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“Derecho de piso”, omitido por Mara

                                                               Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Comenzamos hoy con una sincera disculpa, ya que, ante nuestras prisas -y las feas costumbres-, señalábamos en la columna anterior que muy difícilmente terminaría su sexenio la gobernadora Mara Lezama, cuando que, en realidad, se trata de su QUINQUENIO -tiene razón nuestro buen amigo Raymundo Martín-, aunque, para nuestra buena suerte, eso significa que la mandataria estará un año MENOS al frente a nuestro pobre Quintana Roo.

Aclarado lo anterior, seguimos con la impotencia de medio-enterarnos de la iniciativa de ley de Seguridad Ciudadana que, por lo que se vio, causó menos impacto que la ley para controlar taxistas, aunque probablemente es que el “derecho de piso” o extorsión moderna se resuelva a través de los métodos de “inteligencia” que suele usar Mara Lezama. No olvidemos que fue alcaldesa reelecta en Cancún… y fracasó en ambas ocasiones en seguridad. 

Pero siguiendo con el tema del “derecho de piso” -que recién se denunció en Felipe Carrillo Puerto-, Ricardo Hernández Ruiz escribió en “Gatopardo”, gracias a Connectas, que Óscar Carlos Inacua Magaña consiguió emplearse como plomero en la construcción del Waldorf Astoria, un lujoso complejo desarrollado por la reconocida marca Hilton, sobre la carretera 307, en Cancún.

La mañana del 17 de febrero de 2021 llegó al trabajo, pero no se supo más de él, de acuerdo con Lizbeth Inacua, su hermana. Óscar forma parte de los 27 casos de desaparición forzada registrado desde 2018 en la Zona Norte, donde los trabajadores de la construcción figuran como principales víctimas.

Cárteles, como Los Pelones, Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, mantienen extorsionada la construcción de hoteles en la región. Una de las arquitectas que participó en Waldorf Astoria, que pidió el anonimato, dice que el crimen organizado se infiltró con el objetivo de cobrar “derecho” a los contratistas: Desde las encargadas de la cimentación hasta los que realizan la obra civil y las instalaciones, los que colocan pisos o cancelería, pintan, hacen acabados y hasta los de jardinería.

Una supervisora de obras de construcción asegura que la cantidad que se cobra depende del número de empleados y del tamaño de la compañía. La empresa donde trabajaba en cimentación, tuvo que desembolsar 180 mil pesos como pago único de “derecho de piso”.

Fuera del polo turístico, a 20 kilómetros de la zona hotelera, en la periferia de Cancún, se ubica Villas Otoch, colonia que vive el mismo asedio, aunque a diferente escala, quizá peor. Desde entonces se ha abarrotado de gente de bajos recursos, principalmente obreros que mantienen vivo el turismo y la construcción, principales actividades económicas del estado.

Actualmente, es la colonia más densamente poblada de todo el Caribe. Aquí habitan unas 40 mil personas, algo así como meter a todo Bacalar o Puerto Morelos en un pequeño fraccionamiento de mini viviendas.

A 18 años de su creación, de acuerdo con el Complejo de Seguridad C5, agresiones, mucha violencia familiar y de pareja, todo tipo de robos, allanamiento, consumo de alcohol y drogas en la vía pública; riñas, agresión física por pandillas, lesionados con arma blanca o con disparos; homicidios, feminicidios, infanticidios… No solo es la colonia más hacinada de Cancún, sino también la más violenta de todo el Caribe.

El caos ha sido aprovechado por los criminales para imponer su propio orden. El grupo al que se le debe obediencia y tributo depende de la parte de la colonia donde se viva. Las calles del Este, desde la avenida Tulipanes y hasta el primer Oxxo, son controlados por Los Pelones.

Las siguientes calles son “propiedad” de Jalisco Nueva Generación. Las del extremo Oeste son administradas entre El Barrio 18 y demás que han traspasado Centroamérica para instalarse, según fuente que nació, creció y permanece en Villas Otoch, y ahora desempeña tareas de inteligencia.

Es un orden a la vez tenso y endeble que se redefine cada tanto, conforme una u otra organización conquista cada palmo. Esas reconfiguraciones generan violencia. De acuerdo con la fuente de inteligencia, el CJNG está presionando para controlar cada vez más espacio.

A partir de octubre la SSP y la FGE atendieron asaltos, robos, homicidios, un transfeminicidio a puro golpe y un reporte de extorsión que ejemplifica el nivel que ha alcanzado este delito. A “Juana”, una vecina que vive en uno de los angostos pasillos del fraccionamiento, comenzaron a cobrarle 500 pesos semanales por dejarla salir de su casa. En la misma situación estaban sus vecinos.

“¿Sabes qué es lo peor?”, dice la fuente de inteligencia, “que quienes extorsionan son niños, uno de 12 años, dos de 13, uno de 15 y otro de 16. Niños jugando a ser delincuentes, a replicar lo que ven a su alrededor.”

En Villas Otoch hacer una vida normal, salir de casa por los mandados diarios, recoger a los hijos de la escuela o ir al trabajo cuesta 500 pesos semanales. La extorsión se ha colado hasta las alcobas y se comete hasta por adolescentes, por la primera generación que nació en el fraccionamiento, por los hijos de un proyecto fallido… y de la omisión del Estado para enmendarlo.

Además de Juana, instaladores de internet, choferes de camión, taxistas y prácticamente todos los locatarios de Villas Otoch son extorsionados.

