¡El verdadero lodazal de la SCJN!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Tras
la reunión de la semana anterior entre diputados de Morena y ministros de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), éstos guardaron sus “hachas de guerra”
-momentáneamente, aclaramos-, al igual que el presidente Andrés Manuel López
Obrador, aunque es claro que esto no significa que hayan fumado la pipa de la
paz.
Entre
los principales acuerdos del 12 de diciembre, con ocasión de un desayuno al que
convocó el presidente de la Corte, Luis María Aguilar, y que encabezó el
coordinador de los legisladores, Mario Delgado Carrillo, se incluye que la primera
mantendrá sus actuales salarios, aunque los próximos ministros no podrán ganar
más que AMLO.
Para
ese efecto, Mario Delgado dijo que, supuestamente, no existe confrontación con
la Corte -sólo supuestamente- aunque sí
con partidos que rechazan la austeridad republicana. Por otro lado, el Poder
Judicial, además, será el que definirá
el monto de los salarios de su personal, en tanto que la reducción respecto del
salario presidencial sólo será para futuros miembros.
Sin
embargo, el pleito de López Obrador con los 11 ministros tiene su origen desde
2006, cuando éste los acusó junto con los
magistrados de Circuito y a los jueces de Distrito de ser privilegiados y tener
de los mejores sueldos del mundo. Y desde ese entonces anticipó que, de llegar
a la Presidencia de la República, se los recortaría.
Como
se sabe, la mayoría de Morena en el Congreso, partido que fundó López Obrador,
impulsó una reforma a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores
Públicos para “topar” el sueldo de todos los funcionarios al salario actual del
titular del Ejecutivo (108 mil pesos mensuales)
Y
es que conforme a diversas investigaciones serias, los ingresos mensuales
integrados de los juzgadores son, para un ministro de la SCJN, 578 mil 186
pesos; Consejero de la Judicatura, 578 mil 186; Magistrado electoral, 578 mil
186, y un Juez de distrito, 340 mil pesos.
En
la historia reciente destacan tres fechas: El 5 de noviembre, cuando el
Ejecutivo publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Remuneraciones
de los Servidores Públicos, que especifica que ningún servidor público recibirá
una remuneración mayor a la del Presidente de la República, la cual será de 108
mil pesos.
El
26 de noviembre, en ejercicio de sus facultades, la Comisión Nacional de
Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad para que la Corte
determine la constitucionalidad de la Ley de Remuneraciones, bajo el argumento
de que la regulación de los ingresos de los servidores públicos debe garantizar
el respeto y protección de los derechos reconocidos en el bloque de
constitucionalidad.
El
5 de diciembre, 55 senadores de oposición tramitaron ante la SCJN una acción de
inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones aduciendo que el
Ejecutivo quiere situarse por encima de los otros poderes, pero no debe
lesionar los derechos humanos ni laborales de los trabajadores.
Así
las cosas más de 5 mil funcionarios se ampararon contra la Ley, y la Corte suspendió
su aplicación. El ministro Alberto Pérez Dayán concedió en su acuerdo de
admisión “la suspensión solicitada para el efecto de que las remuneraciones que
perciban los servidores públicos de los poderes de la Unión y de todos los
demás entes públicos para el ejercicio de 2019, no se fijen en términos de la
ley reclamada, en tanto se resuelva la controversia”.
El
8 de diciembre López Obrador calificó como un error de la Corte la suspensión
de la aplicación de la Ley hasta que revise su constitucionalidad, ya que con
“sueldos exagerados, estratosféricos, de hasta 600 mil pesos mensuales, están
dando mal ejemplo quienes deberían impartir justicia”.
Dos
días después, y de manera inédita, más de mil 400 jueces y magistrados de la
Asociación Nacional de Magistrados y de Jueces de Distrito del Poder Judicial
de la Federación rechazaron de manera pública la Ley de Remuneraciones, y
denunciaron un intento del Senado para entrometerse en la autonomía del Poder
Judicial de la Federación.
Para
ese efecto, el 11 de diciembre, los senadores de Morena, encabezados por
Ricardo Monreal, presentaron a la Corte un recurso donde acusan a Pérez Dayán de
cometer errores procedimentales y, con ello, poner en riesgo la economía
nacional.
Horas
después, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, uno de los cuatro aspirantes
a presidir la Corte a partir de enero, pidió a jueces y magistrados no caer en
provocaciones: “Es necesario apelar a la sabiduría judicial que dicta responder
a cualquier crítica con más y mejores sentencias, que ordena cordura para
evitar caer en la tentación de hacer política con nuestros pronunciamientos, y
obliga a los juzgadores a ser prudentes”.
Al
día siguiente, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal interpuso un
recurso de reclamación contra la suspensión de la Ley de Remuneraciones, con el
argumento de que la admisión de una acción de inconstitucionalidad no da lugar
a la suspensión de la norma cuestionada.
