¡Cierra
pinza PGR contra Félix!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Considerada, contra
toda lógica, una de las dependencias más políticas y politizadas de la
administración pública, la Procuraduría General de la República (PGR), en
detenido proceso de conversión a Fiscalía General del país -tal vez hasta
concluidas las elecciones de julio-, tiene en sus manos un nuevo reto de
credibilidad: El tema Félix González-Roberto Borge Martín.
Aunque también en proceso el tema del “otro” Roberto Borge”,
el del ex gobernador Borge Angulo, al menos existe alguna esperanza -tenemos
que decirlo- de que finalmente el ex mandatario sea sentenciado culpable y
permanezca en prisión por el tema de corrupción y una serie de irregularidades
que han visto ya la luz pública.
Sin embargo, su detención y extradición de Panamá a México
de ninguna manera supuso una buena fe por parte de la PGR, que duró una
eternidad en un proceso político-legal tan sencillo, que sabrá Dios de qué lado
se habrá visto presionada a darle trámite.
Ahora bien, el verdadero pendiente de la dependencia es el
hirviente “caso Félix González”, el ex mandatario del PRI que se sirvió de su
sucesor y “ahijado” político para alcanzar la Senaduría como escudo para evitar
la acción de la justicia con un malentendido fuero político que -al menos hasta
el momento- le ha servido de magnifico pretexto a la PGR para proceder.
Y es que, una vez consultada la jurisprudencia y las tesis
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todo apunta a que los delitos que
se le imputan como mandatario NO HAN PRESCRITO, ya que la prescripción de dos
años que, en su caso, se aplicarían para ese efecto, se detuvo desde el momento
en que obtuvo nuevamente el fuero como senador.
Suponemos que la Fiscalía General del Estado tiene en
consideración este aspecto, aunque, por si fuera poco, la organización “Somos
tus ojos”, a través de su presidenta, Fabiola Cortés Miranda, anunció
públicamente haber interpuesto una demanda contra el ex mandatario por el
“remate” de 165 predios patrimonio del estado, entregados a empresarios,
funcionarios y diversas personas, en la mayoría de los casos, a precios subvaluados.
Ahora ben, el quid del asunto es que, dada la NO gravedad (Ja,
ja, ja) de los delitos en los que habría incurrido el ex gobernador, el
reciente tema de la explosión del ferri en Playa del Carmen cambia totalmente
el panorama, desde luego si la PGR logra -o decide- involucrarlo de alguna
manera como virtual socio de la
empresa Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe S. A. de C.V.,
propietaria de Barcos Caribe.
En efecto, con
la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal sólo siete delitos ser
considerarán GRAVES, por los que se encarcelará a los infractores previo a su
proceso. Según el artículo 19 de la Constitución, habrá cárcel preventiva en
casos de: Crimen organizado, homicidio doloso, secuestro, trata de personas, violación,
delitos violentos cometidos con armas y explosivos; e infracciones contra la
seguridad de la nación, el desarrollo de
la personalidad y la salud.
En el caso que nos ocupa, la explosión del ferri de Playa
del Carmen se trataría de delitos
violentos cometidos con armas y explosivos, ya que quedó plenamente establecido
que NO se trató de ningún accidente o acto terrorista, sino de un auto atentado
para el cobro de un seguro por 4 millones de dólares, algo así como 80 millones
de pesos.
Ignoramos si
el seguro sólo incluyera la nave siniestrada o bien cada barco de la empresa,
aunque, pese a no haber explotado, el delito mencionado también incluiría al
que permanecía varado en Cozumel, en el que se halló un par de artefactos
similares que obran en la carpeta de investigación de la PGR, junto con los
comprometedores videos y demás pruebas.
La Secretaría
de Seguridad Pública informó que ayer lunes, en el 911, recibió un reporte
sobre un objeto sospechoso cerca del muelle internacional de cruceros de
Cozumel, aunque resultó ser una falsa alarma y se descartó que se tratara de un
explosivo, aunque, en coordinación con las corporaciones policiacas y militares
han reforzado la seguridad, en especial en los centros de concentración de
turistas.
Por lo pronto, tras las investigaciones
de la PGR, que descartó que el tema de los explosivos -como se pretendió hacer
creer- fuera resultado de una actividad del terrorismo, la SCT suspendió el
funcionamiento de los Ferris a las familias de los ex gobernadores Félix González
y Roberto Borge.
La decisión, se sustentó además en
que la Impulsora Marítima opera las tres embarcaciones y que éstas proceden de
un mismo sitio y constructor, Richardson Devine Marine Constructions PTS LTD,
con sede en Tasmania, Australia, por lo que, ante la falta de un dictamen o
peritaje que descarte una falla técnica de construcción o de operación en el
barco siniestrado, era necesaria era medida para evitar el riesgo de un
incidente similar.
Además, la empresa sólo presentó a
la SCT una actualización de certificados en el expediente de cada barco, cuando
que los navíos requieren de nueva verificación de seguridad por parte de la
Secretaría de Marina, como responsable de las capitanías, con fecha posterior
al “incidente”.
