¡Sangre en el gabinete de CJG!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Exhibido, cuestionado,
vilipendiado de todas las formas posibles por sus controvertidas decisiones, el
gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, persiste contra viento y
marea en todos sus caprichos, aunque en esta ocasión se le pasó la mano.
No, no nos referimos a su insistencia en obsequiarle la
Rectoría de la Universidad de Quintana Roo al ex titular de la Secretaría de
Gobierno, Francisco López Mena -en un intercambio de “facturas” con el PAN-, sino en mantener como secretario de
Seguridad Pública y Mando Único al tijuanense Jesús Alberto Capella Ibarra.
Lo más grave del caso es que el mandatario impone su
rebeldía ¡a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos! Sí, leyó Usted bien:
Hablamos de un organismo, cuyas autoridades de su homóloga en Quintana Roo
deberían estar muy preocupadas en emitir Recomendación alguna al mandatario,
dado que ya vemos que le importan “una pura y dos con sal”.
Probablemente pretextará que NO están dirigidas a su
gobierno, aunque SÍ contra un funcionario de su gabinete -uno de los más
estratégicos-, ya que, en efecto, tal y como se sabe, el 14 de julio último la
CNDH emitió la Recomendación 21VG/2019 por “violaciones graves a derechos
humanos” por parte de agentes de la Policía Estatal de Morelos, durante un
operativo de la madrugada del 30 de noviembre de 2017 en Temixco.
Según
la indagatoria, los policías, al mando de Capella, entonces titular de la
Comisión Estatal de Seguridad Pública, violaron los derechos humanos de una
familia, incluida la ejecución de seis personas -cuatro mujeres, una bebé y un
joven-, al irrumpir en el predio 238 de la calle Francisco I. Madero, en la Col.
Rubén Jaramillo, de Temixco, por supuesta denuncia de una casa donde “se
presumía” habría personas secuestradas.
Ante
esos hechos, durante el mandato del perredista Graco Ramírez, la Comisión emitió
la Recomendación, dirigida al hoy gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, así
como al fiscal general de Justicia, Uriel Carmona Gándara, éste último en el
cargo desde ese entonces.
Pareciera que Temixco es el municipio “preferido” de
Capella, pues, como publicamos el 6 de noviembre de 2018 https://luisangelqroo.blogspot.com/2018/11/policias-en-busca-de-un-culpable-lic.html el 2 de enero de 2016, apenas unas horas
después de tomar posesión como alcaldesa de Temixco, Morelos -a unos 10
kilómetros de Cuernavaca-, Gisela Mota Ocampo fue asesinada por cuatro hombres
en su domicilio.
En
respuesta, Graco Ramírez anunció que asumiría la seguridad en 15 municipios que
no habían querido ratificar el Mando Único -¿recuerda Ud. el reciente caso de
Solidaridad?-, entre ellos el de la alcaldesa asesinada, lo que inició una
disputa con el entonces alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, quien denunció
“golpe de Estado” -como la edil Laura Beristaín Navarrete-, luego de que la
policía estatal tomó el control en ese municipio.
Curioso,
¿No? Coincidente, ¿Verdad? Pero lo cierto es que en ambos casos aparece Temixco
y en ambos está ligado Capella, quien, recordamos, el 14 de septiembre 2018, a
través de redes sociales, anunció su renuncia a la Comisión Estatal de
Seguridad pública (CES) de Morelos “en común acuerdo con Graco Ramírez”.
La
transición del Mando Único se
realizó en el Centro de
Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5) de Temixco, donde 15 días después, al concluir
el periodo de Graco Ramírez e inició el de Cuauhtémoc Blanco, el lugar lo ocuparía José Antonio Ortiz.
“Curiosamente”
con el caso de Quintana Roo, Capella se involucró más en la “lucha” contra el
narcotráfico que en las tareas de prevención, ya que, presumía, durante su paso
por Morelos detuvo a varios cabecillas del cartel “Los Rojos”, pero no a su líder, Santiago
Mazari (a) “El Carrete”, considerado uno de los más sanguinarios del Sur de ese
Estado.
