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 ¿Terminará Mara Lezama su sexenio?

                                                                             Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Ignoramos cómo podría darse el término “anticipado” de una gobernante que, con menos de un año de iniciar su sexenio, ha levantado una verdadera ola de inconformidades, sí ya lo adivinó usted, por la interminable inseguridad que permea en su Estado, principalmente en la Zona Norte, Cancún (Alfredo V. Bonfil), Solidaridad y Tulum, aunque a esa lista se han sumado Isla Mujeres y Cozumel.

Tal parece que Lázaro Cárdenas es el único municipio indemne, ya que Bacalar ha levantado la mano en los últimos meses, y Felipe Carrillo Puerto y Morelos sólo “suenen” ocasionalmente con pequeños robos, como era el caso de Chetumal, donde se habla de un naciente cartel que “trabajaba” con leones para desaparecer a sus víctimas en Calderitas.

¿Qué tiene que ver Mara Lezama con todo esto? Muy sencillo el grave problema de inseguridad, que se ha “modernizado” con el llamado “derecho de piso”, no inició precisamente ayer, sino que tiene muchos años, incluyendo precisamente los tres que la mandataria transitó por Cancún como presidenta municipal de Benito Juárez, pero que gracias a López Obrador, Morena y Carlos Joaquín se “olvidaron” para hacerla su candidata y ser gobernadora.

En efecto, según publica “Gato Pardo”, tan sólo de 2019 a octubre de 2022 se hicieron 20,589 llamadas de auxilio al 911 desde alguna calle de Villas Otoch Paraíso de Cancún, conocida como colonia Colmena, cuya licencia de construcción de este fraccionamiento se aprobó apenas en 2004; en 2007 se duplicó el número de casas permitidas por hectárea y en los años siguientes se amplió el polémico proyecto en una segunda fase.

Aunque en Quintana Roo se han reportado en los últimos años miles de denuncias por extorsión, solo se han abierto algunos cientos de carpetas de investigación, y los detenidos no llegan ni al medio centenar. El “cuello de botella” es alarmante: Entre 2019 y 2021 hubo en el Estado 9,932 llamadas de emergencia al 089 motivadas exclusivamente por extorsiones, pero sólo 883 casos se tradujeron en denuncias formales ante la Fiscalía, y Seguridad Pública detuvo a 31 personas.

En el caso específico de Cancún, son 3,126 llamadas, 303 carpetas y 25 detenidos. Pero en cinco ocasiones (el 20% de los casos), en las audiencias de control el juez calificó los arrestos como ilegales o no apegados a la ley, de acuerdo con información obtenida mediante transparencia y solicitada a la SSP, la FGE y al Poder Judicial.

La extorsión en Cancún afecta todos los estratos económicos y giros comerciales. De las 13,012 denuncias anónimas al 089 por extorsión en tres años -en todas sus modalidades-, (el 41.5%) 5,406 se hicieron desde Cancún, el municipio con más registros. La amenaza de daño físico o de muerte y el cobro de derecho de piso figuran entre lo más denunciado.

Un total de 337 propietarios de negocios, comercios o prestadores de servicios se atrevieron a romper el silencio y reportaron a la SSP haber sido víctimas de extorsión.

Hoteles, restaurantes, talleres mecánico-automotrices, locales de comida, consultorios médicos, estéticas y tiendas de abarrotes son los blancos más comunes, pero también se reportaron extorsiones (cobros de “derechos de piso”) a dueños de bares, taquerías, papelerías, lavanderías, agencias de tours, salones de uñas y locales de venta de postres y antojitos -incluso mariachis.

Por ejemplo, “Guillermo” (nombre falso para proteger su identidad) es el dueño de una cadena popular de bares en Cancún denominada La Palapita, donde se ofrecen mariscos y cervezas, donde fue extorsionado varias veces desde 2019, cuando emprendió su negocio. “La última vez por teléfono, por WhatsApp. Lo que hacían era pasar por mis locales y grababan. Me decían: ‘Mira, ya te tengo ubicado’.

-Era seguido. Después, para meterme presión, empezaron a publicar en redes sociales que nadie fuera a mis establecimientos si no querían morir, porque no nos estábamos alineando (cediendo) Me mandaban después fotos al celular con imágenes de muertos. ‘Mira, ya maté a tres. Sigues tú’”, recuerda.

El 5 de mayo de 2022 se cumplieron las amenazas. Una de las sucursales del bar amaneció en llamas.

Sin embargo, no cedió al mensaje intimidatorio. No pagó el derecho de piso. Lo que hizo fue denunciar ante la Fiscalía que, en coordinación con la SSP, dio con el que podría ser el autor intelectual: Magdiel N., de 34 años, ex trabajador de la Fiscalía de Tabasco y ex policía en Cancún. Presuntamente lideraba extorsionadores, policías retirados y vinculados al cártel de Sinaloa. Magdiel fue detenido y está en proceso judicial, informó Lucio Hernández, ex secretario de Seguridad. “Se va a pudrir en el bote”, dijo.

Guillermo había interpuesto 5 denuncias desde 2019 y hasta hace unos meses, la primera cuando recién iniciaba La Palapita. Fueron los Rojos, cártel nacido en el centro de México que creció con pequeñas células. Quemaron una de las sucursales de Guillermo, un método que se ha vuelto cada vez más común.

