Borge,
en nueva “cárcel” de políticos
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Aunque a nivel nacional
el tema recurrente es la escandalosa ventaja de Andrés Manuel López Obrador y
su Partido Regeneración Nacional (Morena) en las preferencias electorales de
este año para la Presidencia de la República, no cabe duda que en Quintana Roo
ha cobrado una mayor importancia en los últimos días la extradición de su ex
gobernador, Roberto Borge Angulo.
Detenido el 5 de junio último en Panamá, cuando pretendía
abordar un avión que lo trasladaría a París, Francia, para después seguir había
Madrid, España, el ex mandatario del PRI se volvió tema de primeras planas de
los medios de comunicación luego de que un año antes entregara el poder a la
oposición en medio de una serie de escándalos de corrupción.
Sospechoso,
sin embargo, de haber desviado millonarios recursos, entre otros, para apoyar
las campañas del presidente Peña Nieto, no pocos dudaban que, como en el caso
de otros políticos detenidos fuera del país, como el ex gobernador de Coahuila,
Rubén Moreira Valdez, el cozumeleño
Roberto Borge obtuviera su libertad.
Tras seis meses de “tramitología”
entre las autoridades mexicanas y panameñas, éstas finalmente autorizaron la
extradición y, pese al pesimismo al que nos tienen acostumbrados los políticos,
inclusive en el sentido de una eventual “negociación” con el gobernador de
Quintana Roo, Carlos Joaquín, todo parecía indicar que habría concluido la
“telenovela” del ex gobernador.
Sin embargo, tras que el juez de control Artemio Zúñiga lo sujetara a
proceso y ordenara prisión preventiva, con lo que continuaría
el proceso tras las rejas, el mundo se le vino encima a los quintanarroenses,
cuando se anunció que, lejos de ser enviado a una prisión “normal” -como a
cualquier procesado “normal”-, al principio se dijo que estaría recluido en el Centro Federal de Rehabilitación
Psicosocial de Morelos (Ayala)
Posteriormente se aseguró que
siempre no, y que su nuevo “hogar sería el peligroso centro penitenciario de Nezahualcóyotl
Bordo de Xochiaca, en el Estado de México, donde supuestamente conviviría con
lo peor del crimen, entre otros torturadores, extorsionadores, asesinos y
filicidas.
Lo cierto es que, al igual que el
proceso contra el ex mandatario del PRI y el resto de su equipo, las cosas no
han sido nada claras, ya que hasta hoy han
mantenido a la población con filtraciones de información, sobre todo por parte
de la Fiscalía General del Estado, aunque también de amigos y enemigos del
procesado.
Así, por ejemplo, se ignora con
certeza a cuánto ascienden los recursos desviados o, por lo menos, aquéllos por
los que es acusado, ya que mientras algunos hablan de un proceso penal por un desfalco
y “lavado” por 900 millones de pesos que le imputa la PGR, otros más se
refieren a un quebranto de 3 mil 104 millones, y otros, a la malversación de
más de 20 mil millones.
Según Carlos Joaquín, el daño
patrimonial directo que reclama el Estado por el remate territorial de 22
terrenos en Cozumel, Tulum, Cancún y Riviera Maya, asciende a los tres mil
millones de pesos, que podrían alcanzar hasta 11 mil millones de pesos, debido
al valor comercial de los inmuebles.
De manera directa, explicó apenas
ayer, se trata de poco más de tres mil millones que, llevados a valores
comerciales actuales, podrían alcanzar hasta 10 mil u 11 mil millones, además de
otras denuncias con más recursos.
Asimismo, se carecen informes
fidedignos sobre los delitos, peculado el más coincidente que, conforme al artículo
256 del Código Penal de Quintana Roo, castiga con uno a 10 años de prisión y de
25 a 250 días multa, al servidor público o encargado de un servicio público del
Estado, descentralizado o municipal o comisionado que, para usos propios o
ajenos, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa que
pertenezcan al Estado, organismo descentralizado, municipio o particular.
Según El Financiero, Roberto Borge
llegó el jueves al penal de Neza-Bordo, donde sería presentado ante un juez
federal, aunque este viernes Excelsior publicó que, escoltado por un enorme
operativo de seguridad en el que participan las policías estatal y federal, el
ex gobernador abandonó por la mañana esas instalaciones del Estado de México hacia
Morelos.
En este sentido, tras una audiencia
inicial de 14 horas, Roberto “N” -como le denominan las autoridades-, fue
vinculado a proceso como probable coautor de operaciones con recursos de
procedencia ilícita en la modalidad de ocultamiento de bienes en una actividad
ilegal y se dio un plazo de 6 meses a la PGR para cerrar una investigación
complementaria por “lavado” de dinero.
Con todo, la mala noticia es que la
defensa del ex gobernador convenció al juez que Borge padece de una “profunda
ansiedad y depresión”, así como problemas renales, por lo que consiguió que lo enviaran
al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial número 16.
Así las cosas, Quintana Roo estuvo a punto de pasar a la
infame historia del país con dos ex gobernadores privados de su libertad en el
mismo centro de reclusión -si se le puede llamar así-, ya que el mencionado
Centro de Morelos también fue “hogar” del ex gobernador priísta Mario Villanueva
Madrid hasta la semana anterior, cuando se le trasladó al Reclusorio Norte, donde seguirá tras ganar un Amparo.
