¿Terminará Mara Lezama su sexenio?
Ignoramos cómo podría darse el término “anticipado”
de una gobernante que, con menos de un año de iniciar su sexenio, ha levantado
una verdadera ola de inconformidades, sí ya lo adivinó usted, por la
interminable inseguridad que permea en su Estado, principalmente en la Zona
Norte, Cancún (Alfredo V. Bonfil), Solidaridad y Tulum, aunque a esa lista se
han sumado Isla Mujeres y Cozumel.
Tal parece que Lázaro Cárdenas es el único municipio
indemne, ya que Bacalar ha levantado la mano en los últimos meses, y Felipe
Carrillo Puerto y Morelos sólo “suenen” ocasionalmente con pequeños robos, como
era el caso de Chetumal, donde se habla de un naciente cartel que “trabajaba”
con leones para desaparecer a sus víctimas en Calderitas.
¿Qué tiene que ver Mara Lezama con todo esto? Muy
sencillo el grave problema de inseguridad, que se ha “modernizado” con el
llamado “derecho de piso”, no inició precisamente ayer, sino que tiene muchos
años, incluyendo precisamente los tres que la mandataria transitó por Cancún
como presidenta municipal de Benito Juárez, pero que gracias a López Obrador,
Morena y Carlos Joaquín se “olvidaron” para hacerla su candidata y ser
gobernadora.
En efecto, según publica “Gato Pardo”, tan sólo de 2019
a octubre de 2022 se hicieron 20,589 llamadas de auxilio al 911 desde alguna
calle de Villas Otoch Paraíso de Cancún, conocida como colonia Colmena, cuya
licencia de construcción de este fraccionamiento se aprobó apenas en 2004; en
2007 se duplicó el número de casas permitidas por hectárea y en los años
siguientes se amplió el polémico proyecto en una segunda fase.
Aunque en Quintana Roo se han reportado en los
últimos años miles de denuncias por extorsión, solo se han abierto algunos
cientos de carpetas de investigación, y los detenidos no llegan ni al medio
centenar. El “cuello de botella” es alarmante: Entre 2019 y 2021 hubo en el Estado
9,932 llamadas de emergencia al 089 motivadas exclusivamente por extorsiones, pero
sólo 883 casos se tradujeron en denuncias formales ante la Fiscalía, y Seguridad
Pública detuvo a 31 personas.
En el caso específico de Cancún, son 3,126 llamadas,
303 carpetas y 25 detenidos. Pero en cinco ocasiones (el 20% de los casos), en
las audiencias de control el juez calificó los arrestos como ilegales o no
apegados a la ley, de acuerdo con información obtenida mediante transparencia y
solicitada a la SSP, la FGE y al Poder Judicial.
La extorsión en Cancún afecta todos los estratos
económicos y giros comerciales. De las 13,012 denuncias anónimas al 089 por
extorsión en tres años -en todas sus modalidades-, (el 41.5%) 5,406 se hicieron
desde Cancún, el municipio con más registros. La amenaza de daño físico o de
muerte y el cobro de derecho de piso figuran entre lo más denunciado.
Un total de 337 propietarios de negocios, comercios
o prestadores de servicios se atrevieron a romper el silencio y reportaron a la
SSP haber sido víctimas de extorsión.
Hoteles, restaurantes, talleres
mecánico-automotrices, locales de comida, consultorios médicos, estéticas y
tiendas de abarrotes son los blancos más comunes, pero también se reportaron
extorsiones (cobros de “derechos de piso”) a dueños de bares, taquerías,
papelerías, lavanderías, agencias de tours, salones de uñas y locales de venta
de postres y antojitos -incluso mariachis.
Por ejemplo, “Guillermo” (nombre falso para proteger
su identidad) es el dueño de una cadena popular de bares en Cancún denominada
La Palapita, donde se ofrecen mariscos y cervezas, donde fue extorsionado
varias veces desde 2019, cuando emprendió su negocio. “La última vez por
teléfono, por WhatsApp. Lo que hacían era pasar por mis locales y grababan. Me
decían: ‘Mira, ya te tengo ubicado’.
-Era seguido. Después, para meterme presión,
empezaron a publicar en redes sociales que nadie fuera a mis establecimientos
si no querían morir, porque no nos estábamos alineando (cediendo) Me mandaban
después fotos al celular con imágenes de muertos. ‘Mira, ya maté a tres. Sigues
tú’”, recuerda.
El 5 de mayo de 2022 se cumplieron las amenazas. Una
de las sucursales del bar amaneció en llamas.
Sin embargo, no cedió al mensaje intimidatorio. No
pagó el derecho de piso. Lo que hizo fue denunciar ante la Fiscalía que, en
coordinación con la SSP, dio con el que podría ser el autor intelectual:
Magdiel N., de 34 años, ex trabajador de la Fiscalía de Tabasco y ex policía en
Cancún. Presuntamente lideraba extorsionadores, policías retirados y vinculados
al cártel de Sinaloa. Magdiel fue detenido y está en proceso judicial, informó
Lucio Hernández, ex secretario de Seguridad. “Se va a pudrir en el bote”, dijo.
Guillermo había interpuesto 5 denuncias desde 2019 y
hasta hace unos meses, la primera cuando recién iniciaba La Palapita. Fueron
los Rojos, cártel nacido en el centro de México que creció con pequeñas
células. Quemaron una de las sucursales de Guillermo, un método que se ha vuelto
cada vez más común.