Toño, quien tiene una carnicería en la colonia, debe pagar 5 mil pesos al mes por mantener abierto su negocio. Lo mismo hacen todos los locatarios. Luis, un trabajador de Xknet, una empresa que brinda servicio de internet, fue amenazado pistola en mano: Si quería instalar el módem que llevaba en la mano, debía pagar 6 mil pesos.

Hay casos más singulares, como uno de solidaridad retorcida. A Ernesto no le piden dinero por mantener abierto su local de comida corrida, pero sí platillos regalados. Ese buen gesto se debe a que Ernesto y los delincuentes se conocen desde niños, fueron y siguen siendo vecinos en Villas Otoch.

Los grupos delincuenciales inciden también en la vida partidista. El diputado local Ricardo Velazco, de Morena, cuando se encontraba en campaña hace unos meses, tuvo que abandonar la colonia ante las amenazas de un grupo armado. “Me dijeron que no podía estar ahí, que me fuera. Eran varias personas con armas, que nos impidieron seguir. Nos fuimos”, recuerda.

Otros casos, como el de “Francisco”, muestran qué pasa cuando alguien no paga. Fue de los pocos que se negó. Mantuvo durante 4 años la frutería más próspera de la colonia, sobre la avenida Leona Vicario. Fue ejecutado junto con uno de sus hijos en 2018. El resto de la familia huyó. Los sobrevivientes son parte de los más de 350 mil casos de desplazamiento forzado interno a causa de la violencia.

En 2020, la SSP de Quintana Roo formó un chat en WhatsApp, donde añadió a decenas de empresarios y al propio titular de la dependencia, a fin de que los primeros reporten directamente la extorsión o cualquier delito que se cometa en sus negocios, para darles atención.

Sin embargo, “México Evalúa” recomienda evitar esta atención selectiva; pugna por respuestas institucionales que amparen a todas las víctimas, sean o no empresarios. “Todas las iniciativas de los empresarios para protegerse de manera individual y selectiva redundan en fragilizar al Estado, porque cada vez que dicen ‘creamos un grupo especializado que nos protege’, lo que hacen es generar una acción que se dirige a un grupo en particular.

Como los recursos del Estado son finitos, lo que se distraiga para protegerlos a ellos desprotege al resto. Entonces la protección se vuelve selectiva y, ya en el extremo, privada. Deja de ser un bien público”, se critica.

También se han realizado operativos en los balnearios, denominados “Playa segura” y ejecutados por el Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz y Seguridad, integrado por autoridades federales y estatales, cuyo objetivo es “recuperar los espacios públicos de la delincuencia”. En 2021 hubo 25 operativos, donde se detuvo a 167 personas.

Uno de ellos fue en la playa de Cancún donde trabaja Ernesto, el empresario náutico extorsionado. Sucedió en octubre de 2021. Desde entonces el grupo criminal no ha reaparecido ni a extorsionarlo. James Tobin, consejero ciudadano del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebra estas acciones, en la medida en que han conseguido detenciones, desarticular temporalmente grupos criminales y, además, restaurar la confianza.

Las pocas carpetas de investigación, comenta Lucio Hernández, se deben a la falta de denuncias formales. El Inegi dice que la cifra negra de la extorsión en Quintana Roo alcanza el 97.4%, es decir, solo 2.6% de los casos se denuncia formalmente.

“El principal problema es que las víctimas no se presentan a la Fiscalía porque los amenazan, los intimidan. Si denuncian, les dicen que los van a desaparecer, que los tienen ubicados, que van a balacear sus negocios”, afirma Hernández, quien asegura que más del 80% de los detenidos queda en libertad a los pocos meses. “Y salen a volver a cometer delitos. Hay una reincidencia del 35%”.

Para Martínez Trujillo, de “México Evalúa”, responsabilizar de las denuncias e investigaciones a las víctimas supone una perspectiva equivocada. “Solo tiene sentido incrementar la denuncia si tienes de inmediato un protector alternativo al extorsionador.

Por ejemplo, a los empresarios les funciona la denuncia porque el Estado reaccionará para protegerlos con mayor fuerza que el criminal, pero esto no funciona con la mayoría. Piensa en un pequeño local. No puede ir a denunciar porque el criminal va a tomar represalias, y el Estado no va a interceder. Entonces la denuncia puede ser una sentencia de muerte”, rebate.

El Poder Judicial ha otorgado una sola sentencia condenatoria por extorsión, pero el 15 de junio de 2021 la juez de la Octava Sala Especializada en Materia Penal Tradicional, en Cancún, repuso la sentencia, dictada un año antes contra “Mauricio”, a quien la ex Policía Judicial presuntamente torturó para extraer la declaración inculpatoria.

Aunque Mauricio lo denunció en la ampliación de su declaración y pese a que lo reiteró, el juez penal de primera instancia hizo caso omiso, en contra de los tratados internacionales que establecen que quienes denuncian tortura tienen derecho a que se intervenga de forma inmediata, imparcial y de oficio, a fin de que se investigue y, de proceder, se juzgue en el ámbito penal.

“La omisión del juez penal de primera instancia de investigar la denuncia de tortura en sus dos vertientes, como delito y como violación a los derechos humanos, (supone) el incumplimiento de sus obligaciones, lo que constituye una violación a las leyes del procedimiento, que trascendió a la defensa adecuada del recurrente, lo cual amerita reponer el procedimiento”, resolvió la juez aquel junio de 2021, a seis años de que inició el proceso contra Mauricio.

Las cuentas de extorsión en Cancún quedan, finalmente, así: Muchas denuncias, pocas investigaciones, menos detenciones y una tortura… desde que Mara “gobernaba”.

¡Felices 53 años de la fundación de Cancún! Con todo y su “derecho de piso”

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 46 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

           Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres y Cursos diversos. 

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