Ir al contenido principal

¡El  verdadero lodazal de la SCJN!


                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Tras la reunión de la semana anterior entre diputados de Morena y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), éstos guardaron sus “hachas de guerra” -momentáneamente, aclaramos-, al igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque es claro que esto no significa que hayan fumado la pipa de la paz.
Entre los principales acuerdos del 12 de diciembre, con ocasión de un desayuno al que convocó el presidente de la Corte, Luis María Aguilar, y que encabezó el coordinador de los legisladores, Mario Delgado Carrillo, se incluye que la primera mantendrá sus actuales salarios, aunque los próximos ministros no podrán ganar más que AMLO.
Para ese efecto, Mario Delgado dijo que, supuestamente, no existe confrontación con la Corte  -sólo supuestamente- aunque sí con partidos que rechazan la austeridad republicana. Por otro lado, el Poder Judicial, además,  será el que definirá el monto de los salarios de su personal, en tanto que la reducción respecto del salario presidencial sólo será para futuros miembros.
Sin embargo, el pleito de López Obrador con los 11 ministros tiene su origen desde 2006, cuando éste los acusó junto con  los magistrados de Circuito y a los jueces de Distrito de ser privilegiados y tener de los mejores sueldos del mundo. Y desde ese entonces anticipó que, de llegar a la Presidencia de la República, se los recortaría.
Como se sabe, la mayoría de Morena en el Congreso, partido que fundó López Obrador, impulsó una reforma a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos para “topar” el sueldo de todos los funcionarios al salario actual del titular del Ejecutivo (108 mil pesos mensuales)
Y es que conforme a diversas investigaciones serias, los ingresos mensuales integrados de los juzgadores son, para un ministro de la SCJN, 578 mil 186 pesos; Consejero de la Judicatura, 578 mil 186; Magistrado electoral, 578 mil 186, y un Juez de distrito, 340 mil pesos.
En la historia reciente destacan tres fechas: El 5 de noviembre, cuando el Ejecutivo publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que especifica que ningún servidor público recibirá una remuneración mayor a la del Presidente de la República, la cual será de 108 mil pesos.
El 26 de noviembre, en ejercicio de sus facultades, la Comisión Nacional de Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad para que la Corte determine la constitucionalidad de la Ley de Remuneraciones, bajo el argumento de que la regulación de los ingresos de los servidores públicos debe garantizar el respeto y protección de los derechos reconocidos en el bloque de constitucionalidad.
El 5 de diciembre, 55 senadores de oposición tramitaron ante la SCJN una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones aduciendo que el Ejecutivo quiere situarse por encima de los otros poderes, pero no debe lesionar los derechos humanos ni laborales de los trabajadores.
Así las cosas más de 5 mil funcionarios se ampararon contra la Ley, y la Corte suspendió su aplicación. El ministro Alberto Pérez Dayán concedió en su acuerdo de admisión “la suspensión solicitada para el efecto de que las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los poderes de la Unión y de todos los demás entes públicos para el ejercicio de 2019, no se fijen en términos de la ley reclamada, en tanto se resuelva la controversia”.
El 8 de diciembre López Obrador calificó como un error de la Corte la suspensión de la aplicación de la Ley hasta que revise su constitucionalidad, ya que con “sueldos exagerados, estratosféricos, de hasta 600 mil pesos mensuales, están dando mal ejemplo quienes deberían impartir justicia”.
Dos días después, y de manera inédita, más de mil 400 jueces y magistrados de la Asociación Nacional de Magistrados y de Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación rechazaron de manera pública la Ley de Remuneraciones, y denunciaron un intento del Senado para entrometerse en la autonomía del Poder Judicial de la Federación.
Para ese efecto, el 11 de diciembre, los senadores de Morena, encabezados por Ricardo Monreal, presentaron a la Corte un recurso donde acusan a Pérez Dayán de cometer errores procedimentales y, con ello, poner en riesgo la economía nacional.
Horas después, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, uno de los cuatro aspirantes a presidir la Corte a partir de enero, pidió a jueces y magistrados no caer en provocaciones: “Es necesario apelar a la sabiduría judicial que dicta responder a cualquier crítica con más y mejores sentencias, que ordena cordura para evitar caer en la tentación de hacer política con nuestros pronunciamientos, y obliga a los juzgadores a ser prudentes”.