El
caso es que, de la noche a la
mañana, Capella amaneció en
Quintana Roo como nuevo titular el 26 de septiembre de 2018 -según Carlos
Joaquín, “después de cuidadoso análisis de asesores”-, aunque 6 meses después el
gobierno de Morelos presentó el 14 de marzo de 2019 una denuncia ante la
Auditoría Superior de Fiscalización por irregularidades en el manejo,
administración, aplicación y desvío de los recursos federales de los Programas
de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) durante casi cinco años.
La
denuncia también involucró a Fernando Aldape Salas, ex director de la Academia
de Estudios Superiores en Seguridad de Morelos, así como a Juan Carlos Peniche
Payen, ex coordinador de Desarrollo y Vinculación, una acusación que Capella
calificó de perversa “por su clara intención de denostar mi imagen; falsa,
porque no tengo la más mínima duda de que actuamos siempre con responsabilidad
y legalidad”; y como cobarde.
El escándalo por la matanza de Temixco prácticamente recién
estalló en Quintana Roo, aunque el 10 diciembre de 2017 -10 días después de los
hechos- apareció en Morelos una manta del Cártel Jalisco Nueva Generación, que
acusó a Capella de ser responsable de la masacre, además de ofrecer 100 mil
pesos “por cada cabeza de policía o Mando Único”.
La
manta, que apareció en uno de los puentes de la Autopista del Sol, acusa a Capella
por la masacre de cuatro mujeres, un joven y una bebé, y señala con letras
rojas: “Hijo de su puta madre te pasaste de verga matando gente inocente
ordenaste a la bola de pendejos que hicieron tu trabajo sucio pero ni eso
pueden hacer bien ya están todos tus putitos policías ubicados que se pasaron
de verga con la gente de Temixco (sic)”.
Entre
los jefes policíacos incluye a “Jose Abdiel Martínez Leana, Pedro Gómez
Valeriano, Fernando Medina Bahena, Arturo López Borja y tus comandantes, Lauro
Dave Aquiles, Veledias Alfa 8 y el puto Pegaso (sic).”, a quienes aseguran: “Llegamos
para quedarnos”.
Ya
desde ese entonces el diputado federal Matías Nazario Morales y el senador
Fidel Demédicis Hidalgo exigieron formalmente -por separado- la intervención de
la PGR y la atracción del caso. No pasó nada.
Durante
el operativo, efectuado por la madrugada, se detuvo a siete personas, entre
ellas una mujer y un menor, sobre lo cual Capella informó que alrededor de las
3 horas detuvieron al hijo de un hombre identificado como El Crispín, presunto
líder de una célula de Nueva Generación en Temixco, así como a Gilberto “N”, Carlos
Alberto “N”, José Antonio “N”, José “N” y Brenda Elena “N”.
Dijo
que tras la detención se ubicó una supuesta casa de seguridad con personas
privadas de la libertad en la calle Venustiano Carranza, donde los recibieron a
balazos, y en el fuego “cruzado” murieron las 6 personas, presuntos familiares
de los detenidos que estaban en el inmueble.
Según
él, “El Crispín” fue detenido en un automóvil con una pistola 9 milímetros y
envoltorios al parecer con marihuana, tras lo cual se ubicó el predio donde
estaban las personas supuestamente privadas de su libertad, y unos sujetos los
recibieron a balazos, por lo que “seis agentes se vieron obligados a repeler la
agresión, detonando sus armas”.
Aseguro
que en la balacera murieron los familiares de los detenidos y resultaron
lesionados dos menores más, y que los presuntos delincuentes estaban armados con
suficientes cartuchos útiles, lo que prolongó el ataque unas dos horas, pero
los policías “no repelieron la agresión, sino simplemente aseguraron el lugar y
solicitaron más apoyo”.
Puntualizó
que después de lanzar gas pimienta los agresores se entregaron y que los
agentes que participaron fueron puestos a disposición de la Fiscalía General.
Sin
embargo, tras varias horas de audiencia, el Juez de Control dictó auto de
libertad inmediata a los cuatro detenidos, entre éstos José Antonio Valdés
Chapa, señalado por Capella como miembro de una célula de Beltrán Leyva.
