Senado, ¡desnudado por la
oposición!
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Tuvo que ser la verdadera oposición la que pusiera
en su lugar al Senado que, más convertido en pasarela política para los
aspirantes de cada Estado, sirve para todo, inclusive engrosar las billeteras
de sus miembros, excepto para lo que debiera, en teoría canalizar las
inquietudes de quienes hicieron posible que llegaran al poder y representar los
intereses del país.
Irónicamente, las que exhibieron
otras oscuras aristas de ese órgano, en el que -al igual que en la Cámara de
Diputados-, para variar, el PRI es el que manda y dice cómo y qué se hace,
aprueba, desecha, oculta o compra, ahora, para acabarla de amolar, de nuevo en
complicidad con su supuesto enemigo del PAN, que preside la Mesa Directiva, son
dos mujeres.
Apenas el martes, la senadora
Independiente, Martha Tagle Martínez, desnudó al Senado en su proyecto para
reformar las leyes General de Acceso a las Mujeres a un Vida Libre de
Violencia, en Materia de Delitos Electorales, de Instituciones y Procedimientos
Electorales, y de Partidos Políticos.
Convertida en “coco” de los
oficialistas, la campechana del PT, Layda Sansores, se encargó el jueves de
ponerle un nuevo clavo al ataúd del Senado en la discusión de los dictámenes de
las Comisiones de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, y de
Relaciones Exteriores, Europa, que proponían ratificar nombramientos de
personal diplomático.
Prácticamente al término de una inconclusa sesión
ordinaria, que inusualmente tuvo una duración de casi seis horas y concluyó
abruptamente ¡por falta de quórum!, Layda puso de manifiesto una serie de
irregularidades en una votación “fantasma” de senadores afines -llámense PRI,
Verde, Panal- para aprobar las propuestas de Peña Nieto en materia diplomática.
Por su parte, Martha Tagle demostró la indiferencia
del Senado hacia la mujer con pruebas tangibles, a las que la presidenta de la
Mesa en turno, la panista Rosa Adriana Díaz Lizama, nada pudo objetar, entre
otros que el 29 de enero del 2015 la precandidata a diputada
federal por el propio PAN de Morelos, Gabriela Pérez Cano, sufriera un ataque
en su domicilio, durante el cual sus agresores se llevaron objetos de valor y
documentos importantes.
Además,
le dejaron un mensaje: “Abandona la candidatura”, a través de la agresión a su
hijo, de 14 años de edad.
El
8 de marzo de 2015, el Instituto Nacional de las Mujeres se sumó a la
indignación que provocó el gobernador de Baja California, Francisco Vega de
Lamadrid, cuando, en el marco del “Día Internacional de las Mujeres”, manifestó
que, éstas “Están rebuenas todas para cuidar niños, atender la casa para cuando
uno llega”.
En
lo que constituyó la máxima expresión de violencia política, la precandidata
del PRD en Guerrero, Aidé Nava Gonzáles, fue encontrada decapitada el 10
de marzo del 2015 en las inmediaciones del poblado de Tecoanapa, un día después
de haber sido secuestrada durante un acto político.
Por
si fuera poco, el 30 de abril de 2015 aparecieron en Hermosillo, Sonora, mantas
con la frase: “Las mujeres como las escopetas, cargadas y en un rincón”. En abierta
alusión a la participación de las mujeres en la política, mientras que 12 días
después, la candidata del PT a la alcaldía de Ecatepec, Jessica Salazar Trejo,
denunció agresiones, amenazas e intento de secuestro el 11 de mayo en la
colonia Alboradas de Aragón.
La
candidata del PRD a diputada en Guerrero, Silvia Romero Suárez, fue secuestrada
el día 12 de mayo por la tarde y liberada un día después. Estaba en campaña por
los municipios de Arcelia y Tlapehuala, hecho que condenaron el Instituto
Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal y el
Instituto Nacional de las Mujeres, que denunciaron que la violencia de género
es práctica cotidiana en México.
El
19 de mayo del 2015 se denunció la agresión de dos brigadistas del equipo de
campaña de la candidata a la presidencia municipal de Cuernavaca, Maricela
Velázquez Sánchez, detenidos y golpeados por policías del Mando Único cuando
repartían propaganda electoral.
En
tanto, el 11 de julio del 2015 la candidata del PAN a la alcaldía de Reforma, Chiapas,
Yesenia Alamilla Vicente, fue interceptada, detenida y golpeada por un grupo de
encapuchados cuando se dirigía a Tabasco, según le dijeron, como mensaje del
candidato del Verde “Ecologista”, Herminio Valdez Castillo.
