¡Oportunidad de Mara de aclarar su fortuna!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Salvo
el caso de su antecesor Carlos Joaquín, que de nada sirvió, la gobernadora
Verde, Mara Lezama, jamás aclaró, al menos hasta donde sabemos, el resultado de
su declaración patrimonial en “3 de 3” en mayo de hace cuatro años, pues sigue
muy cuestionado no sólo el origen, sino su cuestionada fortuna desde que fuera
alcaldesa de Benito Juárez.
En
efecto, en abril de 2018, por primera ocasión en la historia de Quintana Roo, 100%
de los funcionarios del Gobierno del Estado, al igual que el propio Carlos Joaquín,
cumplieron con su declaración patrimonial, en lo que sería la alternancia policía,
del “cambio”, que siempre había encabezado previamente el PRI, al que relevaría
la “mancuerna” PAN-PRD.
Esta sería la segunda
oportunidad, ya que previamente, esto es en abril de 2016, entonces como
candidato a la gubernatura, el ahora cuestionado cónsul de México en Canadá también
presentó su declaración, en esa ocasión de 3 de 3, cuando declaró vuelos por un
millón de pesos y vehículos para traslados terrestres “como donativos”, así como
de cinco vehículos: Tres camionetas Chevrolet Suburban, una Toyota Sequoia y
una Dodge Durango.
Sin embargo, sobre la declaración
de Mara Lezama, de 2021, nunca se supo ni se sabe de su contenido, y de ahí las
fundadas sospechas sobre su cuestionada fortuna.
A
menos de un mes de la elección a la gubernatura de Quintana Roo, esto es el 11
de mayo 2022, sólo dos de los aspirantes al cargo habían presentado su 3 de 3
que, se sabe, buscaba la promoción de la transparencia, integridad y ética
pública entre los candidatos de los partidos políticos.
Mara
Lezama, de la alianza Morena-PVEM-PT-FPM, y José Luis Pech Várguez, de
Movimiento Ciudadano, eran los únicos abanderados a la gubernatura que habían
publicado su declaración patrimonial, su declaración de intereses y su
declaración fiscal, en la plataforma de la Iniciativa 3 de 3 por la Integridad
del Observatorio Electoral, promovido por el Instituto de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales.
En
tanto, las candidatas Laura Fernández Piña, de la alianza PAN-PRD-CPQR, y
Leslie Hendricks Rubio, del PRI, así como el candidato del partido local MAS,
Josué Nivardo Mena Villanueva, no habían presentado información para publicar
en el portal.
En
el caso de las candidaturas a diputaciones, sólo tres aspirantes lo habían hecho:
Candelaria Raygoza Alcocer, candidata de la alianza PAN-PRD-CPQR en el distrito
15 de Chetumal, la candidata del MAS del distrito 11, de Cozumel, Margarita del
Rosario Vázquez Barrios, y el de Movimiento Ciudadano por el distrito 2, de
Cancún, Antonio de Jesús Tun Yam.
Como
referencia al 12 de mayo de 2011, Mara Lezama, entonces candidata a la
presidencia municipal de Benito Juárez, era la única mujer en presentar su
declaración 3 de 3, destacaría el Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Anticorrupción del Estado.
Una
semana antes, la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial habrían invitado
a siete aspirantes a esa alcaldía a firmar los compromisos anticorrupción e
instaron a presentar sus declaraciones 3 de 3, para lo cual se integraría una
agenda ciudadana entre empresarios, sociedad civil, para lo cual se invitaría a
los candidatos, a quienes se les leyó una agenda y permitió exponer sus planes
de trabajo.
Por
cierto, coincidente con la declaración patrimonial de Joaquín González, a través
de la plataforma #3de3, también lo hicieron -también en forma pública- los entonces
mandatarios de la Ciudad de México, Oaxaca, Zacatecas, Puebla y Nuevo León, curiosamente
los que tenían mayores activos, en bienes o ingresos, “por lo menos” sólo hasta
2017.
En
revisión a la documentación de 27 que de manera voluntaria -leyó Ud. bien Mara
Lezama- hicieron pública no solo su declaración patrimonial, sino fiscal y de
intereses, Miguel Ángel Mancera (PRD), Alejandro Murat (PRI), Alejando Tello
Cristerna (PRI), Antonio Gali (PAN) y el independiente Jaime Rodríguez Calderón
ocupaban los primeros cinco sitios como los mandatarios con mayores posesiones,
al reportar bienes inmuebles por entre 15 y 43 millones de pesos.
