Más de 400 millones de m2, ¡de 36 terratenientes!

                                                                                Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

En lo que se ha convertido en un verdadero escándalo, tan sólo 36 personas, principalmente políticos, ex funcionarios y empresarios, poseen más de más de 400 millones de metros cuadrados -39 mil hectáreas- en unos 63 mil ejidos de propiedad social en zonas turísticas de alto valor comercial, bosques y selvas, así como áreas naturales protegidas del país.

Conforme a una investigación del Registro Agrario Nacional, que reveló La Jornada el sábado último y que circula profusamente por redes sociales, los mencionados terrenos están destinados al mercado inmobiliario para la construcción de fraccionamientos y viviendas de alta plusvalía o proyectos mineros.

El documento de 160 páginas, define el caso como “un expolio - robo, estafa, fraude, despojo, usurpación, privación, expropiación, confiscación- de la propiedad social”, enfocado “a grandes acaparadores de tierra de propiedad social y lo que distingue a los mayores acaparadores es su cercanía con fuentes de financiamiento… Ese poder económico casi siempre está ligado al político local, en algunos casos al nacional. No se puede entender la actuación impune si no existió algún tipo de colusión con quienes pueden tener acceso a los trámites”.

Las formas de adquisición por parte de esos terratenientes -incluso acusados de despojo-, son. entre otros, prestanombres, falsificación de documentos, contratos leoninos, cooptación y amenazas a las asambleas ejidales, así como complicidad de funcionarios de los tres niveles de gobierno. Así, han acaparado grandes extensiones de tierra aprovechando la tendencia privatizadora salinista del campo, en 1992.

 El documento del RAN -con datos a 2024- indica que, mientras 18 personas poseen 31 mil 473.8 hectáreas en 21 mil 695 parcelas, útiles para actividades agropecuaria o forestal, otras 18 concentran 7 mil 529.9 hectáreas en 41 mil 385 predios para urbanización y construcción de vivienda.

Concluye que los responsables de estas actividades pueden haberlas realizado individualmente o en grupo, y que es tal su sofisticación y cinismo, que se amparan. El acaparamiento de grandes superficies en ejidos del país es el principal factor de afectación y disminución de propiedad social, dice.

Destaca los casos de su ex delegado en Yucatán, Antonino Almazán Arteaga, militante del partido Verde, poseedor de 5 mil 145 parcelas en 12 núcleos agrarios, con 3 mil 63 hectáreas en 10 municipios de Yucatán, Quintana Roo, Jalisco y Campeche, por más de mil 200 millones de pesos.

De esa superficie, en 442 hectáreas de Progreso, Yucatán, con Almazán Arteaga -a quien Peña Nieto condonó una deuda fiscal de 27.5 millones de pesos- es cotitular y habría demandado a ex delegado del RAN en Quintana Roo, el artista plástico Carlos Alberto Génova Gamboa.

El nuevo terrateniente es un capitalino avecindado en Yucatán y considerado segundo acaparador de tierras, pues posee 4 mil 236 parcelas en cinco municipios de ese Estado y en Quintana Roo, con 541.1 hectáreas, pero es sobrino de Emilio Gamboa Patrón, ex coordinador de diputados del PRI.

El estudio incluye al ex comisariado ejidal, el priísta Miguel Velázquez Nieva, veracruzano con 491 parcelas en 13 municipios de Campeche, Michoacán, Durango, Yucatán y Quintana Roo, con mil 644.8 hectáreas; la FGR lo señaló como presunto operador de una empresa “fantasma” para desviar recursos en el sexenio de jarocho Javier Duarte de Ochoa, preso en 2017.

También figuran Moisés Rafael Mizrachi Nizri, con 2 mil 387 parcelas en dos municipios de Yucatán, con 249.4 hectáreas, y el “ejidatario” Fernando Francisco Javier Ponce García, -748 predios en Holbox-, con 653.9 hectáreas, pese a ser dueño de Bepensa, embotelladora de Coca-Cola en Yucatán, y acusado de despojo de derechos ejidales, y el empresario Eduardo Antonio Tricio Sierra -31 parcelas en tres municipios de Coahuila y Durango-, con mil 408.8 hectáreas. Su familia es propietaria de Grupo Lala.

El estudio del RAN, según La Jornada, incluye a acaparadores de solares, que prefieren este tipo de posesión porque se les asigna gratuitamente, sin ningún impuesto y se venden en menor plazo que las parcelas.

Así, el Registro Agrario identifica al ya desaparecido Ausencio Dávila López como el mayor acaparador en este rubro, con 5 mil 186 solares 4 mil 502.7 hectáreas en Quintana Roo, aunque la información sobre él sigue en revisión.

Otro terrateniente es el “abogado” veracruzano Rafael Acosta Solís, con 3 mil 867 solares, en 995.08 hectáreas en cinco municipios de Yucatán, y llama la atención por haber sido sub procurador de Justicia en ese Estado. También figura el comerciante Antonino Cascio González, quien, además de estar en la lista de principales acaparadores de parcelas, lo es también de 2 mil 951 solares en cuatro municipios de Yucatán, con 168.05 hectáreas.

Finalmente, se incluye Lorenzo Adalberto Rodríguez Carlos, quien acumula 2 mil 995 solares con 638.2 hectáreas en Yucatán, y está relacionado con el gobernador panista de ese Estado, Mauricio Vila Dosal.

Y que conste que no hablamos de Marybel Villegas… ni de la gobernadora Verde, Mara Lezama, porque luego dirá que es una “guerra sucia” de bots por los que pagan mucho dinero.

¡Feliz inicio de la Primavera!

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 48 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

       Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.