Mara, ¡nuevamente “embarrada” con el narco!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Aunque insista en hablar de una supuesta “guerra sucia” en su contra, la gobernadora Verde, Mara Lezama, es nuevamente vinculada con el narcotráfico, ahora a través de un medio informativo nacional, sobre todo desde su primer periodo como alcaldesa de Benito Juárez, apadrinada por el entonces presidente López Obrador.

En efecto, conforme al portal Sin embargo del jueves último, con el título “Quintana Roo: Mara Lezama y el auge del narco”, desde que asumió la gubernatura, el crimen organizado vive una etapa de jauja e impunidad, con los cárteles Jalisco Nueva Generación y Caborca disputando las principales plazas, donde asesinan, desaparecen, distribuyen drogas sin recato, pues todo está permitido para esos criminales ligados al poder político, pero no es nuevo.

De acuerdo con extenso reportaje del periodista Ricardo Ravelo, tan sólo en Cancún, el crimen operó con absoluta libertad con Mara alcaldesa como alcaldesa, cuyo descomunal enriquecimiento investigaron la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, que integraron varias carpetas para investigarla por presuntos vínculos con la delincuencia, pero, extrañamente, se archivaron cuando Morena la postuló candidata a gobernadora.

El reciente asesinato del Secretario de Seguridad de Tulum, José Roberto Rodríguez Bautista, es muestra de la guerra entre cárteles en el Estado y la impunidad con la que operan, mientras Mara Lezama daba un mensaje tras la ejecución: Que la lucha contra el crimen seguiría en el Estado, aunque buena parte del problema es la protección oficial de los cárteles.

¡El verdadero problema está en el gobierno de Mara Lezama!, dice Ravelo, en su momento protegida por López Obrador cuando éste fue presidente y cerró los ojos ante los presuntos vínculos criminales de la mandataria.

En Quintana Roo, el crimen organizado vive momentos de jauja desde que arribó a la gubernatura, pues los cárteles de Jalisco y Caborca disputan el control del Estado a sangre y fuego, mientras el narcomenudeo, los narco-vuelos y las redes de “lavado” de dinero operan con total impunidad.

Ese ha sido el estilo que ha caracterizado a Lezama desde que era alcaldesa, cuando estuvo bajo cuestionamiento precisamente por la libertad que la policía de Benito Juárez otorgó al crimen para operar abiertamente.

Las drogas fluyen por toda la entidad, aunque los municipios con mayor demanda en Playa del Carmen, Cancún y Tulum donde, por su explosivo auge turístico, se ofrecen en la calle sin ninguna discreción. Los turistas compran cocaína, crack, heroína, fentanilo y cualquier otro químico porque sus vendedores pagan “cuotas” a las policías y éstos dan su “mochada” a los alcaldes y, así, los beneficios llegan hasta la cúspide.

Gran parte del narcomenudeo en Quintana Roo es controlado por los taxistas, tanto libres como de aplicación, que ofrecen drogas a sus clientes, o bien los llevan a las “tienditas”, día y noche con protección policiaca.

Este libertinaje oficial también desató la guerra entre Caborca y Jalisco, los más poderosos, que disputan el territorio, el primero operado por José Gil Caro Quintero, sobrino de Rafael Caro, uno de los candidatos a la pena de muerte en Estados Unidos por el asesinado del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, en 1984.

José Gil, conocido en el mundo de hampa como “El Pelo Chino”, fue detenido por la policía de Tulum cuando comía en un restaurante acompañado de una mujer y dos escoltas, prácticamente levantado del restaurante “Burrito Amor” y llevado a un lugar desconocido. Esto, el 11 de octubre de 2023.

Horas después, sin embargo, el narcotraficante, que controla el Sur del país y a quien se le atribuyen buena parte de los narco-vuelos en Quintana Roo, sería liberado, aunque la versión extraoficial, de la que nunca hubo respuesta, es que sobornó a los agentes con 15 millones de pesos.

El caso, según se diría, originó que la Fiscalía iniciara una investigación, pero hasta hoy la respuesta es el silencio.

