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Nuevo Fiscal, ¡designado “al vapor”!


                                    Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
         Con la aparición de una nueva denuncia contra las tropelías del ex procurador general de Justicia de Quintana Roo, Carlos Arturo Álvarez Escalera, la oscura XV Legislatura designó este miércoles finalmente al no menos cuestionado Miguel Ángel Pech Cen como nuevo fiscal general de Quintana Roo, para un periodo de 9 años que concluirá en 2025.
Dos veces subprocurador estatal de Justicia, entre 2002 y 2004, cuando fuera denunciado por participar en una red de complicidades y tráfico de influencias, el ex juez penal y Maestro en Derecho venció finalmente en una terna que incluía a Oscar Jesús Buenfil Rojas y la hasta entonces favorita Roxana Lilí Campos Miranda.
Días antes, el Congreso del Estado había dado a conocer la lista de candidatos para ocupar la Fiscalía General a la que Álvarez Escalera renunció como “blindaje” del ex gobernador Roberto Borge para evadir a la nueva administración.
         La aparición de los aspirantes, con lo que se pretende evitar la aparente imposición de Lilí Campos como supuesta “delfín” del gobernador Carlos Joaquín González, traía como buenas noticias la inclusión de dos conocidos profesionales del ramo, los abogados chetumaleños Raúl Rafael Ojeda González y Luz Margarita González López.
         A los nombres de estos profesionales, destacados litigantes en el nuevo sistema de Justicia Penal Acusatorio, del que son totalmente ignorantes tanto Lilí Campos como Pech Cen, también se sumó el de Aracely Andrade Tolama, quien sobresaliera en la defensa de los periodistas Lydia Cacho y Pedro Canché Herrera.
         Las propuestas a la terna, empero, no incluía la candidatura original de Daniel Arana Pulido, pero sí a Leopoldo Cruz Navarro, desafortunadamente, ya que su trayectoria incluye irregularidades como ex funcionario.
En efecto, Cruz Navarro, capitalino que litiga desde hace 15 años en Playa del Carmen, es presidente de la Barra de Abogados de la Riviera Maya, donde supuestamente denunció irregularidades de Borge, y corruptelas, por ejemplo en las Juntas de Conciliación y Arbitraje de Cancún, según sus cuates.
No obstante, se le acusa de utilizar el nombre de la agrupación para sus intereses, como cuando se postuló candidato a Magistrado del Poder Judicial ante la XIV Legislatura, aunque, peor aún, fue su paso por la subprocuraduría de Justicia, donde fue director de Averiguaciones Previas y acusado de  extorsionar al ex comisariado Ejidal de Playa de Carmen, Gaspar Aguilar.
Lo anterior, durante el paso de Gaspar García Torres como procurador de Justicia, en la averiguación previa 257/2011 por extorsión, que involucró a Sergio López Guzmán, hijo de Sergio López Villanueva, ex representante de Roberto Borge en Playa del Carmen; Moisés Eduardo Cruz Laine, Abraham Israel Álvarez Maza, Joel Vasconcelos Sánchez, Jorge Quijano Puerto y Joel de la Cruz Jiménez.
         Aquello ocurrió en 2010, e irónicamente, el sucesor de Cruz Navarro en el cargo sería el propio Álvarez Escalera, quien se desempeñó como director general de Asuntos Jurídicos hasta el 17 de octubre del 2011.
Y es que en julio de ese año, Cruz Navarro también fue acusado de ordenar al agente del Ministerio Público de la Mesa 5 de Cancún, Miguel Ángel Pérez Cruz; al perito en criminalista Luis Romero y seis judiciales, desalojar y detener sin orden de aprehensión a campesinos de Xochicalco, para apoyar a Alfredo Peñaloza Ávila a acaparar tierras en ese predio.
         Para la historia, la lista inicial de aspirantes incluía a 14: Lili Campos, Pech Cen, Aracely Andrade, José Alberto Bermejo, Gabriel Bueno Moreno, Jorge Rodríguez Méndez, Cruz Navarro, Oscar Buenfil Rojas, Luz Margarita González, Eduardo del Valle García, Ojeda González, Nelizabeth Ducoy, Jorge Aguilar Osorio y Leopoldo Cárdenas Lozada.
         Empero, tres fracciones parlamentarias y uno independiente propusieron a Aracely Andrade -PRD, Morena, PRI y el “independiente” Juan Carlos Pereyra-, con lo que se esperaba agilizar las denuncias contra Roberto Borge y Félix González, así como funcionarios y ex funcionarios que desfalcaron el erario, pero que mantuvo “congeladas” Álvarez Escalera.
(Además, Carlos Joaquín interpuso denuncias ante la PGR contra su antecesor, que aumentó la deuda de Quintana Roo a 23 mil millones de pesos, unos 15 mil pesos por habitante, además de ubicar al Estado al lugar 32 en materia de procuración de justicia en todo el país)
Además de Aracely Andrade, el PRD propuso a José Alberto Bermejo y al ex diputado Aguilar Osorio; el PRI también incluyó a Gabriel Bueno Moreno, y Morena, a Eduardo del Valle García, mientras el “independiente” incluyó a Cruz Navarro.
Por su parte, el partido “vicegobernante”, el PAN, propuso a Lilí Campos y Pech Cen; el Verde “ecologista” a Rodríguez Méndez y Cárdenas Lozada; Panal a Buenfil Rojas y Luz Margarita González; y el PES a Ojeda González y Nelizabeth Ducoy.
         En tanto se “negociaban” votaciones y “analizaban” perfiles, apareció un nuevo “milagrito” de la Procuraduría que encabezaba Álvarez Escalera, a quien ya no sólo se le atribuyen casos de tortura que hemos hecho referencia y cuyos detalles incluiremos en nuevas colaboraciones.
         En efecto, ahora resulta que el coordinador de la Fiscalía Especializada en Atención al Narcomenudeo de Cancún, que encabeza o encabezaba Paul Pallares, está al servicio del Cartel del Golfo, “Los Pelones” y “Doña Lety”, líder de esa organización en Quintana Roo.
