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 ¡La peor amenaza para Q. Roo!

                                               Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

La extorsión se ha generalizado en Cancún. Las víctimas van desde comerciantes callejeros hasta empresarios. A quien no paga el “derecho de piso” le queman el negocio o lo matan. Obreros y pequeños comerciantes han sido asesinados. Los extorsionadores son miembros de peligrosos cárteles e incluso ex policías. Sólo entre 2019 y 2021 hubo más de 13 mil denuncias por extorsión en el principal destino turístico del Caribe mexicano.

No. No sólo estamos hablando del sexenio que recién inicia con Mara Lezama, cuando sólo se anuncian fideicomisos y de nuevas leyes sobre seguridad pública. Estamos hablando de un mayor problema que, de muchos años a la fecha, y de ocupar originalmente el Norte turístico de Quintana Roo se ha asentado en la Zona Sur, antes acostumbrada a una tradicional tranquilidad, sólo rota por uno que otro malandrín.

Con el primer párrafo damos entrada a extenso reportaje que circuló en diversos medios de información y por la pluma de varios connotados periodistas, pero que a Quintana Roo, hasta donde sabemos, nunca llegó o por lo menos, nunca se dieron por enteradas las autoridades del ramo, menos aun, a las que no le conviene… o no les interesa que se sepa.

El reportaje, como es de esperarse, omite los apellidos de los interesados o afectados, pero tienen suficiente información del multillamado “derecho de piso” que no es otra cosa que la extorsión disfrazada y la forma de operar de la delincuencia, más organizada que la conocida por todo mundo.

Proveniente del medio “Connectas”, que, anticipa que “las cuentas de la extorsión en Cancún quedan, finalmente sólo con muchas denuncias, pocas investigaciones, menos detenciones y una tortura”, el reportaje es firmado por Ricardo Hernández Ruiz, reportero que colabora habitualmente con medios informativos como ReformaPie de Página y Gatopardo.

Dice que “Ernesto” escuchó, a unos metros de distancia, los insultos y golpes de una parte y los gritos lastimeros de la otra, pero no había mucho que pudiera hacer. Unos exigían el pago de una deuda y el otro les rogaba que pararan la tortura.

Los atacantes eran miembros del “cártel del Pacífico”, uno de tantos grupos de la delincuencia organizada que azotan México; la víctima, un vendedor ambulante que no pagó a tiempo el “derecho de piso”; Ernesto, el testigo mudo, es dueño del local donde todo sucedió, en la exclusiva zona hotelera de Cancún, la ciudad del Caribe mexicano que vive bajo la extorsión generalizada del crimen organizado.

“Me decían ‘permíteme tu baño un ratito’ y metían a mi negocio a los vendedores ambulantes para ‘tablearlos’ (torturarlos) a pleno día. Se escuchaban los trancazos y los gritos. Eran los que no cumplían con los cobros. Me tocó en mi propio negocio, dos veces”, recuerda.

Ernesto es un empresario prominente de Cancún, uno de los destinos turísticos más importantes de América Latina. Aceptó contar su historia bajo la condición de modificar su nombre. Es concesionario de uno de los locales a pie de playa, ofrece servicios turísticos en embarcaciones y él mismo fue víctima de extorsión. En 2020, cuando el covid-19 apenas iniciaba, el cártel del Pacífico se presentó para exigir derecho de piso. Eran 20 mil pesos mensuales o atenerse a las consecuencias.

Lo mismo hicieron, cuenta, con el resto de las personas que tenían actividades comerciales en la zona. “Nos tenían extorsionados a todos. A todos les cobraban: Ambulantes, negocios privados, chiquitos, grandes, embarcaciones. A todos los negocios de todos los locales. Puedo generalizarlo. Nadie se escapaba”, afirma.

Cancún, al Sureste del país y en el extremo norte de Quintana Roo, es la ciudad más joven de México. Fue fundada en 1970, creada de la nada. Ahí, entre la selva y el mar Caribe, donde solo había un pequeño pueblo cocotero, hoy se levanta todo un complejo de 201 hoteles que este año recibieron más de 6 millones de turistas que gastarían 6 mil millones de dólares, según la Secretaría de Turismo estatal.

Por su ubicación geográfica, Quintana Roo es también una ruta estratégica para el trasiego de droga, procedente de Centroamérica y Sudamérica hacia Estados Unidos. Debido a esta doble condición, destino turístico y punto clave en la ruta del narco, las actividades ilegales como el narcomenudeo, tráfico de armamento, migrantes y droga, el lavado de dinero, robo de vehículos y extorsión son las más redituables para los grupos criminales, según el Centro Regional de Fusión e Inteligencia del Sureste (Cerfise), órgano de inteligencia de la Secretaría de la Defensa en la región.