Al día siguiente, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal interpuso un recurso de reclamación contra la suspensión de la Ley de Remuneraciones, con el argumento de que la admisión de una acción de inconstitucionalidad no da lugar a la suspensión de la norma cuestionada.
Bajo este panorama. Mario Delgado y Aguilar Morales se reunieron para buscar una solución al conflicto, aunque se recalcó que los miembros del máximo poder judicial fijaran los salarios de los ministros, y la SCJN admitió la impugnación de AMLO por la Ley de Remuneraciones
Según los argumentos jurídicos que presentó la Consejería Jurídica de la Presidencia, la decisión de Pérez Dayán contradice al artículo 64 de la Ley Reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 de la Constitución que dice: “Al admitir la inconstitucionalidad no se dará lugar a que se suspenda la ley cuestionada”, por lo que el ministro fue más allá de lo que marca la Constitución.
Los artículos cuestionados son el 127 de la Constitución, que señala que nadie puede ganar más que el Ejecutivo federal, mientras el 94 establece que no se pueden reducir las remuneraciones de ministros jueces y magistrados durante su encargo.
La SCJN no tiene plazo perentorio para debatir el tema, aunque el ministro presidente argumentó que por primera vez podrá haber un periodo extraordinario después del 15 de diciembre si así lo proponen los ministros instructores que proyectan el tema.
Con todo, sin embargo, la “bomba” que detonó el conflicto de la Corte y colocó a la población en su contra, se remonta apenas al 3 de julio de 2017, cuando Valeria Durán, Dulce González y Raúl Olmos, como miembros del organismo “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” difundieron un estudio del Consejo de la Judicatura.
         El trabajo desnudó el nepotismo imperante en el Poder Judicial de la Federación, donde al menos 500 jueces y magistrados de todo el país tienen trabajando en tribunales y juzgados a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras, con “redes clientelares” que se extienden a más de 7 mil servidores públicos de 31 Circuitos con familiares en la nómina.
El reporte enlista datos de 112 jueces y magistrados que habrían utilizado sus facultades para conseguir empleo a su esposa o pareja, 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos y 27 a sus papás. También revela que otros 7 mil 148 servidores públicos del Poder Judicial comparten espacio laboral con sus parientes, y aunque identifica a cada juzgador y empleado por su número de expediente, no dio nombres.
Según el artículo 97 constitucional, jueces y magistrados están facultados para nombrar y remover a los funcionarios y empleados de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se concibió para garantizar la autonomía de los jueces, pero se desvirtuó para nombrar discrecionalmente a parientes, como evidencia estudio del consejero de la Judicatura, Felipe Borrego Estrada.
No sólo los magistrados de circuito y jueces de distrito logran generar redes clientelares haciendo mal uso de esta atribución. Muchos secretarios, actuarios, oficiales y administrativos poseen familiares en el mismo circuito y en otros. Claramente influyen en la designación, sin ser posible iniciarles proceso o expediente o alguna responsabilidad, advierte el estudio.
Entre otros, se exponen casos extremos, como el de un magistrado del Circuito de Durango, que integró a 17 miembros de su familia, entre hijos, hermanos, concuños, cuñadas, primos y sobrinos en puestos administrativos, como actuarios, secretarios de tribunal y juzgado, asesor jurídico y analista especializado.
Otros dos magistrados de San Luis Potosí y de Baja California tienen 11 parientes cada uno.
Los datos de este estudio los recopiló Felipe Borrego Estrada en visitas del 28 de enero de 2016 al 31 de enero de 2017 a 31 circuitos del país, y corroboró con información del Consejo. El informe no incluye el primer Circuito, correspondiente a la Ciudad de México, debido a que los responsables del estudio no pudieron obtener información; tampoco fue posible en Nezahualcóyotl y Naucalpan.
De acuerdo con el diagnóstico, casi la mitad de los jueces y magistrados federales tiene parientes en el Poder Judicial; de mil 031 plazas revisadas en 31 circuitos, 501 tienen familiares, lo que representa el 48.6%, aunque hay estados donde el nepotismo es más grave, como en el 16º Circuito, de Guanajuato, donde 38 de 46 titulares tienen familiares, equivalente al 82.61%.