Luis
Daniel Preciado García, familiar de las víctimas, dijo que no hubo prueba de
que su familia hubiera disparado, tampoco del tiroteo, ya que éste fue por
parte de los policías a su familia, por lo que el Juez desestimó las “pruebas”
del Ministerio Público, la Fiscalía Especializada y el asesor jurídico de los
policías, y determinó la libertad inmediata a los detenidos.
Según
su razonamiento, era ilógico que Valdés Chapa, señalado por la Fiscalía como
quien atentó contra los policías, no hubiera matado por lo menos a uno de ellos,
y que las pruebas de balística de la Fiscalía a las cinco armas que presentó el
Mando Único no coincidiera con los casquillos encontrados, y que los policías,
a los que se les practicó prueba de rodizonato de sodio, resultaron negativos.
Además,
las pruebas de balística de la mayoría de los casquillos 9 milímetros y 38
súper encontrados no correspondían a las dos pistolas halladas en el lugar. Las
pruebas de parafina de las víctimas también resultaron negativas.
Durante
la audiencia, con base en las pruebas de balística de la Fiscalía, por lo menos
cuatro pistolas fueron detonadas en el lugar sin que se sepa quiénes las
accionaron y dónde estaban, además de que, conforme a fotografías forenses, ¡todas
las víctimas presentaban tiro de gracia!
Los
agentes presentaron sus cinco armas largas, pero ninguna de ellas disparó los casquillos
encontrados. Había dos armas, de 9 mm y 38 súper. La primera sino disparar
ningún casquillo encontrado, aunque en el baño, donde estaban ejecutados las
mujeres y niños, había casquillos 9 mm de cuatro armas que no se aseguraron.
Por
lo anterior, Derechos Humanos acreditó: Los policías allanaron las casas donde
estaban las víctimas; se detuvo arbitrariamente a siete personas, incluido un
adolescente; hubo uso excesivo de la fuerza en la ejecución arbitraria de seis
personas, incluidos dos menores; trato cruel, inhumano y/o degradante derivado
de las lesiones de cuatro personas, dos de ellas infantes; dilación en la
puesta a disposición de los detenidos ante el Ministerio Público, y colocación
deliberada de armas e indicios en el cadáver de una víctima.
Así,
la CNDH atribuye al Gobierno de Morelos la implementación inadecuada de
políticas públicas para abatir los altos índices delictivos; a la Fiscalía de
Justicia, dilación de las carpetas de investigación radicadas por las conductas
delictivas cometidas en agravio de las víctimas; y a la Dirección General de
Asuntos Internos de Seguridad Pública, irregularidades en la resolución de la
carpeta administrativa contra los agentes involucrados.
Dado
que estos hechos los consideró de lesa humanidad, la CNDH atrajo el homicidio
de las seis personas y el bebé, aunado a que la respuesta de la autoridad local
fue ínfima en proporción al nivel de transparencia y celeridad que se requería
para resolverlo.
Concluyó
que personal de la primera Visitaduría acudió a la Comisión de los Derechos
Humanos en Morelos para solicitar la entrega de la queja CDHM/SE/V3/061/295/2017
que dicho órgano inició el 30 de noviembre.
En
tanto, irónicamente Carlos Joaquín aparece en la Revista Líderes Mexicanos 2019,
considerando “sus cualidades” al frente del Estado más turístico de México,
pese a mantener a un funcionario con las manos bañadas de sangre de inocentes,
aunque, irónicamente también, Capella recibió la “Estrella de Honor” por su “trabajo
en seguridad”, por parte de la Asociación de Consejeros, Agregados y Enlaces de
Policía y Seguridad Acreditados de México (¿?)
¡No
cabe duda de que algo anda mal en México! ¿Será el meteorito que se teme que se
estrelle contra la tierra?... o el fallido arribo de extraterrestres.
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito
para el autor)
*Luis
Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 42 años de experiencia como
reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de
comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex
gobernadores y tres presidentes municipales y publicar cuatro libros.
Titulado en la Universidad Autónoma
de Yucatán como Licenciado en Derecho, cuenta con cuatro Diplomados en Derechos
Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; Acceso a la
Justicia en Materia de Derechos Humanos, y en Juicio de Amparo, así como con
más de 17 Seminarios, Talleres y Cursos diversos.
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