¡Legado póstumo sobre propaganda!
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Ad
hoc con las campañas electorales con vistas a los procesos de junio próximo, en
los que se disputará una docena de gubernaturas, entre ellas la de Quintana
Roo, el desaparecido político Manuel Camacho Solís dejó un legado póstumo en torno a las
cuentas públicas, cuya rendición, que fortalece a una democracia, dijo “no se
materializa a través de la propaganda gubernamental”.
La
sesión del 19 de noviembre último sirvió de marco para que el senador Zoé
Robledo Aburto pusiera de manifiesto lo anterior, al presentar una iniciativa
que, turnada para dictamen a las comisiones de Puntos Constitucionales,
Justicia, Estudios Legislativos, Segunda; y de Radio, Televisión y
Cinematografía, propuso reformar el artículo 134 constitucional.
Preocupado porque el tema estuvo en los medios de
comunicación, en un debate nacional entre presidentes y ex presidentes de
partidos, pero que poco importó a los ¡cinco senadores del PRI asistentes a la
sesión!, tres de ellos de la Mesa Directiva -nada extraño en el tricolor-,
lamentó que hubiera más invitados que legisladores en el recinto.
Adicionalmente,
dijo estar molesto porque el proyecto tiene profundo significado por dos
razones, la primera de ellas la forma
como se desarrolla nuestra democracia, la forma como se manifiesta frente a la gente
y cómo despegan en los Estados y municipios, además de tratarse de la última
iniciativa que redactó Camacho Solís.
Explicó
que el proyecto tiene que ver justamente con ese falso debate respecto a la
comunicación política, con un modelo que no funciona, toda vez que el gobierno,
como empleado del pueblo, actúa de manera irracional, al insistir en comunicarle
a su patrón -es decir, el pueblo-, que está haciendo bien su tarea, de manera
honesta, puntual, rigurosa, y lo quiere convencer repitiéndoselo millones de veces,
hasta saturar y hartar al que da el dinero para sus campañas y acciones.
¿Y
sabe Usted qué debaten los presidentes de los partidos? Abrir ese modelo
electoral que no funcionan porque vivimos una democracia que privilegia el spot
sobre el debate.
Pero
ese no es el problema fundamental, ni el modelo electoral de compra o
adquisición de medios, sino la propaganda gubernamental, de la que nadie dice
nada sobre los miles de millones de pesos que gastan no sólo el Ejecutivo, sino
también los Estados, municipios y el propio Senado, tales que podrían servir
para otras acciones del gobierno. Eso nadie lo quiere tocar.
No
está a debate si el presidente del PAN o del consejo de un partido aparece en
los spots, tampoco si el PRI calla que sus dirigentes también aparezcan en las
pautas publicitarias que les asigna el Estado, tal y como ocurrió con el
millonario derroche de recursos por el informe del presidente del CDE de
Quintana Roo, Raymundo King de la Rosa.
El
caso es modificar totalmente el modelo de comunicación, empezando por la
propaganda gubernamental. De no hacerlo así, es como si hubiera epidemia de
cólera y decidieran atender la alopecia por creerla más importante.
En
efecto, el problema democrático que está generando ilegitimidad, falta de
confianza y de credibilidad tiene que ver con la deficiente forma de comunicar.
La
gente debe estar informada de la acción de gobierno, cierto, pero no con spots
que no dicen nada, y pasan inadvertidos por carecer de alguna narrativa relacionada
con la realidad que vive el pueblo a diario.
Según
el informe “Libertad de expresión en venta. Acceso a la información y censura
indirecta en publicidad oficial”, editado anualmente por Artículo 19 y Fundar, el
Ejecutivo Federal gastó en publicidad más de 14 mil 663 millones de pesos en
sus tres primeros años, mientras que 27 Estados gastaron en 2013 más de 5 mil
639 millones que, “si se suman a los gastos federales de ese año, documentan un total de 13 mil 640 millones de
pesos”.
Lo
peor del caso es que no se trata de un problema de este periodo, ya que el
costo de la “legitimidad”, también según Fundar y Artículo 19, sumó 4 mil 518
millones de pesos en 27 entidades durante 2011, cantidad equivalente al doble
del costo de producción y distribución de todos los libros de texto gratuitos
del país.
Así,
se podría repartir el doble de textos gratuitos si se eliminara todo ese gasto
en publicidad gubernamental tan sólo de 27 Estados, además de que en 2010 y
2011 se informó que casi las dos terceras partes de los Estados, sobre-ejercieron
los presupuestos aprobados por sus Congresos en publicidad oficial.
