Futuro del caso Calica, ¡empeorado!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

         Frente la proximidad del fin del sexenio del presidente López Obrador, por ningún lado se vislumbra la posibilidad de un arreglo del tema de Calizas Industriales del Carmen (Calica), del que se ve una absoluta apatía por parte de la gobernadora verde-morenista de Quintana Roo y la alcaldesa panista de Solidaridad aspirante a la reelección, la panista Roxana Lily Campos Miranda.

         En el primero de los casos, no puede olvidarse que Mara Lezama debe la principal preocupada por lo que por años ha sufrido el Estado con esa empresa, primero a causa del ex gobernador Pedo Joaquín Coldwell, mientras que Lily Campos ignora -más bien le vale- que el principal afectado, Playa del Carmen, sea parte del municipio que gobierna, al menos hasta ahora.

         Lo cierto es que, de un tiempo a la fecha, resulta que ahora no sólo Calica afecta el entorno ecológico de Playa del Carmen, sino, con todo el consentimiento de las autoridades, también la empresa antes llamada Triturados y Concretos del Sureste (Gorsa), ahora conocida como Tricoblocks del Sureste, de la que Carlos Ramírez funge o fungía como gerente de planta.

         El caso es que, hasta lo último que se dijo, el gobierno de López Obrador se preparaba para tomar el control de la cantera y puerto propiedad de Vulcan Materials en Quintana Roo, después de años de negociaciones, durante los cuales no logró llegar a un acuerdo para comprar la propiedad.

Para ese efecto, el Gobierno federal planeaba o planea -lo que vemos más difícil ante la proximidad de las elecciones- declarar ese terreno, ubicado al sur de la ciudad turística de Playa del Carmen, Área Natural Protegida, lo que impediría que la constructora estadounidense extrajera piedra caliza en el sitio que posee desde hace décadas.

Sin embargo, no hay claridad sobre cuándo el Gobierno de México realizará el anuncio, pero planea seguir adelante a menos que se produjera un avance inesperado o una concesión por parte de la compañía, con sede en Alabama, durante las estancadas negociaciones en las que las dos partes han permanecido alejadas.

Con todo, en su conferencia de prensa matutina del 13 de marzo, López Obrador anunció que esperaba que el caso Vulcan se resolviera “en los próximos días”, lo que nunca ocurrió después de poco más de un mes y medio.

Según dijo en aquel entonces, “el asunto de Vulcan está por resolverse, estamos esperando, en unos días más. Porque siempre buscamos la negociación, el diálogo, el acuerdo. Eso es lo que se está haciendo en este caso”.

Lo único cierto, coincide el portal Por Esto, es que no sólo Calica -ahora Sac Tun- ha provocado daños irreversibles al entorno ecológico de Playa del Carmen, sino también Tricoblocks, con apoyo de funcionarios como Gina Patricia Ortiz Blanco, titular de la Seduma durante el sexenio de Félix González, explotando el predio llamado “San Francisco”.

Desde 2006, la empresa ha extraído material pétreo, pero en 2010 recibió el permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para extraer el material bajo el manto freático por ocho años -originalmente pedía cinco-, que venció en 2018, aunque, con todo, continúa la extracción de material e, incluso, en 2020 solicitó permiso para seguir.

Lo que es raro, el 8 de febrero último se les entregó un resolutivo que la dependencia no ha hecho público, a través de su Gaceta Ecológica, para saber si se le autorizó o no.

San Francisco se ubica al Norte de Playa del Carmen, en el kilómetro 300 de la carretera federal 307, a un costado de otro predio que aprovecha Agregados y Bloques del Carmen (ABC) que, se sabe, también está sujeto a un proceso legal por haber explotado sin permiso más de 100 hectáreas.

Cuando en 2006 Triturados y Concretos del Sureste recibió la autorización vía oficio SEDUMA SSMA/DGPA/BMP/0147/2006 para extraer roca caliza en 39.70 hectáreas, obtuvo los primeros años 1.5 millones de m3, cerca de los 1.98 millones autorizados por el Gobierno del Estado.

Durante el trienio de Carlos Joaquín González como alcalde de Playa del Carmen, al aprobarse el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), la zona donde se ubica ese predio se incluyó en la Unidad de Gestión Ambiental número 14, apta para ser explotada.

Dicho POEL, entró en vigor en 2009, y un años después, en abril del 2010, la empresa presentó a la Semarnat la solicitud para extraer material por debajo del manto freático para tener un aprovechamiento de hasta 2.8 millones de metros cúbicos, según consta en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que presentó para obtener el visto bueno.

