo que, de confirmarse las acusaciones, Estados Unidos actuaría enérgicamente, lo que pondría al gobierno de México en posición complicada por el peso político de los investigados.

Hasta hoy, ex mandos policiales de Yucatán, que huyeron a EE.UU. y se convirtieron en testigos protegidos de la DEA, habrían proporcionado valiosa información que da frutos, por lo que se estarían formando grupos especiales para rastrear las actividades de gobernadores en la península.

Por otra parte, Doris Canul, quien se dijo apoderada legal de una AC, afirmó haber denunciado a Mara Lezama ante la Fiscalía Especializada en Actos de Corrupción e Indebido Ejercicio de la Función Pública por permitir hoteles en sitios con mangle, y haberse corrompido por varios temas, incluyendo abuso de autoridad por fabricar una demanda que se ordenó el acceso a Tajamar, porque no se permitiría el mismo y el impacto ambiental por el acceso a carros y eventos incompatibles con los ecosistemas.

Concluye estar en espera de las resoluciones, aunque “perro no come perro”, y que la FGR no hace nada por ser otro nido de corrupción, aunque espera justicia “y esta corrupta pague lo que deba pagar”.

         Coincidente con la demanda inicial de la DEA, el periodista Alfredo Griz Cruz, con documentos anexos, publicó el 8 de enero de 2024 que “el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, investigaba a varios políticos y gobernadores, pero habría enfocado sus baterías en la Península de Yucatán”.

Su Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, del que depende la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera, investigaba a Mara Lezama, y a su esposo. La mandataria, por la DEA, agencia contra el narcotráfico en EE.UU. y en varios países.

Diría también que la DEA investigaba a varios gobernadores mexicanos y funcionarios, pero, en la lucha frontal contra el fentanilo, señala que el sureste mexicano se convierte en mega laboratorio de la droga y sus cárteles habrían establecido operaciones en Chiapas, donde se introducirían precursores de fentanilo vía Guatemala para Campeche, Yucatán y Quintana Roo, donde existirían laboratorios de fentanilo, o “narco cocinas”.

De ahí la importancia de la Península para los cárteles, que, desde hace varios sexenios no habrían dudado en hacer presencia y negocios con la clase política, por lo que, dijo, no sería de extrañar que Mara Lezama fuera investigada por la DEA, y puesto en el radar del Departamento del Tesoro.

El Gobierno de la República no habría dado indicios de investigar a algún gobernador, sobre todo si emana de su partido, Morena, pero Estados Unidos habría centrado baterías en una lucha sin cuartel contra la producción y distribución de fentanilo y los cárteles que lo trafican a EE.UU.

A Mara Lezama se le investigaría a petición de la Agencia Antidrogas, y según documentos en su poder, la DEA habría solicitado información sobre la mandataria y su esposo para detectarles activos, casas, vehículos, aeronaves, embarcaciones, cuentas bancarias y negocios, y de existir, esclarecer su origen y procedencia.

Asimismo, habría solicitado informes a bancos europeos para verificar si tienen activos, lo que no sólo afecta al Gobierno del Estado, sino que, antes de iniciar el proceso electoral de ese año, le estaba dando un golpe al Gobierno Federal, más si, como señalaban los documentos, emplearían hasta criptomonedas, plataformas para blanquear, transferir y ocultar dinero.

En el suroeste de EE.UU. de ese año, el Departamento del Tesoro habría realizado movimientos para combatir frontalmente al narcotráfico en México, según James Lee, funcionario de la dependencia, quien diría haber visto cómo marcan la diferencia en la interrupción del flujo de narcóticos a Estados Unidos y que habría creado un grupo especial para investigar más eficazmente a criminales y a quienes ayudan al narcotráfico.

También habría dicho necesitarse lazos de asociación, clave la investigación criminal y consideraría positiva la oportunidad de colaborar con homólogos de otros departamentos y agencias para combatir el fentanilo, uno de los narcóticos más letales que asolan este país.

Copresidente y titular de Criminal Investigation, James Lee, diría haber hecho un papel clave en sancionar y presentar cargos contra implicados en tráfico de fentanilo, y tener grandes expectativas de su experiencia financiera para interrumpir más su flujo a Estados Unidos.

El Grupo Especial trabajaría de la mano con la DEA aprovecharía las competencias principales del Tesoro y experiencia en identificar y combatir delitos económicos, aunque promovería las prioridades antinarcóticos del ex presidente Joe Biden, para atacar la cadena mundial de suministro ilícito con sanciones y otras acciones, además de trabajar con México y Canadá para combatir el fentanilo a través del Diálogo Norteamericano sobre Drogas.

La colaboración de México para investigar a servidores públicos sería un gran reto, más si emanaban del partido en el poder. Si acaso, ayudarían y colaborarían contra funcionarios de otros partidos, aunque, ante amenazas, amagues de encarcelamiento o persecución política, lo más probable era que apoyaran a investigar a mandatarios, como era el caso del panista yucateco Mauricio Vila Dosal.

Empero, esperarían a que las indagatorias del Departamento del Tesoro, el Sistema de Información del Congreso y la DEA arrojaran resultados, aunque se sabía de antemano que son investigaciones a largo plazo, se esperaba que, en semanas o meses, se pudiera revelar si Mara Lezama poseía bienes y activos en EE.UU. o en Europa.

Por lo pronto, parecía que habrían rendido frutos declaraciones de mandos policiales que huyeron de Yucatán y son testigos protegidos en la DEA, aunque tomaban forma las indagatorias y se creaban grupos para investigar a los gobernadores que, pese a ser secreto a voces, parecía más que ciertos sus nexos con el crimen organizado, en este caso con los Cárteles Jalisco Nueva Generación y el Sinaloa, aunque en México el crimen organizado habría cooptado a todos, concluiría.

El portal Chihuahua minuto a minuto, reprodujo la información en términos similares el 29 de enero de ese año, al igual que el portal K50N y otros medios de información en fechas diferentes, aunque, a todo esto, NotiMex.net, publicó hasta el 14 de octubre un desmentido de la mandataria, que calificó las publicaciones como “falsas acusaciones”.

Según ese portal, en intento por desprestigiar a Mara Lezama, circularon rumores infundados que la vinculaban a investigación de la DEA, aunque, tras revisión exhaustiva de fuentes oficiales, quedó claro que carecían de fundamento y sólo buscaban sembrar incertidumbre al panorama político.

A través de cinco puntos, Notimex “explicaba” el porqué de su negativa: 1. Falsas investigaciones y ninguna evidencia confiable. 2. Península de Yucatán y el narcotráfico: Manipulación de los hechos. 3. Transparencia y rendición de cuentas: Compromiso de Mara Lezama. 4. Investigaciones ficticias y sin pruebas. 5. Un desafío para el gobierno mexicano: Relaciones internacionales sólidas

Concluyó resaltando el trabajo de Mara Lezama, quien, aseguraba, desde su llegada al poder ha demostrado ser una líder comprometida con el bienestar de Quintana Roo y puesto en marcha políticas que priorizan la salud, la educación y el medio ambiente, además de impulsar el turismo, uno de los motores económicos más importantes del Estado, donde, bajo su mandato, se han fortalecido medidas de seguridad combatiendo la corrupción y manteniendo un gobierno abierto al diálogo y la transparencia.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 48 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

        Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.