¡Explota “bomba”
taxistas-candidato!
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Con sede en San Francisco, Estados
Unidos, fundado en 2009, pero en México desde abril de 2015, la empresa de
transporte Uber, actualmente en operación en 27 sitios de todo el país, se ha
convertido en un verdadero objeto de escándalo en Quintana Roo, particularmente
para Cancún, y más aún en los últimos días, ya que el PRD lo colocó en la silla
de los acusados.
Contra todo sentido común, el
escenario elegido por el representante “popular” de ese partido, diputado
Emiliano Ramos Hernández, es la naciente XV Legislatura del Congreso del
Estado, donde, pese a las patadas de ahogado del supuesto coordinador, el
panista Eduardo Martínez Arcila, lo que menos existe es precisamente orden.
Resulta que, como bien describe el
periodista Esmaragdo Camaz, con un acarreo masivo de taxistas procedentes de
todo el Estado -que llenaron el recinto parlamentario-, el perredista interpuso
en el Congreso una iniciativa de ley contra los “taxis piratas” y que ya es
llamada Ley Anti-Uber, que prevé de entre 2 y 5 años de cárcel y 30 a 150 días
de multa a quien preste el servicio de transporte sin concesión.
Presidente de la Comisión de
Hacienda, Presupuesto y Cuenta, el cuestionado legislador propuso considerar
esa actividad como delito en la Sección Cuarta, el Capítulo VI Bis, del Título
Primero, con la denominación Delitos contra la Prestación del Servicio Público
de Transporte, así como el Artículo 204-Ter del Código Penal de Quintana Roo.
Miembro de la
coalición PAN-PRD que posibilitó el triunfo de Carlos Joaquín González a la
gubernatura, Ramos Hernández prefirió su proyecto personal de buscar la
presidencia municipal de Cancún a sumarse al proyecto del mandatario de poner
fin a la añeja fórmula de “clientelismo” político que practica tradicionalmente
el gobierno del Estado a través de las placas de taxis.
En efecto,
hasta donde se sabe, el otro “bastión” del Ejecutivo, a través del diputado
Fernando Celaya, trabaja una reforma que restaría al gobernador en turno la
facultad de otorgar libremente las placas de alquiler, a su libre albedrío, y
que éstas se liciten de manera transparente.
El caso es
que hasta hace más de 15 años el sindicato taxista de Quintana Roo era cliente
cautivo del PRI, al que garantizaba voto corporativo elección tras elección,
algo similar a lo que ocurría con otros sindicatos, como los de maestros, en
una medida que el Gobierno del Estado premiaba con placas, tarifas y, sobre
todo, una anarquía e impunidad a toda prueba.
Así, con un
servicio monopólico permitido por las “reglas de juego” el gremio creció
incontrolable -con periodistas incluidos-, hasta convertirse en “monstruo”
incontrolable para las propias autoridades, mucho menos para la dependencia
que, en teoría, regula su operación y concesión de las envidiables placas, esto
es la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra)
En este
sentido, no pocas veces, además de sentirse “dueños” de las calles, los
taxistas se han estado involucrados en robos, extorsión, violaciones y
narcotráfico, algunas veces como cómplices y otras como responsables directos,
aunque también son infinidades los accidentes de tránsito, a veces con víctimas
mortales, en los que los agentes de tránsito los declaran “inocentes” pese a las evidencias en su contra.
Lo cierto es que la muestra más palpable
de esa impunidad tolerada se puso de manifiesto con la aparición de Uber, empresa
internacional que proporciona a una red de transporte a través de un software
móvil que conecta a los pasajeros con conductores de vehículos registrados, que
ofrecen servicio de transporte.
Los “pobres”
conductores de vehículos de esa empresa -no podemos calificarlos de otro modo-
han sido víctimas de las más crueles agresiones, públicas inclusive, por parte
de los taxistas locales que ven roto el monopolio que por muchos años, no sólo
permitió, sino provocó el propio gobierno del Estado que, así como mayúsculas.
LUCRÓ, con las placas, ya no digamos económica, sino políticamente.
