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 ¿Qué faltó a la Ley de Seguridad de Mara?

                                                              Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

         Acorde con los tiempos difíciles que se viven en materia de crimen organizado y el omiso papel de la gobernadora morenista Mara Lezama, similar al de su antecesor, el ex panista Carlos Joaquín, el periodista José Réyez dice en Contralínea que el método más común del “derecho de piso” o extorsión es el que usa la vía telefónica para defraudar al azar a sus víctimas.

No obstante, aclara que existen otras modalidades que ponen en riesgo la integridad física y la vida de las personas, como la llamada extorsión presencial. El delito también conocido como “impuesto” de la mafia encarece productos y servicios, y juega un papel protagónico en la crisis de homicidios, lesiones dolosas, secuestros y desapariciones en México.

Este ilícito es uno de los más empleados por los delincuentes, pues además de su rentabilidad permanece en las sombras: Pocas víctimas denuncian. Esta impunidad se explica por los débiles sistemas judiciales del fuero común. Datos del análisis La extorsión bajo el caleidoscopio, muchas modalidades y pocas políticas públicas refieren que 2021 fue el año con la mayor tasa por cada 100 mil habitantes de extorsionados, aunque en los primeros 10 meses de 2022 aumentó en un 18.72% ¿Verdad Mara?

Elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano, el estudio observa que, en la época reciente, el segundo peor año en materia de extorsión fue 2019; el tercero 2020; el cuarto 2018, y el quinto 2015, con base al número de denuncias y víctimas que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)

Desde un enfoque de victimización, hay diferencia notable entre los datos que publica el Secretariado y los de la Encuesta de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Inegi, advierte el estudio La extorsión bajo el caleidoscopio, muchas modalidades y pocas políticas públicas, elaborado por el Observatorio.

El Inegi señala que en 2021 se cometieron en todo el país 4 millones 910 mil 206 extorsiones, de las que se denunciaron 246 mil 138 -es decir sólo un 5%-, y que sólo en la mitad de los casos (128 mil 976), se inició una carpeta de investigación.

Sin embargo, explica que, al comparar las denuncias del Inegi en 2021 contra las reportadas por el Secretariado, hay una diferencia abismal, pues éste reportó para 2021 sólo 8 mil 828 denuncias. “Preocupa que los ciudadanos digan haber sido víctimas de más de 4 millones de extorsiones, de las que sólo hayan logrado que se iniciasen casi 129 mil carpetas de investigación”, refiere el estudio del ONC publicado en marzo de 2023.

Para el análisis, el ONC hizo una revisión sistemática de la literatura académica sobre la extorsión en América Latina y el Caribe de los últimos 20 años; un análisis jurídico de los tipos penales y penas por extorsión en México; entrevistas a autoridades, solicitudes de transparencia a las fiscalías y secretarías de seguridad estatales, a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

Sólo 13 fiscalías y 17 Secretarías contestaron. En fuentes abiertas, se pudo obtener alguna información de otras 9 fiscalías y otras 6 secretarías. Sólo Guanajuato accedió a la entrevista y contestó por Transparencia -tanto Fiscalía General de Justicia como la Secretaría de Seguridad- todas las preguntas.

Sólo 5 entidades respondieron tanto en fiscalía como en la Secretaría de Seguridad -Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Sinaloa-, mientras en otros 5 fue imposible recabar información: Aguascalientes, Chihuahua, Colima, Querétaro y Tlaxcala.

El estudio, según Réyez, señala que mientras que las fiscalías sólo reportaron poco menos de 9 mil casos, quedaron al aire 120 mil carpetas de investigación por extorsión, mientras que la justicia reconoce que, de 4 millones de delitos, sólo se investigaron 9 mil casos.

El Inegi indica que en 2021 en el 59.6% de las denuncias que derivaron en carpetas, no pasó nada; sólo en el 2.8% de los casos se logró poner al delincuente a disposición del juez; y sólo el 0.3% de los casos se logró recuperar los bienes y en ninguno de los casos, hubo reparación del daño.

Por otro lado, Contralínea señala que el diagnóstico del ONC, registra que existe un fenómeno creciente de engaños relacionados con información bancaria, así como extorsión generada por grupos delictivos de manera presencial, según Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano.

