¡Otra de la cuestionada dupla Mara-Raciel!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Con un atizado dardo de “La última de Mara” por título -bueno, eso es hasta el momento-, el periódico Heraldo de México, refiere a la mandataria haber abierto en Quintana Roo dos frentes que se dirimen en juzgados mexicanos y que transitaron a arbitrajes internacionales, al que ahora habrá que agregar un tercero, cuando no habían existido conflictos empresariales de alto perfil. Todo estaba en santa paz.

Sin embargo, el Estado y su gobernadora verde, Mara Lezama, a partir de los últimos meses, hasta donde se sabe, se están convirtiendo en dolor de cabeza para los inversionistas de Estados Unidos.

El primero de ellos es lo que, para los congresistas estadounidenses, habría sido una “expropiación” de López Obrador de la cantera y otros activos de la empresa Vulcan Materials, de Tom Hill, por aquí mejor conocida por Calica (Calizas Industriales del Carmen) y que, para las autoridades de la Federación, se convirtió en área de Reserva Natural Protegida.

Como segundo dolor, se incluye el multicitado y cuestionado tema de la empresa privada Aguakán, que ambiciona la española Acciona, que encabeza José Manuel Entrecanales, aunque sin éxito ya, al menos no por el momento, ya que el Gobierno Federal ha tomado cartas en el asunto. Las sospechas de corrupción asoman por todos lados

El tercero, estalló precisamente el sábado por la madrugada, cuando, nuevamente, la cuestionada mandataria intervino -imagínese a través de quién-, ahora en un conflicto entre particulares, cayendo en desacato de una orden de un juez de la Ciudad de México sobre un concurso mercantil de Controladora Dolphin, del muy reconocido empresario y hombre de negocios de ese estado, Eduardo Albor.

Lo cierto es que la semana anterior los acreedores, que reclaman unos 200 millones de dólares de deuda, solicitaron desistirse del proceso a la jueza del concurso, Ruth Haggi Huerta.

Pues bien, no fueron los acreedores, en este caso Prudential, MetLife y Cigna, sino los propios accionistas de Dolphin, porque resulta que Albor no es el accionista mayoritario, sino el administrador.

Hace unos días en la Ciudad de México se realizó una asamblea en la que los dueños de 99% de las acciones de Dolphin, esto es el Fondo Leisure Investments de Estados Unidos, desconoció precisamente a Albor.

Este organismo empresarial es propietario de 100% de Controladora Capital y, a su vez, 99% propietaria de Controladora Dolphin a través de un fideicomiso radicado en CiBanco (banco “Verde” que ofrece créditos preferenciales a negocios responsables con el medio ambiente, con proyectos en energías renovables y construcciones sustentables y empresas comprometidas a reducir su huella medioambiental), que encabeza Mario Maciel.

Hasta donde se sabe, The Dolphin Company es una familia de Delfines número uno en el mundo y mayor operador de Parques en América Latina: 30 Parques y Hábitats de Delfines en ocho países y dos continentes, que atraen la experiencia de su vida a más de 2 millones de visitantes anuales.

Entre otros, promueve el cuidado del medio ambiente a través de interacciones únicas y personales con animales, embajadores de la naturaleza, en tanto contribuimos a la conservación del planeta y cuidado de los animales en vida silvestre a través de la investigación, educación y centros de rescate.

La empresa cuenta con 30 sedes, que incluyen parques naturales, acuáticos, temáticos y hábitats de delfines, con instalaciones en Estados Unidos, México, Argentina, las Islas del Caribe e Italia, donde crean experiencias a visitantes de todas las edades, a la vez de concientizar sobre la conservación y cuidado del medio ambiente.

Ahora bien, Albor y Leisure Investments entraron en conflicto por la operación de la empresa y la decisión del concurso mercantil, lo que llevó a los segundos a quitarle la administración y operación de Controladora Dolphin.

El viernes, ante este contexto, los representantes legales del fondo acudieron a las oficinas, con la orden de la asamblea, en la que destituyeron a su socio y una orden judicial del Juez 10 Civil de la CDMX.

Sin embargo, no bien terminaban de tomar las oficinas y resguardarla con gente de su seguridad, cuando Mara Lezama envió por la madrugada un contingente de policías estatales y de la Fiscalía que, sin orden judicial, los desalojó por la fuerza en la Supermanzana 13 de Cancún, entre las calles Banco Chinchorro y Acanceh.

En efecto, elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal participaron en el operativo. Hasta el momento, no se ha emitido ningún comunicado oficial que detalle las razones o resultados de la acción legal.

Otra vez la Fiscalía del cuestionadísimo Raciel López, al servicio de vaya Usted a saber qué interés -menos del de los quintanarroenses, está visto-, protagonizó ese tercer golpe de las autoridades quintanarroenses contra los intereses privados.

De forma extraoficial, se mencionó que la diligencia podría estar relacionada con una disputa legal entre socios del corporativo, lo que habría motivado la desocupación forzada del inmueble, según confirmaría un representante administrativo del edificio intervenido.

Otras versiones no oficiales señalaron que, en días recientes, se habría denunciado el robo con violencia de un automóvil de lujo, supuestamente ingresado a las instalaciones de The Dolphin Company, aunque el caso no había sido vinculado directamente con la diligencia judicial del sábado.

Con todo, como se ha vuelto costumbre del Gobierno del Estado y de la Fiscalía, hasta ahora no se había informado sobre el verdadero alcance del procedimiento legal, ni dado a conocer los cargos específicos investigados en el inmueble intervenido.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 48 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

       Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.