Según
la plataforma, promovida, reiteramos, por el Instituto Mexicano para la
Competitividad y Transparencia Mexicana, Mancera era el mejor posicionado de
entre 27 mandatarios que declararon sus bienes, al reportar 8 inmuebles (cuatro
en copropiedad) por 43.5 millones de pesos, cifra mucho mayor a lo declarado
por cualquiera de sus homólogos.
Además
de ingresos anuales por 1.5 millones de pesos, de los cuales poco más de un
millón era por su cargo (el resto derivaba de actividades financieras y
servicios profesionales), poseía inmuebles en las delegaciones Magdalena
Contreras, Cuajimalpa, Benito Juárez y Cuauhtémoc, así como un departamento en
Acapulco, Guerrero.
El
más costoso era un local en Cuajimalpa, por 11.5 millones de pesos que reportó
como “donación”, único de este tipo, los otros siete los compró de contado.
El
segundo lugar lo ocupaba el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa,
quien entregó su documentación en calidad de candidato en abril del 2016, por
lo que se desconocía su salario en esa fecha, cuando reportó ingresos netos
anuales superiores a 7.6 millones de pesos como director general en el Infonavit,
cifra superior hasta en 5 millones al sueldo de cualquier miembro del gabinete federal.
Además,
dijo ser propietario de 9 inmuebles por 22.5 millones de pesos, todas pagadas
de contado y cinco en copropiedad. Según oficios, cinco estaban en la Ciudad de
México, dos en Puebla, y otras dos en Oaxaca, aunque informó sobre dos cuentas
bancarias con saldo mínimo de 1 millón de pesos; menaje de casa y obras de arte
por 1.7 millones en joyas, y un Volkswagen por 850 mil pesos.
Zacatecas
tenía en Alejandro Tello Cristerna a uno de los mandatarios más acomodados de
México, con una casa, un departamento y una “finca urbana” por 18 millones 952
mil pesos. El inmueble más costoso era en la delegación Miguel Hidalgo: Un
departamento de 203 m2 valuado en 8.8 millones.
Su
declaración patrimonial tampoco estaba actualizada, por lo que el ingreso
reportado no correspondía al de gobernador, sino a su cargo anterior, como
senador priista, por 1.8 millones anuales.
El
cuarto en el orden era el gobernador de Puebla, Antonio Gali Fayad, quien tenía
uno de los sueldos más “bajos” entre mandatarios, con 132 mil 926 pesos anuales,
más 225 mil pesos que dijo percibir por actividad financiera. También ex alcalde
poblano en 2014 y ex secretario de Infraestructura estatal, declaró seis
inmuebles en copropiedad de su cónyuge por 16.7 millones de pesos, incluyendo
cuatro terrenos y dos casas, la de mayor valor en San Andrés Cholula, de mil 69
m2, por 15.7 millones.
Asimismo,
registraría menaje de casa y joyas por 3.5 millones de pesos y, al menos, 1.5
millones en bancos, así como un Dodge 2006, de 1 millón.
También
se sumaba a la lista el después preso ex gobernador independiente, “El Bronco”
Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León por casi dos años, sin actualizar la
información, por lo que su documentación no incluyó su salario.
Sin
embargo, informó sobre nueve inmuebles que poseía dos años antes, por 15.5
millones de pesos, entre ellos un ejido en el municipio de García (de 80 lotes),
por 8 millones de pesos, comprado en efectivo entre 2007 y 2010.
El
ex funcionario había sido diputado federal del PRI, diputado local y presidente
municipal de García, además de poseer un terreno de 8 mil metros2 en ese municipio,
con valor de 1.2 millones de pesos adquirido a crédito, así como 80 hectáreas en
Paredón, Coahuila, por 2.4 millones.
Los
que faltarían fueron los mandatarios de Baja California, Chiapas, Coahuila,
Nayarit y Tabasco, que decidieron no hacer públicas sus declaraciones en 3 de
3, por lo que Francisco de la Madrid, Manuel Velasco, Rubén Moreira, Roberto
Sandoval y Arturo Núñez no entrarían al comparativo.
Y
ya que hablamos del sólo famoso 3 de 3, y sin abundar sobre el tema, a más de
una semana de convocar los comités de participación ciudadana del Sistema
Nacional Anticorrupción a los candidatos a un puesto en el Tribunal de
Disciplina Judicial a presentar públicamente esa declaración, ¡ni uno lo había
hecho!
Lo
cierto, es que Mara Lezama, de ser sólo objeto de una “guerra sucia”, como ella
objeta, tiene en sus propias manos la oportunidad de que no se siga
cuestionando su incalculable riqueza, “simplemente” con hacer pública su
declaración patrimonial que, puede estar segura, nadie le va a robar ningún
centavo y dejará de ser objeto de “sospechas”.
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito
para el autor)
Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Comentarios
Publicar un comentario