Otra forma de extorsión se da cuando se prohíbe la venta de determinados bienes de consumo; “no hay un cobro de recursos, pero sí control del mercado y se generan monopolios, porque sólo se pueden vender ciertos productos, o un comerciante es el único que puede ofrecerlos”, detalló.

“Repercute en la competitividad, en el acceso a los bienes y servicios de los consumidores, es decir en el bolsillo de todos. La extorsión la ejecuta desde individuos, pequeñas bandas, delincuencia organizada, autoridades, empresas y profesionistas”, destacó.

Explicó que la extorsión es un delito donde la impunidad es de casi del 100% de los casos por la ausencia de estrategias diferenciadas para cada manifestación del delito; la falta de compromiso de autoridades; malos procesos para captar las denuncias; falta de recursos y un nulo interés por darle acceso a la justicia a las víctimas.

Dijo que muy pocas entidades han generado mecanismos para proteger al denunciante, particularmente para las varias modalidades de extorsión presencial; actúan de oficio ante la noticia delictiva y son contados los casos de golpes a bandas organizadas.

Rivas refiere que algunos servidores reconocen que en su fiscalía existe instrucción de no iniciar acción alguna tras una denuncia de extorsión, ni reportarla en las estadísticas oficiales, mientras el delito sigue creciendo, los ciudadanos siguen recibiendo llamadas de amenaza de quien se hace pasar por un empleado de banco y termina por robar el capital; siguen robando cuentas de Whatsapp o de redes sociales para engañar a sus contactos.

La extorsión se ha fortalecido en las últimas décadas en América Latina y el Caribe, con afectaciones a la población, la economía y las instituciones, advierte el informe Innovadores criminales, nuevas tendencias de extorsión en Latinoamérica “Iniciativa global contra el crimen organizado transnacional”.

Añade que el control territorial que ejercen las organizaciones criminales y pandillas en Latinoamérica ha facilitado los procesos de gobernanza criminal mediante los cuales se obliga a pagar cuotas de extorsión, denominadas “renta” (El Salvador), “impuesto de guerra” (Honduras), “derecho de piso” (México) o “vacuna” (Colombia)

En los últimos 4 años, la iniciativa global contra el crimen organizado transnacional ha monitoreado, analizado e informado sobre los modos y patrones de extorsión sufridos por comunidades centroamericanas. El informe, basado en el análisis y las actividades previas en la región, analiza las innovaciones en materia de extorsión en el norte de Centroamérica, México y Colombia, y examina cómo éstas han seguido surgiendo después de los cambios impulsados por la Covid-19.

En países como México y Colombia, surgen continuamente nuevas formas y métodos de extorsión, pues los grupos delictivos responden a los cambios en sus entornos operativos, como las restricciones de movilidad impuestas para combatir la pandemia por Covid-19Estos nuevos métodos no sólo demuestran la innovación criminal, sino que también se vinculan a otros delitos, como el fraude, el secuestro y la cibercriminalidad.

La extorsión es el delito que más afecta al sector privado en al menos 21 Estados mexicanos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, durante 2021, en México ocurrieron 829 mil incidentes de extorsión que involucraron a los sectores comercio, industria y servicios, una ligera disminución respecto a los 912 mil en 2019.

La extorsión es tan frecuente que ha tenido efectos en la industria alimentaria, provocando escasez de pollo y tortillas en ciudades enteras, y haciendo que se infle el precio de frutas como el limón y el aguacate, indica.

Los grupos criminales no sólo exigen extorsiones a los minoristas, sino también a los productores y distribuidores y han pasado a exigir pagos a la industria manufacturera. El asesinato del director de operaciones de una empresa transnacional japonesa en Tamaulipas, desveló el intento de cobrar cuotas ilegales por cada contenedor que salía de la fábrica: Reydecel Sifuentes Becerra, gerente de operaciones de la maquiladora trasnacional japonesa Alcom, cuyo crimen ocurrió en julio de 2022.

Conforme al reportaje Extorsión, “impuesto” del crimen que llega a costar la vida, el informe refiere que, aunque sólo el 8% de las extorsiones exige el pago de una cuota por el “derecho de piso”, la práctica ha tenido un impacto devastador en el sector empresarial mexicano (fabricantes, minoristas y comerciantes) así como en los consumidores.