Y es que el Artículo
28 de la propia Constitución federal consagra que en México “quedan prohibidos
los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de
impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo
tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria”.
¿Más claro
“diputado” Ramos Hernández?
En consecuencia, sigue la Carta
Magna, “la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con
eficacia toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos
de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios;
todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales,
comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para
evitar la libre concurrencia o la competencia entre si y obligar a los
consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya
una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y
con perjuicio del público en general o de alguna clase social”.
El Gobierno
del Estado, suponemos que hasta hoy, nunca antes había tomado en consideración
este enunciado, ya que extendió hasta 10 y 20 placas a un mismo concesionario,
obviamente políticos en su mayoría, lo que resulta inclusive un insulto para
los llamados “martillos” que han pasado la mitad de su vida en el volante de un
taxi a la espera de una plaquita.
Peor aún, resulta que las propias
autoridades se han hecho de la “vista gorda” en el caso particular de las
agresiones a Uber, ya que los taxistas estarían incurriendo en el grave delito
de delincuencia organizada, similar al de asociación delictuosa, cuando dos o
más personas se coluden para realizar una conducta con fines delictivos, pero
sin niveles de jerarquía entre ellos.
En efecto, existe delincuencia
organizada cuando un grupo de personas se colude para realizar actos delictivos,
pero con una estructura jerarquizada de jefes y “chalanes”.
No obstante, esta diferencia es
importante, ya que en la delincuencia organizada el Ministerio Público cuenta
con mayor tiempo para integrar la averiguación, además de poder solicitar
arraigo e intervenir el Ministerio Público Federal.
En cualquiera de los dos casos, es
evidente la existencia de un delito, mínimo lesiones y daño en propiedad ajena,
aunque, lamentablemente, en el caso que nos ocupa, el Código Penal de Quintana
Roo define en su artículo 181 que “a quien forme parte de manera permanente de
una asociación o banda de tres o más personas dedicadas a delinquir, se les
impondrá de seis meses a cuatro años de prisión”.
Lo cierto es
que el
pleno del Congreso dio entrada el miércoles a la iniciativa de “Ley Anti-Uber” que, además de
prisión y multas, implicaría la destitución del empleo, cargo o comisión,
y la inhabilitación por cuatro años en caso de que se trate de un servidor
público quien cometa el ilícito, ya que, según Ramos Hernández, está
dirigida también para todos aquellos que presten el servicio de
transporte público sin concesión.
Más de
500 taxistas exigían en el salón del pleno garantizar el cese de
operaciones y salida de Uber de Quintana Roo, encabezados por
los líderes de los 17 sindicatos del Frente Único de Trabajadores del
Volante (FUTV), que tomaron el recinto y retrasaron el inicio de la
sesión ordinaria para “exigir” garantías a sus concesiones.
La
iniciativa de Ramos Hernández advierte que se violan los artículos 30
al 34 de la Ley de Tránsito, Transporte y Explotación y de
Vías y Carreteras del estado, sobre todo con “taxis pirata”
y los “choferes privados”, personas sin licencia de conducir para
Servicio Público de Transporte, reclutados por empresas de
redes de transporte que operan aplicaciones o programas a
través de medios electrónicos, informáticos y de internet.
Finalmente,
advierte que las sanciones aumenten dos terceras partes
cuando participen miembros del consejo de administración, socios o
representantes legales de una empresa o sindicato, concesionaria o
permisionario de transporte público, o bien el propietario del vehículo con el
que se realice el servicio si se comprueba que tuvo conocimiento.
Y
a todo esto ¿Qué es Uber y por qué tanto relajo? Según Internet, “es como la
limusina que siempre soñaste que pasara por
ti, la pides, te recogen, te llevan, te traen, etc. Actualmente, Uber se
volvió el dolor de cabeza de los taxistas ya que les están comiendo el mandado…
y gacho”.
Su
servicio es privado, de transporte con choferes, que se solicita por medio de
una aplicación del celular, como pedir un “taxi de sitio” pero más confiable.
Los beneficios son muchos y las diferencias con un taxi, también.