En esa entidad, un magistrado tiene a su pareja como Secretaria del Tribunal, además de emplear a dos hijos como oficiales administrativos, aunque el nepotismo también se manifiesta en el resto del personal, no sólo entre los titulares: De 1,214 servidores públicos adscritos al Circuito, 438 tienen parientes.
Muchos de esos empleados tienen múltiples familiares, como un secretario de Tribunal, con dos cuñados, un concuño, cinco primos y una sobrina en cargos administrativos, mientras otro secretario particular incorporó a una hermana y seis primas.
En el Circuito correspondiente a Aguascalientes, el 81% de los jueces y magistrados tiene parientes trabajando con ellos. De 16 titulares de tribunales y juzgados, 13 cuentan con familiares. El Circuito correspondiente a Jalisco ocupa el tercer lugar con más juzgadores con parientes en el Poder Judicial, con el 76%.
Bajo la “premisa” de Estado chico, nepotismo grande”, en Colima no abusan los jueces, sino los empleados. Su Circuito 32º es el que tiene el menor número de empleados  en el Poder Judicial, pero a la vez es el que registra mayor porcentaje de posible nepotismo: De 199 empleados, al menos 136 tienen parientes -principalmente esposas, hermanos e hijos-, lo que representa el 68.34% del total de plazas.
En contraste, el nepotismo entre juzgadores es el segundo menor en el país, pues de 10 jueces y magistrados, sólo dos tienen parientes.
Pese a ser el Estado más pequeño, Tlaxcala registra uno de los más altos porcentajes de nepotismo judicial, el 70% en el caso de juzgadores y 45% entre los funcionarios del 28º Circuito.
Jalisco: El virreinato de los hijos. El tercer Circuito, de Jalisco, ocupa el primer lugar nacional en contratar a hijos de jueces y magistrados. Tiene 33 juzgadores que tienen en el mismo Poder Judicial Federal a 54 de sus hijos. Por ejemplo, uno de los magistrados de Circuito tiene trabajando a sus 4 hijos, uno de ellos oficial administrativo, dos más secretarios de tribunal y de juzgado.
Otro magistrado tiene dos hijos como oficiales administrativos y otro como actuario judicial. También aparece el caso de otros tres hijos de un magistrado que trabajan como secretarios de juzgado y de tribunal.
Esta práctica de emplear a los hijos de magistrados y jueces se ha replicado en 29 de los 31 Circuitos revisados en el estudio: Nuevo León ocupa segundo lugar nacional de casos de vástagos, con 22 jueces y magistrados que tienen a 36 hijos trabajando en el Poder Judicial, aunque hay casos extremos, como de un juez del Estado de México, con tres hijos y a cuatro nueras con cargos variados como secretario de tribunal, actuarios judiciales y empleados administrativos.
Por otro lado, el estudio identificó a 112 juzgadores que tienen a su cónyuge, pareja o ex esposa trabajando en el Poder Judicial, destacando el Circuito 6º de Puebla, donde se dio trabajo a 11 parejas de jueces y magistrados: el 16º de Guanajuato, con 10 casos, y el 18º de Morelos, con 9.
¿Alguien dijo que las nuevas parejas y los ex no pueden tener una sana convivencia? Hay magistrados que lo han hecho posible: Un magistrado del 2º Circuito del Estado de México, tiene trabajando a su actual cónyuge como secretario de tribunal, y a su expareja, como secretario de juzgado, además de emplear a su cuñado como oficial administrativo.
En el circuito de Guanajuato hay un caso parecido, con un magistrado que tiene a su ex cónyuge como oficial administrativo, y a su actual pareja como secretaria del tribunal, además de emplear a dos hijos.
Por otro lado, el tema destaca los casos de 136 juzgadores con hermanos que trabajan en los juzgados y tribunales, Michoacán en primer lugar, con 20 casos, seguido de Jalisco, con 17, mientras en algunos circuitos, los magistrados han empleado a varios hermanos, como en el Estado de México, donde 13 juzgadores tienen a 17 hermanos como oficiales administrativos y secretarios.
Para completar la familia, también se da empleo a los padres, práctica que se observó en 11 circuitos, donde trabajan los padres de 27 magistrados y destaca el caso de Puebla, donde 13 juzgadores emplean a sus progenitores, pero, además de compartir empleo en el Poder Judicial con ellos, un magistrado ocupó a ocho de sus tíos como secretarios, actuarios y empleados administrativos.
Otros dos magistrados de Querétaro y Nuevo León tienen a 14 sobrinos en la nómina de los circuitos judiciales correspondientes a esas entidades.
Así las cosas ¿existe alguien que aún piense en alguna animadversión “personal” o campaña “política” de AMLO contra la SCJN? ¡Sería tanto como razonar o pensar con los pies!