De Roberto
Borge Martín tan sólo se sabía que era hermano del ex gobernador Miguel Borge,
hasta que el 16 de diciembre de 2013 Luces del Siglo publicó que, 10 meses apenas
de haber asumido la gubernatura su hijo Roberto, logró aligerar la pesada deuda
bancaria que arrastraba desde hacía más de 20 años, por un total de 11 millones
48 mil 681 pesos.
Así las cosas, el 2 de febrero de
2012, el Registro Público de la Propiedad le habría cancelado siete gravámenes,
dos de ellos con declaración de embargo, y los predios relacionados con estos
gravámenes, registrados bajo los folios 18734 y 22789, hasta antes de esa fecha
con Banca Serfín.
No obstante, en los albores de
1987, cuando concluía el sexenio de Pedro Joaquín Coldwell, fundaría en
Chetumal el fracasado “Diario de Quintana Roo” en sociedad con los empresarios locales Mario
Rendón Monforte, Luis Buenfil Durán, Diego Rojas Zapata, Jorge Vargas de Regil,
John Baroudi Estéfano y Abraham Farah Wejebe, con el primero como presidente y
director general.
A 30 años de distancia, hoy es
candidato a hacerle compañía a su hijo tras las rejas, en lo que bien
calificaría hace una semana el periodista José Sánchez López en su columna Sin
línea: “Barcos Caribe naufragó junto con González Canto y Borge Angulo”, a
quienes les habría salido el tiro por la culata.
Los ingenuos
creyeron en él, supusieron que las cosas mejorarían, pero a corto plazo se
darían cuenta que la voracidad de Félix no tiene parangón. Había llegado el más
grande depredador de la entidad, con el agravante de ser lo suficiente perverso
para dejar en el cargo a quien le cubriera las espaldas y, en el peor de los
casos, cargara con sus culpas.
Ungió a Borge Angulo, su discípulo
predilecto, y éste cumplió con la encomienda, pero ya había barruntos de
tempestad, y pese a las alertas de sus compinches en el poder, igual que su
maestro, se sintió intocable.
Con un 51% de las acciones de
Barcos Caribe, el asunto de la explosión terminó por salírsele de las manos,
pues no contaba con que entre los 25 heridos había cinco estadounidenses, lo
que originaría la intervención del FBI, y así, conforme el ferry Caribe I se
iba a pique, arrastraba consigo a Félix y Roberto, que no pueden ocultar el
montaje del auto atentado.
Aunque poco se había difundido, las
investigaciones revelaron que el lunes 19 de febrero, el Servicio Náutico
descubrió un objeto que flotaba en el mar, a unos 800 metros de las costas de
Cozumel. La Marina confirmó que se trataba de un artefacto explosivo, armado
con PVC y un mecanismo para activarlo a control remoto.
Dos días después, el miércoles 21,
se registró el estallido en la nave. El corto circuito de una parrilla había
sido la causa, diría inicialmente la directora de la Administración Portuaria
Integral, Alicia Ricalde Magaña,
Poco conocido también, tras la
explosión surgió un grupo criminal autonombrado “Cártel de Pumba y Taca”, que
se atribuyó el atentado con una manta en la que amenazó a la alcaldesa de
Cozumel, Perla Tun Pech, aunque la versión fue desechada por las autoridades.
Ya se habían colocado los otros dos
artefactos en el barco de la isla, con lo que, en principio, los sospechosos
habían alcanzado su objetivo por partida doble: Aumentar la percepción de
inseguridad en Quintana Roo para desestabilizar al gobierno de Carlos Joaquín y
cobrar el seguro de 4 millones de dólares, pero no contaban con el FBI que, sin
vínculo con los ex gobernadores, investigaría y aportaría los videos.
El propio titular de la Secretaría
de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, declaró que la versión del auto atentado
no se podría descartar “y que la PGR tenía ya su hipótesis, daría a conocer los
resultados y a los responsables, que serían puestos a disposición de las
autoridades.
Así las
cosas, desde ayer mismo corrió el insistente rumor en el sentido de que,
señalados en la carpeta de investigación FED/QR/PC/0000140/2018, la PGR daría a
conocer la detención de algunos autores materiales contratados por familiares
del ex gobernador Roberto Borge. No hubo de piña.
¿Habrá
aparecido el nombre de Félix González como uno de los directamente
involucrados? ¿Habrá movido sus influencias para detener las investigaciones?
¿Habrá surgido nuevamente el tema del Fuero para no proceder en su contra?
No lo
sabemos, pero cabe recordar que el transporte marítimo de la ruta Cozumel-Playa
del Carmen es sumamente codiciada por su mercado de cuatro millones de usuarios
al año y que hasta hace más de tres años Barcos Caribe daba el servicio de
transbordador, aunque ya era supuestamente investigado por el Sistema de
Administración Tributaria (SAT)
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito
para el autor)
*Luis
Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 41 años de experiencia como
reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de
comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex
gobernadores y tres presidentes municipales y publicar cuatro libros.
Titulado en la Universidad Autónoma
de Yucatán como Licenciado en Derecho, cuenta con cuatro Diplomados en Derechos
Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; Acceso a la
Justicia en Materia de Derechos Humanos, y en Juicio de Amparo, así como más de
15 Seminarios, Talleres y Cursos diversos.
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