Al
tomar un taxi tradicional existe desconfianza, hay que salir a la calle a
conseguirlo, se deben abrir bien los ojos e instintos de supervivencia para
detectar si el conductor tiene cara de transa o lujurioso. Es obligatorio traer
cambio. Son inseguros, caros y peligrosos.
Es
casi una obligación saber chiflar con los dedos en la boca, como arriero, para
llamarlos para llamar su atención y oigan, o bien alzar una pierna, en caso de las
mujeres, amén de que la mayoría de las unidades están en pésimo estado, sucias,
o deterioradas.
Uno
de cada 5 taxistas fuma dentro de la unidad, van hablando por teléfono o radio,
unos manejan por la tarde y otros en la mañana.
En
cambio en Uber, no preguntan a dónde vamos, nos llevan y punto. El costo es más
económico o justo. Ofrecen un vehículo limpio. El chofer no insiste en platicar
o conocer tu vida. Servicio seguro. Los choferes están registrados y
certificados. La tarifa final se calcula automáticamente de acuerdo al
recorrido y tiempo, casi como un taxímetro NO alterado.
Lo
más importante es que cubre exigencias
de seguridad, comodidad y buen SERVICIO, palabra que desconocen los taxistas tradicionales.
Se paga por ello y cuesta, por lo que debe ser eficiente.
Los
inconformes somos mayoría, a más de uno le ha tocado que un taxista les dé un “paseo”
innecesario porque Quintana Roo, particularmente Chetumal, es el ÚNICO Estado
donde las autoridades “reguladoras” permiten a un taxi llevar al mismo tiempo a
dos o más pasajeros con destino diferente.
Ahora bien,
una vez planteadas las irregularidades y las características de Uber y los
taxis tradicionales, cabría preguntarse ¿Quién es el diputado Ramos Hernández?
De entrada, no llegó al Congreso por voluntad de los electores, sino por la del
revoltoso PRD, que lo planteó a las autoridades electorales como candidato
plurinominal.
Traidor a su partido en las
recientes elecciones Benito Juárez, presentó un desistimiento
para detener la impugnación que buscaba la anulación del triunfo del PVEM
frente a su correligionario Julián Ricalde Magaña.
Diputado
federal de 2003 a 2006, tiene como principal “virtud” ser hijo de Salvador
Ramos Bustamante, antiguo miembro del PRI, dirigente de la CROC y dos veces
diputado federal -se unió posteriormente al PRD-, inició en la política desde
muy joven en Cancún, donde fue dirigente estudiantil en el Colegio de
Bachilleres, Subsecretario del PRD y fundador de “Jóvenes de Izquierda en
Quintana Roo”, entre otros.
De
37 años de edad, Ramos Hernández se hizo conocer en el PRD por protestar contra
la globalización y el Área de Libre Comercio de las Américas, y su marcha de
apoyo al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en Caracas, ante la crisis
diplomática entre este país y México en 2005.
Uno de sus
hermanos, Alejandro
Ramos ¡es director de transporte de SINTRA!; el otro, Alzayácatl Salvador,
asesor del Congreso, y la otra, Teresa, subdirectora del Ayuntamiento en
Cancún; su esposa, Paola Elizabeth Moreno Córdova, subsecretaria de Vinculación
Política y Social; y su cuñado, Rafael Quintanar González, director del IEEA.
El clan perredista procede de
Cancún y se distingue como golpeador, traicionero y problemático, muy mal
presagio para la administración de Carlos Joaquín, pues el formato rebelde
seguramente se multiplicará en otros grupos enquistados a la administración
estatal que forman parte de la cuota que el Ejecutivo paga por el apoyo
recibido.
Y ahora ¿Quién podrá defenderlo?
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita
del nombre de su autor)
*Luis
Angel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad
Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace
30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de
redacción de diversos medios de información, ha sido Jefe de Información de dos
gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado cuatro libros.
l(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita
del nombre de su autor)
*Luis
Angel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad
Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace
30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de
redacción de diversos medios de información, ha sido Jefe de Información de dos
gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado cuatro libros.
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