Resignados a la entonces cercana posibilidad de que Lilí Campos asumiera la nueva Fiscalía contra viento y marea, en redes sociales se pedía acabar con la corrupción que generó Álvarez Escalera, quien, aseguran, utilizó desde la “Narco-Fiscalía” a su peón Paul Pallares como enlace con aquellos criminales, de los que recibiría 200 mil pesos (¿?) mensuales.
Asimismo, denunciaron que Paul Pallares recibe la misma cantidad de “Los Pelones”, y que la reunión más reciente del funcionario con “Doña Lety fue hace unos días en el bar “El Ejecutivo” de Cancún, donde le entregaron a aquél su acostumbrada “mochada” para seguir protegiendo al Cartel del Golfo.
Originaria de la Ciudad de México, pero residente de la entidad desde muy pequeña, Lilí Campos, quien cuenta con una Maestría en Derecho Penal y empresarial, con diplomados en criminalística y pruebas periciales, ha sido Visitadora General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por cuya presidencia compitió infructuosamente en 2010, cuando presentó más de tres cartas de recomendación.
Entre éstas se incluyeron de José Luís Pech Várguez y Marco Lozano Ocman, entonces rector y presidente del patronato de la Universidad de Quintana Roo, respectivamente; Gerardo López Puc, director del Instituto Educativo de Carrillo Puerto; y Francisco Javier Rosado May, Tirso Ordaz Coral y Fernando Mainou Cervantes, entonces rectores de las universidades Intercultural Maya, Tecnológica de la Riviera Maya y La Salle de Cancún.
Coordinadora Regional de Ministerios Públicos en la Riviera Maya con Félix González y Roberto Borge, así como Notario Público suplente -como publicamos en reciente columna-, fungió como catedrática en la Universidad de Quintana Roo y consejera jurídica del Poder Ejecutivo del Estado.
Su trayectoria, que, al igual que Pech Cen, no incluye la obligación de contar con amplios conocimientos del moderno sistema de Justicia Penal Acusatorio, pondría en riesgo la correcta procuración de justicia y aplicación de los Derechos Humanos que consagra la Carta Magna.
 En este sentido, su cercanía con Carlos Joaquín constituyó una clara desventaja, toda vez que, reiteramos, una de las principales, elementales características de la nueva Fiscalía General es precisamente una autonomía e independencia real…de las que ella no podía presumir.
Dependiente del ex procurador Francisco Alor Quezada durante el sexenio de Félix González en 2011, ¿Se hubiera atrevido a proceder contra este oscuro personaje? Peor aún, ¿Le habría “mordido la mano” a quien le dio de comer durante cinco años, es decir Roberto Borge? Más allá de ello, ¿Habría sido capaz de desobedecer a Carlos Joaquín o decirle algún “no”?
Ahora bien, en el caso de Pech Cen, de quien se duda que proceda contra Álvarez Escalera por una previa “negociación” renuncia-impunidad, la pregunta del sexenio es ¿cómo llegaron a un consenso unánime los diputados entre 14 propuestas de todas las fracciones parlamentaria?
El 6 de agosto de 2002, el periodista Justo May Correa escribió en El Universal que desde el despacho del ex juez penal, Carlos Chan García, se denunciaron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos hechos presuntamente al margen de la legalidad, que involucran a la procuradora Celia Pérez Gordillo y al subprocurador Miguel Ángel Pech Cen, así como a la Barra de Abogados, a la que calificaron como bien acomodada cuando se trata de traficar con influencias de sus integrantes.
Las acusaciones, a través de un documento de ocho cuartillas firmado por el afectado, Bernabé Ayala Zapata, especifican que una averiguación previa iniciada con el número 6416/2001, el 5 de noviembre de ese año, por abuso de confianza y fraude específico, no avanzaba y presumía que se trataba de un ardid para que al cabo de un año prescriban los delitos denunciados.
El afectado, que se ostentó propietario del edificio Guadalajara, acusó a Pech Cen y Celia Pérez de retrasar la consignación de la averiguación iniciada en la mesa especializada en delitos patrimoniales no violentos, a cargo de Blanca Mendoza, y afirmó que ese retraso beneficiaba a las acusadas María Irene Carvajal e Hilda Mercedes Peniche González por abuso de confianza y fraude específico.
         El nuevo Fiscal General y su entonces jefa Celia Pérez también estarían involucrados en serias irregularidades durante la investigación de corrupción de menores, donde aparecía como acusado el entonces subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública federal -hoy gobernador del PAN en Veracruz-, Miguel Ángel Yunes Linares.
Según el diario La Jornada del 24 de junio de 2005, la Procuraduría Estatal de Justicia mantenía abierta la averiguación previa 7431/2003 por corrupción de menores, relacionada con Miguel Ángel Yunes, aunque la investigación se “congeló” el año anterior por acuerdo de la propia institución.
En tarjeta informativa enviada a la entonces procuradora Celia Pérez, por su subprocurador de la zona norte Pech Cen, en la averiguación previa había un señalamiento expreso a Yunes Linares, aunque aclara: “'Cabe agregar que aquí sí hay señalamiento de Miguel Yunez (sic) como amante de una de las menores. Por instrucciones, esta A.P. ha estado 52 (clave utilizada en el argot judicial para referirse a expedientes congelados)”'

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, ha sido Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado cuatro libros.


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