Más,
aun, el 24 de julio, una candidata del PAN en Chiapas, denunció haber sido
víctima de violación el 27 de junio en su propio domicilio del municipio de
Reforma, se sabe, por participar en las elecciones, ya que su agresor lo dijo:
“Esto le pasa por estar en la planilla”.
Este
mismo año, el 2 de enero, la presidenta municipal de Temixco, Gisela Mota, fue
asesinada en su domicilio un día después de asumir el cargo, mientras que el 25
de febrero, amenazaron a la precandidata del PAN a la alcaldía de
Aguascalientes, Hilda Medina Macías, a quien dejaron una corona de muertos a las
puertas de su casa.
Estos
son sólo algunos ejemplos de lo que les sucede a las mujeres en la política, independientemente
de su partido o localidad, en una situación por la que viven hoy las mujeres
políticas.
Con
todo, en el Senado llevan dos años sin avanzar en el dictamen que finalmente
tipifique el acoso y la violencia política en razón de género. Algo estamos
haciendo mal, diría Martha Tagle, cuya iniciativa coloca en la picota
pública esa violencia como un fenómeno que viven al acceder y ejercer sus derechos,
exponiendo las prácticas enraizadas y prevalecientes que se traducen en torno
al género en interseccionalidad reforzando comportamientos sociales y políticos
discriminatorios que debilitan su democracia.
Por
si fuera poco, en materia de violencia política se han realizado múltiples
aportaciones al Senado durante la LXII y LXIII Legislaturas, entre otras
iniciativas de las senadoras Lucero Saldaña, Diva Hadamira Gastélum Bajo,
Adriana Dávila Fernández, Martha Elena García Gómez, Angélica de la Peña Gómez,
María del Pilar Ortega Martínez y Marcela Torres Peimbert, así como de la
diputada Maricela Contreras Julián.
Seguramente
cada propuesta enriquecerá y perfeccionará los ordenamientos jurídicos que
hagan efectiva la participación de las mujeres en la política sin
violencia, en el entendido de que derechos humanos y democracia van de la mano.
La
presencia de las mujeres es indispensable para fortalecer nuestra democracia, pues
de otro modo se estaría creando un sistema artificial, anomia, y con ello un
Estado fallido.
La
política constituye uno de los ámbitos sustantivos en el que se expresa la
desigualdad entre mujeres y hombres, con dispositivos y estructuras que restringen
el derecho de las mujeres para acceder y participar de la misma manera que los
hombres en los espacios de toma de decisiones y, en general, en todo ámbito
clave de poder, determinantes en la definición del interés colectivo de la
sociedad.
Así,
la desigualdad de género es uno de los grandes dilemas de nuestra “democracia”,
que no sólo afecta a las mujeres, sino a toda la sociedad, toda vez que implica
inclusión.
La
ciudadanía hace posible que las personas se conviertan en sujetos políticos,
actores en la vida pública, en la toma de decisiones y claves del poder que
determinan el interés público, al tiempo que se vincula con los derechos
reconocidos por el Estado y su ejercicio, por lo que el déficit de la presencia
femenil en esos espacios prueba una inminente crisis de representación y
legitimidad en nuestro sistema político.
Se
les han abierto puertas en el Legislativo, pero falta mucho por hacer en el
Ejecutivo y el Judicial. También se trata de que accedan a la toma de
decisiones en pleno ejercicio de sus derechos, en una vida libre de violencia y
aportando desde su visión lo que corresponde a la democracia.
Martha Tagle concluyó que la
lucha por el pleno reconocimiento de sus derechos, visibiliza la discriminación
estructural enquistada en las instituciones y la cultura política.
Su
iniciativa, tunada a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y
Estudios Legislativos, retoma las prácticas propuestas por el protocolo para
atender la violencia política contra las mujeres, presentadas en el Tribunal
Electoral del Poder Judicial Federal.
Al
menos en teoría, “se trabaja” para atender la violencia política contra las
mujeres. La pregunta es si se deberá esperar más para que el Legislativo lo demuestre,
aunque ya mañana le relataremos qué hace por la democracia ante el
descubrimiento de Layda Sansores.
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita
del nombre de su autor)
*Luis
Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco residente de Chetumal, Quintana Roo,
con más de 39 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y
jefe de redacción de diversos medios de información, ha sido Jefe de
Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado
tres libros.
leg_na2003@yahoo.com.mx
luancaba.qroo@gmail.com
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