Confirman: ¡Lodo en gobiernos de Morena!

                                                                                Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

         En lo que constituye un verdadero, nuevo escándalo en el “equipo” de la gobernadora Verde, Mara Lezama, la Auditoría Superior de la Federación terminó por desnudar ahora sí oficialmente, los malos, pésimos manejos de recursos de los Ayuntamientos de Quintana Roo, encabezados por su volumen por la aspirante morenista a la gubernatura, Ana Patricia Peralta.

         Aunque el trabajo de la auditoría federal no comprende todos los municipios, el “maquillaje” de la auditoría del Estado, encabezado por Miguel Zogby Cheluja Martínez, como era de esperarse, solamente “encontró” malos manejos en el pintado de azul, el ex Solidaridad, ahora Playa del Carmen, entonces gobernado por la recién convertida a Morena, Lili Campos Miranda.

         De acuerdo con el portal de Información sin límite Quintana Roo, único medio que dio puntual investigación a la pésima administración de recursos en municipios gobernados por Morena y su aliado Verde, sospechosamente solapados por Cheluja Martínez, quien se despachó con la cuchara grande es la alcaldesa de Benito Juárez (Cancún), Ana Patricia Peralta, cuyas irregularidades ascienden a 66% del total, ¡460 millones de pesos!

         Curiosamente el único municipio que no aparece en la lista de irregularidades de la auditoría federal es Tulum, gobernado por el único morenista que se salvó de la limpia, Diego Castañón Trejo, en tanto que, con un no menos cuestionable porcentaje, aparece el alcalde de Bacalar, José Alfredo “El Chepe” Contreras Méndez, con un ominoso tercer lugar de malos manejos, a menos de demostrar lo contrario.

Así, la Auditoría Superior de la Federación señaló faltas, devoluciones, pendientes por aclarar y daños a la hacienda pública en prácticamente todos los municipios en su fiscalización de la Cuenta Pública 2023, contra el “trabajo” de su homóloga quintanarroense de Cheluja Martínez, en cuya revisión de los mismos fondos sólo “observó” irregularidades en el entonces panista Playa del Carmen y los aprobó a todos.

Lo cierto es que, formalmente, la Federación, a través de David Rogelio Colmenares Páramo, desnudó manejos irregulares en 9 municipios de Quintana Roo por un total de 459.6 millones de pesos pendientes de aclarar o devolver, al mismo tiempo que desnudó el maquillaje y tapadera contable de la Auditoría Superior del Estado, que revisó ¡los mismos fondos!, pero, sospechosamente, no reportó una sola irregularidad.

De los municipios reprobados, 8 los gobiernan Morena-Verde: Othón P. Blanco, de la alcaldesa Yensunni Martínez Hernández; Bacalar (Contreras Méndez), José María Morelos (Erik Borges Yam), Felipe Carrillo Puerto (Mary Hernández Solís), Cozumel (Juanita Alonso Marrufo), Puerto Morelos (Blanca Merari Tziu, Lázaro Cárdenas (Emir Bellos) y Benito Juárez (Ana Patricia Peralta)

Del ex Solidaridad, entonces bajo el gobierno de Lili Campos, antes panista y hoy refugiada en Morena, es el único municipio donde Cheluja Martínez “encontró”, pues en su informe final al Congreso del Estado, a los demás los declaró sin observaciones pendientes de solventar y los “palomeó”.

Como dijimos, Ana Patricia Peralta acumuló dos tercios de las irregularidades del monto por aclarar, 63% del total, correspondiente a Cancún y ejerce el presupuesto municipal más alto del Estado y, además, junto con los alcaldes de Nicolás Romero, Estado de México, y Torreón, Coahuila, forma parte de un grupo que acumula 33.1%, del total de los recursos erogados irregularmente por los municipios de México en 2023.

Se trata de 291.5 millones de pesos de Participaciones Federales del Ramo 28 pendientes de aclarar, con los que el ayuntamiento que preside Ana Patricia Peralta dañó a la hacienda pública, que representó 95.1% de la muestra auditada por la Federación, prácticamente la totalidad del fondo, por lo que las observaciones derivaron en la exigencia de devolver en caso de no aportar pruebas de su uso legal.

Sus irregularidades incluyen falta de comprobación del uso en vehículos municipales por 50 millones de pesos en combustible; y 241.4 millones en pagos irregulares a su concesionaria del alumbrado público, por unos 22 millones mensuales sin sustento en un censo actualizado de luminarias e infraestructura del sistema de alumbrado público, en evidencias de las etapas de modernización integral, mantenimiento y operación, en reporte de inversión de mantenimiento, reporte de daños ni de atención.

