¡Siete “secretos” del caso
Ayotzinapa!
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Resulta
verdaderamente lamentable que a más de un año la desaparición forzada de los 43
estudiantes de Ayotzinapa y seis
ejecuciones extrajudiciales de Iguala de Guerrero, hasta hoy no se hayan
dimensionado en su justa magnitud los hechos, con lo que las autoridades
involucradas triunfan en su apuesta a la mala memoria de los mexicanos.
Lo
peor del caso es que nuestros representantes “populares” afines al oficialismo
se han convertido en cómplices con su misma retórica discursiva, en deslindar o
perdonar responsabilidades de acusaciones. No quieren entender que lo sucedido
en Iguala trasciende el ámbito local y da cuenta de la profunda crisis en la
que se encuentra el Estado mexicano.
En
efecto, se trata de la mayor crisis de violación de derechos humanos en la
historia reciente del México, donde el nivel de descomposición, corrupción e
impunidad permea no sólo a las instituciones de seguridad pública y de
inteligencia del Estado mexicano, sino a todos los órdenes de gobierno, incluso
a los partidos.
Pero
Iguala es sólo el reflejo del gravísimo problema de desapariciones forzadas,
donde los últimos años -reconoce la propia Secretaría de Gobernación-, en el
país han desaparecido 25 mil 700 personas en los últimos años ¡Esa es la
dimensión de la crisis que vive el Estado mexicano.
Las
primeras conclusiones del Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos demolieron, no sólo la “investigación” de la PGR, sino la poca
credibilidad en las instituciones en impartición de justicia, pues acreditaron
que las autoridades mintieron a todo mundo con “su verdad” histórica y
jurídica, manipularon e hicieron lo posible por borrar toda huella sobre los
hechos de Iguala y Cocula.
Como
acreditó el Centro de Comunicación de Seguridad Pública de Guerrero (C4), que
monitoreó a los estudiantes desde su salida de la escuela, su paso por
Chilpancingo, su llegada a la terminal de autobuses de Iguala, el registro de
los nueve puntos donde fueron agredidos y su “levantón” por parte de la policía
municipal, todas las autoridades estuvieron informadas.
Después
hubo silencio absoluto, pero el C4 tiene información sobre los acontecimientos después
de que los levantaran, no sólo policías municipales, sino también de otras
corporaciones.
Las
mismas autoridades alteraron la reconstrucción de hechos y alteraron las escenas
del crimen, tal y como demuestra la falsa tesis de que los incineraron en el basurero
de Cocula, lo que, reiteramos, es técnica y materialmente imposible, según
acreditan peritajes apegados a las normas técnicas y científicas adecuadas.
El
Grupo de Expertos hizo un seguimiento de muchos años sobre los incendios en el
lugar: 12 de octubre del 2010, 16 de noviembre de 2013, 28 de octubre de 2013 y
3 de noviembre del 2014. No hay registros del día cuando, presuntamente, se
incineró a los estudiantes.
Es
muy sencillo: Según pronósticos del tiempo del Centro de Protección Civil de
Guerrero, llovió esos días, y el 26 y el 27 de septiembre se registraron
precipitaciones de 6 y 9 milímetros en Cocula, tales que hacían imposible mantener
ese fuego.
Peor
aún: De los restos que se atribuyen a los desaparecidos, la PGR recogió una
prótesis dentales de porcelana que, tras la investigación e interrogatorio a
todos los padres de familia, ninguno de sus hijos tenía prótesis, no sólo por falta
de recursos, sino que no era necesario por su edad.
Murillo
Karam mintió a los padres, mintió a la sociedad. Quiso dar el típico “carpetazo”
a la investigación, pero hasta hoy habrá detenidos o autores materiales, pero ni
un sólo autor intelectual, ya que el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca
Velázquez, está detenido ¡por el homicidio del perredista Arturo Hernández
Cardona! No por las ejecuciones o desapariciones.
