¡Un “baile” de recursos, en el DIF-Estatal!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

         Si bien, los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia son organismos públicos encargados de coordinar los sistemas de asistencia social en México, o sea realizar un conjunto de acciones para mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad, se supone, el caso de Quintana Roo es realmente excepcional.

         Por todos lados se encuentran personas en esas o peores circunstancias en la calle, pero del DIF sólo se conocen suntuosidades, carros elegante o funcionarios con mucha lana porque, en términos generales, se suele colocar al frente a la pareja o cónyuge de los gobernadores o del presidente de la República, dado que, se supone, son cargos honoríficos.

         De ahí que mucha gente suela denominarlo como institución, cuando que, en realidad, es una dependencia más de gobierno, con presupuestos reales que conocen los mandatarios y toleran su libre ejercicio -y los presidentes del DIF-, junto con los innombrables ingresos de sus funcionarios, a lo que se suman sus inconfesables ejercicios presupuestales, como es el caso del DIF-Quintana Roo.

         Pero aquí no crea Usted que el cónyuge de la gobernadora Mara Lezama, Omar Terrazas García, se dignó colocarse al frente, en la presidencia, sino que prefirió dedicarse a buscar las luces de los reflectores como artista.

Quien dio la cara por él, mejor dicho, a quien prefirió la mandataria, es Abril Cristina Sabido Alcérreca, a quien nombró en septiembre de 2022 como directora general, y apenas lo puso en sus manos, le triplicó el presupuesto, de 550 millones de pesos en 2022, a mil 580 millones en 2023, mientras el año anterior disminuyó a mil 490 millones, 90 millones menos.

Para este 2025 le destinó 876.8 millones de pesos, o sea se lo redujo tras ser exhibidos constantemente sus gastos, y no precisamente por aquello de una falsa austeridad o porque los “maiceados” diputados locales se hubieran atrevido a ser honestos, tras tolerar pachangas y sospechosas compras de juguetes.

En efecto, como atinadamente consigna el portal de El grillo de Chetumal, con Abril Cristina al frente del DIF-Estatal, y con su presidenta “honoraria”, Verónica Lezama Espinosa, casualmente hermana de Mara Lezama, proliferaron los contratos para la compra de juguetes de dudosa calidad, así como la imposibilidad de determinar si se entregaron en las cantidades estipuladas, y menos de rastrear su recepción o entrega.

Así, entre los contratos de la primera, destaca el celebrado con Devante Comercializadora de Suministros, a la que pagó 12 millones de pesos por juguetes para el Día de Reyes 2024, mientras que este año cambió de proveedor, con Gluckli, SA de CV, por 11.9 millones.

El común denominador de los contratos es que no especifican el tipo de juguetes, características, calidad ni marca. De manera genérica, el contrato de 2024 sólo dice que se entregaron 7 mil 500 juguetes de niña y un número igual para niños, lo que se repitió este año, cuando Gluckli supuestamente entregó igual cantidad para niñas y para niños.

Aunque el DIF negó vía “transparencia” contar con algún contrato de compra de juguetes en 2025, existen copias del mismo. El de Devante Comercializadora de Suministros se firmó el 5 de enero, es decir, un día antes de entregarlos.

El mayor gasto fue en la compra de los 7 mil 500 juguetes de niña, cada uno con un costo de 577 pesos, para un total de 4.3 millones de pesos, y otro tanto para niños con el mismo valor y costo. En total, el DIF gastó 8.6 millones en juguetes “genéricos”, además de recibir bicicletas, carros eléctricos y scooters.

Cabe señalar que el primer contrato fue por adjudicación directa, a esa empresa constituida en diciembre de 2020 ante el cuestionado notario público de Campeche, Jaime Antonio Boeta Tous, denunciado por estar involucrado en la venta fraudulenta de terrenos en Tulum y con domicilio en una casa abandonada.

Por su parte, en el segundo contrato se repite el esquema, aunque la empresa anexó fotografías de los juguetes, a simple vista baratijas chinas.

En respuesta a solicitud de información 231413800000425, el 5 de febrero último, DIF-Estatal, con todo, negó la adquisición de juguetes y la existencia de algún contrato, según Gloria Verónica Buenfil Silva, directora de Recursos Materiales de la dependencia:

No obstante, la propia funcionaria firmó el segundo contrato, con lo que se refuerza la hipótesis de que el DIF desvía recursos a través de un esquema que incluye la supuesta compra de bienes de los que no se detalla calidad y de los que es imposible rastrear su entrega. Otra funcionaria que firmó el contrato es Verónica del Pilar Zavala Pérez, el 3 de enero último, para que los juguetes se entregaran dos días después.

Ahora bien, Gluckli es una sociedad constituida en diciembre de 2009 en la Ciudad de México, y ha recibido múltiples contratos con dependencias de la capital del país y el Estado de México, por lo que en 2024 es del padrón de proveedores del municipio de Tlalnepantla, donde provee artículos de limpieza, uniformes, refacciones y productos farmacéuticos, y su “versatilidad” le ha permitido proveer también maquinaria y equipo industrial, así como equipo de administración y “equipo” de construcción y herramientas.

         Hasta ahí las cosas en torno a “juguetilandia”, aunque a ella se agrega nueva, bien documentada denuncia del portal Información sin límite Quintana Roo, en el sentido de que Mara Lezama gastó más de 7.3 millones de pesos para divertir a sus amistades con impuestos de los quintanarroenses, a través del DIF-Estatal.

         Al igual que en el caso anterior, subrayó que, Abril Cristina y Verónica Lezama, bajo protección de Mara Lezama, han hecho de las finanzas del DIF-Estatal un “barril sin fondo” y aprovechado su cargo, como en otras administraciones, divirtiéndose a costillas de los quintanarroenses.

Con el pretexto de recaudar fondos, que sabrá Dios cómo y en qué se invierten, Abril Cristina inyectó más gastos a los bailes desde su arribo a la dependencia, aunque presume que los ingresos son para supuestos programas de asistencia social y cubrir las necesidades de casas-hogares, pero, por lo que se ve, le sale más caro el caldo que las albóndigas.

Por ejemplo, el año anterior el DIF gastó 9.4 millones de pesos para ese “baile”, de los que sólo consiguió recuperar unos 1.4 millones, mientras que este año el mismo chiste costó a los quintanarroenses ¡más de 7.3 millones!, de los que se recuperaron 1.5 millones, con una pérdida de ¡más de 5.7 millones de pesos!

Tan sólo para el "Baile de la acuarela 2025”, el DIF-Estatal gastó 3.9 millones de pesos en servicio artístico, según oficio SDIF/DOGSDIF/SDGAA/DR MSGA/DAD/0668/2025, mientras que, bajo oficio 0669/2022, erogó poco más de un millón de pesos para servicio de “Rider”.

Asimismo, por adjudicación directa, contrató servicio de hospedaje, vuelos, transporte, catering y camerinos por casi 2.4 millones de pesos, a lo que habría que sumarle la renta del local donde se organizó el evento y la compra de bocadillos y bebidas.

Lo que es peor, este baile lo organizó el Gobierno del Estado para diversión de un grupo élite, pues, por venta de bocadillos, sólo se recuperaron 13 mil pesos, y en la de mil 414 boletos, 1.5 millones, aunque, como bien señala Información sin límite, tiembla la mano a los organismos fiscalizadores para auditar estos recursos, y a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, investigar lo desvíos del DIF-Estatal.

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 48 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

       Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.