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 41 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales y publicar cuatro libros.
Titulado en la Universidad Autónoma de Yucatán como Licenciado en Derecho, cuenta con cuatro Diplomados en Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, y en Juicio de Amparo, así como con más de 15 Seminarios, Talleres y Cursos diversos. 

luancaba@hotmail.com                                                      
leg_na2003@yahoo.com.mx                                 luancaba.qroo@gmail.com                 
http://facebook.com/luisangel.cabanas            luisangel.cabanas@facebook.com                                
@legna2003                                                                 http://luisangelqroo.blogspot.mx

Comentarios

Entradas populares de este blog

¡Nuevo, sonado escándalo en la Fiscalía!                                                                                  Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*          Mientras la gobernadora de Quintana Roo, la verde-morenista Mara Lezama, está más preocupada por la supuesta posibilidad de ser nombrada una de las últimas colaboradoras de la virtual nueva presidente de México como próxima Secretaria de Turismo, sus propios colaboradores siguen haciendo de las suyas, principalmente en la Fiscalía General del Estado.          No sabemos qué tanto esté involucrado el titular de la dependencia, Raciel López Salazar, no así el Fiscal del Distrito Zona Norte, Sergio Iván Cruz Ledezma, a quien el sábado acusaron desde el portal Noti-Ulin , de tener un  “Edén” y habla de una “red de corrupción y poliamor en la Fiscalía”, según sugestivo título que aparece en redes sociales.          Ignoramos si la propia Mara Lezama lo nombró o si sería “chanchullo” de Raciel López, como lo han sido sus demás
¡Lluvia... de millones de pesos en la SCJN!                                                                                  Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO* Mientras nosotros preocupados por el huracán “Beryl”, una lluvia de millones de pesos gozan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de ahí su “indignación” en que se reforme el Poder Judicial, según se puso de manifiesto el martes, con ocasión del tercer foro para la reforma que, bajo el título “Austeridad, fideicomisos y derecho laboral de los trabajadores”, se realizó en Toluca, Estado de México. Ante el presidente del Tribunal en el Estado de México -también del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de esa entidad-, a quien el senador Ricardo Monreal Ávila dijo :  “¡viva también la austeridad para usted!”, el tema de este foro tuvo que ver con la austeridad, fideicomisos y derechos de los trabajadores del Poder, posición jurídica y política. Según se explicó, los derechos laborales de los trabajad
Infierno de mujeres… ¡paraíso de juzgadores!                                                                                  Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO* Las renombradas reformas al Poder Judicial, donde jueces, magistrados y ministros son los principales cuestionados, en estos tiempos de mujeres, que hace 69 años votaron por primera vez, el reclamo popular es que la justicia está muy lejos de la gente, y existe un reproche constante y permanente, donde, tan sólo en el ámbito penal, ¡el 40% de los reclusos de los centros penitenciarios! carecen de sentencia. Acorde con el tema, lo más grave es que, en la mayoría de los casos, las afectadas son mujeres, la mitad de las cuales, por si fuera poco, tampoco tiene sentencia, y tres de cada 10 de ellas han esperado más de dos años una resolución, sin olvidar casos en los que llevan más de 15 años. Lo cierto es que tan sólo el 4% de las investigaciones de las Fiscalías federales o estatales avanza en los tribunales que, para todo, les