Bajo
este panorama. Mario Delgado y Aguilar Morales se reunieron para buscar una
solución al conflicto, aunque se recalcó que los miembros del máximo poder
judicial fijaran los salarios de los ministros, y la SCJN admitió la impugnación
de AMLO por la Ley de Remuneraciones
Según
los argumentos jurídicos que presentó la Consejería Jurídica de la Presidencia,
la decisión de Pérez Dayán contradice al artículo 64 de la Ley Reglamentaria de
las fracciones primera y segunda del artículo 105 de la Constitución que dice:
“Al admitir la inconstitucionalidad no se dará lugar a que se suspenda la ley
cuestionada”, por lo que el ministro fue más allá de lo que marca la Constitución.
Los
artículos cuestionados son el 127 de la Constitución, que señala que nadie
puede ganar más que el Ejecutivo federal, mientras el 94 establece que no se
pueden reducir las remuneraciones de ministros jueces y magistrados durante su
encargo.
La
SCJN no tiene plazo perentorio para debatir el tema, aunque el ministro
presidente argumentó que por primera vez podrá haber un periodo extraordinario
después del 15 de diciembre si así lo proponen los ministros instructores que
proyectan el tema.
Con
todo, sin embargo, la “bomba” que detonó el conflicto de la Corte y colocó a la
población en su contra, se remonta apenas al 3 de julio de 2017, cuando Valeria
Durán, Dulce González y Raúl Olmos, como miembros del organismo “Mexicanos Contra
la Corrupción y la Impunidad” difundieron un estudio del Consejo de la
Judicatura.
El trabajo desnudó el nepotismo imperante en el Poder
Judicial de la Federación, donde al menos 500 jueces y magistrados de todo el país
tienen trabajando en tribunales y juzgados a esposas, hijos, papás, sobrinos,
tíos, cuñados y hasta suegras, con “redes clientelares” que se extienden a más
de 7 mil servidores públicos de 31 Circuitos con familiares en la nómina.
El
reporte enlista datos de 112 jueces y magistrados que habrían utilizado sus
facultades para conseguir empleo a su esposa o pareja, 180 a sus hijos, 136 a
sus hermanos y 27 a sus papás. También revela que otros 7 mil 148 servidores
públicos del Poder Judicial comparten espacio laboral con sus parientes, y aunque
identifica a cada juzgador y empleado por su número de expediente, no dio
nombres.
Según
el artículo 97 constitucional, jueces y magistrados están facultados para
nombrar y remover a los funcionarios y empleados de los Tribunales de Circuito
y Juzgados de Distrito, lo que se concibió para garantizar la autonomía de los
jueces, pero se desvirtuó para nombrar discrecionalmente a parientes, como
evidencia estudio del consejero de la Judicatura, Felipe Borrego Estrada.
No
sólo los magistrados de circuito y jueces de distrito logran generar redes
clientelares haciendo mal uso de esta atribución. Muchos secretarios,
actuarios, oficiales y administrativos poseen familiares en el mismo circuito y
en otros. Claramente influyen en la designación, sin ser posible iniciarles
proceso o expediente o alguna responsabilidad, advierte el estudio.
Entre
otros, se exponen casos extremos, como el de un magistrado del Circuito de
Durango, que integró a 17 miembros de su familia, entre hijos, hermanos,
concuños, cuñadas, primos y sobrinos en puestos administrativos, como
actuarios, secretarios de tribunal y juzgado, asesor jurídico y analista
especializado.
Otros
dos magistrados de San Luis Potosí y de Baja California tienen 11 parientes
cada uno.
Los
datos de este estudio los recopiló Felipe Borrego Estrada en visitas del 28 de
enero de 2016 al 31 de enero de 2017 a 31 circuitos del país, y corroboró con
información del Consejo. El informe no incluye el primer Circuito,
correspondiente a la Ciudad de México, debido a que los responsables del estudio
no pudieron obtener información; tampoco fue posible en Nezahualcóyotl y
Naucalpan.
De
acuerdo con el diagnóstico, casi la mitad de los jueces y magistrados federales
tiene parientes en el Poder Judicial; de mil 031 plazas revisadas en 31
circuitos, 501 tienen familiares, lo que representa el 48.6%, aunque hay
estados donde el nepotismo es más grave, como en el 16º Circuito, de Guanajuato,
donde 38 de 46 titulares tienen familiares, equivalente al 82.61%.
En
esa entidad, un magistrado tiene a su pareja como Secretaria del Tribunal,
además de emplear a dos hijos como oficiales administrativos, aunque el
nepotismo también se manifiesta en el resto del personal, no sólo entre los
titulares: De 1,214 servidores públicos adscritos al Circuito, 438 tienen parientes.
Muchos
de esos empleados tienen múltiples familiares, como un secretario de Tribunal,
con dos cuñados, un concuño, cinco primos y una sobrina en cargos
administrativos, mientras otro secretario particular incorporó a una hermana y
seis primas.
