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¡Legado póstumo sobre propaganda!


                                              Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Ad hoc con las campañas electorales con vistas a los procesos de junio próximo, en los que se disputará una docena de gubernaturas, entre ellas la de Quintana Roo, el desaparecido político Manuel Camacho Solís dejó un legado póstumo en torno a las cuentas públicas, cuya rendición, que fortalece a una democracia, dijo “no se materializa a través de la propaganda gubernamental”.
La sesión del 19 de noviembre último sirvió de marco para que el senador Zoé Robledo Aburto pusiera de manifiesto lo anterior, al presentar una iniciativa que, turnada para dictamen a las comisiones de Puntos Constitucionales, Justicia, Estudios Legislativos, Segunda; y de Radio, Televisión y Cinematografía, propuso reformar el artículo 134 constitucional.
         Preocupado porque el tema estuvo en los medios de comunicación, en un debate nacional entre presidentes y ex presidentes de partidos, pero que poco importó a los ¡cinco senadores del PRI asistentes a la sesión!, tres de ellos de la Mesa Directiva -nada extraño en el tricolor-, lamentó que hubiera más invitados que legisladores en el recinto.
Adicionalmente, dijo estar molesto porque el proyecto tiene profundo significado por dos razones,  la primera de ellas la forma como se desarrolla nuestra democracia, la forma como se manifiesta frente a la gente y cómo despegan en los Estados y municipios, además de tratarse de la última iniciativa que redactó Camacho Solís.
Explicó que el proyecto tiene que ver justamente con ese falso debate respecto a la comunicación política, con un modelo que no funciona, toda vez que el gobierno, como empleado del pueblo, actúa de manera irracional, al insistir en comunicarle a su patrón -es decir, el pueblo-, que está haciendo bien su tarea, de manera honesta, puntual, rigurosa, y lo quiere convencer repitiéndoselo millones de veces, hasta saturar y hartar al que da el dinero para sus campañas y acciones.
¿Y sabe Usted qué debaten los presidentes de los partidos? Abrir ese modelo electoral que no funcionan porque vivimos una democracia que privilegia el spot sobre el debate.
Pero ese no es el problema fundamental, ni el modelo electoral de compra o adquisición de medios, sino la propaganda gubernamental, de la que nadie dice nada sobre los miles de millones de pesos que gastan no sólo el Ejecutivo, sino también los Estados, municipios y el propio Senado, tales que podrían servir para otras acciones del gobierno. Eso nadie lo quiere tocar.
No está a debate si el presidente del PAN o del consejo de un partido aparece en los spots, tampoco si el PRI calla que sus dirigentes también aparezcan en las pautas publicitarias que les asigna el Estado, tal y como ocurrió con el millonario derroche de recursos por el informe del presidente del CDE de Quintana Roo, Raymundo King de la Rosa.
El caso es modificar totalmente el modelo de comunicación, empezando por la propaganda gubernamental. De no hacerlo así, es como si hubiera epidemia de cólera y decidieran atender la alopecia por creerla más importante.
En efecto, el problema democrático que está generando ilegitimidad, falta de confianza y de credibilidad tiene que ver con la deficiente forma de comunicar.
La gente debe estar informada de la acción de gobierno, cierto, pero no con spots que no dicen nada, y pasan inadvertidos por carecer de alguna narrativa relacionada con la realidad que vive el pueblo a diario.
Según el informe “Libertad de expresión en venta. Acceso a la información y censura indirecta en publicidad oficial”, editado anualmente por Artículo 19 y Fundar, el Ejecutivo Federal gastó en publicidad más de 14 mil 663 millones de pesos en sus tres primeros años, mientras que 27 Estados gastaron en 2013 más de 5 mil 639 millones que, “si se suman a los gastos federales de ese año,  documentan un total de 13 mil 640 millones de pesos”.
Lo peor del caso es que no se trata de un problema de este periodo, ya que el costo de la “legitimidad”, también según Fundar y Artículo 19, sumó 4 mil 518 millones de pesos en 27 entidades durante 2011, cantidad equivalente al doble del costo de producción y distribución de todos los libros de texto gratuitos del país.
Así, se podría repartir el doble de textos gratuitos si se eliminara todo ese gasto en publicidad gubernamental tan sólo de 27 Estados, además de que en 2010 y 2011 se informó que casi las dos terceras partes de los Estados, sobre-ejercieron los presupuestos aprobados por sus Congresos en publicidad oficial.