Los organismos de seguridad admiten que en Cancún operan el cártel Jalisco Nueva Generación, del Pacífico, Sinaloa, del Golfo, los Pelones, los Bonfiles, los Zetas Vieja Escuela y los Rojos, entre otros. El propio Cerfise, en reportes internos sobre el panorama delictivo, reconoce que la extorsión ha aumentado en los últimos 5 años por las disputas entre grupos. Aprovechan la violencia creada por su misma guerra para vender protección -una protección que, más que resguardar, inquieta- o para amenazarlos con hacerles daño, físico o material, si no pagan el monto periódico, el “derecho de piso”.

En la zona hotelera donde trabaja Ernesto se encuentran al menos 5 cárteles, dedicados, entre otros “negocios”, al cobro de piso: el CJNG, Sinaloa, el Golfo, el Pacífico y los Pelones, según Martín José Gordillo Aguilar, de la Fiscalía General del Estado, encargado de combatir la extorsión. El cártel del Golfo domina los clubes nocturnos, antros y bares, mientras los otros se disputan las playas y los demás locales comerciales.

Carlos Dinar Torres Jaquez, alias “Chore” -del cártel del Pacífico y líder de una de sus células delictivas, los Caborca, que operan en la zona norte- era el encargado de extorsiones en la playa pública donde trabaja Ernesto y de otra más, a 14 kilómetros, según documento del Cerfise.

Al inicio, cuenta Ernesto, dos sujetos llegaron a la playa a pasar la tarde y tomar cerveza. Luego se acercaron a los dueños de los comercios. Pedían cualquier cosa, que les dejaran cargar sus celulares o entrar a los baños, entablaban plática. Con el tiempo se dieron cuenta de que no iban a regodearse bajo el sol, sino a recolectar información. Una vez que identificaron a los dueños, con datos personales y detalles sobre sus actividades, se presentaron de nuevo, pero esta vez de forma amenazante.

“Sabemos quién eres’, me dijeron. Me dieron detalles de mi trabajo, de lo que hacía, del cargo que tenía. Me intimidaron. Fueron dos personas. Primero me dijeron que me querían cobrar 20 mil pesos, pero acordamos 5 mil”, cuenta Ernesto.

Una vez dominada la playa, con el resto de los restauranteros, náuticos y vendedores ambulantes extorsionados, y ya controlada la venta de droga, se instaló un grupo de cerca de 20, con diferentes encargos: Vigilar, distribuir drogas, cobrar derecho de piso y amenazar o golpear a los que se oponían o retrasaban en los pagos.

A los tres meses, continúa Ernesto, el grupo le subió la cuota y luego otra vez y una más hasta llegar a 9 mil pesos (unos 450 dólares) “Cobraban conforme iban cambiando de jefe de plaza, porque los iban agarrando, matando o pasaba algo. El que llegaba siempre pedía más”.

Estos integrantes del Pacífico le dijeron a Ernesto es que, a cambio de la cuota, le ofrecerían protección ante el peligro de irrupción de otros grupos. “Decían que iban a proteger la playa, que era realmente por protección, que había otros grupos que querían entrar y que ellos eran los que cuidaban la zona”, recuerda Ernesto. Pero en estos asuntos nunca se compra garantía.

El 11 de junio un grupo armado irrumpió en la playa a balazos, que terminaron por matar a dos y herir a una turista. Se trataba de un grupo contrario que peleaba por la plaza y que consiguió huir en motos de agua, como de película. 12 días después, el cuerpo de “Chore”, quien controlaba la playa, fue hallado cerca de Chetumal. Tras ello, el liderazgo de la célula de los Caborca fue tomado por Luis Miguel Landeros Aguilar, alias el “Diez”.

Estos cambios siempre generan tensión en los territorios divididos y los grupos recrudecen las medidas contra sus víctimas. Si al principio exigían comida o bebidas regaladas, luego pedían cada vez más dinero y “ya después pedían guardar armas, o droga (cocaína y marihuana), teléfonos. Te decían ‘guárdame esto’ por si hay operativos de la policía. Te ponen entre la espada y la pared, ¿cómo decirles que no?”, dice resignado.

Delfines, una de las playas más concurridas de Cancún, tiene uno de los pocos miradores sin edificaciones a su alrededor que quedan en la zona hotelera. Su amplio y blanco arenal se abre al calmo y turquesa mar Caribe, un escenario de ensueño codiciado por fotógrafos de bodas… y grupos criminales

Para poder retratar a los recién casados, fotógrafas como “Paula” deben pagar piso a Jalisco Nueva Generación, que domina esa playa. “Ellos le llaman ‘la maleta’. Es como una concesión para trabajar. Nadie puede tomar fotografías ahí si no les paga”, dice Paula, quien se ha visto obligada a trasladar los costos extras por el cobro de piso a sus clientes.

Otro de los atractivos en la zona hotelera es el parachute, una pieza de tela ligera y resistente con forma de medio círculo que suspende en el aire a los turistas, desde donde pueden admirar una vista panorámica. Carlos, que ofrece el servicio, explica que también debe pagar al crimen organizado cerca de 500 pesos (unos 25 dólares) por “vuelo”, pero ya continuaremos esta crónica, que seguramente esperará con profundo “interés” Mara Lezama.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 46 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 340 Seminarios, Talleres y Cursos diversos. 

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