En
el Circuito correspondiente a Aguascalientes, el 81% de los jueces y
magistrados tiene parientes trabajando con ellos. De 16 titulares de tribunales
y juzgados, 13 cuentan con familiares. El Circuito correspondiente a Jalisco
ocupa el tercer lugar con más juzgadores con parientes en el Poder Judicial,
con el 76%.
Bajo
la “premisa” de Estado chico, nepotismo grande”, en Colima no abusan los
jueces, sino los empleados. Su Circuito 32º es el que tiene el menor número de
empleados en el Poder Judicial, pero a la
vez es el que registra mayor porcentaje de posible nepotismo: De 199 empleados,
al menos 136 tienen parientes -principalmente esposas, hermanos e hijos-, lo
que representa el 68.34% del total de plazas.
En
contraste, el nepotismo entre juzgadores es el segundo menor en el país, pues de
10 jueces y magistrados, sólo dos tienen parientes.
Pese
a ser el Estado más pequeño, Tlaxcala registra uno de los más altos porcentajes
de nepotismo judicial, el 70% en el caso de juzgadores y 45% entre los
funcionarios del 28º Circuito.
Jalisco:
El virreinato de los hijos. El tercer Circuito, de Jalisco, ocupa el primer
lugar nacional en contratar a hijos de jueces y magistrados. Tiene 33
juzgadores que tienen en el mismo Poder Judicial Federal a 54 de sus hijos. Por
ejemplo, uno de los magistrados de Circuito tiene trabajando a sus 4 hijos, uno
de ellos oficial administrativo, dos más secretarios de tribunal y de juzgado.
Otro
magistrado tiene dos hijos como oficiales administrativos y otro como actuario
judicial. También aparece el caso de otros tres hijos de un magistrado que
trabajan como secretarios de juzgado y de tribunal.
Esta
práctica de emplear a los hijos de magistrados y jueces se ha replicado en 29
de los 31 Circuitos revisados en el estudio: Nuevo León ocupa segundo lugar
nacional de casos de vástagos, con 22 jueces y magistrados que tienen a 36
hijos trabajando en el Poder Judicial, aunque hay casos extremos, como de un juez
del Estado de México, con tres hijos y a cuatro nueras con cargos variados como
secretario de tribunal, actuarios judiciales y empleados administrativos.
Por
otro lado, el estudio identificó a 112 juzgadores que tienen a su cónyuge,
pareja o ex esposa trabajando en el Poder Judicial, destacando el Circuito 6º de
Puebla, donde se dio trabajo a 11 parejas de jueces y magistrados: el 16º de
Guanajuato, con 10 casos, y el 18º de Morelos, con 9.
¿Alguien
dijo que las nuevas parejas y los ex no pueden tener una sana convivencia? Hay
magistrados que lo han hecho posible: Un magistrado del 2º Circuito del Estado
de México, tiene trabajando a su actual cónyuge como secretario de tribunal, y
a su expareja, como secretario de juzgado, además de emplear a su cuñado como
oficial administrativo.
En
el circuito de Guanajuato hay un caso parecido, con un magistrado que tiene a
su ex cónyuge como oficial administrativo, y a su actual pareja como secretaria
del tribunal, además de emplear a dos hijos.
Por
otro lado, el tema destaca los casos de 136 juzgadores con hermanos que
trabajan en los juzgados y tribunales, Michoacán en primer lugar, con 20 casos,
seguido de Jalisco, con 17, mientras en algunos circuitos, los magistrados han
empleado a varios hermanos, como en el Estado de México, donde 13 juzgadores
tienen a 17 hermanos como oficiales administrativos y secretarios.
Para
completar la familia, también se da empleo a los padres, práctica que se observó
en 11 circuitos, donde trabajan los padres de 27 magistrados y destaca el caso
de Puebla, donde 13 juzgadores emplean a sus progenitores, pero, además de
compartir empleo en el Poder Judicial con ellos, un magistrado ocupó a ocho de
sus tíos como secretarios, actuarios y empleados administrativos.
Otros
dos magistrados de Querétaro y Nuevo León tienen a 14 sobrinos en la nómina de
los circuitos judiciales correspondientes a esas entidades.
Así
las cosas ¿existe alguien que aún piense en alguna animadversión “personal” o
campaña “política” de AMLO contra la SCJN? ¡Sería tanto como razonar o pensar
con los pies!
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito
para el autor)
*Luis
Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 41 años de experiencia como
reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de
comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex
gobernadores y tres presidentes municipales y publicar cuatro libros.
Titulado en la Universidad Autónoma
de Yucatán como Licenciado en Derecho, cuenta con cuatro Diplomados en Derechos
Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; Acceso a la
Justicia en Materia de Derechos Humanos, y en Juicio de Amparo, así como con
más de 15 Seminarios, Talleres y Cursos diversos.
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