¡Piden nuevos “gargantas
profundas”!
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
No
pudimos acudir al informe del gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo porque
no nos invitó su Voz-cero, Rangel “Rizos” Rosado, pero, al igual que muchos,
días antes vimos desde la televisión -otros lo escucharon por la radio- el
mensaje del presidente Peña Nieto, en cuya parte final, en forma inesperada, replanteó
su “Decálogo”, donde volvió a hablar de su combate a la corrupción.
Así,
no obstante, reconoció que los supuestos señalamientos de conflictos de interés
-en contra de su gobierno, eso no lo dijo- han generado molestia e indignación
entre la sociedad, para lo cual ofreció -como muchas otras veces- una absoluta
determinación, compromiso con la ley, con la integridad en el servicio público
y el combate a la corrupción.
Para
ese efecto, nos preguntamos, ¿Qué combata mejor la corrupción? ¿Cuáles son los
elementos que permiten un combate serio, de a de veras, contra la corrupción?
El
prácticamente recién creado Sistema Nacional Anticorrupción incorpora el importante
tema de la prevención, así como el de la coordinación entre las áreas, la fiscalización
de las participaciones federales a los Estados, la investigación, las sanciones
y la reparación del daño, pero existe un elemento que sigue muy débil en ese
combate: La denuncia, la mejor arma contra la corrupción.
Desgraciadamente,
¿Cómo pensar que denuncie un funcionario público, integrante de un partido o
sindicato, por cuyas responsabilidades se percate de actos de corrupción o que
se está reservando información para no hacerlos públicos? ¡Ni en sueños!
¿Qué
les pediríamos a esos funcionarios? Prácticamente un acto heroico en el que el
Estado mexicano no los acompañará, lo que, en los hechos, parece muy
desafortunado.
En
efecto, existen mexicanos, no en las cúpulas, sino en la base de las
organizaciones, que cuentan con estándares éticos y morales muchísimos más
elevados que los de sus propios jefes, pero no se les ofrece garantías para que
esos estándares los traduzcan en denuncia.
Por
eso presentamos esta iniciativa, La Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, que no incorpora lo que está otra ley de informantes sí
necesita el país.
Para
ese efecto, el senador Zoé Robledo Aburto presentó el proyecto de decreto “Ley
Federal para Protección de los Denunciantes e Informantes de Actos de
Corrupción”, que protegería a quienes denuncian actos de corrupción ante las
autoridades, y a quienes testifican ante ellos.
Conforme
a la iniciativa, acompañarían a esa Ley diversas medidas para denunciantes y
testigos, entre otras, asistencia legal, reserva de su identidad, traslados de
la dependencia donde trabajen, licencia con goce de sueldo, protección
policial, muchas veces necesaria, incluso, cambio de residencia u ocultación de
paradero.
A
reserva de su análisis caso por caso, estas medidas se asemejan y aproximan
mucho a las de los testigos protegidos. No existen en nuestra democracia, pese
a que constantemente se habla de la consolidación de ésta y un mejor diseño, y ser
uno de los accesorios más importantes que ha servido en otras partes del mundo,
incluso para cimbrar a un sistema político.
En
México, simplemente se ha decidido darle la espalda a la importante protección de
informantes, los “Western blower”, como se les conoce en todo el mundo.
Francia,
Chile y Canadá ya cuentan con esquemas de disposiciones de protección en diversos
ordenamientos de sus códigos penales, mientras que en Estados Unidos, Reino
Unido y Australia son leyes específicas, tal y como hoy se plantea, una ley que
siga los parámetros de la ley modelo, a efecto de facilitar e incentivar
denuncia de corrupción y protección de denunciantes y testigos que elaboró la OEA.
Para
ello habría que retomar el espíritu de la primera propuesta sobre el
particular, misma que firmaron el PRI, PAN, “Verde” y PRD, misma de la que
aceptaron una serie de recomendaciones de parte de la Consejería Jurídica de la
Presidencia, pero ahí se eliminó el tema de informantes.
La
iniciativa original tenía el tema de éstos, aunque -como suele ocurrir muy
seguido en las Comisiones Dictaminadoras del Senado-, éstas simplemente las
hicieron “desaparecer”.
Con
todo, tras el informe de Peña Nieto y su anuncio de retomar ese compromiso
contra la corrupción, habría que analizar qué tan lejos se quiere llegar en su
combate. Si pretenden leyes secundarias a la ley, que simplemente cumplan y
simplemente se queden en la mediocridad de haber satisfecho el consenso de
Senadores, o si van a fondo, con medidas para informantes que realmente sean en
quienes descanse el verdadero ese combate.
Nunca
más debe existir un funcionario que deba poner en la mesa, en su determinación
más profunda, en una reflexión, la idea de sobrevivir en su empleo, de no
causar problemas, de generarse enemigos grandes y poderosos y simplemente
callar.
Nunca
los debemos dejar dudar de sus estándares éticos si las “cabezas” de las dependencias
carecen de éstos. Se le debe dar la oportunidad a estos héroes anónimos de denunciar,
pero no como suicidio, sino como un acto heroico en el que se sientan
acompañados por el Estado y una ley específica.
Hoy
más que nunca debiéramos recordar a un personaje histórico y cómo la
transparencia y el combate a la corrupción pudo cimbrar un poderoso sistema
político, el de Estados Unidos, con el escándalo llamado “Watergate”.
Hablamos
del ex agente del FBI Mark Felt (1913-2008), conocido como “Garganta profunda”,
el Western blower más famoso que ha existido en el mundo. Fue el primero, pero después
de él han seguido muchos, como el ex empleado de la CIA, Edward Snowden, y
otros africanos que han salido de su país y están asilados en universidades
norteamericanos porque sus países no les permiten acceder a este tipo de
mecanismos.
Ante
la iniciativa del Senado, este es buen momento para determinar si queremos
parecernos a los países de África, o a las democracias con las que nos estamos
comparando constantemente; si nuestro “combate” a la corrupción ofrece este
tipo de herramientas o se quedará en la serie de discursos, anuncios, “Decálogos”,
tablas de ley, en las que no se observa una verdadera voluntad de cambiar las
cosas.
La
mejor opción es regular los Western blower para no dejar fuera de la ley la
protección de quienes, sin fomentar los “chivos” expiatorios, buscan
responsablemente exhibir la corrupción, pero que requieren de una protección
especial y ser escuchados y respaldados por su valor.
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita
del nombre de su autor)
*Luis
Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco residente de Chetumal, Quintana Roo,
con más de 38 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y
jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como
Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y
publicado tres libros.
luancaba.qroo@gmail.com
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