“A ellos, los Rojos, les pagué durante un año.
Primero me pidieron 5 mil pesos al mes, luego 8 mil, luego querían 10 mil, y
fue cuando denuncié”, cuenta. La extorsión paró sólo porque uno de los líderes
fue asesinado en Cancún y no volvieron a aparecer por el negocio.
En todo ese periodo pagó cerca de 100 mil pesos por
el derecho de piso, pero la cifra subió a los 200 mil porque invirtió en
personal de seguridad armado para proteger su integridad y sus
sucursales.
Según el Inegi, el costo total de la inseguridad en
2021 en Quintana Roo -es decir, lo que se perdió a causa del delito más lo que
se gastó en medidas preventivas, como la instalación de cámaras y el
reforzamiento de la infraestructura en negocios, entre otros- llegó a 6,775
millones de pesos. Aunque no hay un cálculo detallado para el caso de extorsión,
México Evalúa estima que este delito le cuesta a México 226 mil millones de
pesos al año, el 1.25% del PIB nacional.
Por ahora, Guillermo descarta ampliar las sucursales
de La Palapita: “La extorsión retrasa el desarrollo económico de manera
impresionante porque quita el incentivo a las personas de trabajar. ¿Para qué
trabajo más si se van a dar cuenta los delincuentes y voy a pagar más cuota?”
Otro ejemplo es “Mostaza”, reconocido restaurante
que cerró tras las amenazas del CJNG, que exigía inicialmente 45 mil pesos y
otros 25 mil pesos mensuales en mayo de 2019. “Primero me marcaban para decirme
que me tenían identificado, pero yo colgaba. Luego ya me dijeron información
mía, de mi carro, del restaurante, del personal. Un día hablaron y me dijeron
que iba a pasar una persona para hablar de números, de cuánto ganábamos, y me
dijo que no me resistiera.
-Al otro día me marcaron y dijeron: ‘Mira, ya hay
dos personas adentro, van vestidas así y así’. Y sí estaban. Teníamos siete
mesas y en una estaba el de camisa a cuadros que nos habían dicho que era su
contador, y el otro, que no me acuerdo cómo iba, era un capo. Y, bueno, ya
cuando te dicen hasta de qué color son tus calzones, te sacas de onda.”
En un mes volvieron para cobrar el primer pago del
derecho de piso, pero el chef no alcanzó a cubrir el monto. Lo amenazaron y
prometieron regresar por el resto. La víctima resolvió cerrar el negocio y
salir del país.
La historia de “Michel” es parecida. Para
recuperarse de la crisis de la pandemia, en sociedad con un amigo, abrió en
diciembre de 2020 un negocio de venta a domicilio de alitas de pollo, en las
inmediaciones de la avenida Huayacán. No duró ni tres meses. Cerraron tras las
amenazas de un grupo que le exigió 30 mil pesos mensuales “a cambio de
protección”. A Michel nunca le dijeron si el grupo formaba parte o no de una
organización, pero su socio y él prefirieron cerrar el negocio.
Según Elisa Norio, fellowship del “Centro
de Terrorismo, Crimen Trasnacional y Corrupción de la Universidad George Mason”,
el caso es claro ejemplo de la extorsión oportunista que ha proliferado ante la
violencia generalizada, la impunidad rampante, el aumento de la pobreza y la
degradación del tejido social en el país.
“Lo que me preocupa de la extorsión es que ya
cualquiera lo puede hacer. O sea, si quiero dinero, puedo improvisar como
extorsionador. Está tan degradado el tejido social, ya nadie confía en nadie,
no hay protección en México. Es un delito altamente oportunista, isomorfo y,
por eso, está más generalizado, fragmentado, atomizado. Cualquiera puede ya
meterse a la extorsión”, explica.
Según María Teresa Martínez Trujillo, investigadora
en la “Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey”
e investigadora asociada de México Evalúa, esto solo es posible por: el
clima generalizado de violencia. “La pregunta es por qué una persona le pagaría
al extorsionador en vez de acogerse a cualquier otro tipo de oferta de
protección.
-Hay un elemento central relacionado al clima de
violencia, que es la amenaza creíble. En un ambiente de violencia tal, la
intimidación que puedan establecer estos extorsionadores es una amenaza creíble
porque lo contrario de no pagar es un ejercicio violento, que es muy probable.”
-Incluso a veces basta con la reputación de
violentos, sin necesidad de ejercer violencia. Tú, como comerciante, no te vas
a poner a pensar si el riesgo es serio o no. Solo pagas. La reputación violenta
no se debe exclusivamente a la capacidad de fuego que tengan los
extorsionadores, también se da porque no se tiene una alternativa de
protección, porque el Estado no la ofrece”.
A todo esto, la pregunta obligada es si la propuesta
de Ley de Seguridad Ciudadana y el
Fideicomiso que anuncia Mara son suficientes para combatir esa moderna
inseguridad y evitar seguir encontrando cabezas humanas tiradas por doquier,
cuando que hasta un cartel ya la amenazó y dijo ser el dueño de Cancún. Y a
todo esto, ¿Qué opina la nueva alcaldesa de Cancún, Ana Patricia Peralta de la
Peña?
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito
para el autor)
*Luis
Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 46 años de experiencia como
reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de
comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores
y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos
pendiente de publicar.
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