Lamentablemente,
la entrega de recursos a los medios informativos permanecerá mientras no haya
debate sobre su opacidad. Seguirá sin reglas claras y se convertirá en una simple
una forma en que los tres niveles de gobierno, incluso los Poderes, sigan
controlando la libertad editorial bajo la amenaza de retirar ese financiamiento,
lo que en el fondo afecta de manera directa a la democracia.
Esta
misma circunstancia genera mercados “negros” de contenido y se generan
intercambios a partir de esos famosos y jugosos contratos de publicidad
gubernamental. O de porcentajes ¿Verdad Rangel Rosado?
Uno
de los elementos fundamentales de un sistema democrático es la forma como la
autoridad se comunica con sus gobernados. En un sistema democrático vigoroso,
el poder público rinde cuentas sobre el ejercicio de sus funciones en forma, y
de manera verídica.
Más
importante aún, lo hace en actos que nada tienen que ver con esta sobre-cotización,
que va desde dependencias gastando en narrativas que nadie entiende o hasta el
famoso: “Ya chole con tus quejas”, que debió cancelarse a las pocas horas
porque la otra realidad, la verdadera, la de las redes sociales no comprada ni
pagada, manifestaba que era un insulto, una agresión del gobierno federal.
En
el otro extremo está la democracia endeble, en un esquema institucional
diseñado para que las autoridades rindan cuentas a la sociedad, pero lo utilizan
los gobernantes para promover su imagen.
Así,
conocemos casos de todos los partidos de varios Estados, revistas con más
espectaculares que lectores; comerciales que se venden e introducen en los
noticieros como si fueran parte de la información; pautas y publicidad en
cuberita, contenidos y entrevistas que se venden en radio y televisión.
Llegamos
al extremo de un político que decidió clonarse en el Estado de México, en un
ejercicio municipal para decir que él no era quien aparecía en una imagen, sino
alguien muy parecido a él, para gastar dinero público en la promoción de la
imagen personal. Es un tema que quizás ya se olvidó, en la campaña del 2012.
El
propio Peña Nieto, en un manifiesto a la Presidencia democrática, dijo que debería
crearse una instancia ciudadana y autónoma que supervisara que la contratación
de publicidad de todos los niveles de gobierno sea bajo los principios de
utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y fomento
al acceso ciudadano a la información. Tres años después, se olvidó.
El
modelo no sirve, pero el debate que de los medios, no en la Cámara, es el incorrecto.
Si se quiere hablar de comunicación política habrá que empezar por la
publicidad gubernamental.
Ahora
bien, Camacho Solís escribió: “Es más saludable para la democracia cambiar de
un régimen que permite la propaganda oficial bajo ciertas limitaciones, a otro
que la prohíba de manera absoluta. Mientras no contemos con una autoridad
reguladora fuerte, que pueda hacer cumplir las modalidades para la propaganda
oficial, siempre será mejor prohibirla para evitar que se abuse de ella en
perjuicio de la democracia y del erario público.
“Únicamente
se permitirá la difusión de información gubernamental de suma importancia para
la sociedad, tales como las campañas de salud, educación, protección civil y
para fomentar el ejercicio de los derechos, la que en ningún caso incluirá,
nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de
cualquier servidor público. Lo que buscamos es que la autoridad sólo transmita
a la sociedad información necesaria para su seguridad para hacer valer sus derechos.
“Por
eso, una modificación como la que se propone no lesiona la rendición de cuentas
que establece el orden jurídico, el presidente de la República y los
gobernadores deberán seguir rindiendo informe sobre el estado que guarda su
administración. Los Secretarios de Estado y de despacho, federales, locales o
del Distrito Federal, deberán comparecer ante los órganos legislativos
correspondientes y no se afectan los medios que los ciudadanos tienen para
solicitar el acceso a la información pública.
La
rendición de cuentas, la que fortalece a una democracia no se materializa a
través de la propaganda gubernamental”. Eso fue lo que el ex regente del DF
-Camacho Solís, como priísta- dejó como legado.
Robledo
Aburto lo puso a consideración de un vacío Senado para una reflexión seria sobre
la democracia mexicana, y la baja credibilidad y confianza ciudadana en las
instituciones, donde la cada vez más baja lealtad a esa democracia tiene que
ver con una mala forma de comunicar, que sólo está llenando los bolsillos de
algunos y haciendo nugatorio el derecho de millones de mexicanos a la
información.
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita
del nombre de su autor)
*Luis
Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco residente de Chetumal, Quintana Roo,
con más de 39 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y
jefe de redacción de diversos medios de información, ha sido Jefe de
Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado
tres libros.
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