En Michoacán es común que los productores de aguacate y limón sean extorsionados por organizaciones criminales como el Cártel de Jalisco Nueva Generación y que los pagos aumenten en temporada de cosecha. Por ejemplo, el precio del kilo de limón se quintuplicó, pasando de 19 pesos (1 dólar) a fines de 2021 a más de 100 pesos (4 dólares) a principios de 2022.

México es el primer exportador de aguacate del mundo, generando ingresos anuales de más de 2 mil 200 millones de dólares, por lo que el fruto es conocido localmente como “oro verde”. Las extorsiones y amenazas a los productores han desarrollado implicaciones binacionales.

A principios de 2022, por ejemplo, los grupos criminales que se enfrentan a la pérdida de ingresos amenazaron por primera vez a los inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (basados en México para certificar los envíos).

Las amenazas se produjeron porque un inspector se había negado a aprobar un envío de más de 25 mil toneladas de aguacate, ya que el cargamento contenía producto de estados distintos a Michoacán, el único aprobado para exportar a Estados Unidos.

El bloqueo afectaría al precio y, por lo tanto, al alcance de los ingresos ilícitos de los grupos. Esta situación de seguridad llevó a reuniones de emergencia entre autoridades agrícolas y de seguridad de los gobiernos estadounidense y mexicano.

De acuerdo con la GI-TOC, más del 90% de las extorsiones en México se realizan vía telefónica. Los delincuentes se hacen pasar por miembros de conocida organización criminal local y afirman estar vigilando el negocio o el domicilio de la víctima. Amenazan con ordenar un ataque si no se paga.

Sin embargo, la violencia psicológica e ingeniería social de los criminales han evolucionado hasta el punto que se ha ganado el sobrenombre de “secuestro virtual”. Trabajadores, amas de casa, personas de la tercera edad e incluso niños, han recibido llamadas amenazantes. Sin utilizar la fuerza física o armada, y sólo mediante la violencia psicológica y la ingeniería social, el delincuente es capaz de aislar a la víctima (por ejemplo, en un hotel) y obligarla a apagar su teléfono móvil.

El extorsionador llamará a un familiar de la víctima exigiendo un rescate por el “secuestro”. Los pagos se transfieren en las tiendas de conveniencia. Si el pago no es posible, los delincuentes exigen la entrega de bienes de alto valor (coches, joyas y tecnología). En esencia, el delincuente recibe un pago por liberar a la víctima de una situación de pseudosecuestro, sin que en realidad la víctima haya estado en peligro.

Las aplicaciones para teléfonos móviles también se han convertido en una forma fácil de extorsionar a quienes necesitan algo de dinero o tienen problemas económicos. En los primeros seis meses de 2022, las autoridades de Ciudad de México retiraron 90 aplicaciones, que habían generado 5 mil 453 denuncias a la policía.

Estas aplicaciones ofrecían pequeños préstamos (de 2 mil 500 a 10 mil pesos) sin requisitos previos ni comprobación de antecedentes financieros. A cambio, cobraban intereses muy elevados (aunque sólo se depositaba una parte a las víctimas).

El estudio del ONC, que no es lo que se espera en la Ley de Seguridad Ciudadana promovida por Mara Lezama, propone acciones para combatir la extorsión: Reformar el marco normativo e impulsar una ley general que identifique la realidad de este delito; implementar acciones exitosas que se han efectuado tanto en nuestro país como en el mundo.

Capacitar en el tema a las autoridades de todo el país, destinar los recursos necesarios para que fiscalías y secretarías de seguridad puedan atender a las víctimas y combatir el delito y robustecer el sistema financiero para evitar que los delincuentes sigan usándolo impunemente para recibir el dinero fruto de este delito.

Al atenderlo, la autoridad lo debe hacer con responsabilidad y sensibilidad, ya que muchas víctimas, que sufren día a día este delito, podrían ser “carne de cañón” en una confrontación entre autoridades y delincuentes.

Por último, considera que una posible solución a este delito es la colaboración entre autoridades, sector privado y ciudadanos “para salvar vidas y arrebatarles a los delincuentes este mercado criminal que tantos recursos y poder les genera”.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 46 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.

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