¿Narcos en terrenos que vendió IPAE?
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Pese
a que, desde algunos puntos de vista, el tema de la venta irregular de terrenos
de Quintana Roo durante el oscuro sexenio de Roberto Borge no es más que un
“teatro” que se le habría caído al gobernador Carlos Joaquín González, lo
cierto es que involucra ¡95 millones de metros cuadrados!, la mayoría de ellos,
no todos, vendidos a precios menores al 1%, muy por debajo de su valor real.
Lo
anterior surge de una entrevista radiofónica al titular de la Secretaría de
Gestión Pública, Rafael Antonio del Pozo Dergal, quien explicó al periodista Eduardo
Ruiz Healy que Quintana Roo contaba al inicio de la administración borgista con
alrededor de 80 mil hectáreas, de las que el vilipendiado mandatario enajenó unas
9 mil 500, más del 10% del total, lo que implica “un daño patrimonial enorme”.
A la serie de declaraciones de quien fuera secretario del
Ayuntamiento de Benito Juárez durante el trienio de Julián Ricalde Magaña, este
viernes despertamos con la “novedad” de que las irregularidades, para variar
-no podría faltar nunca en este tema- también involucran al tristemente
“célebre” ex gobernador priísta Félix González.
En
efecto, Del Pozo Dergal declaró a El Universal que durante el sexenio del
cuestionado ex mandatario (2005-2011), ahora senador, también se desincorporaron
predios del patrimonio para beneficiar a familiares, entre ellos su hermana
Patricia Jacqueline, quien pagó al IPAE 5 mil pesos por un terreno de mil
metros cuadrados en Tulum, pese a que su valor catastral era de 500 mil pesos.
Reproducida
por Diario de Yucatán, la información señala como probables responsables del
daño patrimonial a las ex directoras del IPAE, Gina Ortiz y Claudia Romanillos,
pues el 18 de marzo de 2011, un mes antes de que Félix González dejara el
cargo, la primera aprobó una “indemnización por afectación” a favor de
Industria Cozumeleña de la Construcción para cederle gratis un predio de 647
metros con valor de 161 mil 932 pesos.
La lista de grandes beneficiarios por el “remate” del
patrimonio en siete de los 11 municipios de Quintana Roo incluye políticos,
empresarios, funcionarios, amigos, familiares y hasta empleados de Roberto
Borge, a quienes se denunció ante la Fiscalía General del Estado y la PGR
Por
ejemplo, aparece la madre del ex gobernador, Rosa Yolanda Angulo Castilla, quien
adquirió tres predios de 4 mil 432, 111 mil 763 y 2 mil 498 metros cuadrados,
respectivamente ¿Procederá el Fiscal Carlos Arturo Álvarez Escalera contra la
madre de su ex patrón?
El
abogado de la familia Borge y socio de “Impulsora Marítima del Caribe”, César
Celso González Hermosillo y Melgarejo, también se incluye en las denuncias, así
como en la que interpuso en septiembre la organización Somos tus Ojos contra
Borge por enriquecimiento ilícito y peculado sobre 34 terrenos públicos.
El
3 de marzo de 2014, junto con Franco González y María Lourdes Pinelo Nieto, secretaria
de Roberto Borge Martín -padre del ex gobernador- y socia de González
Hermosillo y Franco González, constituyeron la empresa “Caracol 65” para
compra-venta de inmuebles, así como el desarrollo inmobiliario, beneficiada con
diversos del IPAE, según investigó Fabiola Cortés, presidenta de Somos tus
Ojos.
Lamentablemente, para la transacción del patrimonio no se
requiere autorización del Congreso del Estado, sólo del IPAE, como si se
tratara de un trato entre particulares, lo que agrava el tema de las
operaciones, ya que las 9 mil 500 hectáreas enajenadas equivalen a 6 veces la
zona hotelera de Cancún o 24 veces la superficie total del municipio de Isla
Mujeres.
Ahora
bien, lo que demanda el gobierno de Carlos Joaquín es que la PGR investigue la
procedencia de los recursos que implicaron sospechosas operaciones vinculadas,
entre ellas de la naviera que controla la familia de Roberto Borge.
Entre
los temas con los que algunos medios han creado controversia se incluye el
volumen de inmuebles involucrados, ya que Del Pozo Dergal habló sólo de 850
hectáreas vinculadas entre compradores y la familia del ex mandatario, aunque
recalcó que sólo se trataba “de las primeras”.
Asimismo,
se cuestiona que el funcionario habría dicho que ninguna operación habría sido
delictiva, aunque, según la entrevista, diferencia el tipo de responsabilidad
de las operaciones entre administrativas, resarcitorias y penales, la primera
no constitutiva de delito, que se sanciona de manera diferente.
Así,
el Gobierno de Quintana Roo habría presentado las penales por conllevar
conductas delictivas, ya que existiría un “modus operandi” que se podría
analizar desde la perspectiva delincuencia organizada, sobre la que se ignora
cuántos compradores o nombres estarían involucrados, aunque se trata de alrededor
de 20 personas entre físicas y morales pertenecientes a un círculo muy cercano
a Roberto Borge.
Se
trata de terrenos agrestes sobre los que recién concluyeron los levantamientos
y avalúos sobre las áreas ya denunciadas que, por cierto, desde el 2011 habría
comenzado a vender el ex mandatario hasta salir, con lo que cada uno de sus 5 años
vendió el equivalente a una zona hotelera de Cancún.
Ciertamente,
con sobrada razón el 2 de agosto último, unos dos meses antes de concluir su
“administración” Roberto Borge decretó la desaparición de la Unidad de
Transparencia de Quintana Roo, donde, al igual que en el malogrado sexenio de
Félix González, existió de todo, ¡excepto transparencia!
Si
de opacidad se trata, el diputado panista Fernando Zelaya Espinoza informó que
analizan el estado de las obras que licitó la Secretaría de Infraestructura y
Transporte durante el sexenio borgista, esto ante supuestas irregularidades
como tráfico de influencias, desvío de recursos y facturas infladas.
Así,
ejemplificó licitaciones a favor del consorcio Grupo Desarrollador Rumega,
empresa que se constituyó apenas un mes después del inicio del sexenio del
cozumeleño, en cuyos primeros siete meses Sintra le entregó 10 licitaciones.
¡Otra manchita más al tigre!
Ahora bien, será interesante conocer al final de3 cuentas
los nombres de TODOS los involucrados en las transacciones de inmuebles del
IPAE, ya que no pocos coinciden en involucrar a personajes de la política
relacionados con el equipo de Carlos Joaquín, entre ellos el mismito Secretario
de Gobierno, el panista Francisco López Mena.
¿Lo desmentirá el funcionario?
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita
del nombre de su autor)
*Luis
Angel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad
Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace
29 años, con más de 39 años como reportero, jefe de información, editor y jefe
de redacción de diversos medios de información, ha sido Jefe de Información de
dos gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado cuatro libros.
luancaba.qroo@gmail.com
http://facebook.com/luisangel.cabanas luisangel.cabanas@facebook.com
@legna2003
http://luisangelqroo.blogspot.mx
Comentarios
Publicar un comentario