Lamentablemente, la entrega de recursos a los medios informativos permanecerá mientras no haya debate sobre su opacidad. Seguirá sin reglas claras y se convertirá en una simple una forma en que los tres niveles de gobierno, incluso los Poderes, sigan controlando la libertad editorial bajo la amenaza de retirar ese financiamiento, lo que en el fondo afecta de manera directa a la democracia.
Esta misma circunstancia genera mercados “negros” de contenido y se generan intercambios a partir de esos famosos y jugosos contratos de publicidad gubernamental. O de porcentajes ¿Verdad Rangel Rosado?
Uno de los elementos fundamentales de un sistema democrático es la forma como la autoridad se comunica con sus gobernados. En un sistema democrático vigoroso, el poder público rinde cuentas sobre el ejercicio de sus funciones en forma, y de manera verídica.
Más importante aún, lo hace en actos que nada tienen que ver con esta sobre-cotización, que va desde dependencias gastando en narrativas que nadie entiende o hasta el famoso: “Ya chole con tus quejas”, que debió cancelarse a las pocas horas porque la otra realidad, la verdadera, la de las redes sociales no comprada ni pagada, manifestaba que era un insulto, una agresión del gobierno federal.
En el otro extremo está la democracia endeble, en un esquema institucional diseñado para que las autoridades rindan cuentas a la sociedad, pero lo utilizan los gobernantes para promover su imagen.
Así, conocemos casos de todos los partidos de varios Estados, revistas con más espectaculares que lectores; comerciales que se venden e introducen en los noticieros como si fueran parte de la información; pautas y publicidad en cuberita, contenidos y entrevistas que se venden en radio y televisión.
Llegamos al extremo de un político que decidió clonarse en el Estado de México, en un ejercicio municipal para decir que él no era quien aparecía en una imagen, sino alguien muy parecido a él, para gastar dinero público en la promoción de la imagen personal. Es un tema que quizás ya se olvidó, en la campaña del 2012.
El propio Peña Nieto, en un manifiesto a la Presidencia democrática, dijo que debería crearse una instancia ciudadana y autónoma que supervisara que la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno sea bajo los principios de utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y fomento al acceso ciudadano a la información. Tres años después, se olvidó.
El modelo no sirve, pero el debate que de los medios, no en la Cámara, es el incorrecto. Si se quiere hablar de comunicación política habrá que empezar por la publicidad gubernamental.
Ahora bien, Camacho Solís escribió: “Es más saludable para la democracia cambiar de un régimen que permite la propaganda oficial bajo ciertas limitaciones, a otro que la prohíba de manera absoluta. Mientras no contemos con una autoridad reguladora fuerte, que pueda hacer cumplir las modalidades para la propaganda oficial, siempre será mejor prohibirla para evitar que se abuse de ella en perjuicio de la democracia y del erario público.
“Únicamente se permitirá la difusión de información gubernamental de suma importancia para la sociedad, tales como las campañas de salud, educación, protección civil y para fomentar el ejercicio de los derechos, la que en ningún caso incluirá, nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público. Lo que buscamos es que la autoridad sólo transmita a la sociedad información necesaria para su seguridad para hacer valer sus derechos.
“Por eso, una modificación como la que se propone no lesiona la rendición de cuentas que establece el orden jurídico, el presidente de la República y los gobernadores deberán seguir rindiendo informe sobre el estado que guarda su administración. Los Secretarios de Estado y de despacho, federales, locales o del Distrito Federal, deberán comparecer ante los órganos legislativos correspondientes y no se afectan los medios que los ciudadanos tienen para solicitar el acceso a la información pública.
La rendición de cuentas, la que fortalece a una democracia no se materializa a través de la propaganda gubernamental”. Eso fue lo que el ex regente del DF -Camacho Solís, como priísta- dejó como legado.
Robledo Aburto lo puso a consideración de un vacío Senado para una reflexión seria sobre la democracia mexicana, y la baja credibilidad y confianza ciudadana en las instituciones, donde la cada vez más baja lealtad a esa democracia tiene que ver con una mala forma de comunicar, que sólo está llenando los bolsillos de algunos y haciendo nugatorio el derecho de millones de mexicanos a la información.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco residente de Chetumal, Quintana Roo, con más de 39 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, ha sido Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres libros.

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