La guerra criminal es tan intensa que ya impacta a varias ciudades de Quintana Roo, entre ellas Tulum, donde el 24 de marzo fue acribillado de 20 disparos Rodríguez Bautista, a quien impactaron en rostro, tórax, cabeza y piernas.

Mara Lezama envió en video un mensaje a la delincuencia, a la que dijo, enérgica, que el crimen no quedaría impune, que seguiría la batalla contra la delincuencia organizada, aunque no se dijo que ella misma es parte del problema, pues desde que fue alcaldesa se le ha relacionado con redes criminales y con presunto “lavado” de dinero.

Mientras López Obrador fue presidente, ninguna investigación en su contra prosperó, pues la protegieron ser candidata de Morena a gobernadora.

Ante el descomunal aumento de su fortuna, desproporcionada, tanto la Secretaría de Hacienda como la Fiscalía General de la República investigaron a la ex alcaldesa por enriquecimiento ilícito, “lavado” de dinero y presuntos vínculos con el crimen organizado.

Hubo avances en esas investigaciones, tanto, que la FGR integró tres carpetas de investigación por su probable responsabilidad en blanqueo de capitales, delincuencia organizada y abuso de autoridad.

Las carpetas, archivadas, estaban en fase de integración y enumeradas de la siguiente manera: FED/SEIDO/UEIORPIFAM-QR/0000372/2020, FED/FECC/QR/634/2020 y FECC/FECC-QR/538/2020.

Las investigaciones incluían transferencias bancarias millonarias, copias de escrituras públicas y declaraciones patrimoniales presuntamente falseadas con el objeto de ocultar el patrimonio amasado por la entonces alcaldesa, además una de las más fuertes aspirantes a la gubernatura de Quintana Roo, pues en ese tiempo, se afirmó, contaba con el respaldo de López Obrador y del ex gobernador Carlos Joaquín, hoy embajador de México en Canadá.

Según la indagatoria, las pesquisas se centraron en analizar los movimientos financieros de la empresa “Desarrolladora Cumpal”, que ha registrado actividades financieras atípicas en los últimos años.

Con base en datos y evidencias, Hacienda sospechó, que la compañía servía para ocultar movimientos financieros, aunque también llamó la atención el desorbitante movimiento de dinero en efectivo de Mara Lezama y de su esposo, Omar Terrazas García.

Las sospechas se reforzarían tras que la mandataria adquiriera un Mercedes Benz modelo CLA 250 Sport con valor aproximado de 700 mil pesos que pagó en efectivo y en una sola exhibición.

No fue todo, ya que su cónyuge hizo lo propio con un vehículo de la misma marca, clase GLE 43 Coupé, valuado en 1.4 millones de pesos, también pagado en efectivo y en sólo pago.

El primer indicio de la autoridad federal de este inusual manejo de recursos y del incremento patrimonial de la pareja, se tuvo en septiembre de 2020, cuando la activista Flor Pastrana denunció a la entonces alcaldesa.

Esto sirvió a la FGR para integrar las carpetas: Se ratificó en octubre de ese año, aunque continuaron las investigaciones con informes de la DEA, que mencionaban que María Lezama, presuntamente, habría entrado en negocios con el crimen organizado, particularmente con el CJNG, que controla el narcomenudeo en Cancún y que pagan cuotas millonarias mensuales por operar, aunque alcanzó mayor poder y control en Quintana Roo cuando Mara Lezama asumió la gubernatura.

Sin embargo, prendieron los reflectores con mayor intensidad contra ella cuando se descubrió haber cedido grandes extensiones de terrenos de alta plusvalía a una empresa, a cambio de la donación de una residencia, conocida como “La Casa Blanca”, valuada varios millones de pesos.

Según las carpetas de investigación, sobre esta propiedad se realizó una permuta con la empresa Tarjetel del Sureste, que la transfirió mediante acta de cesión de derechos P.A112.433, que involucra a Buró Inmobiliaria América, ligada con entonces la alcaldesa en negocios inmobiliarios.