“Según” la PGR, Borge quedó
internado en Morelos debido a su estado de “salud” y garantizar el pleno
respeto a sus derechos humanos, ello tras su reaprehensión y revisión médica,
aunque, más que cárcel, es un hospital diseñado para criminales con
desórdenes mentales, y en los últimos en estancia de la élite política
delincuencial con supuestos padecimientos psicológicos que requiere pagar ahí sus
culpas, y no en una cárcel “normal”.
Así, Borge compartirá instalaciones
de primer nivel y personalizada atención de médicos, enfermeras y
psicoterapeutas, con ex funcionarios como Mario Villanueva, entre ellos Guillermo Padrés, hijo del ex
gobernador de Sonora del mismo nombre.
Con un poco de “suerte” posiblemente
le acompañe también otro de los mandatarios del “nuevo PRI” que presumiera Peña
Nieto, el veracruzano Javier Duarte de Ochoa, quien, al igual que Borge, saqueó
hasta el cansancio a su Estado con una pandilla de ladrones “vestidos” de
funcionarios públicos.
Conforme extenso reportaje de redes
sociales, el Centro cuenta con siete módulos, un edificio de ingreso, áreas
para visitas, escuela, zonas deportivas y recreativas, así como talleres y
locutorios, con servicios médicos y de hospitalización de primera, área de
rehabilitación, edificio de gobierno e instalaciones electromecánicas,
hidráulicas y térmicas con todos los servicios generales sin fallas ni
interrupciones.
Su seguridad es alta y similar a la
de cualquier penal federal, por lo que es difícil que Borge pretenda fugarse,
como en Panamá, mientras que sus familiares, amigos o hasta cómplices deberán
someterse a rigurosas reglas de revisión y control.
Por otro lado, cuenta con
sofisticados sistemas y equipos electrónicos y electromecánicos, como circuito cerrado en
todas sus áreas, así como radiocomunicación, control de accesos, alarmas,
detectores de metal, drogas y explosivos, telefonía, voz y datos
De este modo, en condiciones muy
diferentes a las que viven miles de presos en las sobrepobladas y temibles
cárceles del país, Borge afrontará su proceso penal hasta que le dicten
sentencia o, como es posible, consiga su libertad.
Ingresado erróneamente al principio
al Centro Federal de Readaptación Social número 16, para mujeres -también hubo
otro error de la PGR en su traslado al Centro de Justicia Penal Federal- Borge
será huésped de un penal, único en el país con internos que padecen
desórdenes mentales, proyectado en noviembre de 1994, pero en marcha hasta 1996,
planeado para 460 internos, NO todos con problemas de salud mental.
Se localiza en el kilómetro 115 de
la carretera México-Oaxaca, en el municipio de Ayala, Morelos, al Oriente del Estado,
con extensión promedio de 102 mil metros cuadrados y estructura carcelaria sobre
unos 20 mil. El resto se utiliza en áreas de apoyo, como garita de revisión,
zonas de seguridad y estacionamientos.
A 28 años de su detención y sentenciado
en primera instancia a 37 años de prisión por el asesinato del agente
encubierto de la DEA Enrique "Kiki" Camarena Salazar y del piloto
mexicano Alfredo Zavala, en febrero de 1989, el ex líder del Cártel de
Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, es otro de los huéspedes del Centro
Federal de Rehabilitación Psicosocial que, en mala hora, fue “hogar” de dos ex
gobernadores de Quintana Roo. Sólo uno quedará
El Centro es, sin duda, uno de los más solicitados en los últimos años para el cumplimiento de prisión
preventiva, pero ¿acaso los presuntos responsables de delitos vinculados
a casos de corrupción tienen trastornos psicológicos?
En 2007, Gumaro de Dios Arias,
alias “El Caníbal” llegó al Ceferepsi, ubicado en el municipio de Ayala
proveniente del Cereso de Chetumal. Gumaro había sido detenido en 2004 en Playa
del Carmen luego de que fuera descubierto tras matar, descuartizar y cocinar a
un hombre conocido como “La Guacha”, su pareja.
En 2008, Sergio Humberto Ortiz
Juárez “El Apá” líder de la banda de secuestradores de La Flor, fue capturado y
vinculado al secuestro del joven Fernando Martí.
En 2009, el pastor boliviano Josmar
Flores Pereira amenazó con secuestrar un avión de una aerolínea nacional con
dos latas de jugo. Fue declarado enfermo mental.
Todos ellos pisaron las
instalaciones del Centro, uno de ellos, incluso, murió en sus instalaciones:
“El Apá”. Por su parte, “El Caníbal” murió en Quintana Roo, y Josmar fue
liberado.
¿Alguna vez visitará el penal o irá
para quedarse el “padrino” de Borge, el también ex gobernador priísta Félix
González?
Sólo lo sabrán el tiempo o el
próximo presidente de la República… muy probablemente “El Peje”.
(Permitida la copia, publicación o
reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)
*Luis
Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 41 años de experiencia como
reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de
comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex
gobernadores y tres presidentes municipales y publicar cuatro libros.
Titulado en la Universidad Autónoma
de Yucatán como Licenciado en Derecho, cuenta con cuatro Diplomados en Derechos
Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; Acceso a la
Justicia en Materia de Derechos Humanos, y en Juicio de Amparo, así como más de
15 Seminarios, Talleres y Cursos diversos.
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