¡Indice delator en caso de Iguala!
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Ahora cómodamente instalado como secretario de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (Sedatu), el ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, es
señalado uno de los principales involucrados en la manipulación y ocultamiento
de datos en la desaparición de los 43 normalistas de Iguala, como se dijo desde
un principio, al igual que el presidente Peña Nieto.
Al cumplirse el sábado un año de los sangrientos hechos que
pusieron el nombre de México en el “barrio bajo” del concierto de naciones,
salió a relucir un informe de un Grupo Interdisciplinario de Expertos de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, poco conocido por la opinión
pública, nuevamente puso el tema en la mesa de discusiones.
El informe sobre la investigación de las autoridades sobre el
caso Ayotzinapa contiene coincidencias, pero cuestiona la teoría de
incineración de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula, y aunque menciona
la posibilidad de haber quemado algunos, la revisión ocular de especialistas en
la materia corrobora la imposibilidad de que ahí se deshicieran todos los
cuerpos.
Y
lo hace con elemento probados desde la cantidad de materiales necesarios para
incinerar tanto material, que no llevan a la certeza jurídica, tal y como meses
atrás afirmaron científicos mexicanos, con lo que se cuestiona la “investigación”
que realizó el ex procurador ¿Dónde están los 41 faltantes?
Presentar
a supuestos participantes directos que además confiesan, no quiere decir que
resistan una prueba científica, tal y como plantea el Grupo Interdisciplinario que
cuestiona la teoría, por lo que las autoridades deben demostrar consistencia de
dichos, lo que sólo es posible con argumentos científicos, no con
descalificaciones, ya que es su responsabilidad esclarecer los hechos y
castigar a los culpables.
El
caso no es politizar, pero requiere certeza científica e investigación de fondo
que evite manifestaciones de cualquier índole y que, más allá de justificar,
abone a la verdad.
Es
importante explicar diferencias y hechos que cuestionan la llamada “verdad
histórica”. En su Tercer Informe, Peña Nieto incluyó entre sus prioridades,
combatir la impunidad y proteger los derechos humanos, y de ahí que se insista
en una Fiscalía Especializada para evitar impunidad.
Conforme
explica la senadora Angélica de la Peña Gómez, la investigación de Grupo
Interdisciplinario surge de un acuerdo del Estado mexicano desde la perspectiva
de los derechos humanos en una vinculación de México con el Pacto de San José.
Así,
evidencia que la noche de los hechos estuvieron al menos cinco cuerpos de
seguridad: Las policías municipales de Iguala y Cocula, este último presidido
por el priísta César Peñaloza Santana; agentes de la Policía Federal,
Ministerial y Ejército. De ese tamaño es la magnitud de la responsabilidad.
Aunque
Iguala y Cocula fueron los agresores directos, Ejército y agentes federales y
ministeriales se abstuvieron de defender a las víctimas, eludiendo su
obligación, permitiendo, incluso, seguir las agresiones en nueve casos y
lugares distintos, lo que implica una clara omisión propia e impropia.
Una
vez iniciada la investigación por la Procuraduría de Guerrero, hubo gran
cantidad de deficiencias, insuficiencias, parcialidades, inexactitudes y
desaciertos que evidenciaron negligencia y enorme impericia.
La
búsqueda de estudiantes inició de manera tardía, deficiente y desorganizada, sin
protocolo adecuado. Se omitieron acciones importantes como intervención de
comunicaciones, cateos, entrevistas, testigos, análisis de los videos del C4, y
otros datos que pudieron haber posibilitado localizar a otros chicos de manera
pertinente.
El
4 de octubre de 2014, la PGR informó que se haría cargo de las investigaciones,
pero el Ministerio Público Federal ha sido deficiente. Existen evidencias de
deficiencias en fotografías forenses, balística, medicina forense, incendios y
explosiones; química forense, audios, videos, tránsito terrestre, genética
forense, tránsito e identificación vehicular; antropología, identificación y
odontología forenses, entre otras.
La
PGR no ha cumplido estándares mínimos para una adecuada verdad jurídica. Desgraciadamente,
estamos frente a una cadena de custodia de múltiples indicios y evidencias rota.
Por
otro lado, se omitió explorar diversas líneas de investigación, como el trasiego
de drogas, por lo que tal parece que existe la intención de que todo se
circunscriba a un municipio, a un hombre, cuando la realidad es, según informes
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Consejo Nacional del PRD y Grupo
de Expertos Independientes, el trasiego de la droga.
A
la hipótesis de que a los normalistas los hayan incinerado en el basurero, no
hay manera de comprobar que 43 cuerpos pudieran haber sido incinerados en 14 ó
16 horas.
Asimismo,
el hallazgo de un “quinto autobús” que no aparece en la investigación de la PGR
y la suplantación de otro, patentizan la deficiente investigación de Murillo
Karam.
¿Cómo
explicar la dispersión de 14 procesos penales en ocho juzgados de Distrito en
distintas ciudades del país? Por supuesto, con toda la intención de complicar
más el litigio, aunque lo más preocupante es que el delito imputado sea
secuestro, y no desaparición forzada, lo que refleja el interés por eludir la
responsabilidad del Estado mexicano.
El
informe de Expertos Independientes refleja que el rubro de atención a las
víctimas y ofendidos por parte del gobierno mexicano también ha sido
insuficiente, distante o nulo.
Estamos
frente a indicios de que las formas y procedimientos de las autoridades
encargadas de esta averiguación contra los acusados no son las más adecuadas, por
lo que no nos extrañaría que se incurra en otro tipo de delitos como la
tortura.
Se
cumplió un año de estos hechos deplorables, pero no se trata sólo de 43
desaparecidos, pues durante los hechos hubo 180 víctimas directas en distintos
sitios y seis ejecutadas extrajudicialmente, dos de ellas con un tiro de gracia
a 15 centímetros, y otra, desmembrada.
Hubo
más de 40 heridos, 80 personas sufrieron atentados contra su vida, y otras 30
agresiones directas de las que lograron sobrevivir, ante lo cual nos
preguntamos ¿Qué hicieron las autoridades que observaban, el Ejército, la
Ministerial de Guerrero y la Policía Federal? Prácticamente acompañaron todo el
tiempo, observaron estos hechos sin la absoluta intención de detenerlos.
Fue
un exceso, profunda crisis de impunidad. De ese tamaño es el problema, con la evidente
participación de agentes del estado, en complicidad con la delincuencia
organizada, lo que denota un grave deterioro de nuestro Estado de derecho e
instituciones.
La
tragedia de Iguala sigue siendo un expediente abierto. Los padres de los 43,
así como las organizaciones de derechos humanos han sido enfáticos en señalar
que las investigaciones, en primerísimo lugar, tienen que estar encaminadas a
buscarlos con vida.
Hoy
tenemos una primera conclusión: Que las autoridades que “investigaron” los
hechos no pueden seguir al frente de la investigación y que urge un deslinde de
responsabilidades de quienes hasta ahora han estado al frente.
No
es posible seguir ocultando el problema, no sólo de la región de Tierra Caliente,
sino la de todos los Estados con un problema muy bien evidenciado, que es el
trasiego de drogas. Pareciera que se quiere presentar una fiscalía para ver la
desaparición forzada, cuando ni siquiera existe la ley.
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita
del nombre de su autor)
*Luis
Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco residente de Chetumal, Quintana Roo,
con más de 38 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y
jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como
Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y
publicado tres libros.
luancaba.qroo@gmail.com
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