En ese tiempo el Ayuntamiento de Cancún, según las investigaciones, solapó la anexión de 15 mil m2 de área protegida por Fonatur al terreno donde estaba el club con 18 mil m2 y esa propiedad, de 33 mil metros, lo permutó la Comuna a Inmobiliario América para la aprobación de Tarjetel del Sureste.

A cambio, Matra Lezama habría recibido la “Casa Blanca”, y las escrituras públicas de ambos inmuebles, número 4724 y 112403, formaron parte de las investigaciones de la UIF y de la FGR.

La denuncia inicial contra la entonces alcaldesa se habría presentado ante la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada, con número 373/2020, y el 2 de julio de ese mismo año, de manera paralela, habría iniciado Hacienda sus investigaciones.

De pronto, no obstante, todo dio un giro. Extrañamente, las indagatorias se detuvieron, y es que Hugo Nieto, entonces secretario técnico de la Comuna de Cancún y primo de Santiago Nieto -ex titular de la UIF-, originalmente quien inició las investigaciones contra Mara Lezama, presuntamente habría metido las manos para favorecer a Mara Lezama.

Además de los presuntos sobornos de la delincuencia organizada que, según la FGR, explicarían el incremento cuantioso del patrimonio de la ex alcaldesa, la FGR y la UIF centraron sus pesquisas en el mecanismo de corrupción y “lavado” de dinero donde, asegurarían, habría evidencia de la participación de Mara Lezama.

Las actividades que se investigaron implicaban también a la empresa Desarrolladora Cumpal, integrada por Terrazas García, el cuñado de éste -Miguel Ángel Lezama Espinosa- y los hijos de la alcaldesa: Daniel, Omar y María, presuntos instrumentos de la pareja para adquirir propiedades que suelen registrar con precios subvaluados.

La lista de propiedades que acreditaron la FGR y la UIF se enumeran en los expedientes integrados, y son: Una propiedad en Cancún, con valor de 4.8 millones de pesos; otra en Yoxtlán, adquirida en agosto de 2016, por 1.9 millones, y un terreno en Guayacán, comprado en abril de 2018, con valor de 3 millones.

Los expedientes incluían 10 propiedades más, cuyas ubicaciones no se mencionan, pero que significarían un valor de más de 200 millones de pesos.

El origen de los fondos para adquirir tantos inmuebles, según las investigaciones, se centraban en dos hipótesis: Ventas de terrenos federales, negocios con contratistas, pagos del crimen organizado, en particular del CJNG, y “lavado” de dinero.

Según la Fiscalía, en todas las compraventas de departamentos, edificios y residencias participó como valuador el síndico Heyden Cebada Ramírez; para dar fe de la compraventa de propiedades, Mara Lezama recurría al notario 62 como su preferido, el hoy magistrado Heyden Cebada Rivas, a su vez director municipal de Desarrollo Urbano, e hijo del primero.

De acuerdo con un mapa de la FGR y la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, en Cancún operan cuatro cárteles que dominan la plaza: Sinaloa, Jalisco, Zetas, el legendario del Golfo y el de Caborca.

Las investigaciones de la FGR y la DEA relacionan a Mara Lezama con los dos primeros, que habrían establecido un pacto de no agresión a cambio de que les permitiera operar Benito Juárez, principalmente en la zona hotelera de Cancún, aunque sus tentáculos se extenderían a Playa del Carmen, Isla Mujeres, Cozumel, Tulum, entre otros puntos de auge turístico.

Los presuntos vínculos de Mara Lezama con el crimen organizado, según las “canceladas” investigaciones, podría ser una de las fuentes de su enriquecimiento, aunque no se descartaron otras, como corrupción institucional con proveedores de Benito Juárez en su etapa como alcaldesa; venta de terrenos de alta plusvalía y “lavado” de dinero, hipótesis consideradas en las carpetas de investigación contra la mandataria.

Sin embargo, reiteramos, los expedientes “desaparecieron” en forma por demás misteriosa o se archivaron durante el sexenio de López Obrador. Así, sin investigaciones de por medio, Mara Lezama se convirtió en la candidata de Morena y Gobernadora.

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 48 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.