“A ellos, los Rojos, les pagué durante un año. Primero me pidieron 5 mil pesos al mes, luego 8 mil, luego querían 10 mil, y fue cuando denuncié”, cuenta. La extorsión paró sólo porque uno de los líderes fue asesinado en Cancún y no volvieron a aparecer por el negocio.

En todo ese periodo pagó cerca de 100 mil pesos por el derecho de piso, pero la cifra subió a los 200 mil porque invirtió en personal de seguridad armado para proteger su integridad y sus sucursales. 

Según el Inegi, el costo total de la inseguridad en 2021 en Quintana Roo -es decir, lo que se perdió a causa del delito más lo que se gastó en medidas preventivas, como la instalación de cámaras y el reforzamiento de la infraestructura en negocios, entre otros- llegó a 6,775 millones de pesos. Aunque no hay un cálculo detallado para el caso de extorsión, México Evalúa estima que este delito le cuesta a México 226 mil millones de pesos al año, el 1.25% del PIB nacional.

Por ahora, Guillermo descarta ampliar las sucursales de La Palapita: “La extorsión retrasa el desarrollo económico de manera impresionante porque quita el incentivo a las personas de trabajar. ¿Para qué trabajo más si se van a dar cuenta los delincuentes y voy a pagar más cuota?”

Otro ejemplo es “Mostaza”, reconocido restaurante que cerró tras las amenazas del CJNG, que exigía inicialmente 45 mil pesos y otros 25 mil pesos mensuales en mayo de 2019. “Primero me marcaban para decirme que me tenían identificado, pero yo colgaba. Luego ya me dijeron información mía, de mi carro, del restaurante, del personal. Un día hablaron y me dijeron que iba a pasar una persona para hablar de números, de cuánto ganábamos, y me dijo que no me resistiera.

-Al otro día me marcaron y dijeron: ‘Mira, ya hay dos personas adentro, van vestidas así y así’. Y sí estaban. Teníamos siete mesas y en una estaba el de camisa a cuadros que nos habían dicho que era su contador, y el otro, que no me acuerdo cómo iba, era un capo. Y, bueno, ya cuando te dicen hasta de qué color son tus calzones, te sacas de onda.”

En un mes volvieron para cobrar el primer pago del derecho de piso, pero el chef no alcanzó a cubrir el monto. Lo amenazaron y prometieron regresar por el resto. La víctima resolvió cerrar el negocio y salir del país.

La historia de “Michel” es parecida. Para recuperarse de la crisis de la pandemia, en sociedad con un amigo, abrió en diciembre de 2020 un negocio de venta a domicilio de alitas de pollo, en las inmediaciones de la avenida Huayacán. No duró ni tres meses. Cerraron tras las amenazas de un grupo que le exigió 30 mil pesos mensuales “a cambio de protección”. A Michel nunca le dijeron si el grupo formaba parte o no de una organización, pero su socio y él prefirieron cerrar el negocio.

Según Elisa Norio, fellowship del “Centro de Terrorismo, Crimen Trasnacional y Corrupción de la Universidad George Mason”, el caso es claro ejemplo de la extorsión oportunista que ha proliferado ante la violencia generalizada, la impunidad rampante, el aumento de la pobreza y la degradación del tejido social en el país.

“Lo que me preocupa de la extorsión es que ya cualquiera lo puede hacer. O sea, si quiero dinero, puedo improvisar como extorsionador. Está tan degradado el tejido social, ya nadie confía en nadie, no hay protección en México. Es un delito altamente oportunista, isomorfo y, por eso, está más generalizado, fragmentado, atomizado. Cualquiera puede ya meterse a la extorsión”, explica.

Según María Teresa Martínez Trujillo, investigadora en la “Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey” e investigadora asociada de México Evalúa, esto solo es posible por: el clima generalizado de violencia. “La pregunta es por qué una persona le pagaría al extorsionador en vez de acogerse a cualquier otro tipo de oferta de protección.

-Hay un elemento central relacionado al clima de violencia, que es la amenaza creíble. En un ambiente de violencia tal, la intimidación que puedan establecer estos extorsionadores es una amenaza creíble porque lo contrario de no pagar es un ejercicio violento, que es muy probable.”

-Incluso a veces basta con la reputación de violentos, sin necesidad de ejercer violencia. Tú, como comerciante, no te vas a poner a pensar si el riesgo es serio o no. Solo pagas. La reputación violenta no se debe exclusivamente a la capacidad de fuego que tengan los extorsionadores, también se da porque no se tiene una alternativa de protección, porque el Estado no la ofrece”.

A todo esto, la pregunta obligada es si la propuesta de Ley de Seguridad Ciudadana  y el Fideicomiso que anuncia Mara son suficientes para combatir esa moderna inseguridad y evitar seguir encontrando cabezas humanas tiradas por doquier, cuando que hasta un cartel ya la amenazó y dijo ser el dueño de Cancún. Y a todo esto, ¿Qué opina la nueva alcaldesa de Cancún, Ana Patricia Peralta de la Peña?

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 46 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

             Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 50 Seminarios, Talleres y Cursos diversos.  

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