Transparencia en OPB, ¡a prueba!
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
A pocos días de vencer el término
para observaciones en torno a la entrega-recepción del Ayuntamiento de Othón P.
Blanco, la ex titular de la Secretaría General de la Comuna, Claudia Granados
Méndez, se convirtió en la nueva prueba de fuego para el presidente municipal
capitalino, Luis Torres Llanes, tras ponerse de manifiesto su responsabilidad
en otorgar permisos irregulares para la construcción en un terreno costero.
Se trata de la isla “Cayo Violín”
que, a un costado de Cayo Venado hacia el norte, se oferta en Internet como
desarrollo ecológico estilo Bora Bora o Islas Fiji para algún desarrollo
hotelero de 96 habitaciones, 8 villas y aeropuerto para avionetas y helicópteros,
y que, con una extensión de 130 hectáreas, aparece con valor de 90 millones de
pesos.
Ubicado cerca del Banco Chinchorro,
Mahahual y Chetumal, en “sitios increíbles de mar, lago, vegetación y
selva”, listo para un megaproyecto, el terreno, sin embargo, se ubica en un
área donde está prohibido el uso de suelo o explotación para desarrollo
turístico por tratarse de una Unidad de Gestión Ambiental (UGA)
No obstante, con conocimiento de
causa, la ex colaboradora del priísta Eduardo Espinosa Abuxapqui otorgó los
permisos necesarios a favor de Miguel Almeida (o Armando Almeida) por 4
millones de pesos, cantidad calificada de irrisoria, y de los cuales sólo 2.2
millones de pesos ingresaron a las arcas del Ayuntamiento, sin que hasta hoy se
conozca el destino del saldo.
Nombrada originalmente titular de
la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología por el cuestionado
ex alcalde, Claudia Granados se convirtió sorpresivamente en titular interina
de la Secretaría General de la Comuna el
22 de abril último tras la renuncia del no menos cuestionado Jorge Aguilar
Cheluja.
Durante su relampagueante, cual
“sorpresivo” ascenso político, la funcionaria también asumió la responsabilidad
administrativa de la Policía Municipal Preventiva el 5 de julio, tras que la
Policía Estatal se hiciera cargo de la operatividad de esa corporación a partir
del establecimiento del sistema de Mando Único en la entidad.
Irónicamente, en una criticable maniobra, en
la que también cuenta con el apoyo de Espinosa Abuxapqui, Claudia Granados
buscará este sábado convertirse en presidenta del Colegio de Arquitectos de Quintana
Roo, A.C. Chetumal que, como miembro de la organización Arquitectos
Revolucionarios de México Asociación Civil, encabeza Pedro Chargoy Loustaunau.
Según el
titular de la
Contraloría Municipal del Ayuntamiento, Miguel Palomo Tuyub, la ex funcionaria
es la responsable de la ilegal autorización, ya que, al tratarse de una Unidad
de Gestión Ambiental (UGA) Cayo Violín, debió ser protegida por sus propias características,
amén de no haberse podido ubicar el destino de los 1.8 millones de pesos
faltantes.
Asimismo, se refirió a otro
faltante, ahora de 1.5 millones más, por una serie de autorizaciones de uso de
suelo a la empresa constructora inmobiliaria “Andara” en la zona costera de
Mahahual, recursos que, al menos en teoría, habrían ingresado a las arcas
municipales una semana antes de que tomara posesión Torres Llanes, y cuyo tan
rápido destino se desconoce.
Se sabe que Miguel Almeida (o
Armando Almeida) realizó el pago al Ayuntamiento en septiembre, durante la
administración de Eduardo Espinosa, y que el expediente está en revisión para
deslindar responsabilidades, los cuales podrían ser de tipo penal contra Claudia
Granados Méndez.
Conforme al portal de Internet
www.sigloxxibienesraices.com “Cayo Violín” se oferta como predio de 130
hectáreas con valor de 90 millones de pesos, para una densidad de 10 cuartos
por hectárea en una superficie de 130 hectáreas, cuyo precio unitario por metro
cuadrado es de 69.24 pesos para un tipo de proyecto “conceptual”, con un mejor
precio de la zona y más para su propia isla, que se puede apartar con 10%
firmando promesa de compra.
Otra página de Internet, www.negocius.com.mx,
publicó desde el 24 de mayo del 2016 que el terreno se destinaría para un
desarrollo hotelero ecológico, que cuenta con Reporte Técnico de Impacto
Ambiental, y proyecto de estudio hotelero, donde la profundidad del mar en la
zona es de seis metros, con los arrecifes más bellos y extensos del mundo
después de Australia.
En relación con las otras
observaciones del área de Obras Públicas por autorizaciones de uso de suelo sin
el expediente correspondiente en Mahahual y Chetumal, la ex regidora de la
administración anterior, Verónica Aguilando Gómez, explicó que, con la
modificación del Plan de Ordenamiento Ecológico municipal (POEL), se cambiaron
diversos términos, entre los que pudiera incluirse Cayo Violín, aunque tendría
que analizarse, pues, al parecer, está en la zona prevista para detonación
eco-turística planteada en el anterior trienio.
Según ella, el POEL determina qué
se puede hacer en determinadas UGA, como es el caso de ecoturismo de alta o baja
densidad, así como el número de cuartos posibles de construir por hectárea.
En cualquiera
de los casos, el alcalde Torres Llanes anunció que se aplicará la ley contra
quienes autorizaron ilegalmente el desarrollo de Cayo Violín, en tanto advirtió
que todos sus funcionarios están en proceso de prueba, por lo que nadie tiene
asegurado el cargo.
Ante los recientes señalamientos y
denuncias Fiscalización y Gestión Social, así como en el pago a beneficiarios
del programa de Empleo Temporal, aseguró que no se solapará ningún acto de
corrupción en su gobierno y quienes cometan alguna irregularidad deberán
responder por sus actos.
En este sentido, reiteró que su
gobierno seguirá con una política de honestidad y transparencia para cumplirle
a la ciudadanía con un gobierno cercano, abierto, por lo que quien falle y se
le compruebe alguna irregularidad se le separará del cargo y asumirá las
consecuencias de sus actos.
Así, dijo que se investigan todas
las acusaciones contra sus funcionarios para confirmar o descartar los
señalamientos, aunque que en algunos casos se comprobó que se trata de
trabajadores a los que se les investiga por estar coludidos en corrupción
durante el trienio de Espinosa Abuxapqui, que buscan desestabilizar a su
gobierno con falsas denuncias al ver afectado su interés.
Lo cierto es que el caso de la
aspirante a la presidencia del Colegio de Arquitectos de Quintana Roo se suma a
la nada honrosa lista de funcionarios y ex funcionarios involucrados en lo que
parece ser uno de los negocios más lucrativos de la política, el de los
terrenos, cuya lista encabezan los ex gobernadores Roberto Borge Angulo y Félix
González, aunque recién se incluyó el nombre del secretario general de
gobierno, Francisco López Mena y, ahora se asegura, del propio mandatario,
Carlos Joaquín González.
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita
del nombre de su autor)
*Luis
Angel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad
Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace
29 años, con más de 39 años como reportero, jefe de información, editor y jefe
de redacción de diversos medios de información, ha sido Jefe de Información de
dos gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado cuatro libros.
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