Los pagos fueron para el consorcio regiomontano Celsol, que se presenta en Cancún como Óptima Energía, a la que concesionó el alumbrado público en 2018 por 2 mil 563 millones de pesos; y a la exigencia de aclarar o resarcir el daño a la hacienda pública, por 241.4 millones, se adicionarán rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta bancaria de las Participaciones Federales a Municipios.

Por ello, en la auditoría al Ramo 28, la Federación emitió un dictamen negativo en los siguientes términos: “El municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, no realizó una gestión eficiente de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2023”.

Además, incurrió en violaciones a la ley en la aplicación de 279.4 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, al no acreditar el beneficio a la población, no presentar evidencia de los proyectos con pobreza extrema, falta de documentación justificativa y comprobatoria, no comprobar amortización de anticipos, no presentar la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, además de que una obra no operaba, y aunque no le determinaron faltantes, se iniciaron procedimientos de sanción administrativa contra funcionarios municipales.

El mismo fondo lo revisó Cheluja Martínez, pero su auditoría no reportó esas violaciones a la ley que señaló la ASF, ni promovió acción de sanción administrativa, salvo irregularidades en Solidaridad, pero no las graves faltas de Bacalar.

El segundo lugar en irregularidades resultó Playa del Carmen, entonces gobernado por Lili Campos, al que la Federación determinó pendientes por 90.4 millones de pesos de Participaciones Federales.

Esto fue por la falta de evidencia del cumplimiento de servicios y entrega de apoyos e insumos para avalar adquisiciones, arrendamientos y servicios, por lo que se dictaminó que “el municipio de Solidaridad no realizó una gestión eficiente de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2023”.

Empero, las “observaciones” de Cheluja Martínez fueron falta de documentación justificativa de gastos por 174 millones de pesos en recursos estatales y propios, casi el doble del que observó la Federación en recursos federales, y que da mayor contexto a su fiscalización “maquillada” en los municipios gobernados por la 4T, y asienta motivación política sobre el abultado monto que le señaló a la Comuna panista, cuando las irregularidades estaban por doquier en los municipios.

Por otro lado, destaca la fiscalización federal al ayuntamiento bacalareño de Contreras Méndez, tercer lugar en irregularidades, con 33.2 millones de pesos por aclarar, pese a que su presupuesto fue de 398.3 millones, uno los más “pobres” de Quintana Roo, lo que da cuenta de la gravedad del atraco en esa administración, pues afectó casi 10% de su gasto.

“El Chepe” tiene pendiente de comprobar 18.3 millones de pesos del Fondo, por pagos de obras sin operar o con deficiencias, además de otras a las que no dio acceso a los auditores, al que se suman casi 15 millones pendientes de Participaciones Federales, por no presentar justificantes de adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados.

Por todo ello, la Federación lo reprobó en auditorías de dos fondos, donde indicó que, “Bacalar, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos” del Fondo y de las Participaciones Federales a Municipios 2023, aunque el auditor de Quintana Roo dijo que Bacalar cumplió con las disposiciones legales y no tiene recursos por aclarar.

Tulum, como dijimos, fue el único que se libró de la federación en 2023, pues, contra lo informado por Cheluja Martínez al Congreso del Estado, en la fiscalización de la ASF sobre los recursos federales del 2023 sólo salió libre de observaciones y exigencias de aclaración.

Aunque el ayuntamiento de Isla Mujeres, que encabeza la Verde Atenea Gómez Ricalde, no resultó con pendientes por aclarar, sí tuvo observaciones y quedó con la exigencia de entregar información faltante sobre la asignación de una obra millonaria sin licitación, por lo que la Federación también le inició un procedimiento de sanción administrativa.

Pero este es el único dictamen de la Federación que coincidió con la estatal, porque en los ocho ayuntamientos restantes existen claras irregularidades cubiertas por Cheluja Martínez, quien revisó los mismos fondos federales donde hubo gastos injustificados y probables daños a la hacienda pública, mientras que en, Playa del Carmen, hubo enorme discrepancia entre las faltas encontradas por la Federación y el Estado, muestra de la motivación política de Cheluja Martínez.

También las faltas encontradas de los demás municipios son llamativas, porque sí las vio la ASF, pero no el auditor superior del estado, aunque los casos de mayor realce son de Othón P. Blanco, donde era tesorero Cheluja Martínez, y de Ana Patricia Peralta, en Benito Juárez, quien pretende convertirse en sucesora de la gobernadora Mara Lezama.

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 48 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.