Al
menos, la autoridad federal ha reconocido haber intervenido 18 municipios gobernada
por distintos partidos políticos en Tierra Caliente, como son los casos de
Arcelia, Cocula, Tixtla y Tololoapan, pero la situación es distinta. En lugar
de estarse perdiendo en otros asuntos, la exigencia a la PGR es de respuestas
claras.
Como
planteó el senador Alejandro Encinas Rodríguez, las siete más concretas, sobre
hechos que constan en la investigación, se refieren, primero, a la detención -por
parte de la policía municipal- del autobús Estrella de Oro número 1531, bajo el
puente el “Chipote”, frente al palacio de Iguala, del que todos los estudiantes
que iban a bordo están desaparecidos.
Participaron
dos patrullas de la Federal de Caminos y Policía Ministerial, y se confirmó la
presencia de un agente de inteligencia militar, así como de la Policía
Industrial y del Cisen. El puente está a 400 metros de las oficinas del Cisen
en Iguala.
-En
el kilómetro 135.4 de la carretera México-Acapulco, donde atacaron el autobús
de los Avispones, a la 1.27 de la madrugada del 27 de septiembre, la fiscalía
de Guerrero levantó 7 indicios, entre ellos un dedo humano, del que no existen análisis
de ADN ni se ha acreditado de quién era.
-En
materia de información, el Cnel. José Rodríguez Pérez, entonces comandante del
27 Batallón de Infantería, declaró ante la PGR sobre la existencia de un grupo
Órgano de Búsqueda de Información, conformado por elementos militares de civil,
que operaron en Iguala ese día, y deben entregar su información.
-Durante
la conferencia de prensa de los estudiantes en la calle de Juan N. Álvarez, y
Periférico Norte, a los 30 minutos del día siguiente de los hechos, existen
testimonios de periodistas y otras personas sobre la presencia de miembros del
Ejército y agentes del Cisen vestidos de civil, pero tampoco han entregado su
información.
-Agentes
del Cisen declararon que, ante los antecedentes y 300 vínculos de los
estudiantes con movimientos guerrilleros, todo el tiempo han estado sujetos a
ser monitoreados los estudiantes ¿Y el resultado?
-Uno
de los mayores vacíos es la investigación del homicidio de Julio César
Mondragón. El gobierno de Guerrero informó a las 9.30 de la noche del 27 de
septiembre que el Ejército avisó sobre el hallazgo del cadáver desollado en la
calle del Andariego, frente a la Coca-Cola, a unos 70 metros del C4, cuyas cámaras
de video-vigilancia se apagaron sospechosamente.
-Sin
embargo, el equipo telefónico del hoy occiso registró comunicación en un predio
de Iguala tres días después de su asesinato -el 30 de septiembre a las 18:53
horas-, por lo que se presume que el homicida se quedó con el teléfono y la PGR
debería haber ubicado el lugar e identificado a la persona. El informe está en
el registro de las sábanas de las llamadas telefónicas de la PGR.
En
resumen: Una operación de estas dimensiones no puede tratarse de un hecho
fortuito o un error, sino de una emboscada, ya que participaron todas las
corporaciones policíacas del gobierno municipal, estatal y federal, agentes de
inteligencia civil y militares, lo que requiere una logística sofisticada que
llegó al extremo de impedir que intervinieran oportunamente los paramédicos y
que los taxistas se negaran a mover a los estudiantes. Fue una cacería.
Lo
que se requiere de la PGR son respuestas y acciones contundentes, no nuevos
peritajes, dilación, ni simulación, sino que diga dónde están los 43
estudiantes, que se responda a los padres de la víctimas y que presenten a éstos.
Que
no haya impunidad y se castigue a los autores intelectuales, sean dirigentes
del partido, representantes populares, alcaldes, diputados locales o federales
o autoridades de las corporaciones o de cualquier orden de gobierno
involucrado, porque también la presencia de presidentes municipales ligados a
la delincuencia en Guerrero, no se reduce a Iguala.
(Permitida la copia, publicación o
reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)
*Luis
Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco residente de Chetumal, Quintana Roo,
con más de 38 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y
jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como
Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y
publicado tres libros.
luancaba.qroo@gmail.com
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