Según investigaciones periodísticas, el 12 de octubre de 2010, recibió el resolutivo de la Semarnat autorizando el proyecto, condicionado, que le permitía explotar 39.70 hectáreas; 4.98 anuales durante 8 años; y 5.70 metros debajo del manto freático. Es decir, en 2018 debió concluir los trabajos.

El 3 de noviembre de 2020, ahora como Tricoblocks del Sureste, ingresó a Semarnat el proyecto “Aprovechamiento de Roca Caliza en el Predio San Francisco, Nueva Etapa”, debajo del manto freático, en el que pedían extraer y aprovechar materiales pétreos debajo del manto freático en una superficie de casi 600 mil m2.

Este aprovechamiento de roca caliza sería en una cantera previamente explotada en seco, donde se pretendía extraer más de 5 millones m3 de piedra, distribuidos en tres polígonos con corte de entre 7 y 10 metros de profundidad por debajo del nivel de saturación de agua.

Como antecedente, de 2006 y 2010 aseguraron la vigencia de la última autorización sin haber aprovechado toda la superficie autorizada en el proceso de extracción en fase húmeda, por lo que quedó un remanente de 97 mil 549.73 m2 de área aprovechable, por lo que se solicitó continuar el uso extractivo en fase húmeda.

Es decir, pretendió justificar la continuación de sus trabajos fuera del periodo concedido que, de autorizar la Semarnat, serían casi 600 mil m2 los que Tricoblocks del Sureste podría devastar, con mayor daño ambiental.

Sobre el particular, el presidente del Círculo Espeleológico del Mayab, Roberto Rojo, diría que estas prácticas afectan severamente el entorno sumamente frágil de la región. Dicho predio es vecino del “Santa Amelia”, explotado por ABC desde hace varios años, y donde su presidente, Eduardo Solís Preciat, enfrenta prisión domiciliaria por robo, despojo y delitos en materia ambiental, según carpeta administrativa 348/2020 de la Fiscalía General del Estado.

Ahora bien, respecto a Vulcan, en 2023 pidió protección al gobierno de Joe Biden ante lo que consideró como la amenaza de una toma de control del Gobierno de la propiedad de la Riviera Maya, y acusó que la oferta de compra infravaloraba profundamente los activos.

López Obrador ya había argumentado daños ambientales y envió a la Marina a ocupar el territorio, aunque el director ejecutivo de Vulcan ha defendido su historial ambiental y citado premios internacionales y esfuerzos de reforestación.

La esperanzada toma de posesión de la propiedad sería la medida más reciente de López Obrador contra el sector empresarial, mientras busca asegurar el poder del Estado antes de terminar su mandato en octubre.

Los litigios y arbitrajes de Vulcan con México datan de 2018 en virtud del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), luego reemplazado por el T-MEC durante el gobierno de Trump, cuando dijo que las acciones de gobierno son ilegales y agregaría medidas más recientes a un caso de arbitraje en curso contra México.

Vulcan señalaría en octubre pasado que, por la prensa se enteró de que López Obrador intentaba adquirir sus 2 mil 400 hectáreas de terreno por 360 millones de dólares, pero que solo había recibido una tasación inadecuada de la propiedad, que incluye Punta Venado y la cantera Sac Tun.

Ahora bien, lo último que se dijo sobre el tema Calica es que López Obrador se alistaba para tomar posesión los terrenos que pertenecen a Vulcan Materials, luego de años de negociaciones en los que el Gobierno de México no logró llegar a un acuerdo con Vulcan para comprar la propiedad, y que su plan consiste en declarar el territorio como área natural protegida para impedir la extracción de piedra caliza. 

Como se sabe, los terrenos que el presidente de México quitará a Vulcan se encuentran en el Caribe, al sur de Playa del Carmen, y son tanto la cantera de Sac-Tun como el puerto de Punta Venado, con una extensión de 2 mil 400 hectáreas aproximadamente.

AMLO ha alegado en distintas ocasiones que pretende el control de los terrenos porque la empresa provoca daños ambientales, mientras que los propietarios de Vulcan han defendido su prestigio ambiental, citando premios internacionales y esfuerzos de reforestación, por lo que han pedido la ayuda de Joe Biden.  

Desde el 13 de marzo, el mandatario dijo que esperaba que el caso se resolvería “en los próximos días”, aunque no dio más detalles, aunque, según datos de Bloomberg en el Financiero, Vulcan ha disputado los terrenos con México desde 2018, pero que las acciones tomadas por la administración de López Obrador son “ilegales”.

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 48 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

       Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.